Cuando se escriba la historia del movimiento sindical puertorriqueño del Siglo 21 la fecha del 1 de julio de 2021 habrá de figurar de manera prominente en sus páginas. Ese día el sindicalismo se enfrentará al momento más importante de sus casi 123 años de historia: o resurge de manera audaz para recuperar su espacio protagónico en la sociedad o, por el contrario, si habrá de acelerarse el deterioro que le ha caracterizado durante los pasados 30 años. Veamos.
Situación actual
Como sabemos la tasa de sindicalización en Puerto Rico es muy baja. Según cifras del Departamento del Trabajo del año 2014 (las cifras más recientes) unos 98,000 trabajadores pertenecen a alguna organización sindical, o sea el 10% de los trabajadores o 1 de cada 10 está organizado. Pero sólo 61,000 trabajadores están protegidos por un convenio colectivo. Eso significa que para el año 2014, sólo el 6.2% de los trabajadores en Puerto Rico tenían un contrato de trabajo colectivo.
Ante la reducción poblacional de los pasados años no tenemos duda que la tasa de sindicalización debe ser también menor. De la totalidad de los unionados, la mayor parte trabaja en el gobierno, ya sea organizados en las corporaciones públicas (AEE, AAA, etc.) bajo la Ley 130-1945 o en las agencias del gobierno central (Educación, Familia, etc.) bajo la Ley 45-1998. Según las cifras del Departamento del Trabajo, el nivel de sindicalización en la empresa privada es tan bajo como para ser estadísticamente inexistente. Sin embargo, a pesar de las cifras oficiales, sabemos que varios sindicatos organizan en la empresa privada, tales como el MSS, la UGT, la FPT, Tronquistas, CGT, entre otros.
Otra característica del sindicalismo en Puerto Rico es que el mismo se encuentra profundamente dividido. Por un lado están las organizaciones afiliadas a sindicatos norteamericanos como la SEIU y la AFL-CIO, otras agrupadas bajo la Central Puertorriqueña de Trabajadores, otras vinculadas a la Coordinadora Sindical y finalmente hay un grupo de sindicatos que no se encuentran afiliados a central obrera alguna. Esta división ha provocado que a los sindicatos del sector público le haya resultado difícil presentar un frente unido para combatir las medidas neoliberales del gobierno. Como resultado de todo lo anterior, el movimiento sindical hoy es más pequeño y débil que hace 40 años.
Golpes neoliberales
Como si lo anterior no fuera suficiente, el sindicalismo en Puerto Rico ha sufrido severos golpes durante la época del neoliberalismo. La privatización de la Telefónica en 1999 colocó a dos militantes sindicatos (UIET y HIETEL) bajo la bota de la antiobrera ley federal Taft-Hartley, debilitando los mismos. La huelga de la FMPR en el año 2008 llevó a la descertificación del sindicato más grande del país, su fragmentación en tres asociaciones bonafide y el triunfo de su archirival histórico, la AMPR. El arresto del liderato de la UIA en el 2005 debilitó seriamente dicho sindicato, el cual ha comenzado a recuperarse sólo en años recientes. La ofensiva contra la UTIER ha sido constante a través de los años.
Pero más allá de estos incidentes, la ofensiva neoliberal desarrollada por el gobierno mediante la aprobación de leyes antiobreras ha propinado golpes contundentes al sindicalismo. Aunque el PNP y el PPD se han alternado en la administración del país, siempre los ha unido su afán de debilitar los sindicatos en el sector público. Por ejemplo, el gobierno de Fortuño aprobó la Ley 7-2008 con la cual declaró un estado de emergencia fiscal en el país como base para tomar toda una serie de medidas contra los trabajadores gubernamentales. Como resultado de dicha ley se despidieron todos los empleados transitorios y todos los empleados con menos de 13 años de permanencia en las agencias de gobierno. Como si eso no fuera suficiente, la Ley 7 congeló los convenios colectivos bajo la Ley 45-1998. Esta disposición legal le arrancó el derecho a negociar colectivamente a todos los trabajadores de las agencias del gobierno central.
El gobierno de García Padilla profundizó la ofensiva antisindical con la Ley 66-2014, y añadió a las uniones de las corporaciones públicas a la política de congelación de convenios colectivos y la prohibición a negociar. Así pues, desde hace más de seis años los sindicatos en las corporaciones públicas se han visto impedidos de negociar sus salarios y condiciones de trabajo.
Inmediatamente luego de llegar al poder en 2017 el gobernador Rosselló continuó la ofensiva antiobrera con su mal llamada “Reforma laboral” contra los trabajadores del sector privado y con nueva legislación contra los sindicatos del sector público contenida en la Ley 3-2017. Esta ley continuó la congelación de los convenios colectivos y la prohibición de negociar hasta el 30 de junio de 2021. El asunto es que esa fecha está a la vuelta de la esquina.
¿Y qué pasará el 1 de julio de 2021?
A menos que la legislatura se ponga de acuerdo para extender nuevamente la prohibición de negociar colectivamente en el sector público, el 1 de julio se comenzarán a negociar todos los convenios colectivos en el gobierno, tanto los de la Ley 45 como los de la Ley 130. Se estima que en total son unos 100 convenios colectivos que se estarán negociando a la misma vez. ¿Qué significa esto?
A nivel práctico debemos considerar si el movimiento sindical está preparado para negociar un centenar de convenios simultáneamente. Habría que evaluar si se cuenta con los recursos humanos y técnicos para realizar tal hazaña. De otro lado hay que ver que papel, si alguno, habrá de jugar el Departamento del Trabajo en esta coyuntura. De ordinario muchos sindicatos utilizan las salas del Departamento para realizar sus negociaciones, pero ciertamente dicha agencia no tiene espacio para acomodar un centenar de negociaciones. Tampoco hay suficientes mediadores como para atender tantas negociaciones.
A nivel de contenido hay que preguntarse si ya los sindicatos han evaluado qué es lo que desean negociar. ¿Vamos a limitarnos a tratar de volver atrás para recuperar lo perdido o hemos considerado luchar además por nuevas conquistas? ¿Cuáles? ¿Cómo afecta la decisión de Janus sobre lo que se va a negociar? ¿Cómo afecta la legislación neoliberal, vigente todavía, la áreas de negociación?
A nivel de política sindical no podemos obviar un asunto medular: las 100 negociaciones que comenzarán el 1 de julio serán con el mismo gobierno-patrono, apoyado por la misma Junta de Control Fiscal que ha promovido las medidas antiobreras de austeridad. Así pues los campos estarán nítidamente deslindados: de un lado los trabajadores y sus organizaciones mientras que del otro lado estará el gobierno-patrono y la JCF. ¿Qué van a hacer los sindicatos? ¿Trabajar la negociación cada cual por su lado o habremos de coordinar esfuerzos contra los adversarios comunes? ¿Prevalecerá la visión del kiosquismo sindical o podremos construir la unidad obrera?
Esta coyuntura es única en la historia del movimiento obrero y nos presenta un gran reto: o trabajamos y luchamos unidos o perecemos por separado. Es hora ya de poner a un lado las viejas rencillas entre sindicalistas y proponernos como objetivo trabajar de manera coordinada las negociaciones que se avecinan. Si trabajamos unidos tenemos la oportunidad de revertir las medidas neoliberales, rescatar derechos perdidos y abrir paso para nuevas conquistas laborales. Pero si persistimos en los viejos estilos sectarios y cada sindicato trabaja su negociación como si fuera la única, estamos condenados al fracaso.
Este es el momento de abrir y consolidar espacios de diálogo entre los diversos sectores del movimiento sindical. Estos no son momentos de profundizar diferencias sino de trabajar con las coincidencias. Si definimos claramente nuestras necesidades y nuestros objetivos podremos desarrollar trabajo coordinado en que se respete la diversidad. Pero, quizás más importante aún, es necesario que los sindicatos del sector público vinculen de manera solidaria su lucha con la lucha de los trabajadores de la empresa privada que no tienen sindicato. En ese sentido, la lucha contra la mal llamada “Reforma Laboral” también debe ser una prioridad para los sindicatos del sector público. Como parte de esa indispensable solidaridad de clase es hora de rescatar el necesario vínculo entre la lucha sindical y las luchas comunitarias.
Estos son algunos de los retos que enfrentamos. Si no trabajamos esta coyuntura de manera correcta habremos de facilitar el deterioro del movimiento sindical. Pero si descartamos el sectarismo, si abrimos los espacios de diálogo, si coordinamos nuestros trabajos y si desarrollamos nuevos espacios de solidaridad, el 1 de julio de 2021 puede ser el punto de partida para un nuevo y fortalecido movimiento sindical. Uno que se levante exitosamente de las negociaciones para trazarse como meta estratégica organizar los trabajadores de la empresa privada.
Este es el momento de convertir en carne de realidad la vieja consigna: ¡Obreros Unidos, Jamás Serán Vencidos!
