El Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras, Local 1996 SEIU, (SPT) por este medio expresa nuevamente su apoyo al Proyecto de la Cámara 120 (P.C. 120), la Ley para un Retiro Digno. El SPT representa a sobre 10,000 empleados y empleadas del sector público en Puerto Rico. Nuestra organización también la integran trabajadores y trabajadoras del sector privado así como servidores públicos como lo son los empleados no docentes del Departamento de Educación y los trabajadores de servicios en el Municipio de San Juan.
El pasado 4 de febrero del 2021, tuvimos la oportunidad de exponer ante la Comisión de Asuntos Laborales y Transformación de los Sistemas de Retiro de la Cámara nuestra posición a favor de este proyecto y agradecemos que esta Honorable comisión senatorial nos otorgara el mismo espacio de exposición.
Es de todos conocido que los trabajadores y trabajadoras del gobierno de Puerto Rico han sufrido severos recortes a sus pensiones en los últimos años, como bien se describe en la Declaración de Motivos. Como se cita en esta Declaración, en un informe de Ernst and Young comisionado por la Junta de Control Fiscal, los trabajadores que gozaron de pensiones en virtud de la Ley 447 de 1951 han sufrido recortes de hasta un 42% como resultado de la Ley 3 de 2013. Quienes se unieron al empleo público de Puerto Rico después de 1990 han tenido recortes de hasta el 31%, y aquellos que tenían cuentas de Sistema 2000 podrían perder hasta el 15% del valor acumulado de sus pensiones y otros beneficios de la jubilación. Eso ha significado menos dinero para las personas que viven en Puerto Rico y gastan dinero en nuestra economía. Estos recortes se han utilizado pagar la deuda, incluso cuando ésta se volvía cada vez más insostenible.
El SPT apoya este proyecto de ley porque el mismo intenta corregir el desequilibrio que por años han sufrido los trabajadores y trabajadoras. Durante demasiado tiempo el Gobierno de Puerto Rico le pidió a los y las empleadas públicas que se hicieran cargo de los costos de pagar la deuda recortando sus beneficios y despidiendo a miles de ellos, sin pedirle a los bonistas que aceptaran un recorte, esto a pesar de que a sabiendas los bonistas ponen en riesgo su dinero cuando compran un bono.
La Junta de Control Fiscal ha llegado al extremo de pretender que los jubilados que reciben más de $1,500 al año acepten un recorte del 8.5% en su pensión mientras que solo recortó a los titulares de bonos senior de COFINA un 7%. En otras palabras, había una clase de tenedores de bonos de Wall Street cuya deuda se redujo menos que la de un jubilado que apenas puede llegar a fin de mes con lo que recibe en su cheque de pensionado.
El SPT no ha negociado ni está negociando con la Junta, porque la Junta ha tomado decisiones que no ponen a Puerto Rico en un curso de recuperación que sea viable. Sin embargo, este proyecto de ley demuestra que hay un camino viable para reducir la deuda a un nivel más sostenible y que proteja las pensiones. Para dejarlo claro, el SPT sigue preocupado porque pagar el 58% de toda la deuda, puede ser demasiado. Sin embargo, insistimos en que cualquier pago a esta deuda solo debe hacerse una vez que se complete una auditoría y un análisis de sostenibilidad de la misma, y que dicho estudio muestre el efecto que los recortes o la restauración de lo que se le ha recortado a los y las jubiladas tienen en la economía de Puerto Rico.
El SPT reitera ante esta Honorable Comisión la esperanza que nos brinda la nueva confianza esbozada por el P de la C. 120, y aplaudimos específicamente el proyecto de ley por crear un fideicomiso para trabajadores y trabajadoras, gobernado por las y los trabajadores. Además de esto, hay tres asuntos técnicos que quisiéramos resaltar como positivos.
Primero, vemos con beneplácito la inclusión del Artículo 3.10 (f) en el proyecto de ley. El SPT ha abogado constantemente por que se le haga justicia a las y los trabajadores transitorios, y apreciamos que este proyecto de ley busque ampliar los beneficios de jubilación a estos trabajadores y trabajadoras una vez que hacerlo sea financieramente posible.
En segundo lugar, el SPT ve como un elemento de justicia el objetivo de ampliar la participación en el Fideicomiso para la Administración Conjunta de los Sistemas de Retiro (FACSiR) a los empleados de las compañías privadas que son contratadas por el gobierno. En la mayoría de los casos, los patronos del sector privado se han negado a crear sistemas de jubilación para sus trabajadores. Ampliar el fideicomiso para incluir la participación del sector privado crea un vehículo para que los trabajadores de ese sector puedan tener una mayor estabilidad al momento de jubilarse y elimina a los patronos las complicaciones de administrar un sistema de pensiones.
En tercer lugar, aplaudimos la inclusión del Artículo 3.07 (c), que exige que el dinero de los trabajadores y trabajadoras se administre de acuerdo con las normas desarrolladas por los diez (10) fondos de pensiones más grandes de los Estados Unidos. Durante demasiado tiempo, el fondo de pensiones de Puerto Rico invirtió dinero de manera opaca. Este proyecto de ley proporciona puntos de referencia importantes para la administración del nuevo fideicomiso.
Agradecemos que la Cámara de Representantes acogiera nuestra petición de enmendar el Artículo 3.07 (d) (2) para establecer de forma clara que el FACSiR no puede invertir más del 10% de su cartera en instrumentos alternativos. Si bien es loable que el Artículo 3.07 (e) requiere que las estrategias del fondo busquen generar un retorno de la inversión de no menos del 4.14%, es importante que el nuevo fondo no realice inversiones riesgosas para alcanzar ese número si la desaceleración del mercado que el COVID-19 creó continúa a largo plazo.
La aprobación del P de la C 120 en la Cámara le dio a las y los trabajadores la esperanza de confiar en que la legislatura de Puerto Rico los considera como prioridad, reconociendo que fueron y son el motor de la economía del País.
Agradecemos nuevamente la oportunidad de presentarnos ante este foro para dejar estipulado que respaldamos el Proyecto.
Hoy, 26 de marzo 2021
Israel Marrero Calderín
Vicepresidente
SPT/SEIU Local 1996
Nota: Esta es la posición del SPT Local 1996 y no de cualquier otro comité al que SEIU o SPT pueda pertenecer en los procedimientos del Título III de Promesa.
Nota editorial: Esta es la ponencia presentada por el SPT ante la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal el pasado 26 de marzo de 2021.
