Una decena de entidades ambientales y comunitarias de distintas partes de Puerto Rico llegaron este jueves hasta el Capitolio para exigirle a la Legislatura que cancele los contratos de las compañías de industria fósil: AES, New Fortress Energy y LUMA.
El reclamo llega a menos de tres meses para que se termine la fecha límite para que Puerto Rico cumpla con la meta de alcanzar un 20% de generación a través de energía renovable. Actualmente, nuestro archipiélago solo cuenta con un 3% de generación con renovables. La Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17-2019) propone que para el 2050 la totalidad de la generación de energía en Puerto Rico a base de renovables debe llegar a un 100%. Sin embargo, la ley cuenta con metas a corto plazo: al 2022 un 20% de energía debe venir de las energía renovable, para el 2025 un 40% y para el 2041 un 60%.
Las compañías privadas de energía que operan actualmente en el país no cumplen con los parámetros de dicha ley; todo lo contrario, van en la dirección opuesta a lo que exige dicho estatuto que busca generar energía renovable y bien distribuida para el beneficio de toda la población.
Sary Rosario, de la organización El Puente-Enlace Latino de Acción Climática, enfatizó que en “Puerto Rico se está arriesgando demasiado en perpetuar los combustibles fósiles cuando tenemos el recurso del sol, gratis todo el año. Por eso nos unimos a estos esfuerzos para tener energía renovable y distribuida”, dijo, toda vez que recordó el daño que estas compañías privadas están provocando en la seguridad y salud de nuestra gente.
“Nosotros estamos aquí hoy también por la gente que aún no tiene energía eléctrica, por los vecinos/as de las comunidades cercanas al puerto de San Juan quienes están en la zona de riesgo en caso de accidente con la operación de gas metano de la Compañía New Fortress. Es inconcebible cómo esta facilidad está operando sin permiso federal de FERC (Federal Energy Regulatory Commission) y pese a que han fallado en la entrega de gas metano, faltando a los acuerdos con la AEE, han continuado operando. No solo ponen en riesgo de explosión a los vecinos, al Puerto de San Juan, sino que también contaminan el ambiente, incrementando y exacerbando las enfermedades respiratorias y otras relacionadas afectando la calidad de vida de nuestras comunidades por un combustible fósil que ni siquiera lo pueden entregar a tiempo”, reiteró.
Timmy Boyle, de la Alianza Comunitaria Ambientalista del Sureste, por su parte, denunció que a más de tres semanas del huracán Fiona mucha gente en el país todavía continúa sin el servicio básico de energía eléctrica.
“Los servicios esenciales de una nación, como es el servicio eléctrico no deben estar en manos privadas cuyo objetivo es el lucro y no el servicio. Y peor aún cuando el contrato con LUMA es uno leonino y perjudicial, además de deficiente. Exigimos se cancele el contrato del Gobierno y AEE con LUMA”, reclamó.
Felita Burgos, de la Red Continental Cristiana por la Paz, por su lado, recordó urge que se haga la transición de energía renovable por el bien de nuestro país y nuestra gente. Imaginar cinco años más de prácticas como la quema de carbón por la AES en Guayama, provocaría un gran daño, dijo.
“La quema de carbón por la AES en Guayama por 5 años más sería desastroso para las comunidades cercanas que han sufrido por los últimos 20 años un deterioro en su calidad de vida: muertes, enfermedades y sufrimiento a diario provocado por las emanaciones de su chimenea y sus cenizas tóxicas”, denunció.
Las organizaciones participantes de la marcha enviaron una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael (Tatito) Hernández; al representante Luis Raúl Torres Cruz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público Privadas y Energía de la Cámara; al representante Edgardo Feliciano, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Asuntos Ambientales y Reciclaje de la Cámara; al presidente del Senado, José L. Dalmau Santiago, y al senador Javier A. Aponte Dalmau, presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía. Las entidades solicitaron que los legisladores apoyen públicamente la propuesta de placas solares de la coalición Queremos Sol, como alternativa a los constantes apagones que enfrenta el país y como solución para alcanzar las metas de energía renovable establecidas por ley y así disminuir la contaminación ambiental.
La propuesta de la coalición Queremos Sol propone utilizar fondos federales para la instalación de placas solares en los techos de las residencias y pequeños comerciantes debido a que muchas personas en Puerto Rico no pueden costear los precios de estos sistemas.
Amy Orta Rivera, Coordinadora de Política Pública Ambiental de El Puente-Enlace Latino de Acción Climática recordó que recientemente el Departamento de Energía Federal en su reporte preliminar del estudio Puerto Rico 100, estableció que Puerto Rico tiene una capacidad de generar hasta 20,000 MW de energía utilizando los techos en residencias, mientras que la demanda de energía en Puerto Rico es menos de 3,000 MW, demostrando que en efecto la propuesta de Queremos Sol es viable. “Lo que nos falta es voluntad política local para poder lograrlo”, reiteró.
Este miércoles, el congresista Raúl Grijalva y más de 30 legisladores federales solicitaron que se asignen $5,000 millones de fondos federales para la instalación de placas solares en los techos de residencias y para sistemas de baterías para almacenar energía.
