La Unión General de Trabajadores (UGT) Local 1199, por voz de su presidente, Edwin Méndez Cardona, expresó que el Proyecto de la Cámara 1459, que propone establecer una jornada de hasta 32 horas semanales distribuidas en cuatro días para empleados del sector público, merece consideración por su potencial para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. No obstante, advirtió que cualquier cambio debe garantizar la protección íntegra de los salarios, los beneficios, los derechos adquiridos y los convenios colectivos.
“Una jornada reducida puede representar un alivio para los trabajadores que enfrentan aumentos constantes en los costos de transportación, gasolina, alimentos y utilidades. Pero ese alivio tiene que ser real. No puede venir acompañado de una reducción en sus licencias, una pérdida de beneficios o un menoscabo de sus derechos”, expresó Méndez.
El presidente de la UGT reconoció que una reorganización de la jornada podría favorecer el bienestar emocional y familiar de los empleados y generar economías operacionales. Sin embargo, subrayó que alcanzar esos objetivos requiere planificación, evaluación y garantías expresas en el texto legislativo.
Entre las principales preocupaciones de la organización figura el efecto de la nueva jornada sobre la acumulación futura de vacaciones y licencia por enfermedad, el bono de Navidad y otros beneficios. La UGT señaló que proteger las liquidaciones y las condiciones laborales existentes no basta para aclarar cómo se calcularán los beneficios que los empleados acumulen una vez entre en vigor la medida.
“No basta con establecer que el salario se mantendrá en su totalidad. También debe garantizarse que los trabajadores continúen acumulando sus vacaciones y licencia por enfermedad sin menoscabo. La reducción de la jornada no puede convertirse en un mecanismo para recortar derechos conquistados”, afirmó el dirigente sindical.
Méndez también reclamó que se precise el alcance de la disposición que permitiría a las agencias establecer una jornada semanal mayor cuando las necesidades del servicio lo requieran. Sostuvo que esa excepción debe estar sujeta a criterios claros que permitan organizar los turnos y ofrecer estabilidad en los horarios, de modo que los empleados puedan planificar sus responsabilidades familiares y personales.
“Los trabajadores necesitan saber cómo se asignará su día libre, cómo funcionará la rotación de horarios y bajo qué condiciones una agencia podrá mantener o restablecer una jornada mayor. Estas decisiones deben discutirse con la representación sindical y respetar los convenios colectivos”, puntualizó.
En cuanto a los programas piloto contemplados en el proyecto, la UGT solicitó que se definan su duración, los criterios de selección de las agencias y los empleados, los mecanismos de evaluación y las garantías laborales aplicables. Asimismo, reclamó participación sindical en su diseño, implementación y seguimiento.
El líder obrero destacó que la discusión también debe atender las vacantes en las agencias y la necesidad de reclutar personal para garantizar la continuidad y calidad de los servicios. “No podemos hablar de reorganización sin atender la falta de personal. Una jornada reducida requiere una plantilla suficiente y una planificación responsable. No debe utilizarse como justificación para subcontratar funciones del servicio público”, manifestó.
Finalmente, la UGT exhortó a la Comisión de Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Roberto López Burgos, a atender estos señalamientos e incorporar protecciones claras en la medida. “Estamos disponibles para contribuir a una propuesta que mejore las condiciones de trabajo y fortalezca los servicios al pueblo. Para lograrlo, es indispensable proteger íntegramente los derechos de los empleados y garantizar su participación a través de sus organizaciones sindicales”, concluyó Méndez Cardona.
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