La Unión General de Trabajadores (UGT), Local 1199, expresó su preocupación ante la posibilidad de que patronos de la Rama Ejecutiva utilicen la Orden Ejecutiva 2026-055 para cerrar centros de trabajo y obligar, en la práctica, a los empleados a consumir días de vacaciones que necesitan o ya tienen comprometidos.
El presidente de la UGT, Edwin Méndez Cardona, sostuvo que la preocupación principal es que el disfrute voluntario de los días concedidos para el 20 y 25 de noviembre y el 24 de diciembre termine convirtiéndose en una imposición mediante decisiones administrativas que impidan trabajar a quienes así lo deseen.
“Nuestro reclamo es que ningún empleado se vea obligado a gastar sus vacaciones porque el patrono decidió cerrar. Si un trabajador está disponible y quiere cumplir con su jornada, no debe ser penalizado porque no tenga un centro de trabajo abierto al cual acudir”, expresó Méndez Cardona.
El dirigente sindical aclaró que la gestión de la Unión está dirigida a proteger los balances de vacaciones y la capacidad de los empleados para decidir cuándo utilizarlos.
“No estamos planteando que se les concedan días libres adicionales con paga como condición para resolver esta situación. Estamos exigiendo que se respete la decisión de trabajar y que una alternativa voluntaria no se convierta en vacaciones obligatorias. Si el patrono determina que no abrirá sus instalaciones, le corresponde resolver esa situación sin descontarle días al empleado que quiso trabajar”, afirmó.
El líder obrero solicitó que las agencias comuniquen con anticipación cómo operarán durante esas fechas y establezcan mecanismos claros para que los empleados que opten por trabajar puedan hacerlo, sin descuentos a sus licencias por decisiones ajenas a su voluntad.
“De poco sirve decirle a un compañero que puede trabajar si después le informan que el edificio estará cerrado o que no habrá manera de realizar sus funciones. La opción tiene que ser real. No puede terminar siendo una instrucción de quedarse en casa y entregar tres días de su balance”, puntualizó.
El presidente de la UGT recordó que los trabajadores planifican sus vacaciones con tiempo y que muchos reservan esos días para compromisos familiares, responsabilidades de cuido y procesos de salud propios o de sus familiares.
“Hay empleados que ya tienen sus vacaciones comprometidas y otros que guardan cada día para un tratamiento, una recuperación o para acompañar a un familiar enfermo. Esos balances responden a necesidades concretas. Alterarlos por un cierre administrativo puede trastocar planes y dejar a una familia sin el tiempo que necesita para atender una situación importante”, manifestó.
Añadió que esa preocupación cobra mayor relevancia entre empleados cuyos beneficios de vacaciones han sido reducidos y que acumulan menos tiempo de descanso.
“Los trabajadores han visto cómo sus beneficios se han ido deteriorando y cómo cada día disponible requiere más cuidado al administrarlo. No podemos permitir que, además de esas limitaciones, se les imponga cuándo consumir el tiempo que han logrado acumular”, sostuvo.
La UGT también advirtió que una operación con personal reducido requiere planificación para evitar que quienes acudan a trabajar asuman una carga excesiva y que la ciudadanía reciba servicios incompletos o enfrente demoras.
“Los empleados que trabajen no pueden quedarse atendiendo la carga de toda una oficina sin el personal y el apoyo necesarios. Tampoco es justo que un ciudadano llegue a una agencia y no pueda completar su trámite porque falta una parte indispensable de la operación. Mantener el servicio exige coordinación y recursos suficientes”, señaló Méndez Cardona.
Méndez reconoció el valor de compartir en familia durante Acción de Gracias y Navidad, pero insistió en que ese propósito debe armonizarse con las necesidades de los trabajadores y la continuidad de los servicios públicos.
“Valoramos que nuestros compañeros puedan descansar y compartir con sus seres queridos. Si la gobernadora quiere conceder un beneficio adicional, puede otorgar esos días libres sin cargo a licencia y asumir su costo. Mientras se presenten como una opción con cargo a vacaciones, tiene que respetarse a quien decida trabajar”, expresó.
Finalmente, el gremio reclamó directrices claras para impedir que los cierres administrativos conviertan los días concedidos en vacaciones obligatorias.
“La preocupación mayor es que se obligue a los empleados a irse de vacaciones. Quien solicite esos días podrá utilizarlos conforme al procedimiento correspondiente, pero quien quiera trabajar debe tener una alternativa efectiva para hacerlo. Una decisión del patrono de cerrar no debe pagarse con el balance de vacaciones del trabajador”, concluyó Méndez Cardona.
###
Nota editorial: Según lo requerido por la Ley Núm. 26-2017 (Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal) la licencia por vacaciones para la mayoría de los empleados públicos se redujo de treinta (30) a quince (15) días anuales. La misma prohíbe a los sindicatos negociar beneficios marginales superiores a los establecidos por ley.
