Nota editorial: El pasado 20 de junio la gobernadora de Puerto Rico anunció que ya había identificado una partida de $90.4 millones para pagarles la deuda por Carrera Magisterial a 5,850 maestras y maestros. Al día de hoy el pago no se ha realizado.
Imagina que te partes el lomo trabajando en una jornada laboral que excede las horas de tu contrato por una paga miserable. De momento, tu patrono te promete un aumento de sueldo si estudias una maestría o un doctorado. El aumento incluso podría superar los $1,000.00 mensuales. Tú sales corriendo a ver dónde puedes estudiar, de noche, claro, porque trabajas durante el día.
Obviamente, la universidad es cara y tienes que tomar un préstamo estudiantil para poder estudiar, pero te dices que no importa, que vale la pena por el aumento de sueldo que tendrás. Ahora imagina que luego de haber estudiado y de haberte endeudado, de buenas a primeras, tu patrono decide congelar indefinidamente el aumento prometido porque hay una “crisis fiscal”. Y ahí quedas tú, sin la soga y sin la cabra, pagando el préstamo estudiantil en el que te embrollaste por un aumento que no acaba de llegar.
Y ahora, ¿qué haces?
Esto fue exactamente lo que les ocurrió a miles de maestras y maestros del Departamento de Educación con la promesa de la llamada “Carrera Magisterial”.
El Estado como patrono capitalista
El gobierno establecido en Puerto Rico desde 1952 siempre ha tenido el propósito de lavarle la cara al colonialismo brutal impuesto por el gobierno de Estados Unidos en nuestro archipiélago y de velar por los intereses de la clase dominante, la clase capitalista. Claro, gracias a algunos delegados socialistas que se colaron en la Constituyente, se aprobó una Carta de Derechos como parte de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Entre estos, podemos destacar varios derechos laborales aplicables a la industria privada, como el derecho a organizarse sindicalmente, a la negociación colectiva, a igual paga por igual trabajo y a la huelga.
Además, la Sección 5 de la Carta de Derechos dispone que “toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales”. Claro, este y todos los derechos constitucionales son letra muerta si no se ponen en práctica ni se garantizan por el gobierno. Con el crecimiento del empleo público tras su aprobación, el gobierno de Puerto Rico pasó no solo a representar los intereses de la clase capitalista, sino a convertirse en un patrono capitalista más.
La clase capitalista tardó poco en comprender que el tipo de educación establecido por la Constitución no produce obreros sumisos al capital, sino personas que cuestionan, critican y reclaman sus derechos. Por esta razón, desde hace décadas se ha implantado un plan para destruir el sistema de educación pública. Dado que el magisterio es la figura clave para garantizar a la niñez el acceso a una educación liberadora, una parte vital de ese plan ha sido convertirlo en uno de los sectores más precarizados de la clase obrera. ¿Y cómo va la cosa?
Cuando se creó el ELA en 1952, los empleados públicos no tenían derecho a organizarse en sindicatos para mejorar sus condiciones de trabajo. En esos años, el auge del bloque soviético ofrecía una alternativa atractiva al sistema capitalista para trabajadores y trabajadoras, lo que suponía una amenaza para quienes ostentaban el poder. Las luchas de la época y el temor a otra revolución socialista obligaron al patrono gubernamental a buscar alternativas para mejorar las condiciones laborales, pero dentro de los límites del propio sistema.
En los años 60 se reconoció a todos los empleados y empleadas públicos el derecho a organizarse en asociaciones “bona fide” con el fin de procurar su progreso social y económico, como una forma de promover la eficiencia en los servicios públicos. Luego, en 1998, el gobierno aprobó la Ley 45, que finalmente reconoció el derecho de las personas empleadas en el servicio público a organizarse en sindicatos y a negociar colectivamente.
Sin embargo, una de cal y otra de arena: la misma Ley 45-1998, que permitió la negociación colectiva, prohibió las huelgas y cualquier acción concertada de interrupción del trabajo, despojando a los empleados públicos de sus instrumentos de presión más importantes. Los intentos de cuestionar esta prohibición por los canales judiciales no tuvieron éxito.
La Federación de Maestros de Puerto Rico retó esta prohibición con la huelga de diez días en el año 2008 y pagó caro por ello, con su descertificación como representante exclusivo del magisterio. Las autoridades utilizaron la Ley 45-1998 para hacerles la guerra a las uniones más combativas del sector público y sustituirlas por organizaciones obreras afines a los intereses del gobierno patronal.
La Carrera Magisterial: concesión y mecanismo de control
Ya en este punto, cuando el magisterio logró que se le reconociera el derecho a la negociación colectiva, el gobierno patrono tenía que hacer alguna concesión para intentar calmar y desmovilizar a dicha matrícula. Ahí entra la Ley de la Carrera Magisterial. Esta fue aprobada el 18 de julio de 1999 con el supuesto objetivo de “mejorar la calidad de la enseñanza, con maestros más motivados y mejor preparados, como el criterio más importante para mejorar la educación”.
La ley prometía aumentos salariales a cambio de años de estudio, horas de desarrollo profesional y evaluaciones docentes positivas. Al momento de su aprobación, generó controversia porque sus beneficios no eran aplicables a quienes habían culminado sus estudios previamente, lo que creaba, en la práctica, dos escalas salariales distintas para remunerar el mismo trabajo. No obstante, ante la esperanza de una mejora en su precaria situación económica, miles de docentes solicitaron activarse en la Carrera Magisterial y realizaron estudios posgraduados a su propio costo.
Austeridad y ofensiva contra el magisterio
La situación se agravó en 2008, cuando comenzó una profunda crisis económica. Y como la soga siempre parte por lo más fino, el gobierno de turno —patrono capitalista al fin— empezó a implantar medidas para reducir el “costo laboral”. Estas acciones tuvieron un impacto devastador en el magisterio. ¿Y cuál fue una de las primeras víctimas?
Tanto la Ley 7-2009 como la Ley 66-2014 prohibieron los aumentos de beneficios económicos y compensaciones monetarias extraordinarias para los empleados de las entidades de la Rama Ejecutiva, incluidos los pagos de la Carrera Magisterial. Para colmo, el último convenio colectivo del magisterio fue negociado en 2016 por la Asociación de Maestros de Puerto Rico, un sindicato subordinado al patrono, que cedió muchos de los derechos conquistados en convenios anteriores y excluyó expresamente las reclamaciones por concepto de Carrera Magisterial. Como si esto no fuera suficiente, el convenio firmado por la Asociación ha sido extendido en varias ocasiones y en agosto cumplirá 10 años de vigencia.
PROMESA y legislación antiobrera
El 30 de junio de 2016, el Congreso de los EE.UU. promulgó la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA), que estableció una Junta de Control Fiscal, un proceso de reestructuración de la deuda pública y procedimientos acelerados para la aprobación de proyectos de infraestructura críticos. Con ello, Puerto Rico perdió la poca autonomía que tenía y quedó bajo el control de una junta de funcionarios no electos, nombrados por el gobierno de Estados Unidos, y de una juez federal.
La situación continuó empeorando. La Ley 3-2017, conocida como la “Ley para Atender la Crisis Económica, Fiscal y Presupuestaria para Garantizar el Funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico”, extendió los convenios colectivos en cuanto a las cláusulas no económicas hasta el 30 de junio de 2021, impidiendo la celebración de elecciones de representación que pudieran retar a los sindicatos incumbentes.
Asimismo, la Ley 26-2017 eliminó beneficios marginales, redujo las licencias de vacaciones y de enfermedad y subordinó la negociación colectiva en el sector público a los límites impuestos por la ley. Luego, la Ley 9-2021 volvió a extender los convenios colectivos en sus cláusulas no económicas hasta la conclusión de nuevas negociaciones, y prohibió nuevamente los procesos de representación sindical.
Como resultado, el magisterio quedó atado a una representación sindical exclusiva sin incentivos reales para negociar, pues la inercia garantiza la permanencia de dicha representación. Distintas organizaciones han intentado impugnar este ordenamiento por vías administrativas y judiciales, sin éxito.
Para colmo, la Ley 53-2021 liquidó el Sistema de Retiro de Maestros, condenando al magisterio a la precariedad en la vejez.
Ante tantos golpes, sectores del magisterio volvieron a presionar al gobierno. Esa lucha provocó la aprobación de la Ley 9-2022, que exceptuó los ajustes salariales y las compensaciones monetarias del Departamento de Educación de las restricciones de la Ley 66-2014, incluidas las reclamaciones retroactivas relacionadas con la Carrera Magisterial.
Finalmente, se aprobó la Ley 10-2022, que aumentó el salario base del magisterio a $2,750.00 mensuales, lo que también afecta el cómputo de los aumentos bajo la Carrera Magisterial.
Incumplimiento sistemático y burla institucional
Ahora bien, ¿significa esto que la situación está resuelta? Claro que no.
Sin consecuencia alguna, el Departamento de Educación no abrió la plataforma para solicitar la activación o la reactivación en la Carrera Magisterial hasta 2023 y, posteriormente, solo permitió solicitudes de revisión salarial en 2024. Desde entonces, la plataforma ha permanecido cerrada, sin penalidad alguna para el gobierno.
Las solicitudes presentadas en 2023 y 2024 no comenzaron a adjudicarse hasta 2025. Algunas fueron incluso denegadas aplicando retroactivamente criterios inexistentes al momento de su presentación. A quienes sí se les aprobó, apenas se les ha pagado una fracción de lo adeudado.
El Departamento de Educación vuelve a escudarse en la “crisis fiscal”, alegando que depende de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y de la Junta de Control Fiscal. Los tribunales han cerrado la puerta al magisterio una y otra vez. La Comisión Apelativa del Servicio Público se dispone a emitir laudos ordenando pagos que, previsiblemente, serán enfrentados por el gobierno con la misma excusa.
Nada de esto debe sorprender: estas estructuras responden a los intereses que el Estado protege, que no son otros que los de los patronos capitalistas, y no a los intereses de la clase obrera.
El problema de fondo: el capitalismo
El obstáculo principal no es un gobierno de turno, el Departamento de Educación, la Comisión Apelativa ni los tribunales. El problema es el sistema en su conjunto. El problema es el capitalismo.
Desde la aprobación de la ley PROMESA en 2016, se han recortado fondos para la educación, la salud y las pensiones; se ha aumentado la edad de jubilación; se han cerrado escuelas; se han privatizado servicios públicos; y se han eliminado derechos laborales, todo ello con el fin de garantizar el pago a los acreedores de la deuda del gobierno.
Puerto Rico se ha convertido en un paraíso fiscal para los ricos, lo que ha acelerado el desplazamiento y la gentrificación de la población. Como vaticinó uno de los participantes del chat del exgobernador Ricardo Rosselló: “un Puerto Rico sin puertorriqueños”. La inflación, los impuestos, las restricciones comerciales impuestas por la Ley Jones y los recortes de fondos federales asfixian la economía local y fomentan la migración.
La salida: organización y lucha política
¿Y cómo se resuelve esta situación? En la calle.
Es necesario un salto en la conciencia de la clase trabajadora. Durante demasiado tiempo, la llamada “lucha obrera” se ha limitado al estrecho marco de la lucha económica sindical. Es imprescindible avanzar hacia demandas políticas, organizadas de forma colectiva y coordinada.
La lucha de clases entre trabajadores y capitalistas no se expresa únicamente en lo económico, sino también en lo político e ideológico. No basta con que los sindicatos negocien mejores salarios; la clase trabajadora necesita su propia organización política para conquistar el poder político.
Desde Rumbo Alterno, hacemos un llamado al magisterio a unirse y participar en la construcción de un partido de trabajadores que asuma la defensa de los intereses políticos de la clase obrera del país.
¡Que se pague lo que se debe!
¡Elecciones sindicales AHORA!
¡Que los salarios suban automáticamente con la inflación!
¡Construyamos nuestro partido de la clase obrera!
Este artículo fue publicado en el primer número de nuestro periódico impreso correspondiente al mes de mayo.
Puedes enviarnos tus comentarios y opiniones sobre este artículo a: rumboalterno@gmail.com
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