A continuación publicamos el texto de la hoja suelta repartida por nuestro colectivo durante la manifestación en repudio a los 10 años de la aprobación de la Ley PROMESA.
Han transcurrido ya diez años desde la imposición de la Junta de Control Fiscal mediante la ley PROMESA. Durante este período, el pueblo trabajador en Puerto Rico ha sido sometido a una política sistemática de austeridad cuyos efectos han sido devastadores. Bajo el pretexto de “estabilizar las finanzas públicas” y “garantizar el pago de la deuda”, la Junta ha actuado como el instrumento directo de los grandes bancos, fondos buitres y capitalistas que buscan extraer hasta el último centavo de una economía ya golpeada por décadas de crisis.
Los defensores de la Junta prometieron que los sacrificios traerían prosperidad. La realidad ha sido exactamente lo contrario. La austeridad ha significado el cierre de cientos de escuelas, la reducción de servicios esenciales, el deterioro de la infraestructura pública, el aumento de las tarifas de electricidad, la precarización del empleo y el ataque constante a las pensiones de los trabajadores retirados. Más allá del servicio público, la Junta ha intervenido para limitar los derechos y beneficios de los trabajadores del sector privado y ha pretendido obstaculizar los aumentos del salario mínimo.
La Universidad de Puerto Rico ha sido una de las principales víctimas. Los recortes multimillonarios impuestos por la Junta han provocado aumentos en los costos de matrícula, la reducción de programas académicos y un deterioro general de las condiciones de estudio y trabajo. Miles de jóvenes se han visto obligados a abandonar sus estudios o emigrar en busca de mejores oportunidades.
Mientras tanto, el sistema de salud pública continúa enfrentando enormes dificultades. Hospitales y centros de salud operan con recursos insuficientes, mientras miles de profesionales médicos abandonan el país debido a los bajos salarios y las malas condiciones laborales. La emigración masiva, acelerada por la crisis económica, ha privado a Puerto Rico de una parte significativa de su fuerza laboral más joven y capacitada.
Incluso la crisis del agua ha sido agravada por las políticas de la Junta. No solo se ha favorecido la privatización de funciones de la AAA, sino que también se ha opuesto al aumento salarial de los trabajadores de dicha corporación pública, lo que ha provocado el éxodo de los trabajadores con mayor experiencia.
Todo esto no es el resultado de “errores” de administración ni de políticas mal diseñadas. Es la consecuencia lógica del capitalismo en crisis. La Junta de Control Fiscal no representa los intereses de la mayoría de la población. Representa los intereses de los acreedores. Su misión fundamental es garantizar que la riqueza producida por los trabajadores puertorriqueños sea transferida a los bolsillos del capital financiero.
La alternativa comunista
Los comunistas rechazamos la falsa idea de que no existe alternativa. La riqueza necesaria para garantizar una vida digna para todos existe. El problema es quién controla esa riqueza y para qué fines se utiliza.
Frente a la austeridad, proponemos un programa de lucha basado en los intereses de la clase trabajadora. En primer lugar, exigimos la abolición inmediata de la Junta de Control Fiscal. Ningún organismo no electo debe tener autoridad sobre los asuntos económicos y políticos del país.
En segundo lugar, insistimos en que la clase trabajadora no tiene ninguna obligación de pagar una deuda contraída para beneficiar a banqueros, contratistas y especuladores. ¡Que paguen los capitalistas!
En tercer lugar, proponemos la nacionalización, bajo control democrático de los trabajadores, de los sectores estratégicos de la economía. La energía eléctrica, el agua, las telecomunicaciones, los puertos, los recursos naturales y los grandes monopolios deben pasar a manos públicas para ser administrados en función de las necesidades sociales y no de las ganancias privadas.
Asimismo, defendemos un programa masivo de inversión pública para reconstruir la infraestructura del país, crear empleos de calidad, fortalecer la educación pública y garantizar el acceso universal a servicios de salud de excelencia. Los recursos para financiar estas medidas deben provenir de la riqueza acumulada por los grandes capitalistas y de la eliminación de los privilegios otorgados a las corporaciones privadas.
Sin embargo, ninguna de estas medidas puede implantarse, y mucho menos consolidarse, mientras la economía permanezca subordinada a las leyes del capitalismo. La experiencia de Puerto Rico demuestra que cada conquista de los trabajadores está amenazada constantemente por la lógica de la ganancia privada. Por ello, la lucha contra la austeridad conduce inevitablemente a la necesidad de transformar radicalmente la sociedad.
La verdadera alternativa a la barbarie de los recortes es el socialismo. No un socialismo burocrático desde arriba, sino una democracia obrera genuina en la que los trabajadores controlen la producción, la planificación económica y las principales decisiones políticas.
La historia demuestra que cuando los trabajadores se organizan y luchan colectivamente, pueden derrotar incluso a los enemigos más poderosos. La Junta de Control Fiscal no es invencible. Tampoco lo son los bancos ni los fondos buitre. La fuerza decisiva para cambiar la sociedad reside en la clase trabajadora, en los estudiantes, en los jubilados y en todos los sectores oprimidos de nuestro país.
La tarea de nuestro tiempo es construir un partido comunista revolucionario capaz de unir esas luchas y orientarlas hacia la transformación socialista de Puerto Rico y del mundo. Solo así podremos poner fin a la austeridad, a la pobreza y a la dominación del capital, y abrir el camino hacia una sociedad basada en la solidaridad, la planificación democrática y la satisfacción de las necesidades humanas.
¡Somos pobres porque ellos son ricos!
¡Que la crisis la paguen los capitalistas!
¡Para poder vivir, el capitalismo debe morir!
