Esta columna la escribí en respuesta a la que escribió el gobernador en El Nuevo Día. La envié al Nuevo Día y no la publicaron porque “están recibiendo muchas columnas y tienen que ser selectivos”. El Vocero tampoco quiso publicarla y Metro tampoco. El otro punto de vista, no se publica.
En diciembre pasado, el gobernador Pedro Pierluisi vetó el Proyecto de la Cámara 474 para establecer la legitimación activa ambiental, herramienta ciudadana imprescindible ante la inacción de las agencias que tienen el deber ministerial de proteger el ambiente y que, además, no cuentan con personal suficiente para ejecutar efectivamente sus funciones. Esa no es más que la última en una cadena de acciones perjudiciales para el ambiente y la salud de la gente cometidas por la persona con la mayor responsabilidad constitucional de defender nuestros recursos naturales, es decir, Pedro Pierluisi.
Su respuesta a nuestra iniciativa fue anunciar una academia para reclutar 75 vigilantes para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) pero esa cantidad no aumentará el personal disponible para velar por el cumplimiento de la legislación ambiental. De acuerdo con la información que obtuvimos en vistas públicas, producto de la Ley 80-2020 se retirarán alrededor de 110 de los 300 miembros con los que cuenta actualmente el Cuerpo de Vigilantes. La academia ni siquiera compensará esas bajas. En general, este gobernador se ha cruzado de brazos al momento de defender el presupuesto del país ante la Junta de Control Fiscal, particularmente la asignación para el DRNA, y ha permitido que continúe la eliminación de los fondos especiales para el manejo de neumáticos, planificación del uso del agua y protección del patrimonio natural.
Es el mismo que no se ha preocupado por exigir que se nombre el personal que necesita el DRNA, que tan solo cuenta con un agrimensor para toda la isla y un empleado en la División de Planificación de Agua. Hay divisiones desmanteladas con plantilla insuficiente y sin directores, mientras sabemos de una persona que dirige cuatro divisiones distintas por falta de gerenciales. La Administración de Desperdicios Sólidos, ahora bajo la sombrilla del DRNA, apenas tiene empleados y no hay manera de atender la ausencia de reciclaje y el manejo de material no reciclable, sin entrar en la corrupción atada al manejo de la basura que ha sido procesada a nivel federal o en el inminente cierre de vertederos.
Mientras tanto, Pierluisi ha nombrado a personas que no tienen los mejores intereses en proteger el medio ambiente a puestos claves en la Junta de Planificación, entre ellas a un individuo vinculado al negocio de las torres de telecomunicaciones, cuya proliferación ilegal a pasos de hogares está poniendo en riesgo a muchísimas comunidades en todo el país. Tampoco podemos olvidar cómo Pierluisi defendió a capa y espada al ex secretario del DRNA, Rafael Machargo, y a sus primos lejanos en el Condominio Sol y Playa de Rincón.
¿Energía renovable? Pierluisi permitió la entrada en vigor del contrato de LUMA, el cual atrasaría la transición a energía renovable y ni entraré aquí en la irresponsabilidad fiscal que representa ese acuerdo tanto para el gobierno como para el bolsillo de la gente. Ahora el proceso de privatización de la generación premiará a criminales ambientales, como la carbonera AES, y nos encadenará a años de esclavitud a los combustibles fósiles. Pero su accionar no se limita a eso. A través de su Secretario de Agricultura, promueve la siembra de placas solares en terrenos agrícolas, práctica nefasta para un país de extensión de terreno limitada.
La administración del mismo que hoy se vanagloria de proteger el medio ambiente presentó en el 2022 un borrador de Reglamento Conjunto (para la concesión de permisos) que limita aún más la participación ciudadana y flexibiliza restricciones, poniendo en riesgo nuestros recursos y permitiendo la continuación de su destrucción. Este también es el gobernador que rechazó recomendaciones fundamentales del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático relativas a la delimitación de la franja costera y una moratoria de construcción en esa zona, enmiendas al Plan de Uso de Terrenos y al Reglamento Conjunto, zonificación, condiciones sobre propiedades privadas y cambios al proceso de mantenimiento en las playas. ¡Casi nada! Supuestamente las refirió a su equipo en enero de 2022 y luego de un año no tenemos noticias.
El papel aguanta todo, pero la gente no. Ya estamos grandecitos para que se nos falte el respeto.
