El despliegue de decenas de efectivos de la Policía Nacional, en coordinación con un grupo más pequeño de militantes neonazis, ocupó los alrededores del Parque Independencia de Santo Domingo este jueves [29 septiembre] para bloquear la realización de un acto de solidaridad con las movilizaciones en Haití contra la injerencia imperialista. El acto había sido convocado por la Coordinadora Popular Nacional, que agrupa a decenas de organizaciones sociales dominicanas. Bajo protección policial, los neonazis vocearon consignas llamando a asesinar a “los traidores”, término con el que comúnmente se refieren a defensores de derechos humanos y activistas de izquierda.
Desde el día anterior, neonazis de la Antigua Orden Dominicana, un grupo que reivindica públicamente a Mussolini y a Trujillo, así como otros grupos habían amenazado a los convocantes del acto de solidaridad, asegurando que eran haitianos, y llamando a sus simpatizantes a asistir armados con palos y piedras al Parque Independencia. Empleando teorías conspirativas similares a la del “gran reemplazo” que agitan neonazis en EEUU y Europa, la ultraderecha dominicana asegura que existen planes “globalistas” de instituciones como la ONU para una supuesta fusión entre República Dominicana y Haití. Estos mismos grupos suelen propagar teorías conspirativas antivacunas, contra la educación sexual y reproductiva y contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTQ.
Una nota de prensa de la Policía Nacional indicó que se negó el derecho a realizar la actividad pacífica a “prohaitianos”, otro término empleado comúnmente por la ultraderecha para referirse a miembros de organizaciones democráticas, de izquierda o antirracistas. “El tema de la soberanía del país y la defensa de los mejores intereses nacionales nunca será puesto en duda durante la gestión del presidente Luis Abinader”, agregó la nota, coincidiendo con el discurso neonazi sobre el supuesto carácter antinacional de la convocatoria de la Coordinadora Popular Nacional.
Es recurrente este modus operandi de los grupos fascistas, realizar amenazas de muerte y luego actuar en conjunto con la Policía Nacional para impedir el ejercicio de los derechos democráticos del pueblo dominicano. Esto pese a que legalmente la Policía Nacional es definida como una institución apolítica y apartidista. La Procuraduría General de la República, que el gobierno del empresario Luis Abinader presenta como “independiente”, no ha actuado contra estos métodos terroristas pese a que en los últimos tres años se han presentado cartas exigiendo la apertura de investigaciones. Está claro que se trata de una política del régimen, compartida por los gobiernos derechistas del PLD (2004-2020) y el PRM (2020-actualidad).
En diciembre de 2018, ante una actividad deportiva con motivo del Día Internacional del Migrante, convocada por el colectivo HaitianosRD en el parque Mirador Sur de Santo Domingo, organizaciones fascistas amenazaron con que habría un “baño de sangre”. Las autoridades, en vez de investigar estas amenazas terroristas, optaron por retirar el permiso para la actividad deportiva. El periódico Diario Libre, uno de los de mayor circulación en el país, publicó un editorial en el que calificaba la convocatoria, y la posterior denuncia de las amenazas, como una provocación que podía desencadenar un genocidio como el de Ruanda contra los inmigrantes haitianos.
En junio de 2020, neonazis actuaron coordinadamente con la Policía Nacional para impedir la realización de un homenaje público a George Floyd en Santo Domingo. Dos activistas antirracistas fueron detenidas por los efectivos policiales. Pese a la represión, la actividad se llevó a cabo. En noviembre de 2021, la Policía Nacional impidió en tres ocasiones la realización de movilizaciones hacia el Palacio Nacional por parte de la Unión de Trabajadores Cañeros, organización sindical que agrupa a trabajadores retirados que exigen desde hace una década el pago de sus pensiones al Estado dominicano. Simultáneamente, grupos fascistas se concentraron frente al Palacio Nacional bajo protección policial, declarando a la prensa que harían correr sangre si la protesta llegaba a ese lugar.
Esta alianza de facto entre el gobierno de Luis Abinader y los grupos fascistas se cimenta en sus coincidencias en torno a la política racista que lleva a cabo contra la comunidad inmigrante haitiana, incluyendo la construcción de un costoso muro en la frontera con Haití, la expulsión ilegal de mujeres embarazadas e infantes separados de sus padres, la represión contra los trabajadores y la exigencia de una mayor injerencia imperialista en Haití, con el envío de una “fuerza robusta de paz”, eufemismo que significa una nueva ocupación militar. Las expulsiones masivas de inmigrantes haitianos, que ya en julio superaban las 57 mil, se realizan violando sistemáticamente los derechos humanos, incluyendo numerosas denuncias de torturas y asesinatos. Abinader también aplica una política racista de detenciones arbitrarias contra la comunidad dominicana de ascendencia haitiana, la cual desde 2013 constituye la mayor población apátrida del hemisferio occidental. Por estas razones, la marcha fascista del 6 de agosto en Santo Domingo, pequeña pero con mucho apoyo mediático, fue una movilización de apoyo crítico al gobierno, apoyando sus medidas pero demandando su aceleración e intensificación.
La movilización masiva del pueblo haitiano contra el régimen autoritario e ilegítimo del PHTK, presidido por Ariel Henry y apoyado por el Core Group, encabezado por los gobiernos de EEUU, Canadá y Francia, lleva varias semanas desarrollándose. Adquirió mayor fuerza luego de que se impusiera un drástico aumento al precio de los combustibles, bajo lineamientos del FMI. La alianza entre el gobierno dominicano y la ultraderecha no impedirá que se exprese la solidaridad con la lucha del pueblo haitiano. Ya las organizaciones de izquierda, democráticas y antirracistas dan pasos hacia la convocatoria de una nueva y más contundente acción de solidaridad.
Fuente: Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores de la República Dominicana
