San Juan, Puerto Rico (27 de agosto de 2021) El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU en inglés) sometió ayer un sólido alegato en defensa de la Ley de Retiro Digno (Ley 7-2021) ante la corte que ve el caso de la quiebra del gobierno de Puerto Rico.
La unión United Auto Workers (UAW) también presentó documentos ante el tribunal mediante los cuales se unen a la posición de SEIU sobre la Ley 7.
En julio pasado la Junta de Control Fiscal demandó en la corte federal al gobernador Pedro Pierluisi; a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, José Luis Dalmau y Rafael Hernández Montañez, respectivamente; y a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) procurando que el tribunal detenga la implementación de la Ley de Retiro Digno, aprobada unánimemente por ambos cuerpos legislativos y firmada por el Gobernador.
En su alegato, radicado en la tarde de ayer, las uniones sostienen que “la Ley 7 en su esencia no hace nada más que articular una serie de políticas públicas del gobierno y declarar que el ELA no tomará medidas legislativas o de otro tipo para implementar un plan de ajuste inconsistente con esas políticas públicas”.
“Este litigio plantea una pregunta fundamental sobre el alcance de la autoridad de la Junta de Supervisión bajo la ley PROMESA. Específicamente, plantea la cuestión de si la autoridad de la Junta de Supervisión es tan amplia que despoja a los representantes electos de Puerto Rico del poder de declarar bajo qué circunstancias cooperarán con los planes de reorganización de la Junta de Supervisión. El lenguaje de PROMESA, y la jurisprudencia de este Tribunal que lo interpreta, dan una respuesta clara: el poder de la Junta Fiscalizadora no llega tan lejos”, dice el alegato.
El documento de 19 páginas concluye que la Ley de Retiro Digno no contraviene la Ley Promesa, como alega la Junta, ya que se mantiene en la zona de poder que le fue delegada al gobierno por parte del Congreso.
Los sindicatos exponen que aún si la corte encontrara que la Ley de Retiro Digno contraviene la Ley Promesa en alguna de sus partes, debería derogar esas partes y mantener el resto del estatuto.
“Desde el año pasado hemos apoyado la aprobación y la firma de Ley de Retiro Digno por entender que es la mejor alternativa que tienen el gobernador y la legislatura para conseguir mayores recortes de los bonistas y garantizar el pago de pensiones a los jubilados del sector público actuales y futuros”, indicó Roberto Pagán, vicepresidente internacional de SEIU y presidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras, local 1996 SEIU.
Por su parte, Beverly Breakman, directora regional de UAW Región 9A, manifestó que “como representante de miles de jubilados y trabajadores activos de Puerto Rico respaldamos la Ley de Retiro Digno ya que crea política pública para proteger las pensiones y los servicios esenciales y compromete tanto al poder Ejecutivo como el Legislativo a NO aprobar recortes a pensiones”.
La SEIU cuenta con dos locales afiliadas en Puerto Rico: la Unión General de Trabajadores, local 1199 y el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras, local 1996, que entre ambas representan una matrícula de sobre 20 mil empleados y empleadas del sector público y privado.
Por su parte la UAW cuenta en Puerto Rico con una membresía de 5 mil trabajadores y trabajadoras.
Tanto la SEIU como UAW y sus locales hacen estas expresiones de su parte, y no a nombre de ningún Comité o parte que participe en los procedimientos bajo el Título III de la Ley Promesa.
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