NOTA EDITORIAL: Hoy 26 de agosto se cumplen los 20 años de la fundación de la Coordinadora Sindical. En esa fecha se celebró la asamblea fundacional que reunió representantes de una docena de sindicatos para crear una nueva estructura de unidad sindical. En recordación de aquella asamblea Rumbo Alterno publica el siguiente documento que recoge las palabras del compañero Alejandro Torres Rivera a la Asamblea, evaluando el momento histórico en que se funda la Coordinadora Sindical y los retos que habría de enfrentar la nueva estructura. Incluimos al final copia de la Declaración de Propósitos a que hace referencia el compañero.
PALABRAS EN OCASIÓN DE LA REUNIÓN CONVOCADA PARA LA CREACIÓN DE UNA COORDINADORA NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL CLASISTA EN PUERTO RICO EL 26 DE AGOSTO DE 2001
Buenos días a todos y todas las compañeras y compañeros presentes en esta actividad. Se nos ha invitado a comparecer ante ustedes con el propósito de compartir algunas reflexiones en torno a la coyuntura actual por la cual atraviesa el movimiento obrero y sindical en el país y las proyecciones para el mismo. ¡Casi nada!
Se trata de una exigencia que no es sencillo acometer, sobre todo dentro del contexto en que se vienen operando diferentes cambios en la realidad que enfrentan los trabajadores y trabajadoras en Puerto Rico. Esta realidad es necesario examinarla a la luz de las fisuras cada vez más evidentes en el modelo económico en el cual se ha venido sustentando nuestra economía y las improvisaciones de los pasados gobiernos, vinculadas al desarrollo político futuro de la colonia en la que vivimos, junto a los realineamientos que a lo largo de los pasados años hemos venido experimentando en el seno del sector organizado del movimiento obrero.
Existen, también, varios factores internos vinculados a la realidad del movimiento obrero en Puerto Rico que es necesario tener presentes en cualquier intento de análisis que nos propongamos realizar. Entre ellos podríamos destacar los siguientes:
1. Las limitaciones organizativas o controles que las diferentes leyes que reglamentan la actividad sindical le imponen a las organizaciones obreras existentes, como también a aquellos trabajadores y trabajadoras que aspiran a desarrollar dichos instrumentos de lucha en sus respectivos centros de trabajo.
2. La dispersión organizativa y fraccionamiento existente entre los sindicatos. Esta afecta el desarrollo de nuevas instancias de unidad sindical que posibiliten la acción concertadas de los trabajadores y trabajadoras desde una perspectiva de lucha común, frente a los proyectos de la clase patronal y sus organizaciones clasistas.
3. El pragmatismo inconsecuente que ha llevado a diversos sindicatos y a sus sectores dirigentes a proyectar sus luchas desde un punto de vista inmediatista y conciliador, estando ausente en su trabajo organizativo una visión clasista, de mediano y largo plazo desde la perspectiva del conjunto de la clase trabajadora.
4. La coaptación por parte del Estado de algunos dirigentes sindicales en la formulación de las iniciativas que deben corresponder a los sindicatos, colocando el marco de su actividad, no en beneficio de la clase trabajadora sino de sus propios intereses, reduciendo de paso el marco de sus funciones a la representación formal de sus afiliados. Esta situación es la que les lleva a aceptar, en muchas ocasiones sin dar ninguna lucha, las políticas impuestas por la clase patronal en aras de una supervivencia frágil. Al hacerlo, terminan sirviendo de instrumentos de domesticación de las capacidades de lucha y militancia de la clase trabajadora que dicen representar.
5. La aceptación en el trabajo diario del falso discurso patronal de promover la “paz laboral en las relaciones obrero-patronales”, fomentando en los trabajadores, no el desarrollo de sus capacidades e iniciativas para impulsar y adelantar la lucha por la conquista de nuevas y mejores reivindicaciones, sino la falta de fe en sus posibilidades y en la certeza de que dichos objetivos son susceptibles de ser realizados sin que necesariamente, en la búsqueda de los mismos, los trabajadores y trabajadoras pongan en riesgo las conquistas ya alcanzadas.
6. La burocratización de los cuadros dirigentes de los sindicatos, que lleva a muchos obreros y obreras a identificar en sus representantes los mismos estilos de vida y los mismos estilos de dirección en sus organizaciones que aquellos que sufren diariamente en el taller u oficina, reproduciendo a diario las prácticas y procedimientos que lleva a cabo la clase patronal frente a éstos en sus relaciones cotidianas de empleo.
7. Unido a lo anterior, la democracia sindical, aquella que tanto mencionamos en nuestras exigencias frente a la clase patronal, se torna cada día más y más en un rostro caricaturesco a la hora de hacerla valer en los sindicatos en los cuales militamos en beneficio de los trabajadores y trabajadoras que representamos.
8. La falta de solidaridad entre los propios trabajadores y trabajadoras, y posiblemente en un plano superior, la falta de solidaridad entre si por parte de las organizaciones sindicales en la lucha frente a la clase patronal y el Gobierno, continúa chocando con la extraordinaria capacidad que demuestra este binomio frente a nosotros en casi todas las instancias en las cuales nos proponemos disputarles espacios de poder y nuevas reivindicaciones de clase.
9. La desvinculación orgánica, producto de situaciones que nos imponen las leyes, la ideología, el partidismo político y nuestros propios errores, entre los trabajadores del sector público y del sector privado, como también entre los sectores organizados y el pueblo en general.
10. Nuestras propias incapacidades para el trabajo unitario y la falta de flexibilidad con algunas posiciones al interior de nuestros propios sindicatos, que nos llevan en ocasiones a desarrollar una mayor incapacidad para la búsqueda de puntos de encuentro y consenso entre las diferentes tendencias expresadas internamente en nuestras organizaciones, que las que estamos dispuestos a alcanzar entre nosotros y los sectores patronales.
11. La dispersión ideológica entre los propios trabajadores y trabajadoras, como también entre muchos dirigentes, donde se anteponen las políticas partidistas en materia de estatus – en referencia a la solución del problema colonial de Puerto Rico – a costa de una visión de desarrollo por encima de tales diferencias, centralizada en el desarrollo político e ideológico de un fuerte y vigoroso movimiento sindical.
12. La ausencia de seguimiento en el trabajo de organización de otras instancias de lucha, también capaces de organizar a los trabajadores y otros sectores de la población en estructuras de lucha no menos importantes, susceptibles de enfrentar las políticas patronales y neoliberales de privatización; la limitación de los servicios públicos esenciales; el incremento en el costo de la vida; la falta de facilidades adecuadas de vivienda, salud, educación, recreación, etc.
13. La ausencia casi generalizada de institutos de educación para los trabajadores, de formación política y sindical que les permita a éstos el desarrollo y fortalecimiento de sus instrumentos de lucha para atender de manera adecuada, no solo la renovación permanente de sus cuadros de base e intermedios, sino eventualmente la renovación de los actuales cuadros de dirección del movimiento obrero.
Estos señalamientos no son nuevos para ninguno de ustedes. Y no lo son porque de alguna manera lo han padecido, lo han venido observando a lo largo de diferentes épocas, en diferentes coyunturas, en múltiples escenarios. Tampoco estas deficiencias son producto exclusivo de esta generación. Las hemos escuchado de diversas voces que a lo largo de décadas han levantado su voz de alerta sobre los problemas que dividen, limitan y entorpecen nuestro desarrollo como movimiento.
Sin embargo, a pesar de que podríamos decir que de una manera u otra estas variantes siempre han estado como piedras en el camino, entorpeciendo nuestros avances coyunturales, cuando mayor ha sido una crisis en nuestro movimiento, siempre han surgido otras voces haciendo un llamado vehemente a su superación.
Lo vimos a comienzos del siglo XX con la Federación Libre de Trabajadores, la vimos a mediados de los años cincuenta cuando existía la CGT, lo vimos también en la década de los setenta cuando se desarrolló el Movimiento Obrero Unido y lo hemos visto en las pasadas décadas en diversos esfuerzos por consolidar un polo de unidad sindical alternativo para los trabajadores y sus luchas.
En el primero de estos momentos, cuando la configuración del capitalismo en Puerto Rico se aprestaba a demoler el régimen de hacienda y sobre los restos del mismo se debatía el futuro de la clase trabajadora en el nuevo régimen de plantación azucarera, frente al capital agrario absentista y nacional, surgió un instrumento reivindicativo de lucha poderoso que tomó cuerpo en la Federación Libre de Trabajadores.
Tras su burocratización, en víspera del inicio del período de industrialización en Puerto Rico, al calor de la ideología comunista y socialista de muchos de sus fundadores y sostenido, además, en un amplio programa de justicia social promovido por el Partido Popular Democrático, la responsabilidad histórica de desarrollar un instrumento de lucha clasista se buscó en el desarrollo de la Confederación General de Trabajadores (CGT), fundada años antes en 1940.
La entronización del control político partidista en dicho instrumento de lucha llevó a neutralizar las posibilidades de un fuerte y unitario movimiento de los trabajadores. Por eso, a pocos años de su fundación, un nuevo esfuerzo de unidad surgiría con la creación de la Unidad General de los Trabajadores (UGT) en 1947.
Es importante destacar que dicha división surgió, además, simultáneamente con la aprobación por parte del Congreso de Estados Unidos de la Ley Taft-Hartley. Por esto el desarrollo del movimiento obrero en Puerto Rico en los siguientes años no podemos evaluarlo al margen de dicha experiencia, sobre todo por las lecciones que de la misma se desprenden al momento de analizar los efectos que una ley, mucho más represiva y patronal, en el contexto actual del movimiento obrero, en particular del sector público, la Ley de Sindicación de los Empleados Públicos.
Al igual que hoy con la Ley 45, entonces los sindicatos agrupados en la UGT determinaron enfrentar la aplicación de la Ley Taft-Harley en Puerto Rico. Al hacerlo, enfrentaron no solo el poder económico de los patronos y la actitud dócil de los sindicatos domesticados agrupados en la CGT, sino también el poder represivo del Estado. Esta lucha resultó entonces en un revés para el sindicalismo clasista que les llevó eventualmente cumplir con las exigencias de dicha ley en los procesos de organización de los trabajadores.
La transformación económica que comienza a experimentar Puerto Rico a partir del inicio de la Operación Manos a la Obra significó el traslado al país de múltiples empresas manufactureras y de otra índole y con ellas la invasión sindical al país de las llamadas “Uniones Internacionales”. La ausencia de un fuerte y unido movimiento obrero organizado en Puerto Rico, con profunda identificación ideológica con la clase obrera y la alianza desarrollada entre la AFL-CIO con el gobierno del Partido Popular, allanó el camino a éstas.
No fue sino hasta transcurridas casi dos décadas cuando las condiciones empiezan a cambiar en Puerto Rico. La corrupción y burocratización nuevamente fue uno de los elementos que sirvieron de punto de apoyo en las luchas que comienzan a desarrollarse cada vez más con mayor frecuencia, sobre todo a partir de la década de los setenta.
Como a inicios del siglo XX con las corrientes anarco sindicalistas en el seno del movimiento obrero y las corrientes comunistas y socialistas en los años 30 y 40, fueron también las ideas socialistas las que ejercieron una influencia decisiva en los procesos de lucha sindical y cambio que se desarrollaron en las década del 70 y comienzos del 80.
El Movimiento Obrero Unido logró nuclear no solo el repudio al entonces llamado “colonialismo sindical”, sino que también impulsó la transformación de nuevos cuadros sindicales que contribuyeron efectivamente al desplazamiento de muchos dirigentes sindicales totalmente burocratizados y marginados respecto a los intereses de las matrículas que representaban.
Sin embargo, como antes surgió al interior de la FLT y de la CGT, la extensión burocrática del brazo político de los partidos en el sindicalismo temprano o tarde comenzó a hacer crisis en dicho esfuerzo. A dichos limitantes internos se añadió una clara determinación de la clase patronal y el Estado de frenar y destruir su influencia en los trabajadores. A nuestros errores en el manejo de nuestras diferencias internas, se vino a sumar el fraccionamiento sindical por parte de los llamados sindicatos independientes y por qué no, sus incapacidades para articular alianzas orgánicas unitarias con otros sindicatos. A lo anterior debemos sumarle también el papel permanente y divisivo que siempre ha tenido el factor “status” en el desarrollo del sindicalismo puertorriqueño.
Las limitaciones impuestas a los trabajadores del sector privado por la Ley Taft-Hartley para el ejercicio de su actividad sindical; las condiciones resultantes de un modelo de desarrollo económico frágil y en constante descomposición, que en muchas ocasiones inhibió las posibilidades de organizarles; la ausencia de un polo de unidad obrera en el cual los intereses particulares de las diferentes organizaciones sindicales no se antepusieran a intereses ajenos a lo que constituyen los intereses generales de la clase trabajadora frente a sus patronos y el Gobierno; las importantes limitaciones impuestas por ley para impedir el desarrollo de verdaderos instrumentos de lucha sindical en el cual los empleados del patrono principal en el país, que es el Estado, tengan a su alcance los mismos derechos sindicales que aún con sus limitaciones tenían los demás trabajadores en el país; y finalmente, la represión de la que fueron objeto los trabajadores en muchas de sus luchas, entre otras importantes consideraciones, en no pocas ocasiones nos dieron una perspectiva enana de crecimiento en nuestros esfuerzos organizativos.
A pesar de tales limitaciones, sin embargo, muchas de nuestras organizaciones han logrado sobrevivir hasta el presente y lo han hecho en un constante forcejeo por superar las limitaciones que enfrentamos.
Cuando más fragmentados nos sentíamos, cuando más divididos nos encontrábamos, cuando mayor suspicacia en nuestros cuadros dirigentes observamos entre unos y otros, cuando en medio de la desconfianza y el celo sindical de unos y otros, percibíamos a veces, producto de viejas y recientes diferencias, que todo se nos venía arriba, desde el seno del pueblo mismo nos llegó la lección en torno a la fuerza real con la cual se cuenta en el seno de la clase trabajadora en Puerto Rico.
La experiencia de largos meses de movilización popular generada a partir del anuncio de la pasada administración del Dr. Pedro Rosselló, impulsada y respaldada por organismos patronales como la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio, la Asociación de Bancos e importantes bufetes patronales a la implantación de una llamada “reforma laboral”, dirigida a desmantelar nuestras leyes protectoras del trabajo; la implantación de las políticas de privatización diseñadas por la anterior administración del Partido Popular y lanzadas como avalancha durante la administración del PNP a dos manos, que tuvieran su mayor expresión en el proceso de venta de la PRTC al sector privado, despertaron un gigante que permanecía dormido: los trabajadores y las trabajadoras en Puerto Rico.
Lo que pudo haber sido la victoria más importante alcanzada por nuestro pueblo trabajador en su historia, sin embargo, se vio reducida no por su incapacidad en la lucha misma, sino por la falta de dirección y consistencia en sus dirigentes que en un momento dado de quedaron con la vista puesta en el árbol perdiendo de vista el bosque. En aras de objetivos tácticos, el objetivo estratégico fue sacrificado.
Sin embargo, de la misma manera que sabemos que lo que define la victoria en un proceso, visto el mismo como proceso histórico y no como una mera coyuntura, es la manera en que los niveles de conciencia que los sujetos de dicho acto social alcanzan, es a la luz de este parámetro que deseamos enfocar su resultado en esta reflexión.
Sin pretender agotar los elementos positivos de dicho proceso, enfatizamos los siguientes:
1. La vinculación de trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores, público y privado, en un proceso común de lucha.
2. La incorporación de sectores organizados y no organizados en la lucha que se libró.
3. La reactivación de muchos compañeros y compañeras que durante años habían permanecido desactivados de las acciones de militancia a las cuales habían aportado hace años.
4. La incorporación de un nuevo discurso, de nuevas formas de lucha, de nuevos métodos de organización y de nuevas modalidades de comunicación con el pueblo.
5. El cambio en la percepción de los sectores populares en torno al contenido y alcance de las luchas sindicales.
6. La incorporación de sectores vinculados a la sociedad civil, del sector religioso, de las organizaciones políticas y de las organizaciones juveniles; la incorporación de diversos organismos culturales, populares, ideológicos, de género, etc. en actividades dirigidas a sostener la lucha, vista la lucha contra la privatización de los servicios telefónicos como una lucha de defensa del patrimonio social que representaba los servicios públicos esenciales en manos del pueblo.
7. La necesidad que representa para los trabajadores y trabajadoras el unir fuerzas y esfuerzos como necesidad racional para enfrentar al Gobierno-patrono.
8. La importancia de la creación de organismos regionales permanentes de unidad popular y sindical como fuerzas auxiliares del movimiento de la clase trabajadora en sus luchas y enfrentamientos ante el Gobierno-patrono.
9. La importancia de la solidaridad entre los trabajadores como clase y entre sus instrumentos de lucha, los sindicatos.
Lamentablemente, de este proceso también obtuvimos experiencias y lecciones que por vía del ejemplo negativo no deberíamos olvidar.
Entre estas podríamos destacar el daño que le produce al movimiento obrero en sus luchas la falta de claridad en los objetivos; la subestimación de las capacidades del enemigo para enfrentar nuestros retos; la necesidad que reviste en estos procesos la formación ideológica de nuestros dirigentes, la confianza necesaria que deben éstos y éstas depositar en sus matrículas cuando se lucha por objetivos que los trabajadores y trabajadoras tienen claramente definidos; el peligro que representa para los trabajadores y trabajadoras depositar en manos ajenas a ellos y ella la conducción de los procesos de negociación frente a sus patronos; el exceso de confianza en las promesas del Gobierno y el daño que produce la improvisación la desconfianza, la falta de unidad en la acción y la búsqueda de soluciones a los conflictos a espaldas de aquellos y aquellas que han sostenido el peso de los mismos.
Pero eso, el que se produzca en estos momentos esta iniciativa dirigida a la creación formal de un nuevo esfuerzo por retomar de nuestras experiencias históricas como movimiento sus lecciones positivas y negativas en aras de un nuevo comienzo es ciertamente esperanzador y oportuno.
He leído con detenimiento la Declaración de Propósitos contenida en los documentos que se han circulado entre ustedes. Me alegra enormemente que en gran medida se parta de un enfoque esperanzador de las posibilidades futuras, como también de las realidades, que sirven de punta de partida al mismo. Coincido con la expresión allí contenida de que al interior de las propias organizaciones sindicales “se debaten fuerzas contradictorias que le imprimen al momento actual un sentido de urgencia y trascendencia”. Se trata de asumir como realidad lo que las leyes esenciales de la dialéctica nos dicen de que nada es permanente, que todo cambia constantemente en un lucha contradictoria dentro de la cual los procesos sociales se dirimen y se desarrollan.
El sindicalismo no es un monolito, tampoco es un concepto puro y abstracto que se desarrolla únicamente a base de cómo concebimos las cosas, sino también de cómo es la realidad dentro de la cual las ideas y la práctica social de cada uno de nosotros nos desarrollamos. Ciertamente debemos aspirar a desarrollar un punto de vista clasista, pero debemos hacerlo reconociendo nuestros puntos de coincidencia y reconociendo también nuestras divergencias, debatiéndolas, tomando decisiones pensando en el interés de aquellos que aspiramos a representar, pero a su vez respetando también el espíritu democrático que debe prevalecer en los procesos de toma de decisiones.
No es negativo para el sindicalismo la influencia que puedan ejercer ideológicamente algunos de sus dirigentes. Lo que si es negativo, es cuando de la influencia pasamos a la imposición, al veto de los procesos de lucha en medio del sabotaje de aquellas ideas y acciones con las cuales no estamos de acuerdo, o peor aún, haciendo alianzas con los intereses de la clase patronal en aras de prevalecer en nuestras particulares visiones. Por eso es importante que en la determinación de este nuevo esfuerzo organizativo “los límites del ejercicio de la democracia” queden establecidos desde el inicio, como también el compromiso de cada cual en llevar a cabo los acuerdos que se adopten en el ejercicio de esa democracia.
Una política de clase incluye no solo oponernos a las medidas neoliberales que atentan contra los intereses de la clase obrera, sino que los procesos en los cuales aspiremos a involucrar a nuestros compañeros y compañeras de lucha partan de un proceso sistemático de formación y educación con nuestras respectivas matrículas. Por eso es necesario explicarles qué es el neoliberalismo no solo como concepto, sino también cómo se vinculan sus efectos con sus propias realidades cotidianas. Si somos capaces de identificar los efectos de las políticas neoliberales en aquellos que aspiramos a representar en sus situaciones de día a día en el taller, la comunidad y la sociedad, entonces tendremos compañeros y compañeras listos a lanzarse a las luchas que sean necesarias para defender desde un punto de vista de clase sus intereses frente a los intereses de clase del Gobierno-patrono.
La experiencia durante la Huelga del Pueblo nos señaló el camino de la importancia que revisten los organismos de apoyo permanente a las luchas en las cuales se involucra la clase trabajadora. Sin embargo, nuestra aspiración debe ir más allá, desarrollando estas instancias de trabajo y vinculando la actividad de los sindicatos con otros organismos que integren a su vez otros sectores en sus luchas particulares como son las luchas ambientales, comunitarias, femeninas, juveniles, desempleados etc.
La educación laboral y sindical de nuevos cuadros debe constituir una prioridad en este esfuerzo. Una de las aportaciones de mayor importancia del MOU durante la década del 1970 fue la creación del Instituto Laboral de Educación Sindical. La experiencia del ILES en sus primeros 10 años aportó la formación sindical de más de 700 trabajadores y trabajadoras en legislación laboral, negociación colectiva, arbitraje, leyes parlamentarias, legislación social, historia del movimiento obrero, economía, procedimientos de organización y administración de uniones, entre otras, que permitió a estos trabajadoras y trabajadoras servir de relevos eventuales dirigidos a sustituir decenas de dirigentes sindicales que en dichos momentos, como hoy también ocurre, se habían burocratizado en sus respectivos sindicatos.
Es importante también la solidaridad. Pero al concepto solidaridad debemos también darle un contenido clasista desde el punto de vista de nosotros mismos en nuestros respectivos sindicatos.
No podemos hablar de solidaridad hacia otros compañeros y compañeras en otros sindicatos si somos incapaces de distinguir nuestras diferencias no antagónicas, aquellas que surgen día a día como resultado de la aplicación de las líneas de trabajo que adoptamos en nuestro trabajo, con aquellas que si son antagónicas y que se definen en el terreno de la lucha entre lo que son nuestros intereses y lo que son los intereses de la clase patronal. Hablamos de la solidaridad humana, de la solidaridad como trabajadores, como explotados.
En el manejo de nuestras diferencias internas debemos tener siempre presente que si decimos que es posible llegar a acuerdos con la clase patronal para reglamentar las relaciones obrero-patronales y si sostenemos que los la clase trabajadora es capaz a través de la negociación alcanzar acuerdos y crear mecanismos que nos permitan resolver nuestras diferencias con “el enemigo de clase”, si no podemos más, por lo menos podemos aspirar a alcanzar lo mismo con aquellos compañeros y compañeras con las cuales compartimos un origen común, la venta de nuestra fuerza de trabajo y la explotación de la cual somos víctimas.
Compañeros y compañeras, este evento se produce a pocos días de haberse aprobado ciertos cambios en una de las medidas más divisivas en el seno del movimiento de los trabajadores del sector público. Me refiero a al Ley 45. Se trata de una ley mala en su concepción y origen, mala en su desarrollo y mala en su realidad y aplicación.
Los cambios recientemente introducidos en la misma nos presentan nuevos retos. Los esfuerzos que hicimos en el pasado, primero por evitar su aprobación y luego su implantación, desgraciadamente no consiguieron alcanzar la plenitud de nuestras aspiraciones sobre una verdadera ley de sindicación, una ley libre de controles y sanciones que criminalizaran la actividad sindical y que favorecieran un verdadero proceso de organización y negociación en el sector público.
Algunos de los espacios que aún quedaban en ella que salvaguardaran la actividad de algunas organizaciones gremiales en las agencias del Gobierno donde la misma aplica, se han ido reduciendo y eliminando como resultado de los últimos cambios que han sido introducidos.
Creo que el movimiento obrero en estos momentos se enfrenta al mismo dilema que se enfrentó durante la década de 1940 la UGT al intentar responder frente a los efectos que causó la aprobación e implantación de la Ley Taft-Hartley. Oponernos a organizar bajo una ley que nos privaría de ostentar la condición de “representante exclusivo” en las diferentes agencias, con el agravante de que los controles y sanciones contenidas en la misma nos serían aplicables aún sin ostentar dicha condición de representantes exclusivos, nos crea una difícil situación. Esta se agrava aún más ante el poco o ningún espacio que actualmente queda para el accionar de las organizaciones sindicales bajo las leyes 134 y 139. Por eso, reproducir en estos momentos en que se está planteando la creación de un organismo de unidad sindical capaz de incluir sindicatos organizados bajo la Ley 130, la Ley Taft-Harley, las leyes 134 o 139 y la Ley 45 al interior de este esfuerzo, es condenarlo al momento de su nacimiento a su muerte segura.
Independientemente de que he sido uno de los que se ha opuesto a dicha Ley, si hablamos de una instancia de unidad sindical donde incluso aspiramos a incorporar todo tipo de organizaciones de trabajadores, sindicales y no sindicales, sería un grave error excluir del mismo a los sindicatos organizados bajo la Ley 45. La decisión en torno a bajo cuál Ley se organizan los trabajadores de una agencia en particular, ni lo decidimos nosotros, ni lo pueden determinar los sindicatos organizados bajo otras leyes. Se trata de una decisión que corresponde en primera y última instancia a los trabajadores en cada agencia.
Sin embargo, en un organismo como éste si puede y si debe hacer aquellos esfuerzos que estén a su alcance para de alguna manera evitar que unos sindicatos le disputen la representación a otros sindicatos existentes también involucrados en esta incitativa, debilitando así no solo su fuerza particular frente a un patrono, sino debilitando también las posibilidades que pueda ofrecer de cara al futuro este esfuerzo de unidad sindical.
Los procesos de organización sindical que al presente se vienen desarrollando en algunas agencias del Gobierno plantea para nosotros, además, posibles y eventuales contradicciones frente a la AFL-CIO y los esfuerzos que al presente desarrolla la misma para organizar bajo la Ley 45 a trabajadores del sector público.
Sabemos que nuestra fuerza frente a dichos esfuerzos no está en la capacidad económica que una criatura en su desarrollo inicial como esta tendría. Sin embargo, si logramos convertirnos, producto de nuestra práctica, de nuestra vocación de lucha en defensa de los intereses de los trabajadores y la confianza en nuestras propias posibilidades, cada día que transcurra será un día nuevo ganado en la batalla por dotar a los empleados públicos de una nueva y verdadera opción organizativa.
Nuestras debilidades iniciales pueden transformarse, si verdaderamente nos lo proponemos, en lo que será nuestra fuerza en el futuro. Somos esa fuerza en potencia si nos apoyamos unos a otros y si nos disponemos a trabajar duro por llevar a la práctica todos y cada uno de los objetivos que se han presentado en la Declaración de Principios.
Un segundo elemento que requiere nuestra atención inmediata es constituirnos en una voz que se sienta en la defensa de los derechos que bajo la contra reforma laboral de Rosselló nos fueron arrebatados; en la exigencia al Gobierno de Puerto Rico para revertir los procesos de privatización que durante los pasados años se efectuaron y para detener los intentos de llevar a cabo nuevos procesos de privatización.
También debemos asumir la iniciativa en rescatar e impulsar los cambios favorables a la clase trabajadora en la legislación laboral que fueran propuestos inicialmente por el Comité de Mujeres Contra la Privatización aumentando los derechos sociales de los trabajadores y trabajadoras; en brindar respuestas y proponer acciones frente a cualquier nueva incitativa que formule el Gobierno dirigida a proponer opciones de desarrollo económico que entren en contradicción con nuestras aspiraciones como trabajadores; y finalmente, en la fiscalización de los procesos que la Legislatura se propone desarrollar en los próximos meses dirigidos a establecer un Código Laboral en Puerto Rico. Sobre este último extremo, proponemos que se designe un grupo de apoyo en el cual participen los diferentes abogados que ofrecen actualmente representación legal a los sindicatos que forman parte de este esfuerzo para que aporten sus capacidades en esta tarea.
Existen aún múltiples enmiendas a la legislación laboral que fueron propuestas en a finales de la década del noventa en los famosos “legajos” redactados por el Lic. Aníbal Irizarry que están aguardando la menor oportunidad para ser traídos nuevamente ante la atención del Gobierno por parte de la clase patronal. No debemos perder la perspectiva que la idea de desarrollar un Código Laboral en Puerto Rico, si bien puede ser un paso importante y necesario para nosotros, también es una excelente oportunidad para la clase patronal de adelantar nuevos pasos en el desmantelamiento de los derechos que aún nos protegen.
Los trabajadores y las trabajadoras en Puerto Rico, lejos de haberse cansado de luchar, están dispuestos y dispuestas a hacerlo. Pero no lo harán por causas que no comprendan, ni por los llamados hechos por aquellos que sean incapaces de ofrecerles alternativas de triunfo en la lucha. Lo harán por aquellos esfuerzos que les representen, en sus intereses inmediatos y sus intereses a mediano y largo plazo, posibilidades de avance y no de retroceso.
Hace dos años, en un escrito que publiqué bajo el título de Los Retos de la Clase Obrera Puertorriqueña ante la Ofensiva Patronal Neoliberal: apuntes para una discusión urgente señalaba algo que todavía tiene plena vigencia y que comparto hoy con ustedes:
“Al cierre de un siglo contamos con una experiencia ganada como resultado de cien años de sindicalismo y lucha obrera organizada. Si hoy podemos contar con derechos sociales que como parte de la legislación laboral nos protegen frente a la voracidad del capital, es como resultado de las luchas que con grandes sacrificios supieron dar en defensa de esto los luchadores que nos han precedido. Hoy que nuevamente el capital se organiza para una nueva embestida, la mejor forma de rendirle tributo a aquellos que contribuyeron a legarnos esta legislación protectora del trabajo—- y añado además, la experiencia de cómo enfrentar y superar nuestras limitaciones y deficiencias organizativas en el desarrollo de lo instrumentos de unidad necesarios para acometer de nuevas luchas—es preparándonos para enfrentar con decisión, unidad y vocación de triunfo los nuevos retos que encontremos.”
Cesar Andreu Iglesias, en su famosa columna periodística “Cosas de Aquí” escrita hace muchos años, solía iniciarla con una frase que realmente no se si fue de su inventiva o si fue un préstamo oportuno que tomó de alguna otra persona. La frase decía: “Ante nuevas situaciones, nuevas soluciones.”
Si carecemos de un instrumento de lucha de los trabajadores que realmente sea un instrumento clasista, que posibilite la vinculación de las luchas sindicales con las luchas sociales, que promueva y garantice la democracia sindical, que forme sindicalmente a los trabajadores y trabajadoras con un claro compromiso y propuesta el desarrollo de su conciencia, que sea solidario, que promueva el respeto y apoyo a la integridad de cada sindicato organizado en el mismo, que promueva en su trabajo la unidad con otras centrales obreras y sindicatos, que promueva estructuras de organizativas participativas, incluyendo el desarrollo de instancias organizativas de carácter regional, desarrolle una política de militancia y lucha frente a la conciliación de clases y la domesticación de la clase trabajadora y que aspire a desarrollar profundos y efectivos lazos de solidaridad con todos los trabajadores y sindicatos progresistas del mundo, aquí mismo, a partir de este esfuerzo que se concretiza hoy en una Coordinadora Nacional de Unidad Sindical tiene su oportunidad de aportar su grano de maíz. En las manos de ustedes, compañeros trabajadores y trabajadoras está la respuesta.
Muchas gracias.
