Cinco uniones obreras del servicio público manifestaron hoy su rotunda oposición a los proyectos de ley radicados por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, que transfieren a los municipios facilidades, propiedad y empleados de los departamentos de Educación, y Recreación y Deportes y las autoridades de Carreteras, Transportación y Obras Públicas, Edificios Públicos y Parques Nacionales.
Los sindicatos censuraron la intención de Hernández de quitarle los pocos recursos con que cuentan la educación, la recreación y las vías públicas para complacer a un grupo de municipios en quiebra y alcaldes afines al presidente cameral.
En días recientes Hernández, radicó los proyectos 823, 824 y 825 que entregan a los alcaldes que lo soliciten, algunas competencias del gobierno central.
Los sindicatos recuerdan que la mayoría de los ayuntamientos del país están en quiebra y que muchos de ellos se caracterizan por la extrema politización, el clientelismo, el nepotismo y la corrupción.
También advierten que el resultado de esta movida atropellada, de último minuto y sin consenso, será el recorte de recursos de la educación, recreación, mantenimiento de carreteras y otros servicios a la ciudadanía para cubrir los déficits de municipios, varios de los cuales están en quiebra.
Israel Marrero, vicepresidente del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras (SPT), que representa al personal administrativo y de mantenimiento de escuelas, declaró que “una consecuencia inmediata de esta legislación es que trastocará la situación laboral de miles de empleados y empleadas a quienes le arrebatarán sus derechos adquiridos. Es la misma chapucería que han hecho en la AEE, con el vergonzoso movimiento de personal, eso va a repetirse cuando las y los empleados terminen trabajando en un municipio quebrado y sin recursos o en una compañía privatizadora sin la protección, los derechos y beneficios del Convenio Colectivo”, denunció el líder del SPT, quien responsabilizó directamente a Rafael “Tatito” Hernández, por las consecuencias funestas que tendrán estas leyes.
“De aprobarse estos proyectos continuaría la política de desmantelar el servicio que brinda la Autoridad de Edificios Públicos. Esto implicaría la eliminación del 70% de nuestros talleres que son las escuelas públicas de nuestros niños y la proliferación de compañías contratantes por los municipios lo que redundaría en una corrupción rampante de los fondos destinados a la educación pública”, denunció Javier López López, presidente de la Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Edificios Públicos (UIEAEP).
Mientras, la presidenta de la Asociación de Empleados de Comedores Escolares (AECE-UAW), Nelly Ayala León, recordó que este proyecto que fue a vistas públicas ayer, no tuvo ninguna propuesta a favor de la medida –incluyendo al Departamento de Educación– pues todos se expresaron en contra. “El país sabe que lo que pretende este proyecto es quitarle dinero a las agencias para darlo a los municipios. Nos parece que una vez más se repiten los estilos del pasado. Cuando el Presidente de la Cámara atenta y amenaza con esta medida, no está muy lejos de lo que ha criticado del contrato a LUMA”, dijo Ayala León.
“Cada cuatro años tenemos el mismo problema, estos representantes electos cada día se ponen más ‘creativos’ y terminan siempre perjudicando a la clase trabajadora. Estos proyectos son una completa locura, no hay un análisis de lo que esto va a costar, se trastoca a los empleados y politiza los servicios. Los municipios se están metiendo en camisa de 11 varas y van a salir también perjudicados con estas leyes. Lo vemos todos los días cuando pasamos por las carreteras que pertenecen a los municipios, las tienen en completo abandono y en muchas ocasiones hasta son los mismos residentes quienes mantienen esas áreas limpias”, añadió Desiree López Ramírez, en representación de las y los trabajadores del Departamento de Transportación y Obras Públicas, organizados por la United Auto Workers (UAW).
Por su parte, Antonio Cabán, presidente de la Federación Central de Trabajadores (FCT), que representa a las y los trabajadores de Parques Nacionales y Recreación y Deportes declaró que “es preocupante el traspaso de facilidades estatales a municipios que no cuentan con los recursos para mantenerlos, más cuando se deja a un lado a quienes cuentan con la experiencia y mantienen y velan por el mejor funcionamiento de las facilidades deportivas y recreativas. Este traspaso pudiese deteriorar los espacios ya que los proyectos presentados no garantizan la estabilidad de los recursos, ni los empleos, ni los derechos”.
Finalmente, la dirigencia sindical exhortó a las y los representantes camerales a rechazar esta legislación y entablar un diálogo con las y los trabajadores de esas agencias con el fin de democratizar los municipios y mejorar el servicio a la ciudadanía.
