Mensaje de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público durante los Turnos del Pueblo en la Vista de Confirmación del Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Carreteras, celebrada el pasado 17 de agosto:
Muy buenos días. Mi nombre es José E. Rivera Santana. En los pasados 28 años he ejercido en Puerto Rico la profesión de planificación, tanto en el sector público como en el privado. Mi presencia hoy, ante este tribunal, es en calidad de residente de este País, nuestro. Además, soy integrante de la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público de Puerto Rico.
La Comisión es una entidad ciudadana, no gubernamental, no partidista y multisectorial, fundada por los integrantes del interés público que formaron parte de una comisión pública creada por la Ley Núm. 97 del 1 de julio de 2015 para realizar una auditoría integral de la deuda pública de Puerto Rico. Lamentablemente la Ley fue derogada en abril de 2017 por la administración del ex gobernador Ricardo Rosselló Nevárez.
En la Comisión participan abogados y abogadas, contadores públicos autorizados, economistas, planificadores, estadísticos y representantes de distintos sectores sociales. Desde su creación, llevamos años estudiando las finanzas públicas y hemos estado dispuestos a buscar una solución sostenible a la crisis fiscal y una salida real de la quiebra en beneficio del pueblo de Puerto Rico.
Hoy este Tribunal tiene ante su consideración una propuesta de Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Se trata de la tercera reestructuración bajo el Título III de PROMESA, luego de los planes de ajuste de COFINA y del Gobierno Central. El Plan descansa, principalmente, en el aumento sustancial de los peajes en Puerto Rico. De esta forma, se une a varias decisiones fiscales donde el pago de la deuda ha representado mayores cargas económicas a una economía ya frágil y débil.
Para nosotros, en la consideración de este Plan de Ajuste, debiera estar presente como uno de los principales criterios, una realidad objetiva insoslayable. Veamos.
En Puerto Rico, con una población de 3.1 millones de habitantes, hay registrados 2.8 millones de vehículos de motor, según los datos del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico (DTOP)[1]. Esta proporción tan alta de vehículos por persona responde a varios factores, entre otros, la ausencia de un sistema de transportación colectiva y la adopción de políticas de planificación territorial que han privilegiado el desparrame urbano y fomentado el distanciamiento entre las actividades económicas y las áreas residenciales. En consecuencia, sobre el 85% de las personas utilizan el automóvil privado como el medio principal de transporte al trabajo. Esta realidad, en efecto, profundiza las desventajas sociales pues obliga a sectores de bajos y de medios ingresos a dedicar más dinero, de su presupuesto personal, al transporte privado. Se ha estimado por distintos estudios, que ese gasto fluctúa entre $7,500 y $9,000 al año, cifra que es mayor que la que se dedica a la alimentación[2].
A tenor con lo anterior, es fácil concluir que cualquier medida que conlleve aumentos en el costo de transportarse al trabajo o a los lugares de servicios, implica sumar una carga económica fuerte a las personas y a las familias, pues el automóvil privado se ha impuesto como una necesidad inescapable.
Según el Plan Fiscal de la ACT, para lograr la sostenibilidad de este Plan de Ajuste, se impondrán aumentos anuales en los peajes y multas que se dividen en cuatro:
1. Aumento anual en los peajes de 8.3% durante los primeros tres años.
2. Después del 2025 serán dos tipos de aumentos anuales en los peajes por los próximos 40 años: (a) Aumentos fijos de 1.5%, y (b) Aumentos variables para ajustes por inflación.
3. También se darán aumentos anuales en las multas para ajustarlas a la inflación por 40 años.
4. Establecimiento de peajes bidireccionales en donde hay un peaje en solo una dirección.
A partir de los propios números de la Junta, un peaje que cuesta hoy menos de un dólar o 75 centavos, será el doble, $2.24 en función del pago de la deuda. Estas cifras tampoco son exactas pues no sabemos de antemano cuánto será la tasa de inflación en el futuro.
No obstante, esos números nos ofrecen una idea del costo diario que tendrán los conductores de aprobarse por este Tribunal el PAD propuesto por la Junta.
Cabe mencionar que estos aumentos se estarían llevando a cabo en un País con una economía en estancamiento por los pasados 16 años y con un aumento generalizado en el costo de todos los bienes y servicios. En otras palabras, la espiral inflacionaria se está comiendo los ya raquíticos salarios.
En cuanto a lo que dispone el Plan de Ajuste sobre la deuda de la ACT queremos hacer los siguientes comentarios. La deuda total de la Autoridad de Carreteras asciende alrededor de $6.7 mil millones. La Junta le ha dicho al País que el recorte de la deuda incluido en el Plan de Ajuste es de 80%, pues la nueva deuda emitida sería de $1.2 mil millones. El recorte parece ser alto. No obstante, para evaluarlo es necesario examinar la composición de la deuda de la ACT. Esta deuda se puede dividir en tres diferentes categorías: la deuda en bonos, la deuda en préstamos con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la deuda en reclamaciones generales no aseguradas.
La mayoría de la deuda de la ACT es en bonos, es decir, deuda a largo plazo que representa la mayor carga para la corporación pública. Sin embargo, hay una porción sustancial de la deuda que son reclamaciones del BGF. Estas reclamaciones serían liquidadas en su totalidad, por lo que el mayor peso del recorte de la deuda recae sobre ellas.
Hay que destacar que la deuda del BGF fue la primera reestructuración llevada a cabo bajo el Título VI de PROMESA, proceso ejecutado fuera de los tribunales. Como consecuencia de dicha reestructuración el BGF ya no existe como entidad operante y la mayoría de sus activos fueron transferidos a la Autoridad de Recuperación de la Deuda del BGF, para el pago de sus bonistas. En otras palabras, el mayor recorte a la deuda de la ACT son las reclamaciones del BGF que consisten en deudas morosas del gobierno con el gobierno mismo, con una entidad cuyas operaciones cesaron. Por tal motivo estas reclamaciones no aseguradas son de muy poco valor, por no decir de un valor nulo.
Cabe mencionar que, si bien a las reclamaciones del BGF no se les pagará nada, estas recibirán un “instrumento de valor contingente” (IVC) tal como lo define el Plan de Ajuste de la Deuda del gobierno central. El IVC solo se paga en el caso de que los recaudos del impuesto a las ventas y uso (IVU) sobrepasen las proyecciones hechas por la Junta en el Plan Fiscal del Gobierno Central. Es decir, si se logran más recaudos del IVU de lo proyectado por la Junta, no se destinarán a servicios públicos esenciales, a la Universidad de Puerto Rico o a los Municipios, sino al pago de la deuda con el antiguo BGF.
Por otro lado, nos preocupa que para la supuesta sostenibilidad de este plan se haga un nuevo préstamo que el gobierno central tendrá que otorgarle a la Autoridad de Carreteras para viabilizar el primer pago en efectivo a los bonistas en este nuevo PAD. El principal de este préstamo será de $314 millones y se pagará hasta el 2052. Resulta cuestionable que la reestructuración de la deuda de la ACT requiera de un préstamo del gobierno central, es decir más cargas al Fondo General.
Cuando el pago en efectivo es incluido, el recorte real a la deuda baja a un 62%. Por otro lado, de los $1.2 mil millones en nuevos bonos que la ACT emitiría como parte de la reestructuración, $645 millones serían bonos de apreciación de capital (CABs, por sus siglas en inglés), esto es, más de la mitad de los nuevos bonos. Los bonos de apreciación de capital o CABs son bonos cuyo pago de principal e intereses se posterga por años, algunas veces hasta la fecha de maduración. Debido a que por muchos años no se pagan intereses, estos se acumulan en el principal, haciendo que la deuda original incremente con el tiempo. En algunos casos, la tasa de interés efectiva al final del periodo es de un 181% del valor original del bono lo que significa que se estaría pagando más del doble del principal, sólo en pago de intereses. La inclusión de CABs entre los nuevos bonos es nefasta y ha sido ampliamente criticada en el pasado por ser una de las razones que nos llevaron a la quiebra. A lo anterior se añade que, antes de la quiebra, los CABs solo representaban el 3% de la deuda en bonos de la ACT[3]. Es de destacar, además, que la ACT estaría pagando los nuevos bonos hasta el 2062.
En resumen, este plan para el pago de deuda no auditada, obligaría al gobierno por un término de 40 años e incluye el intercambio con bonos nuevos de apreciación de capital o CABs, que han implicado un pago total de intereses altísimos. Se le dice al País de un recorte del 80% de la deuda, pero en nuestro análisis la Junta omite información importante, como el pago en adelantado de efectivo de $389 millones y un nuevo préstamo de $314 millones que tendrá que tomar la ACT al Gobierno Central, a cargo del Fondo General, que ya tiene la carga del pago del Plan de Ajuste del Gobierno Central. Incluso, la deuda que se supone sea reducida sustancialmente, no es la deuda con los bonistas sino la deuda que se tenía con el BGF.
Consideramos, por otro lado, que no es conveniente para la gente de Puerto Rico que el Plan Fiscal insista en la privatización de nuestras carreteras públicas, como parte de los mecanismos dirigidos al pago de la deuda. Ello conlleva, como hemos expresado anteriormente, el aumento constante de peajes, con la consecuente pérdida económica para nuestro pueblo y el agravamiento de la exclusión social.
No podemos olvidar que este acuerdo de pago a la deuda no auditada de la ACT se añade a las cargas económicas que implica el pago del IVU en el acuerdo de COFINA; el recorte a las pensiones; a las reducciones en fondos para servicios esenciales que incluye el Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno Central con los bonistas de Obligaciones Generales. Además, el acuerdo pendiente con los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, que incluye un aumento en la factura de la electricidad, provocará aumentos en los demás renglones de servicios, entre otros.
En conclusión, aun cuando la quiebra según definida por la Ley PROMESA, suponía un nuevo comienzo o “fresh start” para el Gobierno de Puerto Rico y las corporaciones públicas acogidas, en el caso de la Autoridad de Carreteras y Transportación se repite el mismo patrón, sus finanzas seguirán atadas por los próximos 40 años para pagarle a los bonistas y no para responder a las necesidades de nuestra ciudadanía. Estamos frente a otro PAD insostenible para nuestro País.
[1] https://act.dtop.pr.gov/wp-content/uploads/2021/02/SHSP-2019-2023_Espanol.pdf
[2] Véase Apéndice Estadístico del Informe Económico al Gobernador, 2020, Junta de Planificación. https://jp.pr.gov/wp-content/uploads/2022/04/Apendice-Estadistico-2020-1.pdf
[3] Véase el informe Kobre & Kim, página 47.
Fuente: Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público
