La crisis del bipartidismo neoliberal
El bipartidismo puertorriqueño se está derrumbando ante nuestros ojos. A pesar de controlar actualmente ambas ramas electas, tanto el PPD como el PNP están en un evidente proceso de deterioro acelerado que comenzó su etapa actual a partir de las elecciones de 2016. Mientras el PNP obtuvo la Gobernación en el 2020 con un mero 33% de los votos, el PPD se apoderó de la Asamblea Legislativa con menos del 40% de los sufragios. Es decir, las “victorias” electorales de estas colectividades en el 2020 fueron claramente frágiles y débiles. Ni pensar que, en el 2008, Aníbal Acevedo Vilá con su 42% se consideró un colapso electoral impresionante; 42% sería sustancialmente más de lo que obtuvo Pedro Pierluisi para conseguir la Gobernación en el 2020.
Los eventos de los últimos meses han intensificado este proceso de colapso.
El debilitamiento del PPD es el más evidente.
Primero, debemos mencionar su virtual desaparición como fuerza principal en San Juan; hecho que fue constatable desde la misma noche de las elecciones en noviembre de 2020. Su tercer lugar en la carrera para la alcaldía (23.22%) fue histórico, dejándolo con apenas un integrante de la Legislatura Municipal capitalina. A esto podemos añadir su tercer lugar en los Distritos Representativos #1 y #3, así como en el Distrito Senatorial.[1] La desafiliación del representante Luis Raúl Torres completa esta virtual desaparición del PPD en San Juan.
Segundo, existe una crisis interna seria en esta colectividad, la que es visible a través de las pugnas entre el Presidente del Senado y del PPD con otros funcionarios, particularmente su homólogo cameral. Esa crisis se ha acentuado con las posturas conservadoras asumidas por el presidente senatorial en cuanto a los derechos reproductivos de las mujeres. Lo mismo podemos decir del liderato cameral, que también cuenta con fuertes divisiones internas con sectores un tanto más liberales. Las expresiones recientes del presidente cameral apuntan a un fortalecimiento del discurso conservador en dicho partido. Ni hablar del incumplimiento craso del PPD con sus promesas de campaña. Ejemplo de esto es su falta de voluntad para derogar la Reforma Laboral o el Código Electoral impuesto en el 2020.
Tercero, hemos visto importantes figuras del PPD expresar públicamente su distanciamiento con dicho partido e, incluso, sus dudas sobre la existencia futura de la colectividad. Esto incluye expresiones contundentes del Alcalde de Caguas. Esto ha generado una seria crisis de liderato.
Cuarto, el PPD -a pesar de lograr obtener el primer lugar en cuanto a los escaños legislativos- tuvo importantes reveses en ese renglón. Por ejemplo, de los 11 escaños por acumulación en cada cámara legislativa, solamente logró obtener dos (2) escaños en cada cuerpo.
La situación del PNP no es mucho mejor.
Primero, los recientes escándalos de corrupción han sido devastadores. Si bien ya el país conocía de la cultura de corrupción en dicho partido desde la década de los ’90, los escándalos recientes no deben subestimarse; todo indica que son de naturaleza potencialmente fatal para esta colectividad.
Segundo, el gobierno del PNP ha atado su suerte con la compañía LUMA y otras políticas neoliberales que carecen de apoyo popular. A medida que empeora la calidad de vida de la gente en nuestro país y se siga haciendo evidente el fracaso de sus políticas, más difícil será para ese partido repuntar en las próximas elecciones. Esto puede explicar, por ejemplo, las expresiones recientes del Alcalde de Toa Baja.
Tercero, existe una seria crisis de credibilidad en cuanto a la propuesta anexionista del PNP. La situación entre los delegados (cabilderos) por la estadidad ha intensificado este problema. Cada vez resulta más evidente que la estadidad no es el verdadero norte que guía a dicha colectividad.
Cuarto, el PNP sigue perdiendo apoyo en su derecha religiosa al Proyecto Dignidad, que ha logrado consolidar el voto fundamentalista y reaccionario en Puerto Rico. El PNP simplemente ha sido incapaz de aumentar su simpatía entre el electorado. Nada indica que mejorará su resultado electoral del 2020.
El surgimiento de un bloque social y político progresista
Por otra parte, podemos notar el fortalecimiento de las propuestas políticas alternativas, particularmente aquellas que han adoptado ideas de corte progresista y antineoliberal. Aquí podemos identificar fuerzas como el MVC, el PIP, el Senador Vargas Vidot, Eliezer Molina, y muchos otros sectores sociales importantes que han roto con la lógica de austeridad y el conservadurismo.
Indudablemente, la fuerza principal de este bloque alternativo progresista es el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). Si bien las candidaturas a la gobernación del MVC y del PIP obtuvieron resultados muy similares (13.95% frente a 13.58%), el MVC superó al PIP en otros renglones fundamentales. Primero, los votos íntegros (12.2% frente a 6.9%). Segundo, duplicando los escaños legislativos obtenidos (2 por cámara frente 1). También debemos señalar que el PIP superó a MVC en varias contiendas municipales.
El PIP también obtuvo un importante resultado en el 2020, lo que significa que es parte integral de cualquier estrategia progresista y antineoliberal en Puerto Rico mirando al futuro. Lo mismo podemos decir del Senador Vargas Vidot. A pesar de competir contra cuatro (4) candidaturas emergentes -todas exitosas-, este logró obtener el séptimo lugar en la contienda por acumulación y preservar su escaño en una cultura que rara vez recompensa a los titulares (llamados “incumbentes”).
Lo cierto es que existe un bloque progresista plural y diverso en Puerto Rico compuesto por partes igualmente importantes, independientemente de su fuerza relativa. Más importantemente, debemos tener en mente que el panorama político-electoral no quedó congelado el día de las elecciones en el 2020. Ya vimos la desafiliación del representante Torres al PPD. No debe extrañarnos que haya otras salidas de sectores disgustados en el PPD e, incluso, el PNP.
El MVC ha logrado mantener una importante presencia en el debate político puertorriqueño mientras sigue desarrollando su base electoral y organizativa. La portavocía de Manuel Natal ha sido muy exitosa, como lo ha sido el desempeño notable de la delegación legislativa del MVC. Mariana Nogales se ha posicionado como una fiscalizadora indispensable, José Bernardo Márquez ha sobresalido como un legislador íntegro y efectivo, Ana Irma Rivera Lassén se ha destacado por su liderado en cuanto a los derechos laborales, de la mujer y contra el racismo, mientras que el compañero Rafael Bernabe ha sido muy efectivo articulando un discurso de transformación y ruptura. Lo mismo podemos decir de los(as) legisladores municipales del MVC, los que se han destacado por su activismo, así como de otras importantes portavocías del MVC como Rosa Seguí y Eva Prados.
Lo anterior supone un panorama político-electoral único para el 2024. Por primera vez en nuestra historia política moderna es altamente posible que una fuerza política que no sea PNP o PPD salga victorioso en las próximas elecciones. No debe extrañarnos que la persona que sea electa a la Gobernación lo haga con menos del 30% de los votos. A esto debemos añadir el fortalecimiento de un bloque progresista coherente que atenta directamente contra el monopolio bipartidista neoliberal.
Esto supone una oportunidad histórica para el bloque progresista en Puerto Rico. El MVC, correctamente, ha tomado la iniciativa en cuanto a un posible encuentro de estas fuerzas. El MVC ha insistido en que no se trata meramente de una suma mecánica de partidos y figuras individuales, sino de la construcción de una alianza social de país desde una óptica antineoliberal. En ese sentido, este proceso, para ser exitoso, debe ser orgánico, deliberado y paciente. Precisamente por la responsabilidad histórica que esto conlleva, se trata de un proyecto que debe conducirse con calma y prudencia, sin imposiciones o ultimátum.
En el espíritu de esta coyuntura, y las posibilidades que esta abre, sería provechoso tomar esta oportunidad para identificar algunos asuntos relevantes a esta discusión sobre posibles alianzas. Específicamente, debemos analizar: (1) las fuerzas políticas y sociales que podrían participar de este proceso, (2) las ideas y propuestas que podrían servir de base para este encuentro, y (3) las formas que esta concertación política podría tomar.
Las fuerzas sociales y políticas que compondrían un posible bloque progresista
Más que el colapso de un bipartidismo genérico, lo que hemos visto en Puerto Rico es el colapso del bipartidismo neoliberal que ha impulsado agresivamente políticas de austeridad en beneficio de poderosos sectores económicos. Esto quiere decir que la propuesta que se articule para reemplazar este binomio debe ser de naturaleza antineoliberal.
En cierto sentido, el MVC nace como un proyecto en esa dirección. En términos conceptuales, el MVC es una alianza, en su versión frente amplio, de corte progresista y antineoliberal. A su interior militan personas que formaron parte del Partido del Pueblo Trabajador (PPT), el Movimiento Unión Soberanista (MUS), VAMOS, y otros proyectos de naturaleza política, sindical, social y comunitaria. El elemento unificador de estos sectores es la “Agenda Urgente” del MVC que enfatiza la propuesta progresista y antineoliberal.
En ese sentido, el MVC es un proyecto idóneo para constituir la alianza social que se ha propuesto recientemente en nuestro país. Dicha alianza social, casi necesariamente, debe ser de naturaleza progresista y antineoliberal. Ese es, precisamente, el antídoto al bipartidismo actual.
El MVC, si bien legítimamente debe continuar aspirando a su propio crecimiento como frente amplio de convergencia progresista y antineoliberal –incluyendo intentar persuadir a otras fuerzas y sectores a unirse a su proyecto-, no debe exigir que otras fuerzas se unan a este como condición necesaria para la construcción de una alianza de país o bloque progresista electoral. Como indicamos anteriormente, el bloque progresista actualmente existente en Puerto Rico, espina dorsal de cualquier alianza social que se quiera construir, es pluralista y diverso. Por tanto, no hay espacio para diseños hegemónicos. Afortunadamente, nadie en el MVC ha apostado por esa estrategia sectárea. Por el contrario, todo indica que el llamado a ampliar la alternativa al bipartidismo se está haciendo desde el pluralismo y el respeto a la diversidad.
Otro sector indispensable para este proyecto amplio de convergencia es el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). Tanto el PIP como el MVC comparten un programa de ruptura con el neoliberalismo y el colonialismo. Si bien el PIP se sigue posicionando como una colectividad dirigida principalmente por el asunto de status –a diferencia del MVC-, estos tienen suficientes puntos de convergencia como para permitir una alianza. Específicamente, debemos mencionar que la campaña del PIP en el 2020, particularmente para la Gobernación, priorizó asuntos programáticos de corte progresista y antineoliberal sobre la propuesta netamente independentista. Y por tratarse de una alianza de naturaleza electoral, nada impide que el PIP continúe con sus esfuerzos en cuanto al asunto del status desde su perspectiva particular. El trabajo legislativo colaborativo entre el PIP y el MVC sirve de prueba de concepto de la viabilidad de este tipo de acuerdo electoral.
Y hablando de trabajo legislativo colaborativo, debemos mencionar en estos momentos la figura del Senador José Vargas Vidot. Durante este cuatrienio, este ha asumido posturas loables sobre temas de importancia social. Dichas posturas son enteramente compatibles con una convergencia electoral amplia contra el bipartidismo neoliberal. Lo mismo podemos afirmar del compañero Eliezer Molina.
El Proyecto Dignidad no tiene cabida en la alianza social de país que nos estamos trazando. Esta colectividad, si bien coincide con nosotros en ciertos asuntos sobre igualdad electoral, ha asumido posturas enteramente incompatibles con nuestras propuestas antineoliberales y progresistas. Su defensa de privilegios económicos y posturas autoritarias y reaccionarias en cuanto a los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTTQ+ es indicativo de esta incompatibilidad.
Evidentemente, el bipartidismo también queda excluido de una alianza electoral formal. No se puede vencer al PNP o al PPD uniéndose a estos. Esto no ha obstaculizado, como no debería obstaculizar, que haya coincidencias para temas específicos, particularmente en el área legislativa. Pero coincidencias incidentales no son base suficiente para llegar a un acuerdo electoral de esta envergadura. Otro asunto sería llegar a acuerdos tácticos en balotajes potenciales, en circunstancias particulares e individuales. Pero ese no es el escenario que estamos considerando en estos momentos.
Otra cosa sería la posibilidad de incorporar en una alianza –y nunca debemos olvidar que una cosa es tener espacio en la alianza, otra cosa es tener espacio en el MVC- sectores progresistas que se desprenden formalmente de esas colectividades. Un ejemplo de esto podría ser el legislador Torres de San Juan, quien se ha caracterizado por su fiscalización de LUMA Energy y su crítica a la lógica privatizadora. Tampoco podemos olvidar que en elecciones anteriores el Alcalde de Toa Baja recibió el apoyo del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores por sus posturas pro-obreras.
Más allá de fuerzas partidistas y figuras legislativas o particulares, una verdadera alianza social de país debe incorporar fuerzas más allá de los partidos existentes. Debe hacer espacio –incluso, debemos fomentar activamente su inclusión- de sectores comunitarios, sociales, cívicos, ambientales y sindicales que coincidan en un programa mínimo de reivindicaciones progresistas y antineoliberales. Esto incluye, casi necesariamente, incorporar candidaturas provenientes de estos sectores no-partidistas.
Las ideas y propuestas que podrían servir de base para una alianza de país
Esto nos lleva al próximo asunto: cuál sería ese programa mínimo de esta alianza social de país. No podemos perder de perspectiva que el propósito de esta alianza no debe ser meramente ganar las elecciones; tiene que ser ganar las elecciones para lograr unos objetivos particulares. Esto requiere, como punto de partida esencial, acordar un programa mínimo. Esta tarea es un tanto más difícil de precisar.
Primero, porque –al menos desde el MVC- no podemos cometer el error de pensar que el programa de esa alianza será idéntico al nuestro. Lo que sí debemos insistir es que dicho programa sea, al menos, compatible con el nuestro. Se trata de una dinámica similar a la de aquellas personas que nos identificamos como anticapitalistas al interior del MVC: no pretendemos que se adopten nuestras posturas en su totalidad, pero sí hemos logrado que el programa adoptado sea compatible con nuestras posturas.
Segundo, porque se trata necesariamente de un proceso complejo y orgánico de discusión política entre diferentes fuerzas con posturas y énfasis distintos que no se presta para planteamientos a priori. Es decir, no es algo que se puede decretar de antemano, sino que debe surgir del propio proceso según se desarrolla acorde con su dinámica interna.
No obstante, desde la óptica del MVC, podemos intentar identificar algunos elementos básicos -o, al menos, un punto de partida propio- que deberíamos esperar de un programa mínimo común de una alianza social de país. En nuestro caso, esperamos que dicho programa se asemeje lo más posible al correspondiente a un bloque progresista que a un encuentro genérico contra el bipartidismo.
Por tanto, entendemos que, como mínimo, esta concertación debe rechazar la austeridad, la Junta de Control Fiscal y la lógica neoliberal. Esto incluye, por ejemplo, adoptar medidas en protección del medioambiente, de los derechos laborales, de los derechos humanos en general, y a favor del desarrollo de un modelo económico basado en la solidaridad y la equidad. Lo mismo ocurre con la lucha contra la corrupción, la que debe articularse desde una perspectiva de solidaridad y no genérica.
Las formas que podría tomar esta alianza
El ordenamiento electoral vigente en Puerto Rico no permite alianzas formales entre fuerzas políticas separadas. Específicamente, prohíbe las llamadas candidaturas coligadas, que supone la posibilidad de que uno o más partido político -e, incluso, candidaturas no-partidistas- puedan compartir o repetir la misma candidatura para un mismo cargo electivo.
Las candidaturas coligadas son muy beneficiosas para el tipo de coalición que queremos articular, toda vez que permite a cada colectividad mantener su independencia organizativa, así como preservar su franquicia e identidad, a la vez que permite la acumulación máxima de votos para una misma candidatura. Esto, a su vez, permite también medir la fuerza relativa entre los diferentes sectores, pues la candidatura compartida acumularía votos en columnas distintas.
Por ejemplo, una candidatura pudiera acumular 100,000 votos bajo una columna y 50,000 bajo otra. Por un lado, se garantizaría la suma de los votos globales obtenidos (150,000). Por otro lado, se sabría bajo que insignia se acumuló cada voto, de forma que cada fuerza pueda convocar a sus electores sin perder su espacio identitario.
El problema con la prohibición de candidaturas coligadas es que se combina con otro elemento del Código Electoral para imposibilitar los acuerdos. Por ejemplo, se podría pensar que una alternativa -ante dicha prohibición- sería que Partido A deje en blanco una candidatura, mientras que Partido B nomina a una persona. En este caso, los simpatizantes de Partido A simplemente votarían por la persona bajo Partido B. Esta dinámica se repetiría de forma inversa en otra candidatura, donde Partido B dejaría en blanco su columna, para que se vote por la persona nominada bajo Partido A.
Pero, como sabemos, en Puerto Rico existe un gran impedimento a esta estrategia, toda vez que cada partido, para poder mantener su existencia institucional-electoral, debe (1) nominar una cantidad mínima de candidaturas para ciertos puestos -incluyendo 50% de las municipales- y (2) debe nominar una persona a la Gobernación. En otras palabras, partido que deje ese cuadro en blanco, automáticamente, sacrifica su existencia electoral como partido político oficial.
Tal estrategia solo sería viable en un puñado de escaños distritales. Ni hablar de las dificultades de coordinación para explicar la operación del acuerdo electoral entre el partido que deja en blanco y el que nomina la candidatura acordada. Pero incluso en este escenario menos óptimo, habría beneficio en coordinar candidaturas únicas en distritos representativos y senatoriales. Por ejemplo, en el caso de los distritos senatoriales, cada elector tiene derecho a dos votos, lo que permitiría a dos colectividades coordinar entre sí al solamente nominar una persona a dicho puesto y solicitar un voto para cada una.
De lo anterior surge la necesidad imperiosa de derogar la prohibición de candidaturas coligadas. Deben considerarse todas las alternativas, desde una negociación legislativa hasta una impugnación judicial. Curiosamente, la posibilidad de candidaturas coligadas no es algo que beneficiaría únicamente al bloque progresista. Es posible que haya espacios de acuerdo entre, por ejemplo, Proyecto Dignidad y el Partido Nuevo Progresista o, incluso, el Partido Popular Democrático. Esto podría incentivar a que estas fuerzas apoyen la eliminación de la prohibición. Esto debería estar acompañado de una reconfiguración de los requisitos de inscripción, entiéndase -por ejemplo-, la posibilidad de que se usen los votos acumulados por la candidatura coligada bajo cada partido para calcular si estos recibieron suficiente apoyo bajo sus respectivas insignias como para preservar sus franquicias electorales.
Pero incluso si se logra eliminar esta prohibición, existen muchos detalles importantes que deben atenderse con cuidado: las candidaturas nacionales principales (Gobernación y Comisaría Residente), la Alcaldía de San Juan, los escaños (cantidad y distribución) por acumulación para cada cámara legislativa, y ciertos distritos representativos y senatoriales claves. Únicamente para efectos ilustrativos, nótese que, en los escaños de acumulación en la Cámara de Representantes, el voto del PIP fue 127,577, mientras que el voto combinado de las candidaturas del MVC fue 154,971. En el Senado, el voto del PIP fue 136,679, mientras que el voto combinado del MVC fue 133,069. A esto se debe añadir los 69,810 votos obtenidos por Vargas Vidot. En el caso de San Juan, resulta innegable la posición de fuerza del MVC, aunque el PIP también tiene apoyo histórico en este municipio-distrito; ni hablar del representante Luis Raúl Torres, por ejemplo.
De igual forma, no podemos partir de la premisa de que todo esto será acordado exclusivamente en las cúpulas, aunque, sin duda, debe tratarse de forma diplomática y prudente, tomando en consideración que se trata de sectores y organizaciones separadas que responden a sus propias dinámicas y estructuras internas. Tampoco podemos olvidar que, con toda certeza, el bipartidismo asumirá una estrategia agresiva contra las fuerzas emergentes, por ejemplo, reduciendo sus candidaturas por acumulación para maximizar su posibilidad electoral.
En fin, incluso si las fuerzas idóneas para una alianza social de país aceptan participar en esta y si se logra un programa mínimo que sirva de base común para dicho encuentro, la forma electoral de esta convergencia no será fácil, pues el ordenamiento electoral vigente está diseñado intencionalmente para impedirla. Corresponde, pues, dentro del marco de las posibilidades políticas que surjan de la convergencia, considerar todas las alternativas viables que se presenten. Es posible que, incluso, se tenga que evaluar realizar sacrificios duros para lograr ese objetivo, como arriesgar la franquicia electoral en pro de consensuar una candidatura única para ciertos puestos. Lo que corresponde ahora embarcar en un proceso de análisis, discusión y deliberación que permita maximizar la coyuntura actual y facilite la articulación de una alternativa plural que rompa con el bipartidismo y el neoliberalismo.
[1] La cra. Rosa Seguí del MVC obtuvo más votos que las dos candidaturas del PPD.
