No pasa un mes sin enterarnos de un nuevo caso de violación a las leyes ambientales del país acompañada de la inacción del Gobierno. El conteo de los asesinatos, punta del iceberg de la actividad criminal en la Isla, avanza aceleradamente ante la falta de acción de las agencias de seguridad del País. La crisis de nuestro Sistema de Salud, donde las aseguradoras han tomado control del mismo, es más que evidente.
Los esfuerzos para controlar la pandemia del Covid están, fundamentalmente, en manos privadas y ya vemos los nefastos resultados. Recientemente se ha transferido el puerto de los barcos Cruceros a la empresa privada. Hasta el Parque de las Cavernas de Camuy, una simple facilidad recreativa, está en agenda para dejar de ser administrado por el gobierno.
Donde la sinrazón colma la copa de la pretendida política gubernamental de no querer gobernar resulta ser el anuncio de la privatización de la generación en la Autoridad de Energía Eléctrica. El fracaso total de LUMA Energy no ha sido motivo de la mínima reflexión del Gobierno para dejar atrás el desacierto de la privatización.
Si los servicios se hacen inaccesibles a la ciudadanía, si le cuestan más caros o simplemente no se prestan, si se mal utilizan los recursos materiales y económicos que se le facilitan a los privatizadores, si la corrupción y la politiquería se profundizan con la malsana política de dejar todo en las manos de los empresarios, poco parece tomarlo en cuenta los funcionarios electos después que supuestamente queden liberados del mandato de gobernar que le dio el pueblo con sus votos. Su única función parece ser la de actuar como facilitadores de la clase empresarial en su ambición de hacer dinero con los bienes que forman parte del patrimonio del país.
No nos sorprendería que el próximo desprendimiento del Gobierno sea el Departamento de la Familia. Al igual que otros servicios públicos del país, con esta agencia se ha seguido el mismo método de inhabilitación que con otras dependencias públicas que se han transferido a la empresa privada. Se le ha recortado el presupuesto, el programa de atrición para reducir su personal le ha restado valiosos recursos humanos que nunca se han reemplazado y la campaña de descrédito que se hace la misma agencia, con sus actuaciones negligentes, irrazonables y arbitrarias, la proyectan negativamente ante los ojos de la comunidad. Ciertamente debemos mantenernos en compás de espera del anuncio.
Ante la política pública de no gobernar y el alto costo social y económico que tiene la misma para la clase trabajadora y para el sector más pobre de la población, muchos se preguntan el por qué el pueblo no se rebela y se lanza a las calles a protestar masivamente para reclamar que no se le despoje de sus bienes colectivos, se le recorten o eliminen servicios, se eleve el costo de vida, se precaricen sus empleos, se incrementen los niveles de pobreza y cada día la brecha entre ricos y pobres se haga más ancha en el país.
Una respuesta salta inmediatamente a la mente de muchos analistas de nuestra realidad social. Las transferencias federales crean un espacio de amortiguamiento que permite darle continuidad a la política de despojo y desgobierno que prevalece en el país. Consideramos válida esta respuesta, pero nos parece que no es suficiente para explicar el atolondramiento que prevalece en el país. Es necesario examinar otros aspectos de nuestra realidad que sirven de suavizadores para el control social.
Además de los cupones de alimentos, el plan médico de la reforma y las otras ayudas, como el subsidio al pago de la luz y la asistencia para el pago de la renta de la vivienda, la laxitud con la que el estado tolera actividades económicas ilícitas, como los juegos clandestinos, el trasiego de drogas, la venta de pirotecnia, el chiripeo, las venta directa de diferentes productos legales, permiten a un amplio grupo de la población resistir, sin llegar al límite, el saqueo empresarial y las medidas de austeridad impuestas al país.
En el caso de los trabajadores del sector público, el pago de bonos especiales, los premium pays, las reiteradas promesas de restituir beneficios marginales tales como la licencia por enfermedad y los días de vacaciones por acción gubernamental, el haber mantenido el Bono de Navidad y la aportación al Plan Médico, en conjunto con una campaña permanente en contra de la organización sindical, han contribuido grandemente a frenar las protestas del sector.
Entre los asalariados del sector privado igualmente se ha ensayado el pago de los premium pays para los trabajadores de la salud y otros trabajadores definidos como esenciales, el aumento del salario mínimo y otras menores concesiones que, si bien no son la respuesta necesaria para considerarlas medidas adecuadas para mejorar sus condiciones de vida, unido a una casi inexistente organización sindical, sirven de freno a la acción colectiva en demanda de cambios reales.
Otro elemento que ha operado en contra de la articulación de un movimiento de masas contundente, que exprese el malestar y la insatisfacción que siente el país con la clase política en el poder es, contradictoriamente, la multiplicidad de llamados a protestar por diferentes sectores, cada uno de éstos poniendo el acento en sus particulares intereses. Ha faltado una propuesta de unidad organizativa capaz de integrar los diferentes reclamos, de los más diversos sectores, en un llamado único a ponerle un detente a la acciones de la clase que ha sabido imponerse sobre la fragmentación social y el individualismo prevaleciente.
Sin duda alguna, la ausencia de una oposición política que actúe verticalmente frente a los desmanes de la Junta Dictatorial que gobierna el país y la institucionalidad política que le hace el juego, también ha dado como resultado un freno a la acción colectiva unitaria que es necesaria para lograr cambios reales. Como nunca antes se hace necesaria una fuerza política que logre proyectar una propuesta alternativa de país, sostenida en la realidad presente, que genere esperanza y certidumbre de cambio real en la imaginación del pueblo.
De igual manera, el movimiento obrero, tradicional fuerza generatriz de muchos de los cambios sociales en el país, acusa recibo del impacto que han tenido las embestidas anti sindicales que ha logrado imponer la clase gobernante. La derogación de las leyes protectoras del trabajador, la revocación de múltiples conquistas laborales, la congelación de los convenios colectivos en el sector público, la reducción de las matrículas por efecto del achicamiento del gobierno, y como consecuencia de lo anterior el debilitamiento financiero de los gremios, en conjunto con las diferencias reales e imaginarias prevalecientes en el liderato de los sindicatos, han dado lugar a una concentración de los esfuerzos en hacer prevalecer cada unión en particular, posponiendo la acción colectiva necesaria para aportar eficazmente a transformar la realidad prevaleciente.
Hay un elemento adicional que no puede pasarse por alto. Las medidas de represión ensayadas por el gobierno también tienen su peso específico en la parálisis social que caracteriza este periodo. Tan pronto un grupo de ciudadanos traspasa el límite de dar vueltas frente a una instalación, inmediatamente el cuerpo paramilitar conocido como la Fuerza de Choque declara ilegal la manifestación y la emprende contra los manifestantes. A quienes resisten la ilegalización de su lucha se les golpea, se les arrastra fuera del lugar de la manifestación y se les arresta. Luego de un extenso periodo de detención en los cuarteles policiacos o los tribunales, se les cita para un día subsiguiente y llegada tal fecha, en la mayoría de los casos se establece que no hay cargos. El terror dosificado ha queda instalado en aquellos que siguieron la actividad en los medios de masas o a través de las redes sociales.
Como vemos, no es un solo factor el que está presente en la denominada pasividad del pueblo ante los abusos, los atropellos y el enriquecimiento ilícito que se procura la clase gobernante a través de la política pública de no querer gobernar que prevalece en el país. Detener el progresivo asentamiento del Estado Neoliberal que se ha venido cuajando en el país durante los pasados años demanda de una toma consciente de la realidad que prevalece, de una comprensión de los diversos factores que condicionan dicha realidad y de la formulación de las estrategias y las tácticas que pueden hacer posible su total superación. No hay soluciones únicas, ni fáciles. Como punto de partida, además de la voluntad de hacer cambiar el estado actual del país, hoy se hace imprescindible la construcción de la imprescindible unidad en la acción.
