Nota editorial: En una conferencia de prensa celebrada ayer, lunes, la organización magisterial EDUCAMOS dio a conocer una carta abierta dirigida al Secretario de Educación, en la que se presentan una serie de reclamos de las maestras y los maestros del sistema público de educación. En consonancia con nuestra política de divulgar los reclamos de los diversos sectores del movimiento obrero, publicamos la carta en su totalidad.
lunes, 26 de octubre de 2026
A: Lcdo. Eliezer Ramos Parés
Secretario del Departamento de Educación de Puerto Rico
Departamento de Educación de Puerto Rico
Estimado Sr. Secretario:
Reciba nuestro saludo cordial. Sirva la presente para expresar nuestra indignación ante el estado actual de las condiciones de trabajo del magisterio, y a su vez, ante las condiciones de estudio de nuestros estudiantes del sistema educativo público. Puerto Rico necesita salvaguardar el sistema educativo público como un servicio esencial y un derecho humano. Es urgente que tanto usted como la gobernadora de Puerto Rico asuman posturas claras en la defensa de la escuela pública y de la justicia social que supone su fortalecimiento.
Seguridad social, justicia salarial y un alto a la criminalización del magisterio
El robo del retiro digno y el aumento en la edad de jubilación ha sido el golpe más fuerte de las últimas décadas contra quienes dedican, por lo menos, 30 años de su vida a mantener en pie el sistema educativo y a servir a nuestra niñez y juventud. Tan reciente como el 29 de septiembre de 2026, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico emitió un comunicado en el cual expone que Puerto Rico envejece aceleradamente y que su índice de vejez aumentó 41% entre 2020 y 2025. El Dr. Orville M. Disdier Flores, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, reconoce que: “Los datos nos están mostrando un Puerto Rico distinto al de hace apenas unos años. Una población que envejece aceleradamente, acompañada de cambios en su composición y en sus necesidades, requiere que pensemos y actuemos de manera diferente en cómo planificamos los servicios de salud, el cuidado de nuestros adultos mayores y el desarrollo de nuestras comunidades.”
Sobre usted recae una enorme responsabilidad. Es necesario colocar como prioridad la seguridad social del magisterio ante los nefastos cambios provocados por la reforma del Sistema de Retiro de Maestros. El aumento en la edad de jubilación y la significativa disminución de sus pensiones vitalicias colocan al magisterio del sistema educativo público ante una verdadera crisis, aumentando su percepción de inseguridad y vulnerabilidad. A esto se le añade la inexistencia de una alternativa efectiva de retiro por incapacidad, lo que empeora las condiciones de vida para cientos de docentes. Esto ha provocado que tengamos compañeros/as con enfermedades crónicas y casi en proceso de agonía que se ven obligados a trabajar, algunos hasta han fallecido en su labor. A otros hasta se le ha negado el acomodo y la cesión de días, llegándose al extremo de aplicarle acciones disciplinarias.
Por lo anterior, EDUCAMOS exige que se retome la discusión en torno al retiro digno y que se concrete una reunión con nuestro Capítulo de Jubilados encaminada a restituir la fórmula del sistema de beneficios definidos y a evaluar otras medidas a corto y mediano plazo en beneficio del magisterio con más de 23 años de servicio.
La justicia económica constituye una responsabilidad ineludible del Estado, y particularmente cuando se trata del cumplimiento de obligaciones establecidas por ley. Desde el 22 de junio del corriente año, tanto usted como la gobernadora anunciaron la identificación de $90.4 millones de dólares para pagar los incentivos salariales retroactivos del programa de Carrera Magisterial adeudados a más de 5,850 maestros activos y no activos. Sin embargo, lo que cientos de maestros han recibido es la notificación de cobros por pagos supuestamente “erróneos”. Mientras más pasa el tiempo, mayor credibilidad pierde el Departamento de Educación y el Gobierno de Puerto Rico. La espera ha sido demasiada. El magisterio ha cumplido con los procesos de evaluación de expedientes según se le ha requerido y ha entregado diligentemente toda la documentación necesaria. EDUCAMOS le solicita a usted y al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el Sr. Orlando C. Rivera Berríos, una respuesta por escrito que establezca la fecha programada para cumplir con el pago de la Carrera Magisterial. Esperamos recibir dicha respuesta en un plazo de diez días laborales. No es posible continuar incumpliendo con esta responsabilidad económica.
Asimismo, resulta impostergable establecer una escala salarial justa y permanente para el magisterio puertorriqueño. El sistema educativo no puede sostenerse sobre aumentos ocasionales ni sobre medidas temporeras sujetas a cambios administrativos. La experiencia, la preparación académica, los años de servicio y las responsabilidades profesionales deben reflejarse en una estructura salarial escalonada que garantice estabilidad, retención de personal y condiciones dignas de trabajo. La ausencia de una escala salarial no solo perjudica al magisterio, sino que también afecta directamente la calidad y continuidad de los servicios educativos que reciben nuestros estudiantes. En ausencia de un salario justo, muchos maestros y maestras se ven obligados a conseguir un segundo y hasta un tercer empleo para completar un ingreso que satisfaga sus necesidades. Esto constituye un peligroso elemento que agota al magisterio, lo expone a problemas de salud física y emocional y lo arranca del seno familiar. Es urgente considerar y resolver este asunto.
De igual forma, exigimos el cese y desista de toda práctica dirigida a criminalizar al magisterio por ejercer sus derechos civiles, laborales y constitucionales. Las expresiones públicas que intentan responsabilizar a los maestros y maestras por las deficiencias estructurales del sistema educativo, así como las amenazas de sanciones, investigaciones o medidas disciplinarias por participar en reclamos legítimos, contribuyen a crear un ambiente de temor e intimidación incompatible con una sociedad democrática. El magisterio no es el problema; por el contrario, ha sido uno de los principales pilares que han sostenido la escuela pública aun en los momentos más difíciles. Defender sus derechos es defender la educación pública, la justicia social y el futuro de Puerto Rico. Es además dar un buen ejemplo de participación, reconocimiento y respeto a nuestros derechos.
Por lo cual, nos parece indispensable que el Departamento de Educación:
• fortalezca la evaluación formativa y que la misma no sea utilizada con un enfoque punitivo;
• ponga un alto ante el problema de hostigamiento laboral, las medidas cautelares y la violencia institucionalizada contra el magisterio y revertir dicha práctica;
• garantice un proceso justo en el procesamiento de casos donde el maestro afectado deje de ser tratado como un criminal que constituye un peligro para la comunidad escolar;
• efectúe una revisión de los reglamentos y prácticas administrativas a tenor con la Ley Núm. 60 del año 2020 conocida como la Carta de Derechos del Maestro del Sistema Público, en donde se reconocen legalmente los siguientes derechos:
(aa) que el Departamento proteja, de forma razonable y dentro de los poderes que ejerce, la reputación y honra de los(as) maestros(as) de ataques frívolos e infundados a su persona o ética profesional siempre que ello no constituya un riesgo potencial a los derechos e integridad física y moral de los estudiantes y la comunidad escolar. Esto incluye el deber de la agencia y su personal de entrevistar al maestro a quien se le impute alguna acción indebida, ilegal o contraria a la ética; como también realizar investigaciones diligentes y oportunas de forma que se pueda tomar decisiones informadas y justas;
(bb) que el Departamento reconozca las condiciones médicas o discapacidades que hayan sido oportunamente informadas y evidenciadas, conforme a los reglamentos y leyes aplicables, de forma que se le provea un acomodo razonable para el ejercicio de su profesión. De igual forma, el Departamento debe ser sensible con las necesidades particulares de los(as) maestros(as) tratándole con respeto y dignidad;
(cc) que existan mecanismos y protocolos de emergencia para lidiar con situaciones de crisis emocional o traumática que el maestro pueda sufrir en el cumplimiento de sus funciones o deberes como docente. Esto puede incluir el apoyo de psicólogos o profesionales de la salud capacitados para lidiar con situaciones de esta índole, la sustitución del maestro mientras se atiende la emergencia; como también mecanismos de mediación y de prácticas restaurativas que le permitan a la comunidad escolar mantener un ambiente e interacciones interpersonales saludables;
dd) al debido proceso de ley en todo proceso disciplinario al que se le someta y que la administración tome las medidas cautelares necesarias para que su carrera profesional no sea afectada sin existir una adjudicación en su contra y restando aún foros apelativos para revisar la decisión administrativa; y
(ee) que se garantice un proceso de mediación, en el caso de surgir la intención de presentar una querella contra el maestro, creando un Comité de Mediación entre el maestro, director y/o supervisor inmediato, representación sindical, de así solicitarlo, y la parte querellante, siempre que ello no constituya un riesgo potencial a los derechos e integridad física y moral de los estudiantes
- en fin, garantizar condiciones que incentiven al magisterio
Lo pedagógico sobre lo fiscal
La escuela pública no debe confundirse con una empresa privada. La administración de lo público debe estar dirigido por principios de justicia social, participación democrática, transparencia y profunda convicción en la educación pública como derecho humano fundamental que posibilita el desarrollo de las potencialidades humanas. Hemos visto cómo los principios pedagógicos han sido los menos importantes al momento de implementar políticas públicas. No se puede mejorar el sistema educativo maltratando y menospreciando al magisterio y su labor.
Actualmente, vemos decenas de plazas docentes vacantes, estudiantes del Programa de Educación Especial sin sus Asistentes de Servicios, y familias enteras navegando la burocracia al momento de radicar querellas para la provisión de servicios y terapias a sus hijos. Sabemos, que en la actualidad, existen más de 791 querellas por Remedio Provisional, derecho educativo que el Departamento de Educación puede garantizar y que, en gran medida, termina restringido y posteriormente dirigido hacia instituciones privadas que reciben pagos por parte del propio Departamento de Educación. Nos reiteramos en que todo servicio debe ser ofrecido como parte del Departamento de Educación sin desviar fondos estatales o federales a entidades privadas.
EDUCAMOS insiste en que las decisiones en materia de política educativa deben fortalecer siempre la escuela pública. Ante el decrecimiento poblacional y la prevalencia histórica del rezago académico, agudizado desde el paso del huracán María hasta la pandemia del COVID-19, resulta pedagógicamente adecuado realizar un ajuste al tope de estudiantes por grupo. La diferenciación educativa solo es posible si el magisterio cuenta con períodos ininterrumpidos de capacitación y de TADO. A su vez, la respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes constituye una responsabilidad fundamental del Departamento de Educación. La única manera posible de ampliar el tiempo lectivo es reduciendo la cantidad de estudiantes por grupo con todo lo que eso implica en cuanto a nombramientos, facilidades y materiales.
Por tanto, más allá de los cálculos presupuestarios mezquinos impuestos por la Junta de Control Fiscal, le insistimos a usted, señor Secretario, que se coloque del lado del pueblo y de las necesidades reales de nuestros estudiantes, y no de los intereses de personas que no han sido electas democráticamente por el país.
Las estadísticas reflejan una realidad ineludible. Para el año académico 2024, el Departamento de Educación reportó que el 80.6% de los estudiantes vivía bajo el umbral de pobreza y que el 33% de sus estudiantes presentaba algún tipo de impedimento. Esta realidad exige respuestas fundamentadas en criterios pedagógicos y en principios de justicia social.
Por tanto, EDUCAMOS exige:
- el ajuste de 12 a 15 estudiantes por grupo en todas las escuelas públicas de Puerto Rico, excepto en aquellas en donde el Programa Educativo Individualizado disponga otras alternativas;
- ante el hecho de que la cantidad de estudiantes de Educación Especial al 2026 es casi de un 50% se debe revisar la cantidad de alumnos de Educación Especial asignados en las diversas alternativas de ubicación;
- la eliminación de cargas laborales ajenas a las áreas de peritaje del docente, por ejemplo, que se contrate personal adecuado para cubrir el currículo de Salud Emocional;
- salvaguardar que los períodos de capacitación y de TADO (Otras tareas docentes) sean utilizados para fines de docencia, planificación, evaluación, reuniones vinculantes y creación de materiales;
- fortalecer el Programa de Maestros Sustitutos para erradicar la imposición de las sustituciones, asunto que repercute en la sobrecarga laboral para el personal docente y para los Equipos Interdisciplinarios.
Gran parte de estas medidas no requiere nueva legislación. Muchas de ellas pueden implementarse mediante decisiones administrativas, asignación adecuada de recursos y una voluntad política genuina dirigida a fortalecer la escuela pública. Lo que hace falta no es la creación de nuevas estructuras burocráticas, sino el compromiso inequívoco de colocar las necesidades educativas de nuestros estudiantes y las condiciones de trabajo del magisterio por encima de las políticas de austeridad que durante años han debilitado el sistema educativo público.
El estudio más reciente sobre la realidad del magisterio puertorriqueño establece inequívocamente que casi un 60% del magisterio está dispuesto a dejar el magisterio ante las condiciones en que tiene que desempeñar su labor: Algunos de los resultados de la Investigación docente en Puerto Rico 2026, realizada por la Fundación SM, señalan que:
“Este estado anímico se refleja en el elevado porcentaje de docentes que ha experimentado agotamiento físico y mental (71 %), falta de ilusión (34 %) o síntomas compatibles con la ansiedad y depresión (42 %), síntomas cuya prevalencia es mayor en la educación pública y menor entre el grupo docente con mayor antigüedad. En consecuencia, la mitad estarían dispuestos a abandonar la docencia, porcentaje que asciende al 59 % en el caso de la educación pública. Diversos estudios alertan del deterioro de la salud mental del cuerpo docente. Las causas son múltiples: demasiado trabajo administrativo, adaptar las clases a las Necesidades Especiales, ser intimidado por el estudiantado, atender las demandas de las familias, no disponer de tiempo para la preparación de clases o ser considerados responsables del aprendizaje”
Puerto Rico merece una escuela pública fortalecida, capaz de responder a los desafíos sociales, económicos y educativos del presente. Las propuestas aquí planteadas no constituyen privilegios ni peticiones extraordinarias; representan condiciones mínimas para garantizar una educación de calidad y para dignificar la labor de quienes sostienen diariamente el sistema educativo. Esperamos de su administración acciones concretas, diálogo transparente y respuestas oportunas. Defender al magisterio, atender las necesidades de nuestros estudiantes y fortalecer la escuela pública es, en última instancia, defender el presente y el futuro del país.
Atentamente,
Eva L. Ayala Reyes
Presidenta del Sindicato Magisterial EDUCAMOS
Información de contacto:
787-644-7034, Educamos09@gmail.com
CC: Hon. Jenniffer González Colón
Gobernadora de Puerto Rico
La Fortaleza – Palacio de Santa Catalina
PO Box 9020082
San Juan, PR 00902-0082
Email: mensajes@fortaleza.pr.gov
Sr. Orlando C. Rivera Berríos
Director
Oficina de Gerencia y Presupuesto
Email: orlando.rivera@ogp.pr.gov
