NOTA EDITORIAL: Sin lugar a dudas, la lucha del estudiantado universitario contra las medidas de austeridad impuestas por el gobierno de turno y la Junta de Control Fiscal reviste gran importancia. Por tal razón, y para mantener informados a nuestros lectores, Rumbo Alterno publica íntegramente los acuerdos que serán sometidos hoy a ratificación en una asamblea estudiantil. El documento de los acuerdos está precedido por una Carta Abierta, suscrita por el Comité Negociador estudiantil, en la que se explican la naturaleza y el alcance de los acuerdos.
CARTA ABIERTA E INVITACIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL DE ESTUDIANTES UPRRP
Nos dirigimos a ustedes desde la convicción más profunda de quienes saben, con certeza absoluta, que la Universidad de Puerto Rico no es un mero edificio ni una partida presupuestaria; sino un proyecto de país, construido ladrillo a ladrillo con la dignidad y la esperanza de quienes más lo necesitan. Hoy tenemos el deber sagrado de rendir cuentas ante ese pueblo, ante sus familias, ante sus hijos e hijas que estudian o que sueñan con estudiar en la UPR, sobre lo que esta gesta ha logrado y sobre lo que aún queda por conquistar.
Este movimiento nació de la realidad más cruda. El 25% del estudiantado de este recinto enfrenta inseguridad alimentaria. El 29.6% vive con inseguridad de vivienda. El 39.5% ha considerado darse de baja de la Universidad. Estos no son números abstractos: son los rostros de compañeras y compañeros que cada mañana llegan al recinto cargando el peso de una crisis que sus propias autoridades universitarias se negaban a reconocer. Llamar “capricho” o “más de lo mismo” a esta lucha no era solo un error político; era una mentira, y el estudiantado de Río Piedras decidió que esa mentira no podía seguir en pie.
En el amplio y legítimo ejercicio de la democracia estudiantil, la comunidad del Recinto de Río Piedras constituyó el Comité Negociador de Portavocía Estudiantil (CENPE-UPRRP), integrado por Marina T. Rodríguez Seguí, Astrid J. Lugo López, Christian A. Colón Maldonado, Orlando E. Ramos Rosado, Natalia R. Martínez Valentín y Kemuel J. Rodríguez Montalvo, formalmente certificado por este Consejo General de Estudiantes como el cuerpo de diálogo, negociación y portavocía ante la Rectoría.
La constitución del CENPE-UPRRP fue la respuesta organizada y soberana de un estudiantado que se negó a ser ignorado. Fue la demostración viva de que la movilización y la institucionalidad no se contradicen: se potencian. Ante la pretensión de la presidenta Jordán Conde de deslegitimar este comité, de reducir la representación estudiantil de once recintos a dos sillas en una mesa diseñada por ella misma, el estudiantado respondió con unidad, claridad jurídica y determinación.
Y la historia le dio la razón al estudiantado. La Administración Central, que durante semanas mantuvo una narrativa de descalificación e indiferencia ante reclamos documentados con datos verificables, tuvo que abandonar ese discurso. Los mismos comunicados de la presidenta Jordán Conde pasaron del lenguaje del desprecio al lenguaje de las “soluciones compartidas”. Ese giro no fue un regalo: fue una conquista. La presión del movimiento estudiantil obligó a la alta gerencia a reconocer la legitimidad de los reclamos y a comprometerse formalmente con el diálogo.
Pero la conquista más contundente no fue de palabras sino de documentos oficiales. La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico enmendó el Plan Fiscal no una sino dos veces en menos de un mes. La primera enmienda fue aprobada el 17 de abril de 2026 y la segunda el 14 de mayo de 2026, mediante la Certificación 102 (2025-2026), que establece de forma expresa que su aprobación “no constituye aprobación de nuevos aumentos en matrícula, cuotas o cargos, ni de nuevas reducciones presupuestarias, reformas operacionales, consolidaciones académicas, cambios al sistema de retiro, ni alteraciones a la estructura institucional de la Universidad sin la aprobación expresa posterior de la Junta de Gobierno”. Que quede claro para la historia: el estudiantado movilizado forzó una corrección formal al instrumento fiscal que pretendía asfixiar a esta institución. Dos veces. En menos de treinta días.
Mientras todo eso ocurría a nivel sistémico, la Rectoría Interina del Recinto de Río Piedras eligió el camino del diálogo genuino. Pese a las barreras impuestas desde la Administración Central, las partes se reunieron el 30 de abril, el 4, el 5 y el 13 de mayo de 2026 y construyeron, juntas, un acuerdo firmado en buena fe. El resultado fue de nueve (9) acuerdos concretos (anejados a esta misiva y pendientes a ratificación en Asamblea General) que atienden, completa o parcialmente, más del 80% de los reclamos específicos presentados para este Recinto.
A saberse:
• El primero garantiza que ningún estudiante será objeto de sanciones disciplinarias por participar pacíficamente en la paralización, y que el personal docente no podrá penalizar académicamente a quienes no pudieron asistir a clases durante la huelga.
• El segundo compromete a la Rectoría a emitir expresiones públicas favoreciendo la aprobación del Proyecto de la Cámara 1201, que restituiría escalonadamente la fórmula presupuestaria del 9.6% del Fondo General que nos fue arrebatada hace más de una década.
• El tercero crea un Plan de Sostenibilidad Alimentaria estudiantil dirigido por un Comité con representación del CGE, que incluye medidas inmediatas para fortalecer el Comedor Universitario Mesa Abierta y, a largo plazo, destina hasta un 3% de los ingresos de concesionarios a un fondo exclusivo de apoyo alimentario para el estudiantado.
• El cuarto eleva ante la Administración Central una solicitud de análisis comparativo entre los planes médicos del personal docente, no docente y estudiantil, con protocolos de revisión periódica y ferias de orientación con ASES.
• El quinto compromete a la Rectoría a establecer, antes del 30 de junio de 2026, una política institucional con protocolo de intervención ante la presencia de autoridades federales de inmigración en el Recinto, con un grupo de apoyo con representación estudiantil.
• El sexto ordena una auditoría interna sobre la implementación de la Política de Nombre Escogido, con circulares institucionales, adiestramientos al personal docente y actualización de plataformas electrónicas.
• El séptimo instruye de forma inmediata a la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos a establecer vigencia anual en las solicitudes de acomodo razonable.
• El octavo posiciona formalmente a la Rectoría a favor de mantener la administración de Resicampus bajo la gestión del Recinto de Río Piedras.
• El noveno reconoce la necesidad urgente de aumentar los fondos para el programa de Ayudantías del estudiantado de posgrado y compromete gestiones concretas ante la Administración Central.
Estos nueve (9) acuerdos fueron suscritos voluntariamente, en ánimo de diálogo, respeto y buena fe, el miércoles 13 de mayo de 2026, por la Rectoría Interina de la UPRRP y el sector estudiantil. Son una victoria real. Son el fruto de semanas de sacrificio, organización y coraje de una comunidad que se negó a aceptar que las cosas no podían cambiar.
Pero sería deshonesto con el pueblo de Puerto Rico pretender que nueve acuerdos de recinto agotan la lucha. No la agotan. Quedan reclamos sistémicos sin atender: la restitución plena de la fórmula presupuestaria del 9.6%, la reversión escalonada de los aumentos de matrícula hasta los niveles previos al Plan Fiscal del año 2017, la descongelación masiva de plazas docentes y no docentes, la rehabilitación de la Residencia Estudiantil Torre del Norte con una inversión de aproximadamente $56 millones, la gratuidad progresiva de la educación pública universitaria, la aprobación del P.C. 880 para una Reforma Universitaria que fortalezca la autonomía, y el rechazo categórico a cualquier medida que pretenda suspender la gobernanza universitaria participativa. La comunidad estudiantil de la UPRRP se movilizará a canalizar el resto de sus reclamos ante cada instancia correspondiente: la Administración Central, la Junta de Gobierno, la Junta de Control Fiscal, la Asamblea Legislativa y la Gobernadora de Puerto Rico. Lo hará con el mismo rigor, la misma legitimidad y la misma determinación inquebrantable con la que se lograron los acuerdos que hoy celebramos.
A toda la comunidad estudiantil del Recinto de Río Piedras los convocamos con urgencia a la Asamblea General de Estudiantes el próximo lunes, 18 de mayo de 2026. En esa asamblea presentaremos en detalle los nueve acuerdos negociados, someteremos los compromisos del sector estudiantil a ratificación democrática y deliberaremos colectivamente sobre los próximos pasos de esta lucha. La asamblea es el espacio soberano del estudiantado. Su presencia no es opcional: es un acto de responsabilidad con esta comunidad y con todos los que vendrán después.
A la presidenta Jordán Conde le instamos, en los términos más enérgicos y sin ambigüedad posible, a fijar reunión con el CENPE-UPRRP con la mayor urgencia. Los reclamos sistémicos pendientes ante la Administración Central no pueden seguir esperando. La comunidad estudiantil ya demostró, con creces, que tiene la capacidad organizativa, el sustento intelectual y la determinación para sostener su lucha el tiempo que sea necesario. Le exhortamos a corresponder a esa seriedad con la misma seriedad institucional. No puede existir un proceso de diálogo creíble si la Administración Central continúa bloqueando, diluyendo y deslegitimando los comités negociadores que cada recinto constituye democráticamente. La historia juzgará a cada actor por lo que hizo o dejó de hacer en este momento. Le pedimos que esté del lado correcto de esa historia.
A las rectorías de todas las unidades del sistema universitario les exhortamos a desistir de la indiferencia y del accionar contrario a los intereses de la comunidad estudiantil. La experiencia del Recinto de Río Piedras es prueba de que cuando la rectoría actúa con buena fe, el diálogo produce resultados concretos y duraderos. Les pedimos que repliquen ese modelo: establezcan espacios reales de negociación con sus comunidades estudiantiles, mejoren la experiencia de cada estudiante a lo largo de toda su trayectoria universitaria y actúen con sentido de responsabilidad pública hacia el país que sostiene estas instituciones con sus impuestos y su confianza.
Y al pueblo de Puerto Rico entero le decimos esto con la voz más alta que tenemos: esta lucha es suya también. Es de cada familia que depositó sus esperanzas en la universidad pública. Es de cada trabajador y trabajadora que vio a sus hijos cruzar esas puertas con la certeza de que el sacrificio valdría la pena. Es de cada comunidad que se beneficia de la investigación, los servicios clínicos, los proyectos de extensión y el talento humano que la UPR devuelve al archipiélago. La UPR genera el 80% de toda la investigación universitaria en Puerto Rico. Sus egresados pueblan hospitales, escuelas, tribunales, laboratorios y empresas de costa a costa del país. Debilitarla no es una decisión técnica neutral: es un acto de violencia contra el futuro colectivo de un pueblo que ya ha cargado demasiado.
Cada $100 que el gobierno de Puerto Rico invierte en la Universidad de Puerto Rico genera $156 de producción en la economía del país. Por cada 100 empleos que la UPR sostiene directamente, se crean 164 empleos adicionales en otros sectores de la economía. Entre 2010 y 2015, las actividades del sistema universitario generaron $1,607 millones en recaudaciones tributarias para el erario público. Y el impacto más profundo no se mide en el corto plazo: el valor presente del diferencial de ingresos que a lo largo de su vida productiva recibe un egresado del sistema UPR, comparado con quien solo completó escuela superior, asciende a un promedio de $775,708 por persona, lo que equivale a una tasa de retorno del 434% sobre la inversión educativa de una generación. Eso significa que cada estudiante que la UPR gradúa no solo mejora su propia vida: aporta más impuestos, consume más, produce más y hace a Puerto Rico un país más capaz de sostenerse a sí mismo.
Exijamos que nuestros legisladores aprueben el P.C. 1201 y el P.C. 880. Exijamos que la Junta de Control Fiscal deje de tratar a la UPR como una línea de ajuste presupuestario y la reconozca como la infraestructura estratégica de desarrollo económico y de movilidad social que es. Exijamos que la Junta de Gobierno trabaje por los intereses de la comunidad universitaria y no por intereses político-partidistas. Exijamos que nuestros representantes electos protejan la educación pública como el bien común más valioso que tiene Puerto Rico. Súmense a esta gesta porque una mejor UPR no es solo el sueño del estudiantado: es la condición mínima para un mejor Puerto Rico.
La UPR no se vende. La UPR se defiende. Y se defiende entre todes.
¡AUTONOMÍA YA!
NOS VEMOS PRONTO.
Con firmeza,
Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras, UPR
Dyamar Cruz – Presidenta, CGE-UPRRP
Kemuel J. Rodríguez Montalvo – Representante ante la Junta Administrativa
Marina T. Rodríguez Seguí – CENPE-UPRRP
Astrid J. Lugo López – CENPE-UPRRP
Christian A. Colón Maldonado – CENPE-UPRRP
Orlando E. Ramos Rosado – CENPE-UPRRP
Natalia R. Martínez Valentín – CENPE-UPRRP
