España es una monarquía constitucional parlamentaria. Se rige por una Constitución aprobada el 29 de diciembre de 1978 tras la muerte del Dictador Francisco Franco Bahamonde. Entró en vigor en esa misma fecha. Dispone en su Artículo 1 que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.”
Dispone el Artículo 10 (2) que las “normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.”
Un examen de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 indica, en su Artículo 19, lo siguiente:
“ Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras.”
El Artículo 20 de la Constitución del Estado español reconoce y protege los derechos, entre otros, “de expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”; a “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”, disponiendo además, que el “ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.”
Tomando como base las disposiciones antes citadas, sorprende e incomoda la noticia publicada en #SOSCUBAINFORMACION el pasado 24 de enero de 2024 en la cual se informa de la petición de encarcelamiento a miembros de dicho medio de comunicación y la realización del juicio a mediados del próximo mes de febrero del corriente contra www.cubainformacion.tv y contra la asociación Euskadi-Cuba, entidad que hasta el año 2020 fue la propietaria del mencionado sitio web. Se acusa al periodista José Manzaneda, autor del escrito publicado en octubre de 2023 titulado Crear una crisis sanitaria en Cuba: objetivo de la guerra contra su cooperación médica, por parte de Javier Larrondo, presidente de la organización anticastrista “Prisoners Defenders”. En la acusación se solicita la imposición de seis años de prisión y el pago de 50 mil euros. Larrondo alega que la publicación levanta “injurias, calumnias y delito de odio”.
La organización Euskadi-Cuba lleva 30 años de cooperación al desarrollo en Cuba
El contenido de la publicación por la cual se acusa a Manzaneda es el señalamiento de que el trabajo de la organización “Prisoners Defenders”, es uno en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos “en el intento de destrucción de los convenios de cooperación médica solidaria de Cuba en numerosos países. Uno de sus objetivos es favorecer “aplicar el bloqueo económico contra la Isla en el campo sanitario, cortando los ingresos que obtiene su Ministerio de Salud Pública por los acuerdos médicos en algunas naciones –sólo en algunas–, ya que, en las más pobres, La Habana asume todos los gastos de cooperación.”
La publicación #SOSCUBAINFORMACION señala también, en referencia a “Prisoners Defenders” que por su participación directa en el bloqueo, por su justificación en los medios de comunicación y por su trabajo de “lobby” en favor de su extensión, “mediante ‘sanciones” a países de la Unión Europea”, quien preside “Prisoners Defenders” es, “como Marco Rubio y Donald Trump, un criminal de guerra.”
El pasado 2 de noviembre de 2023 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, una vez más de manera abrumadora, la trigésima resolución desde 1992 repudiando el bloqueo impuesto por los Estados Unidos a la República de Cuba desde 1962. En esta ocasión, 187 países se pronunciaron en contra del Bloqueo; dos países votaron en contra de la Resolución (Estados Unidos y su aliado Israel), con las vergonzosa abstención de Ucrania.
La Resolución A/78/L. insta una vez más a los Estados en los que existen y continúan aplicándose leyes y medidas represivas de este tipo, a que “en el plazo más breve posible y de acuerdo con su ordenamiento jurídico, tomen las medidas necesarias para derogarlas o dejarlas sin efecto.” La Resolución pide del Secretario General de la ONU la preparación de un informe sobre los efectos del bloqueo a Cuba.
La imposición del Bloqueo a Cuba ha sido denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas por su Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla. En su comparecencia presencial en la sala de la Asamblea General donde se adoptó la Resolución, Rodríguez Parrilla hizo un recuento de cómo el Bloqueo afecta la alimentación, el acceso a medicamentos por parte de la población y la manera en que a través del bloqueo se perjudica diariamente a la familia cubana.
Puntualizó Rodríguez Parrilla que el Bloqueo contra su país “es un acto de guerra económica en tiempos de paz, dirigido a anular la capacidad del Gobierno para atender las necesidades de la población, crear una situación de ingobernabilidad y destruir el orden constitucional.”
Reconociendo, además, que el Bloqueo no es responsable por todos los problemas de Cuba, sí indicó que es la causa principal del sufrimiento por el que atraviesa la población. Destacó también el carácter genocida del Bloqueo contra su país.
En una comparecencia anterior ante la Asamblea General de la ONU, utilizando datos contenidos en el “Informe sobre las afectaciones del Bloqueo a Cuba en el año 2020”, Rodríguez Parrilla estimaba entonces los daños causados a su país entre abril de 2019 a diciembre de 2020 en $9,157 millones a precio corriente y en $17,000 millones en el pasado lustro. Sumando el costo para Cuba como resultado del Bloqueo impuesto, desde su origen temprano en la década de 1960 al presente, el costo estimado asciende a $147,853 millones. Indicó el Canciller cubano que se trataba de “una guerra económica de alcance extraterritorial contra un país ya afectado en el período reciente por la recesión y la crisis económica global provocada por la pandemia”, que ha privado a Cuba de “ingresos indispensables como los derivados del turismo.”
Con la llegada de Donald Trump a Casa Blanca se inició un proceso de reversión de los cambios impulsados por el gobierno de los Estados Unidos durante la Administración de Barak Obama. Durante los cuatro años de su mandato se adoptaron 243 medidas adicionales contra Cuba, 55 de ellas en el año 2020. Entre otras medidas, Trump intervino: (a) limitando los viajes de estadounidenses a Cuba; (b) limitando y obstaculizando el envío de remesas económicas desde los Estados Unidos a residentes en Cuba, incluyendo el cierre de más de 400 oficinas de Western Union; (c) adoptando medidas dirigidas a afectar la inversión extranjera en Cuba por parte de empresas acogidas a la “Ley de Inversión Extranjera en Cuba”, prohibiéndoles transacciones con el Banco Financiero Internacional de Cuba e incluyendo a dicha entidad en la lista de empresas cubanas con las cuales los estadounidenses no pueden hacer negocios; (d) estableciendo una prohibición a los ciudadanos estadounidenses que viajaran a Cuba de alojarse en hoteles cubanos propiedad del Estado; (e) prohibiendo la llegada de cruceros, propiedad de o que partieran de, los Estados Unidos hacia Cuba; y la peor, que en el pasado ya se tuvo y se había derogado, (f) incluyendo a Cuba en una lista que compartiría con la República Popular Democrática de Corea, la República Árabe de Siria y la República Islámica de Irán, como “Estados que promueven el terrorismo.”
Lo cierto es que bajo la presidencia del presidente demócrata Joseph Biden, contrario a las expectativas, la política del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba es esencialmente la misma de la administración republicana de Donald Trump.
Bajo la presidencia del presidente demócrata Joseph Biden la política del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba es la misma de la administración republicana de Donald Trump. Imagen: Prensa Latina
El pasado 16 de noviembre de 2023 sesionó en el Parlamento Europeo localizado en Bruselas un “Tribunal Internacional” contra el Bloqueo a Cuba. Ante él compareció en calidad de testigo José Manzaneda. Allí expuso cómo algunos medios de comunicación, no sólo legitiman la política del Bloqueo a Cuba, sino que colaboran con él, en su implantación “a través de mentiras y distorsiones informativas”. En su declaración, Manzaneda denunció su situación personal ante el proceso que enfrenta en los tribunales de España, calificándolo como “una persecución judicial y mediática y como un atentado a la libertad de prensa, que pretende conseguir su silencio.” A tales efectos el periodista señaló:
“Esto es un atentado contra la libertad de prensa que pretende conseguir mi silencio y, debido a los elevados costos judiciales, el cierre del medio Cubainformacion. Además, persigue quebrar económicamente a una ONGD, Euskadi-Cuba, que lleva 30 años de cooperación al desarrollo en Cuba.”
Manzaneda denunció ante el Tribunal Internacional las organizaciones autodenominadas “anticastristas” y su poderoso “lobby”, que “con financiamiento directo o indirecto del Gobierno de EE UU y otras instituciones, y en coordinación con ellas, persigue la destrucción de cada una de las fuentes de ingreso de la economía de Cuba, para de esta manera, deprimir el presupuesto público y depauperar salarios y pensiones.” Para ello, indica, cuentan con decenas de medios digitales; diarios, radios y canales de televisión en Miami con gran influencia sobre la población latina allí radicada; e importantes medios corporativos internacionales.
Los objetivos o sectores principales de la campaña de estas organizaciones van dirigidos a afectar el turismo; la inversión extranjera; la industria farmacéutica, principalmente las vacunas y productos de la industria biofarmacéutica; y los convenios médicos internacionales.
Denunció igualmente Manzaneda, cómo procurando la criminalización de su persona, la organización anticastrista “Prisoners Defenders” ha logrado que “importantes diarios”, como es en el caso del español “ABC”; o del “Miami Herald” publicado en Estados Unidos; se ha hecho eco de las imputaciones formuladas por esta organización anticastrista contra “Euskadi-Cuba”, alegando que se vale de los “fondos de cooperación” para “labores de inteligencia”. Entre la información que estos medios han reproducido, se encuentran afirmaciones de “Prisoners Defenders”, señalando que Euskadi-Cuba “recibe ‘fondos europeos…para minar instituciones y desestabilizar…Europa y España.”
Ciertamente la democracia en España está en entredicho cuando uno examina las disposiciones de su Constitución previamente señaladas al comienzo de este escrito y su relación con el Artículo 19 de la Declaración Internacional de Derechos Humanos. La situación, sin embargo, nos hace pensar en la Ley de la Mordaza, Ley Núm. 53 de 1948, la cual pasó a ser parte del instrumento represivo utilizado por el gobierno de Puerto Rico, como alguien ha dicho, “para aplastar la libertad de palabra, de acto y de conciencia en el Archipiélago en su esfuerzo de socavar la disidencia contra el régimen imperial.” España no tiene nada que envidiar al Puerto Rico de entonces.
