Los daños colaterales de la pugna por las noticias en línea en Canadá

La pugna por ganancias entre billonarios parece haber acabado con el libre intercambio de información confiable a través de las redes sociales en Canadá. Durante la pasada semana, los gigantes tecnológicos Meta y Google comenzaron a bloquear contenido noticioso producido en el país norteamericano, tras la aprobación de una Ley de Noticias En Línea que obliga a las plataformas digitales a pagarle a los medios por las noticias que aparezcan en sus páginas. 

La legislación se presentó como una medida de justicia para los conglomerados de noticias que llevan años perdiendo ingresos por publicidad y cerrando mesas de redacción de noticias como consecuencia. El objetivo era lograr que las grandes compañías, a las que se han trasladado esas ganancias, compartieran el botín con los medios. Sin embargo, Meta y Google protestaron lo que describen como un impuesto al enlace y se han negado a negociar la repartición del pastel, que representa un 80% de los gastos en publicidad digital. Lo que está ocurriendo ahora es que, en suelo canadiense, el contenido noticioso producido en ese país no aparecerá en Facebook o Instagram, ni en los motores de búsqueda de Google. Por lo pronto, la única alternativa para ver noticias es ir directamente a la página web del medio, ingresando la dirección en el buscador, o suscribirse a sus envíos y aplicaciones. 

La ley contiene una definición relativamente precisa de lo que se considera como un medio que produce noticias. Son elegibles los negocios que produzcan contenido noticioso de interés público, que empleen a dos o más periodistas en Canadá, que operen en Canadá, y que sigan un código de ética de una asociación periodística reconocida o su propio código de ética alineado con la integridad periodística. Excluye medios que estén principalmente enfocados en temas particulares como noticias sobre una industria específica, deportes, creación, artes, estilos de vida o entretenimiento. 

Pero, curiosamente, o quizás sospechosamente, las medidas tomadas por Meta han tenido daños colaterales. Por ejemplo, este fin de semana las páginas de la sección canadiense de la Corriente Marxista Internacional (CMI) fueron desapareciendo de Facebook e Instagram, sin explicación. Tal como afirmaron las camaradas canadienses, esta situación nos recuerda que no podemos confiar nuestras formas de comunicación a plataformas controladas por billonarios, razón por la cual insisten en la suscripción a su página web y a la revista impresa de la CMI. La caótica toma de Twitter, ahora X, por Elon Musk fue una muestra de que en esas esferas no existe tal cosa como responsabilidad social, y ahora la facilidad con la que ha desaparecido la principal fuente de información para muchas personas en Canadá es una señal escalofriante de que nada se puede dar por sentado en lo que respecta a la tecnología.

En tiempos en que abundan los llamados fake news y teorías de conspiración que han acompañado un resurgir de las derechas, resulta peligroso dificultar el acceso a información confiable sujeta a normas éticas mínimas y a métodos de rendición de cuentas. Las redes sociales son la primera fuente de información para muchas personas que tratan su existencia como permanente. Es a donde acuden en búsqueda de saber qué pasó, cuándo, dónde y por qué. Ahora en Canadá no ven lo que dicen los comunicadores profesionales ni lo que publican los camaradas marxistas.

Podemos suponer que eventualmente los billonarios encontrarán cómo hacer las paces. Ya ocurrió en Australia donde se implementó una ley similar. Sin embargo, está por verse cuál será el efecto a mediano y largo plazo en la relación de las personas con la información, y si esta inestabilidad fomentará cambios en la forma en que la obtienen y la comparten. 

Video (en inglés) sobre lo que está ocurriendo en Canadá:

https://fb.watch/mp8IYjqBKT/?mibextid=Nif5oz

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Author: Nicole Díaz González

Estudió periodismo y derecho en la Universidad de Puerto Rico. Ha trabajado como abogada laboral, representante pro bono en casos contra activistas y analista de políticas públicas. Actualmente, se desempeña como asesora legal en la Cámara de Representantes.