Ante una nueva ola de proyectos de escuelas chárter, que se impulsa en la isla, la Federación de Maestras y Maestros de Puerto Rico reclama una moratoria en la aprobación de estos contratos para privatizar la enseñanza y a esos efectos convocan al pueblo a una marcha el 1 de junio en defensa de la educación pública.
“Las escuelas chárter, también conocidas como escuelas alianza, vienen a desangrar los fondos públicos que deben ir destinados a fortalecer la educación pública, para sufragar entidades privadas educativas. Ya hemos visto como la privatización ha sido sinónimo de corrupción y pésimos servicios a la ciudadanía. Así lo demostró LUMA y lo hemos visto en el propio esquema de las chárter en Puerto Rico con la compañía South Bronx Charter School, cuyo contrato tuvo que cancelar Educación el año pasado al comprobarse que uno de sus incorporadores había sido convicto por malversar fondos en Nueva York. Esto es lo que fomenta la privatización”, planteó Mercedes Martínez, presidenta de la FMPR.
La FMPR y organizaciones presentes en la Conferencia se oponen a la implementación de este modelo de negocios y reclaman la aprobación de una verdadera reforma educativa que sustituya la Ley 85-2018 impulsada por los convictos por corrupción Abel Nazario y Julia Keleher. A su vez exigen que se apruebe de inmediato en la Legislatura un proyecto de moratoria al establecimiento, expansión o modificación de las empresas chárter y que el gobernador lo firme. “Para reforzar estos reclamos, convocamos a los maestros y maestras, a las madres, encargados y a la ciudadanía a una marcha el 1 de junio, saliendo de la Plaza Colón hasta la Fortaleza, a las 3:30 pm. Convocamos al pueblo a que salga a defender la educación pública y exija un alto a la privatización de la educación. En Fortaleza entregaremos firmas de miembros de las comunidades escolares al gobernador para que detenga este plan contra las escuelas públicas”, informó Martínez.
Carmen Warren, defensora de los derechos de los niños y niñas pertenecientes al programa de educación especial, por otro lado recalcó que “en el historial de las chárter en Estados Unidos se evidencia que discriminan contra los estudiantes con diversidad funcional y comunidades marginadas”.
“En el caso de los maestros no les garantizan sus derechos, ni beneficios marginales en muchos de ellos. Este es un modelo de negocios corporativo que busca lucrarse y privilegiar a unos pocos mientras a miles de estudiantes de escuelas públicas les priva de una educación segura y de calidad”, comentó Edwin Morales Laboy, vicepresidente de la FMPR.
El pasado año han estado operando unas diez escuelas chárter, pero el gobierno tiene en proceso implementar decenas de chárter adicionales que administrarán varias compañías. Una de estas es Paradiso College Preparatory, que contará con una chárter en Arecibo y otra en Río Piedras, justo al lado de la escuela pública Ramón Vila Mayo. “Esto es un tipo de desplazamiento, de desahucio de nuestras comunidades. Por un lado, privan a las escuelas públicas de infraestructuras seguras, recursos humanos, materiales, condiciones dignas de trabajo-aprendizaje, autonomía escolar y por otro le garantizan todo ello a las chárter. Adicional a ello, millones de dólares de fondos federales asignados durante la pandemia en reconocimiento al trabajo del magisterio por su sacrificio le es denegado, mientras por otro lado descaradamente se anuncian millones en fondos federales para asignar a estas escuelas chárter. Esto es inaceptable. Es parte del plan de desmantelar la educación para que el pueblo pida a gritos la privatización. Sin embargo, estamos aquí exigiendo que de una vez y por todas se utilicen los recursos públicos para brindarle las herramientas necesarias a todas las escuelas públicas del país, a nuestro estudiantado y magisterio”, manifestó Martínez.
Entre el esquema privatizador, cierran escuelas públicas y las alquilan a estas entidades con fines de lucro a razón de $1.00 mensual o le ceden los edificios escolares clausurados para que establezcan sus chárter, como es el caso de Leap Academy que ha señalado su interés en ocupar la escuela cerrada Gerardo Sellés Solá en Carolina. “Las escuelas que mandaron a cerrar no sirven para el gobierno como escuelas públicas, pero se las pretenden “regalar” a casi ningún costo a estas compañías para asignarles recursos y remodelarlas. El negocio de las chárter estaría prevaleciendo sobre el fin de la Constitución, que es proveer un sistema educativo de calidad gratuito, accesible para todos los estudiantes de Puerto Rico”, planteó Martínez. “Por ello reclamamos condiciones dignas, seguras, salubres, para nuestras escuelas públicas y exigimos que los fondos que pretenden destinar a las chárter se utilicen para las necesidades que tengan las comunidades escolares en las escuelas públicas del país”.
A través de la página web https://linktr.ee/defiendelapublica están disponibles materiales informativos sobre las escuelas chárter y una petición que recogerá firmas electrónicas en apoyo al reclamo de la FMPR.
