Muy buenas tardes a todas las personas que se han dado cita en el día de hoy para la presentación del libro: “Trabajar en el gobierno de Puerto Rico: las organizaciones sindicales de los empleados públicos entre 1900 y 1975” escrito por el compañero y amigo Carlos Carrión Crespo.
Cuando el amigo Eduardo Matos Vidal me invitó a que presentara este libro acepté de inmediato. Ciertamente es un gran honor tener la oportunidad de presentar este libro que constituye una importante aportación a la historiografía de las organizaciones sindicales del sector público. Aquellos de nosotros que trabajamos directamente con organizaciones sindicales sabemos que el conocimiento de esta historia es de fundamental importancia, no sólo para comprender el presente sino – más importante aún – planificar para el futuro. Y el que tenga duda sobre la importancia de dicha historia sólo debe recordar aquel adagio que dice “pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla”. Y nosotros en Puerto Rico estamos ya un tanto cansados de repetir la historia, muchas veces sin saber que la estamos repitiendo.
En una nota más personal, agradezco la invitación porque tengo el gusto de conocer al autor, Carlos Carrión Crespo desde hace ya más de treinta años por lo cual estar aquí en la tarde de hoy, para presentar este libro, es para mí, más que un honor, un profundo placer personal.
Conocí a Carlos allá para la década de los años 90 a través de su participación en el Instituto Laboral de Educación Sindical (ILES). Para aquella época yo era el Presidente de la Junta de Directores del ILES y Carlos representaba a su sindicato, la Local 1850 de la UAW de la Asociación de Empleados del ELA, en la Junta de Directores del ILES. Fueron muchas las ocasiones en que tuvimos la oportunidad de compartir tanto en reuniones formales, encuentros informales y… ¿Por qué no admitirlo? …en aquellas legendarias fiestas de graduación del ILES.
Carlos estudió derecho en la Universidad Interamericana, de donde se graduó en el año 1999 y luego obtuvo un doctorado en historia de la Universidad de Puerto Rico en el año 2011. En el año 2003 se traslada al estado de Washington en los EE.UU. donde trabajó como Mediador y adjudicador de controversias laborales en la Comisión de Relaciones del Empleo Público de dicho estado. En el año 2008 se traslada a Ginebra, Suiza donde trabaja desde esa fecha en la OIT (Organización Internacional del Trabajo) donde se desempeña como Especialista sectorial sobre servicios públicos.
Pero vayamos al grano.
Nos encontramos frente a un libro cuyo título ya denota la ambición de su encomienda: “Trabajar en el gobierno de Puerto Rico: las organizaciones sindicales de los empleados públicos entre 1900 y 1975”. No estamos hablando de poca cosa. Se trata de investigar la forma en que los trabajadores del estado se han organizado para defender sus intereses frente a su patrono a lo largo de un período de tiempo en que el estado colonial ha sufrido grandes transformaciones: desde la Ley Foraker de 1900 que ordenó la creación de un gobierno civil, la primera Ley de Servicio Civil de 1907, la Ley Jones de 1917, la Ley de Relaciones Federales de 1950 y la Constitución del ELA de 1952 para desembocar en el año 1975, fecha en que se profundiza la crisis del modelo desarrollista en Puerto Rico y año en que se presenta el informe Helfeld y se aprueba la Ley de Personal.
El libro es de poco más de 200 páginas y está dividido en 5 partes: una Introducción, tres capítulos numerados y una Conclusión. La redacción es clara y precisa, muy lejos de los estilos rebuscados y crípticos a que nos tienen acostumbrados ciertos intelectuales.
Carlos nos obsequia una obra precisa en sus detalles y puntillosa en su investigación, dato que se puede corroborar fácilmente al verificar sus 35 páginas de Bibliografía. Esto no es un ensayo de fin de semana, sino un detallado estudio histórico de un sector del movimiento sindical en Puerto Rico: los empleados públicos, o sea, los trabajadores que se encuentran empleados por el gobierno.
Siempre es difícil escoger que partes de un libro resultan más significativas para una presentación, así que me limitaré a citar algunas partes que me impactaron de forma especial.
En la parte introductoria quiero destacar la siguiente cita sobre la metodología que usa el autor en su investigación:
Es indispensable incorporar varias disciplinas cuando se estudia la historia del derecho laboral. Con este propósito, incorporaré elementos de la llamada “historia del tiempo presente,” que rompe con la barrera cronológica de la Segunda Guerra Mundial como objeto de estudio. Hurgaré en los lindes de lo contemporáneo, esa “zona gris” entre pasado y presente, donde la historia y las ciencias sociales se encuentran de frente. En este sentido, el estudio de los orígenes de las organizaciones sindicales de los servidores públicos nos ayudará a entender los desafíos que enfrenta el mundo laboral de la actualidad puertorriqueña y el papel que juegan los sindicatos en las circunstancias actuales de gran tensión social y enfrentamiento entre los gobiernos de Puerto Rico y los Estados Unidos. Es esencial que tendamos puentes entre los hechos del siglo pasado y el presente para dar sentido al contexto actual. He seleccionado el proyecto Helfeld como eje del estudio porque ilustró la tensión histórica que hoy en día vemos en plena efervescencia.
Esta metodología convierte el libro en mucho más que un mero recuento histórico o en una descripción de los cambios en el derecho laboral. En este contexto el libro de Carlos se convierte en una arma ideológica que podemos – y debemos – utilizar en nuestro combate diario por los derechos de los trabajadores.
En el Capítulo 1 el autor nos resume la historia del empleo gubernamental en Puerto Rico. Aquí destaca el año 1919, fecha en que un grupo de empleados públicos funda la Asociación de Empleados del Gobierno Insular. Coincidentemente el 1919 es también el año de la primera huelga de trabajadores no manuales, coordinada por la Asociación de Maestros.
Pero de este primer capítulo deseo destacar el aspecto de la primera incursión en Puerto Rico del sindicato norteamericano conocido por sus siglas AFSCME, o sea, la American Federation of State, County and Municipal Employees. Sobre este particular nos explica el autor:
Los empleados públicos puertorriqueños pusieron mayor resistencia ante el gobierno cuando se hizo patente el trato desigual entre los trabajadores de la rama ejecutiva y los de las corporaciones públicas y que la reducción de sus sueldos reales subsidiaba la expansión del gobierno, lo que a su vez había creado una relación laboral impersonal. Al ver que la actividad colectiva era inevitable, el gobierno invitó a la Federación de Empleados de los Estados, Condados y Municipios de los Estados Unidos (AFSCME, por sus siglas en inglés) a afiliar a estos trabajadores y negoció con los grupos en situaciones aisladas.
En 1959, el gobierno y la AFSCME acordaron que esta última organizaría las asociaciones de empleados públicos en Puerto Rico, pero a su vez la AFSCME renunciaría a reclamar el derecho a la huelga. Este trato fue similar al que se realizó en 1957 con la AFL-CIO, cuando el gobierno de Puerto Rico negoció el contenido de la política salarial de las Juntas de Salario Mínimo a cambio del apoyo sindical a la misma en la legislatura federal.
Estos acuerdos reflejan un patrón común: muchas organizaciones sindicales se ven obligadas a cuidar los intereses del patrono más de lo que el patrono se inclina a proteger los intereses de los trabajadores.
Como vemos, el concepto de “sindicalismo por invitación”, que practicó el gobierno de Luis Muñoz Marín para organizar trabajadores en el sector público, estaba fundamentado en una renuncia al derecho a la huelga. Poco más de treinta años más tarde veremos que el mismo mecanismo fue utilizado para la aprobación de la Ley 45 de 1998, conocida como Ley de Relaciones del Trabajo del Servicio Público.
Aunque este esfuerzo organizativo no tuvo éxito, lo cierto es que posibilitó la aprobación de dos leyes que serían instrumentales en la organización de los trabajadores del sector público. Me refiero a la Ley 134 de 1960 y la Ley 139 de 1961, leyes que autorizaban el descuento de cuotas a favor de las llamadas “organizaciones bonafide de empleados públicos”. Aunque dicha legislación no autorizaba la negociación colectiva, ni mucho menos el derecho a la huelga, fue utilizada de manera creativa por diversos sectores de empleados públicos para mejorar sus condiciones de trabajo y desarrollar acciones concertadas, incluyendo paros y huelgas. Para mencionar algunas historias sindicales de éxito que se fundamentaron en esta legislación podemos reconocer a la Federación de Maestros de Puerto Rico, la Hermandad de Empleados No Docentes de la UPR, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y otras muchas más.
Este primer capítulo es rico en otras experiencias que no habré de mencionar – en aras de la brevedad. Pero no quisiera terminar esta parte sin destacar un elemento que rara vez se menciona en los libros de historia sindical y ese es el aspecto cultural. El autor aborda esta manifestación cultural de la lucha sindical través de las diversas formas en que se manifiesta la protesta obrera tales como las consignas y el papel importantísimo que jugó la música, y las canciones de contenido social, para la protesta obrera del llamado “nuevo sindicalismo”.
El Capítulo 2 se centra en el estudio de los Agentes de Rentas Internas como trabajadores del estado y su situación contradictoria como agentes del “orden público” por un lado y, de otro lado, como trabajadores diestros asalariados cubiertos por el llamado “sistema de mérito” dedicados a recaudar los ingresos necesarios para el funcionamiento del gobierno.
El autor traza la historia de este sector laboral desde el nombramiento de los primeros 14 agentes a raíz de la aprobación de la Ley Foraker en 1900 hasta la fundación de la Asociación de Agentes de Rentas Internas en 1951 y su afiliación a AFSCME en 1960. Ante el fracaso de la Asociación, este sector laboral funda la Hermandad de Agentes de Rentas Internas en 1967. Carlos luego pasa a estudiar los mecanismos de presión laboral, cabildeo legislativo y negociación informal que caracterizaron el funcionamiento de este grupo, incluyendo la exitosa huelga de un día del 17 de julio de 1971. La Hermandad de Agentes de Rentas Internas se disolvió en 1980 para dar paso a la Hermandad de Empleados del Departamento de Hacienda, la cual fue una de las organizaciones fundadoras del Concilio General de Trabajadores (CGT) en el año 1982.
En el Capítulo 3 el autor aborda el rol del gobierno en el proceso de trabajo en el servicio público con particular énfasis en el desarrollo del sistema legal de relaciones del trabajo.
No es posible resumir – de manera justa y apropiada – la riqueza de información y datos históricos contenidos en este capítulo. Por tal razón nos limitaremos a mencionar y comentar algunos elementos:
1. El autor nos explica que en el año 1936 el gobierno aprobó una nueva Ley de Personal con el objetivo de remediar el uso de contratos temporeros en el gobierno que se usaban para evitar las normas del reclutamiento de empleados regulares. Parece mentira que casi noventa años más tarde todavía estemos luchando contra la plaga de contratos temporeros en el gobierno, los cuales están predicados sobre la precariedad laboral de una gran cantidad de trabajadores públicos.
2. El otro aspecto a destacar es la forma en que el Partido Popular pasó a neutralizar el movimiento sindical en nuestro país. Nos dice el autor:
En 1945, Muñoz Marín aprovechó su triunfo electoral arrollador de 1944 para exigir lealtad absoluta a los líderes sindicales. Como la Confederación General de Trabajadores (CGT) no se la ofreció, forzó a los líderes leales al PPD a abandonar la CGT y el gobierno reprimió al sector opositor.
Si ubicamos este señalamiento con la estrategia de “sindicalismo por invitación” y la política gubernamental de desalentar la acción política independiente de los trabajadores podremos entender el significado del siguiente párrafo:
Muñoz Marín impulsó una agenda de industrialización sin oposición y mediante la legislación laboral, comenzó a sustituir a los sindicatos en su rol de protector de los trabajadores. Esta estrategia debilitó los sindicatos y creó un discurso de consentimiento que desalentó la búsqueda de reivindicaciones laborales. Un ejemplo de esta ruptura es que el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores y el ritual sindical más importante del mundo, no fue observado en Puerto Rico entre 1947 y 1971.
3. Prosiguiendo la política del Partido Popular de domesticar el movimiento sindical el entonces gobernador Rafael Hernández Colón nombró una “Comisión para Estudiar las Relaciones del Trabajo en el Servicio Público” que finalmente produjo el “Informe Helfeld”. Nos indica el autor:
“La preocupación mayor de la Comisión fue tener un sistema uniforme de relaciones de trabajo en el servicio público (incluyendo a las corporaciones públicas) y garantizar las prerrogativas reservadas al gobierno…”
¿Le pregunto a los presentes si eso mismo no fue lo que implantó el gobierno mediante la aprobación de la Ley 26 del año 2017? Uniformar los beneficios marginales, las licencias, la compensación por horas extras y los días feriados entre los sindicatos de las corporaciones públicas y las agencias de gobierno es una realidad desde hace 5 años.
4. De otro lado, el Informe Helfeld “…condicionó los acuerdos con impacto presupuestario a la aprobación de la rama legislativa del gobierno insular o municipal.” No hay que ser muy perspicaz como para no entender que desde la imposición de la Junta de Control Fiscal cualquier acuerdo que negocie un sindicato que tenga impacto presupuestario tiene que ser aprobado por la Junta, o de lo contrario será anulado en el Tribunal Federal.
5. De igual manera el Informe Helfeld planteó que, como el gobierno era un sólo patrono se establecería un sistema de negociación colectiva a base de clasificaciones similares, sin importar en que agencia trabajaran. Nos indica el autor: “Esta estructura buscaba preservar la teoría legal de que las clasificaciones eran la base del sistema de mérito, y evitar las diferencias salariales entre las agencias, como las que existían entre los empleados de la rama ejecutiva y los de las corporaciones públicas.” Cualquier semejanza entre esta visión del Informe Helfeld y la inaugurada por el gobierno con la ley del “Empleador Único” en el año 2017 no es pura coincidencia.
El Informe Helfeld y el proyecto de sindicalización presentado por el gobierno en 1973 fue ampliamente rechazado por los sindicatos del sector público, tanto de las agencias como de las corporaciones públicas. El autor nos explica:
El grupo de sindicatos que ya tenía el derecho a la negociación colectiva se opuso al proyecto Helfeld, porque no garantizaba su derecho a continuar bajo la Ley Núm. 130. También se opusieron porque las recomendaciones del Informe Helfeld habían sido condicionadas a la austeridad fiscal recomendada por el Informe al Gobernador del Comité para el Estudio de las Finanzas de Puerto Rico de diciembre de 1975, conocido como “Informe Tobin” por el nombre de su autor.
La pregunta que debemos hacernos es… ¿Acaso las propuestas del Informe Helfeld no han sido incorporadas a lo largo de los años por el gobierno… y más recientemente por la Junta de Control Fiscal? ¿Acaso la negociación colectiva en el sector público no está condicionada a la austeridad fiscal desde la aprobación de la “medicina amarga” del gobernador Fortuño con la Ley 7 de 2009, la Ley 66 del 2014 del gobernador García Padilla, y la Ley 26 del 2017 del gobernador Rosselló?
¿Quién debe leer este libro?
Como podemos apreciar de este apretado resumen, todo sindicalista debe leer este libro. La experiencias que narra Carlos deben servir de experiencia educativa para toda persona involucrada en el quehacer sindical.
Para entender los procesos y las instituciones sociales debemos comenzar con conocer su historia y su desarrollo a través del tiempo. El libro que hoy se nos ofrece aporta de manera importante a nuestro entendimiento del movimiento sindical en el sector público. Aquel sindicalista que no lo lea lo hace a su propio riesgo o, peor aún, a riesgo de los trabajadores que representa. Como expresé al principio de esta presentación y deseo reiterar: Aquellos de nosotros que trabajamos directamente con organizaciones sindicales sabemos que el conocimiento de esta historia es de fundamental importancia, no sólo para comprender el presente sino – más importante aún – para planificar el futuro.
Por último: el gran defecto del libro
Como toda obra humana, el libro tiene sus virtudes y defectos. En lo que a mi concierne, su defecto principal es sólo uno: se acaba muy pronto. Al finalizar el libro uno se queda con el deseo de leer más, de continuar transitando por el viaje sindical en que nos ha encaminado Carlos a través de sus páginas.
Sin embargo, esto no se trata propiamente de un defecto del libro, sino de la amplitud del tema. Estamos hablando de abordar la historia y desarrollo de decenas de organizaciones sindicales a lo largo y lo ancho del gobierno de Puerto Rico. Estamos hablando de organizaciones que han escrito páginas gloriosas de nuestra historia sindical tales como la Federación de Maestros en el Departamento de Educación y la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes en la Universidad de Puerto Rico. Pero también hablamos de los sindicatos en las corporaciones públicas tales como la UTIER en la Autoridad de Energía Eléctrica y la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. También debemos considerar el ejemplo de sindicatos que surgieron del sector privado, se desarrollaron al interior de corporaciones públicas para luego caer víctimas de la privatización como es el caso de la Unión Independiente de Empleados Telefónicos.
Pero además de la amplitud del tema también debemos considerar el tiempo transcurrido. Desde el año 1975 hasta el día de hoy hemos presenciado grandes transformaciones en el derecho laboral. Una de estas transformaciones fue provocada por el retorno de AFSCME a Puerto Rico y su propuesta de “negociación sin huelga” para los trabajadores de las agencias de gobiernoque resultó la aprobación de la Ley 45 de 1998. Luego habría que mencionar la Ley 7 del 2009 que inauguró la época de “ni negociación ni huelga” para los trabajadores cubiertos por la Ley 45 y que luego se extendió con la Ley 66-2014 a los trabajadores de las corporaciones públicas cubiertos por la Ley 130 que quedaron en una posición de tener derecho a “huelga sin negociación”. Estas leyes sólo han servido para limitar el radio de acción y negociación de los sindicatos del sector público, comenzando con las agencias de gobierno y prosiguiendo con los sindicatos en las corporaciones públicas.
Lo único que de alguna manera atenúa esa necesidad de leer más, es el convencimiento que debemos tener todos, que la historia que nos narra Carlos a través de las páginas de su libro no es una historia acabada: es una historia que continúa escribiéndose día a día. En la calle, en los piquetes, en las marchas, en las asambleas y en las huelgas siguen luchando hoy día los trabajadores y trabajadoras del sector público por sus más sentidas reivindicaciones las cuales se han resumido de manera magistral en la consigna: Justicia Salarial y Retiro Digno. Esa es la historia que se escribe día a día y no podemos rehuir el hecho de que la responsabilidad ineludible de escribirla nos toca a todas y todos.
Muchas gracias.
Texto de la presentación realizada el 13 de abril de 2023 en las facilidades del Instituto de Relaciones del Trabajo de la Universidad de Puerto Rico.
