El 24 de junio, en su decisión sobre el caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el fallo Roe vs. Wade que despenalizó el aborto en 1973. La noticia fue anticipada por la filtración del borrador del juez Samuel Alito en mayo y se concretó cuando la mayoría de la corte dijo que “la Constitución no confiere el derecho al aborto”. La decisión agrega: “el aborto representa una cuestión moral profunda. La Constitución no prohíbe a los ciudadanos de cada estado regular o prohibir el aborto”.
En Estados Unidos no existe una ley que garantice ese derecho. El fallo Roe vs. Wade reconoció la libertad de las mujeres de continuar o interrumpir un embarazo. El argumento fue la decimocuarta enmienda de la Constitución, que protege la privacidad de las personas frente a la intervención estatal (“ningún estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos […] tampoco podrá ningún estado privar a una persona de su vida, libertad o propiedad”). El caso Roe estableció que ese derecho a la privacidad “es lo suficientemente amplio como para incluir la decisión de una mujer de interrumpir o no su embarazo”.
Los fallos de la Corte muestran momentos y consensos diferentes. En 1973, muchos estados habían declarado ilegal el aborto con algunas excepciones como salud, riesgo de vida o violación. El caso Roe fue uno de los tantos desafíos a las codificaciones conservadoras que limaban la autonomía por la que luchaba el movimiento de liberación. No era un momento cualquiera: la ebullición feminista era parte de una movilización mucho más amplia, trabajadoras y trabajadores, movimientos por los derechos civiles, por la liberación sexual, contra la guerra en Vietnam. El fallo Roe hizo caer las prohibiciones estatales por inconstitucionales, pero el derecho al aborto quedó a merced de los consensos supremos.
El otro caso que no es Roe vs. Wade
Existe otro caso, menos conocido pero igual de importante que Roe. Hoy se señalan como responsables del revés histórico al expresidente Donald Trump y los jueces nombrados durante su mandato (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett). La composición de la Corte explica la votación, pero solo una parte.
Desde 1973, se votaron 1338 restricciones estatales al derecho al aborto. Casi un cuarto se promulgaron entre 2011 y 2015, antes de que gane Donald Trump (durante el gobierno de Barack Obama). El año récord de restricciones había sido 2011 con 89 hasta que 2021 lo superó con 108.
En esto tiene mucho que ver la decisión de la Corte en el caso Planned Parenthood vs. Casey de 1992, que habilitó a los estados a regular o prohibir el acceso al aborto. Este tampoco era un momento cualquiera. El triunfo de Ronald Reagan en 1980 había envalentonado a los movimientos conservadores y las Iglesias, que presionaban en las legislaturas y los tribunales estatales para revocar los derechos reproductivos. Los cambios en la composición de la Corte encendieron las alarmas.
El caso surgió de la demanda de la clínica de Planned Parenthood en Pennsylvania a una ley escrita por el legislador republicano Stephen Freind y promulgada por el gobernador demócrata Bob Casey en 1989. ¿Hay demócratas antiderechos? Hay.
La ley incluía, entre otras cosas: un periodo no menor a 24 horas previo al procedimiento, información sobre las consecuencias para la salud de la mujer y la viabilidad del feto, una declaración jurada de notificación al marido y autorización de los padres para menores de edad. La clínica invocó el fallo Roe y el caso llegó a la Corte Suprema.
El tribunal ratificó el derecho de las mujeres de elegir si interrumpen un embarazo o no antes de la viabilidad del feto. Pero introdujo un cambio fundamental. El caso Roe había establecido un marco para las regulaciones estatales: durante el primer trimestre, casi no se permitían. Durante el segundo, se permitían las que protegieran la salud de las mujeres. Y durante el tercero, habilitaba a los estados a prohibir abortos, con la excepción de riesgo de vida o salud de la persona gestante.
El fallo Casey reemplazó el sistema de trimestres por el concepto de “carga indebida” (undue burden, en inglés). La definición sobre las regulaciones estatales ya no se haría según el tiempo sino dependiendo de si el obstáculo se consideraba excesivo o no. Si en el primer caso, las decisiones eran claras, en el segundo, sería mucho más difícil establecer que una ley era inconstitucional. ¿Cómo se mide una carga indebida? La Corte ratificó la ley de Pennsylvania, menos la notificación marital porque la consideró excesiva. No anuló el fallo Roe pero produjo un nuevo marco para las regulaciones.
Una guerra en curso
Las restricciones estatales y la apelación cada vez más fuerte de sectores del establishment político a los valores y la familia alimentaron la reacción contra el derecho a decidir. Desde fines de los años ‘70, los antiderechos pusieron bombas en clínicas, dispararon contra profesionales de la salud y pacientes. Asesinaron a 11 personas en nombre de la vida. El último informe de la Federación Nacional del Aborto de 2021 registró el mayor aumento de ataques.
En 26 estados existen legislaciones hostiles al derecho al aborto. Seis de cada diez mujeres en edad reproductiva viven en esos estados. El tribunal supremo fue y es un gran problema, la vida de millones de personas está en las manos de nueve jueces y juezas que nadie elige ni puede revocar. Pero el trabajo silencioso se hizo en las legislaturas y los tribunales estatales.
¿Era evitable este resultado? Sí. Es posible frenar los ataques conservadores (no solo este), que varios sectores advierten con razón desde hace años, mientras muchas feministas liberales lustraban sus pedacitos de techo de cristal, llamaban a “votar bien” y “defender” lo conquistado en las urnas. Una y otra vez, el partido Demócrata les pidió a quienes luchan contra la opresión que voten a sus candidatos para hacer oír sus demandas, pero todo lo que se escuchó de su parte fue silencio y lamentos tibios. No por nada al partido Demócrata muchos sectores críticos y de la izquierda estadounidenses lo llaman “cementerio de los movimientos sociales”, una metáfora gráfica de la vitalidad de las demandas en su interior.
¿Por qué no existe una ley que garantice el derecho al aborto? Porque nadie con los votos necesarios la puso siquiera en discusión. Durante la primera presidencia de Barack Obama, el partido Demócrata tuvo supermayoría, es decir, mayoría en el Congreso y en el Senado. En 2007 Obama dijo en campaña: “lo primero que haré como presidente es firmar la Freedom of Choice Act” (un proyecto para #quesealey, acá está el video). Cuando asumió dijo que no era “una prioridad legislativa”. El derecho al aborto siguió en manos del tribunal que nadie elige ni puede revocar.
La era pos Roe
En 13 estados existen leyes “gatillo”, que prohíben o restringen aún más las interrupciones voluntarias una vez anulado el fallo Roe. Acceder a un aborto seguro implicará viajar a estados que reconocen el derecho, algo que implica tiempo y dinero. El acceso al aborto nunca fue igualitario. La experiencia de las trabajadoras, las mujeres pobres, negras, latinas, de las personas trans, adelantó la nueva realidad que enfrentará la mayoría de ahora en adelante. Sin embargo, las consecuencias no serán iguales para todas. Las que más problemas tenían para acceder al aborto despenalizado son las que más sufrirán la criminalización.
Leyes como las de Texas alientan a denunciar a quien ejecute o facilite una interrupción voluntaria con recompensas de hasta 10.000 dólares. Las cacerías son solo uno de los resultados posibles; el peor es que más mujeres y personas con capacidad de gestar acudirán a prácticas clandestinas con consecuencias graves para su salud, incluso la muerte. No son pocas las personas que advirtieron sobre el uso de las apps de menstruación, por la información que brindamos como usuarias, el manejo de las empresas de esa información y qué harán si los estados la solicitan. Jimena Valdez lo explica mejor en esta entrega de Burofax.
Dicen que ninguna mujer va a ir presa por abortar en Estados Unidos. Pero eso ya sucede. Hay tres casos conocidos: Purvi Patel, Lizelle Herrera y Brittney Poolaw. En los dos primeros, los cargos fueron retirados después de apelaciones, la tercera debe cumplir la condena. Purvi tiene ascendencia india, Lizelle es latina y Brittney es nativa americana, las tres son pobres. Solo de 1973 a 2005 hubo 413 arrestos por aborto: el 71 % eran mujeres de bajos ingresos, el 59 %, mujeres de color (el 52 % de ellas, negras).
La era pos Roe no es una derrota segura. Estos son los nombres y los números que demuestran que no existe una evolución gradual de los derechos, no hay progreso inevitable. Hay avances y retrocesos, hay tensión y relación de fuerzas, y el freno de emergencia está en la calle (no en los tribunales o los parlamentos). Para eso se necesitan muchas cosas, dos son indispensables: saber que ninguna victoria es permanente y confiar solamente en la movilización independiente (las alianzas vitales no exigen silencios ni piden votos a cambio).
Los pañuelos verdes argentinos cambiaron el color de las protestas en Estados Unidos y no es una elección accidental. Representa la experiencia de una lucha persistente que ganó. El verde significa muchas cosas pero sobre todo que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se votó en el Congreso pero se ganó en la calle.
No está todo dicho, hasta el momento solo habló la Corte, hablaron los legisladores y las legisladoras, habló el presidente. Falta que la calle empiece a levantar la voz, las movilizaciones hicieron escuchar su primer susurro (el silencio de las urnas ya no es una opción). La guerra empezó en 1973 pero la lucha continúa y esta batalla recién empieza.
Fuente: La Izquierda Diario
