La portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara de Representantes, Mariana Nogales Molinelli reveló hoy que las autoridades federales y estatales están permitiendo la destrucción de la Reserva Estuarina y de Investigación de Bahía de Jobos en Salinas, donde criminales han deforestado y rellenado el mangle, construido ilegalmente casas de playa y amenazado a miembros de la comunidad para que mantengan silencio.
“Al menos desde el 2018, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) ha estado advirtiéndole al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que la construcción ilegal dentro de la reserva está interfiriendo con los objetivos de conservación e investigación de la reserva. Sin embargo, la destrucción de una amplia zona de mangle en el área conocida como Camino El Indio se ha acelerado desde entonces, como se puede apreciar bien en imágenes de satélite. Miembros de la comunidad Las Mareas, aledaña a la reserva, han sido testigos de esta situación y la han denunciado a costa de amenazas de muerte, pero solo han sido ignorados y abandonadas por las autoridades pertinentes. Ni el DRNA ni la policía pueden negar que saben lo que está ocurriendo allí. El mismo Machargo anunció en octubre del año pasado, sin notificarle al personal del área, que el DRNA iba a intervenir, que iba a desalojar a los ocupantes de estos terrenos y comenzar procesos de expropiación donde fuese necesario, pero puso en riesgo a sus propios empleados a sabiendas para después no hacer nada. Como siempre, habla mucho pero no levanta un dedo para cumplir con sus responsabilidades”, denunció Nogales Molinelli.
La legisladora también señaló la irresponsabilidad de corporaciones públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que han habilitado infraestructura para construcciones evidentemente ilegales, asi como de la Oficina de Gerencia de Permisos, que ha autorizado acciones sin la debida diligencia. “Hace poco visitamos esta zona y pudimos ver que hay contadores de energía eléctrica e hidrantes donde se supone que el paisaje esté prístino. Sólo funcionarios corruptos de la AEE y la AAA pudieron haber hecho esas instalaciones. Hay hasta anuncios de alquileres a corto plazo que ofrecen muelle privado, piscinas, habitaciones con aire acondicionado y otras comodidades. ¿Cómo es posible que todo esto ocurra dentro de una reserva y sin que alguien lo detenga? Encontramos información de al menos un lote, con el número de catastro 439-000-010-01-706, cuyo propietario se identifica como “Guillermo Cedre Miranda” y para el cual un profesional autorizado identificado como Miguel Ángel Flores Torres solicitó un permiso de uso con el número 2016-101211-ASE-156310 al cual están vinculados varios contadores. La propia AEE, en una comunicación a Machargo, señaló que para esos contadores se presentó el correspondiente permiso de uso y certificación eléctrica. Los curioso es que el permiso está asociado a una dirección física en el municipio de Aibonito. ¿Qué se ha hecho sobre eso? Nada. Reina la impunidad. No podemos decir que es mera incompetencia. Evidentemente, aquí hay tentáculos de corrupción en muchos niveles y a través de varias agencias y ramas del gobierno”, señaló.
La representante explicó que, además del valor ecológico de la zona bajo amenaza, el mangle destruido servía como barrera natural contra los efectos de las marejadas e inundaciones costeras que vienen con fenómenos naturales y que se están agudizando con el cambio climático. “No sólo se está destruyendo un hábitat importante, que ya tiene una designación que se supone que lo proteja. También se está poniendo en riesgo a los y las residentes históricos de esa área porque, al eliminar el mangle y rellenar el terreno, el agua entra por ahí sin nada que la detenga. Y la información que tenemos es que, en vez de detenerse este crimen, la destrucción y las construcciones ilegales se están acelerando. Personas que han estado monitoreando la situación aseguran que si no se interviene pronto, para el verano no va a quedar mangle en esa porción de la costa”, indicó.
Ante la inacción del DRNA, Nogales Molinelli presentó la Resolución de la Cámara 692 para investigar estas violaciones de ley y dar paso a la adjudicación de responsabilidades. “Estoy bien consciente de que estas denuncias conllevan riesgos serios de seguridad para todas las personas implicadas. Por eso, esperé varios meses desde que esta situación fue traída a mi atención para darle tiempo al DRNA a actuar. Pero Machargo optó por dejar abandonada a esta comunidad, a su propio personal y al patrimonio natural que está supuesto a proteger. Ahora exhorto a los y las representantes a que le den paso a la RC 692 para que podamos tomar cartas en este asunto, investigar y hacer los referidos correspondientes antes de que sea muy tarde. Igual, el Ejecutivo y el DRNA tienen la capacidad legal para intervenir ahora. Al no hacerlo, no sólo están siendo negligentes. Son cómplices del crimen y no voy descansar hasta que se les procese como tales”, afirmó.
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