(6 de octubre 2021) Hoy trasciende la noticia del acuerdo entre Julia Keleher y la fiscalía federal para que la ex-Secretaria de Educación se declare culpable de dos cargos de conspiración para cometer fraude. La acusada se expone a 6 meses de cárcel, un año de libertad supervisada y una multa de $21,000.
Lo que no dice el acuerdo es quien paga por el daño y sufrimiento causado a cientos de miles de personas, comunidades, magisterio y familiares por las acciones de la hoy convicta. Bajo su administración se cerraron sobre 300 escuelas, se declararon miles de maestras y maestros como sobrantes, se desmanteló prácticamente el Departamento de Educación. Lo más penoso es que a ella y sus cómplices, que siguen campeando en la agencia como si nada disfrutando de privilegios y encubrimientos de los que tal vez nunca nos enteremos, no se les exija reparar esos daños. No se les exige reabrir las escuelas, devolver las comunidades a su estado original y pagar por el sufrimiento causado.
Las escuelas siguen cerradas, el magisterio sigue cargando las consecuencias de las malas acciones de su administración, y el dolor causado sigue con el llanto pegado a su memoria. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto le costó y le sigue costando eso a este pueblo? No nos extrañaría que a espaldas del pueblo gente como ella salieran a la “libre comunidad” a disfrutar del beneficio de sus crímenes, incluyendo pensiones privilegiadas como es el caso de Víctor Fajardo y posiblemente otros.
Siempre estuvimos claros desenmascarando a la hoy acusada de tantos delitos. Fueron muchos quienes la apoyaron, le rieron las gracias y hasta paseaban en helicópteros oficiales para ver al país por encimita mientras se aprovechaban de su mordida.
Algo malo tiene que haber en un Departamento de Educación que cada año tiene $3,500 millones que no llegan al magisterio y al estudiantado. La agencia se ha convertido en una fábrica de millonarios donde los amigos del alma se benefician y privilegian mientras el magisterio, estudiantado y comunidades llevan la peor parte. Mientras las maestras/os siguen costeando arreglos y materiales didácticos con un salario de hambre. Y ahora, encima de esa desgracia les quieren quitar sus pensiones. Pero eso nadie lo investiga ni procesa a los culpables.
Precisamente esos y esas que se llevan la peor parte, esos trabajadores y trabajadoras de la educación mal pagos, maltratados y sobrecargados de trabajo, son quienes gracias a su esfuerzo y sacrificio mantienen en pie la educación pública del país.
Según el parte de prensa: “Inicialmente, Keleher enfrentaba 11 cargos por conspiración, fraude electrónico, soborno y robo de identidad”. Si no se hubiera hecho el acuerdo, “se exponía a 20 años en prisión por los 11 cargos que se le habían imputado”. Señala la misma noticia que “El fraude en los procesos de contratación del DE, bajo la dirección de Julia Keleher, ascendió a $13 millones, según la acusación federal.” ¿Y quien le paga al pueblo?
Eva L. Ayala Reyes, Comisión de la Mujer de EDUCAMOS, 787 644 7034
