(San Juan, Puerto Rico . 29 de septiembre de 2021) Abriendo una enorme brecha entre lo que el pueblo espera de sus representantes en la legislatura y lo que han propuesto el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito¨ Hernández Montañez y un grupo de legisladores populares que se han unido a la directora Ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Jaresko, éstos han presentado un proyecto de ley que le impone a Puerto Rico un Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) cuyo efecto en la práctica es cancelar los avances logrados con la Ley por un Retiro Digno. Dicha legislación, el P. de la C. 1003, hipoteca el futuro de Puerto Rico por los próximos 25 años.
Hernández Montañez, en un ejercicio de proyección y demagogia, hizo expresiones públicas donde pretende hacer responsable al liderato sindical por el futuro de las pensiones de los trabajadores retirados. Sobre este particular el Movimiento Obrero Puertorriqueño le hace claro al país, al presidente cameral y a los legisladores co firmantes de su negociado proyecto con la Jaresko, que sobre ellos y sobre aquellos legisladores que equivocadamente voten afirmativamente por el mismo, recae toda la responsabilidad por negociar a espaldas del pueblo una legislación que da paso a las políticas de recortes y austeridad que pretende imponer la Junta, a la vez que privilegia los multimillonarias ganancias de los bonistas buitres.
Resulta totalmente inconcebible un proyecto de ley como el que se pretende presentar ante la consideración de nuestro pueblo. La deuda del pueblo puertorriqueño no ha sido auditada. Los servicios esenciales no han sido definidos. Los planes fiscales de la Junta han tenido que ser revisados en múltiples ocasiones debido a sus errores de proyección. La Junta no ha desarrollado una sola acción afirmativa en beneficio del crecimiento económico del país. Por el contrario, sus medidas de austeridad han dado lugar a la precarización de los servicios que el gobierno presta a la ciudadanía y al aumento de los niveles de pobreza en la población.
Al hacer viable la puesta en práctica del Plan de Pago de la Deuda que pretende imponer la Junta estarán legislando sin tomar en cuenta la posición de la mayoría de los afectados, se estará condonando con dicha acción la enorme brecha que ha abierto la Junta entre los beneficios que le concede a los bonistas buitres y la enorme carga que se le ha impuesto y se le multiplicará a todo el pueblo puertorriqueño por los próximos 25 años. Para los primeros, ganancias multimillonarias y para nuestro pueblo, la mayor miseria.
Los trabajadoras y los trabajadores puertorriqueños exigimos y demandamos un proceso legislativo transparente, bien informado, con el tiempo suficiente para que pueda ser analizado en todos sus extremos y no a la carrera, de manera improvisada, como pretende hacer la Cámara de Representantes. El proyecto que de verdad representa los mejores intereses de nuestro pueblo y no los de los representantes de los bonistas buitres, es la Ley 7 de 2021 sobre el Retiro Digno según fue aprobada unánimemente por la Cámara y el Senado hace apenas dos meses. Dicha Ley incluye:
-Cero recortes a las pensiones.
-Protege los servicios esenciales que ofrecemos los trabajadores en las agencias y corporaciones públicas.
-Protege el bolsillo de los puertorriqueños de los aumentos de tarifas en los servicios públicos y de la privatización de los mismos que encarecería el costo de vida.
– Mantiene las pensiones por beneficios definidos a los trabajadores activos que disfrutan del mismo.
Adicional a dicha legislación vigente, se pueden añadir los criterios establecidos en la carta que enviara el Senador José Luis Dalmau a la Junta, a saber: asignación de $500 millones a la UPR, creación del Fondo Fiduciario de Becas Universitarias, protección de la totalidad de la aportación a los planes médicos de los empleados del Gobierno Central, asignar los fondos necesarios para los municipios, la creación del fondo especial para la igualdad social, 100% de la población obtenga cubierta médica, y la creación del Fondo de Inversión Estratégica para el Desarrollo Económico.
Aprovechamos y reclamamos que se restituyan todos los derechos de los trabajadores y el contenido de sus convenios colectivos y a cesar la oposición al aumento del salario mínimo por parte de la legislatura.
Portavoces del grupo de sindicatos:
Mayra Rivera – Unión General de Trabajadores
Emilio Nieves – Central Puertorriqueña de Trabajadores
Ismael Marrero – Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores
Mercedes Martínez – Federación de Maestros de Puerto Rico.
