Al cumplirse tres años de su ejecución por parte de dos policías estatales que se encontraban francos de servicio, ingiriendo bebidas alcohólicas en un negocio de Bayamón, la familia de Francisco Marrero Noa y la organización de derechos humanos Kilómetro 0, reclaman una vez más acción del Estado para poner fin a la impunidad policial.
El 17 de septiembre de 2019, Francisco y su pareja, Wilnelia Rodríguez Sáez, fueron al negocio Socios Café en Bayamón luego de comprar los anillos para su futura boda. Los agentes de la Policía Lilibeth Torres, José Ortíz Merced, Enrique Feliciano Marrero y Arnaldo Rodríguez Rodríguez compartían y tomaban tragos. Alegadamente, el grupo de policías, francos de servicio y en ropa de civil, comenzó a mofarse de Francisco Marrero Noa cuando éste se tropezó. Se suscitó una discusión y testigos alegan que los tres agentes le propinaron una paliza a Francisco dentro del negocio. Hay videos de la escena pero la fiscalía no los ha mostrado a la familia. Luego de la discusión, Francisco salió del local y se montó en su guagua Dodge Durango. Alegadamente, le dio con el auto a un tiesto, causándole heridas leves a Eliezer Toledo, contratista de la Policía y quien se encontraba afuera. Como respuesta, los Agtes. José Ortiz Merced y Enrique Feliciano Marrero abrieron fuego “en defensa propia”. Ocho de los disparos impactaron a Francisco, causándole la muerte dentro de su propio vehículo. Francisco no estaba armado, nunca representó amenaza para los oficiales.
Aunque la División de Integridad Pública del Departamento de Justicia de Puerto Rico alega estar investigando el caso, todavía no se han presentado cargos criminales contra los agentes responsables de esta muerte. El Estado no ha tomado acción para que ocurran consecuencias ni a nivel criminal ni administrativo y los agentes fueron armados nuevamente por la Policía poco tiempo después de los hechos.
“Nuestra familia no se repone de este gran abuso que se cometió contra mi hermano y seguimos exigiendo justicia, consecuencias legales contra estos agentes que abusaron de su fuerza, de su poder e impunidad”, dijo Jessica Marrero Noa, una de dos hermanas de Francisco.
“El uso de fuerza de parte del Estado tiene que ser altamente regulado para que no puedan cometerse ejecuciones extrajudicales como esta”, dijo Mari Mari Narváez, directora ejecutiva de Kilómetro 0. “El uso de fuerza tiene que ser proporcional, legal, razonable y escalonado. La Policía está obligada a utilizar técnicas no violentas para desescalar posibles situaciones tensas. El trabajo de la Policía no es causar violencia ni castigos, no es escalar tensiones ni matar a la gente mientras beben bebidas alchólicas en una barra y portando sus armas de reglamento. Este caso es tan obsceno y abusivo que no podemos entender cómo es posible que el Departamento de Justicia no haya presentado cargos criminales y que la Policía de Puerto Rico haya rearmado a estos agentes apanas semanas después de la ejecución”.
En Puerto Rico han muerto 84 personas por uso de fuerza policial a partir de 2014, 13 de estas muertes ocurrieron en 2019. Esta violencia policial es dirigida predominantemente a personas que viven en comunidades racialmente diversas y empobrecidas, según pudimos evidenciar en nuestro último informe Licencia para matar. Muertes por uso de fuerza policial en PR 2014 – 2020. El caso de Francisco, como prácticamente todos, aún permanece en la absoluta impunidad. Resulta alarmante que tres años después, la Policía de Puerto Rico continúe acribillando a personas desarmadas en vehículos como ocurrió recientemente con el joven Javier Antonio Cordero Neváres, de 16 años y a quien cinco policías estatales le dispararon más de sesenta veces en agosto de 2022.
Existe un precedente en el que, por un caso similar, un policía municipal fue acusado y declarado culpable. Carlos Sandoval de Jesús tenía 24 años cuando, en junio de 2014, el policía municipal de Guaynabo Yael Huertas Pérez le disparó en cinco ocasiones mientras este se encontraba dentro del auto. El joven falleció de múltiples heridas de bala, una en la cabeza. El policía municipal, Yael Huertas Pérez fue declarado culpable de asesinato en enero de 2016.
Puerto Rico necesita que las Policías en el País cumplan con los parámetros constitucionales, con perspectiva de derechos humanos y que sirva solo en los ámbitos estrictamente necesarios de la seguridad pública. Las Policías deben estar sujetas a mecanismos independientes, confiables y transparentes de rendición de cuentas. El Estado debe comprometerse a erradicar las fallas sistémicas que existen y permiten e incentivan las conductas delictivas entre sus oficiales. Toda instancia en que oficiales de la Policía enfrentan una sospecha de conducta criminal, negligente o cuando mata a una persona, tiene que ser investigada por un ente externo e independiente, no por la misma policía. El Estado tiene que presentar cargos y procesar a esta persona, como a cualquier otra, de identificarse la comisión de un delito. De lo contrario, se incentiva la impunidad.
Fuente: Kilómetro Cero
