Bajo la premisa de ponerle fin al gigantismo gubernamental, lograr mayor eficiencia, reducir los niveles de burocratización y lograr una mayor satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, la empresa privada ha estado aumentando significativamente sus oportunidades de hacer negocios y acrecentar sus ganancias, además de acrecentar su control y dominio sobre la gobernanza del país. La sofisticada expresión de externalización de servicios o la cruda expresión de la privatización encubren otras tantas formas de reducir la plantilla laboral del sector público y aumentar la presencia en el mismo de trabajadores de la empresa privada, dando lugar a que vayan quedando fuera de las unidades apropiadas los trabajadores que han logrado organizarse sindicalmente.
El elefante en el cuarto se hace un tanto invisible cuando los representantes de la clase patronal legislan nuevos modelos de penetración del sector privado en la esfera pública, tales como la venta de las empresas gubernamentales (Proyecto de Piñas Lotus, la Telefónica), transferencia de la administración (Aeropuerto Luis Muñoz Marin, Autoridad de Energía Eléctrica), contratación de servicios (Call Centers, Proyecto de Vacunación), sustitución de unidades operacionales (Facturación y Cobros de ASEM, servicios de salud en ASES), sub contratación (en todas las agencias para proyectos que sobrepasan los $10,000.00 en costos), y prestación de servicios especializados (Facturación a Planes Médicos en AMSCA, servicios especializados de empleos clericales temporeros (Manpower en Salud, Cardona en UDH y Pediátrico ). La municipalización está en la línea de espera para continuar erosionando la base humana de la organización sindical en el gobierno central.
La clase patronal ha sabido atender efectivamente la amenaza que le significó la sindicalización de los empleados públicos. Temerosa del efecto que pudiera tener un proceso de sindicalización exitoso en el sector público sobre los trabajadores de sus empresas privadas, no han vacilado a la hora de presentarse como una alternativa que le puede brindar a los ciudadanos mayor eficiencia en la prestación de los servicios, seguridad, grandes economías y disminución de riesgos ante pérdidas o labor ineficiente.
En la práctica se hace sumamente difícil que los sindicatos podamos verificar que el ofrecimiento de la empresa privada se cumple realmente. Por ejemplo, qué ha hecho el Gobierno con los ingresos de la venta de La Telefónica, el arrendamiento del Aeropuerto, lo que ha valorizado o depreciado el puente Teodoro Moscoso. ¿Han cambiado significativamente los parámetros de la salud general de nuestro pueblo con el modelo privatizado? ¿Ha disminuido la desigualdad en la atención médica de los pacientes con la llamada Reforma de Salud? La métrica de la facturación en ASEM y su comparación con el sistema anterior nadie la conoce. ¿Sabemos el rendimiento o el exceso de costos en los proyectos sub contratados? Ni privada, ni públicamente, tenemos conocimiento de que alguien se haya hecho estas preguntas y mucho menos que el gobierno o la empresa privada nos den la información necesaria para evaluar los resultados.
Lo que si conocemos son dos hechos irrefutables. En primer lugar, que la empresa privada no va a detenerse en lo que ha logrado hasta el presente y sus representantes en la legislatura están hoy, como nunca antes, dispuestos a facilitarle su proyecto de hacer del gobierno su mayor empresa. En segundo termino, si los sindicatos no le ponen freno a la acción de la empresa privada, que atiza su fuego con el oxígeno que le da Janus, la Junta Dictatorial y sus cuadros en el poder judicial y el poder ejecutivo, terminaran por administrar pequeños núcleos de trabajadores dispersos por el país con muy poco o ningún poder para transformar sus condiciones de vida y trabajo, y mucho menos para incidir en la transformación de la realidad del país.
Ante esta realidad es necesario asumir la consigna A Menos Gobierno Más Sindicalización y aprovechar la negociación que debe verificarse en los próximos meses para incluir disposiciones en los convenios que vayan dirigidas a cumplir con los siguientes objetivos: 1) frenar la reducción en el tamaño del gobierno; 2) revertir los contratos de los llamados empleados temporeros; 3) penalizar la sub contratación de labores mediante multas que se pagaran a la Unión; 4) exigir se llenen las plazas vacantes en todas las agencias; 5) recuperar las unidades que han sido contratadas con la empresa privada. Estas medidas van dirigidas a incrementar el número de unionados en el sector público y a fortalecer económicamente los gremios que los representan. Redondearía esta estrategia si se adoptara un proyecto de sumar recursos, humanos y económicos, para incrementar los esfuerzos de organización sindical en el sector privado.
Conscientes como estamos de las grandes dificultades que conlleva frenar las medidas austericidas del neoliberalismo prevaleciente, es fundamental aunar esfuerzos para desarrollar paralelamente una campaña educativa para nuestras matrículas y mediática para la población en general que vaya dirigida a fortalecer el servicio público y al cuestionamiento de las falsedades en las cuales se ha apuntalado la empresa privada para adueñarse de la gestión de gobernanza en el país. Esta acción debe acompañarse con la movilización constante de las matrículas dirigida a impulsar los cambios que se proponen en los Convenios Colectivos y también alcanzar un cambio real de la correlación de las fuerzas políticas en la administración gubernamental.
