Llevamos varias semanas desde que el equipo de periodismo independiente de Jay Fonseca denunció las irregularidades del contrato entre el Gobierno de Puerto Rico y la firma Power Expectation para la producción de 400 megavatios de generación temporera de energía eléctrica por la cantidad de $5,900 millones .
Como en la mayoría de los casos de corrupción que se hacen públicos en el país, la negativa y la resistencia a la admisión de los hechos denunciados fue la constante por los implicados. Unos a otros se pasaron la papa caliente y ninguno aceptó su responsabilidad en el asunto. Al día de hoy se ha comprobado que desde el 2025 se habían hecho señalamientos públicos que apuntaban a irregularidades en dicha contratación sin que se tomara medida cautelar alguna.
Al presente no hay manera de negar que se falló malamente en todos los niveles de evaluación por los cuales se completaron los procedimientos de contratación. Los mecanismos de control gubernamentales fallaron y falló también la empresa privada contratada a esos efectos, el cabro velando las lechugas, que debió supervisar el mismo.
Resulta interesante anotar que, a pesar del largo tiempo transcurrido desde la denuncia inicial y a pesar de que en el progreso de la investigación periodística se han encontrado múltiples fallas adicionales, todavía no se ha fijado una fecha para que la Gobernadora reúna a la madeja de funcionarios y organismos implicados, además de la empresa privada contratada para supervisar el proceso, para que cada uno explique su papel en el caso cuando no hay duda alguna sobre lo fraudulento del proceso.
Las actividades para diluir el impacto del escándalo en la población no han dejado de ponerse en marcha. En primer lugar, el gran despliegue de la celebración de dos actividades de recaudación de fondos de campaña de la gobernadora mediante la celebración de dos fiestas de cumpleaños en medio de la crisis energética del país y el desastre de la Autoridad de Acueductos. Eventos que ocuparon un gran espacio en los medios ante la gran indignación que expresó el país a través de exitosas actividades de militancia. En segundo lugar, el gran despliegue de la campaña Puerto Rico está abierto para negocios, que inició con la ceremonia de apertura de la Bolsa de Valores en Wall Street por parte de la plana mayor de Gobierno y que ha sido severamente criticada.
Por otro lado, ya han comenzado a surgir las voces que señalan que, en este caso, “no se ha perdido dinero público” puesto que el contrato fue cancelado antes de que se concretizara el inicio de los trabajos. De igual manera, se le ha dado despliegue noticioso, por parte del Poder Legislativo, a la decisión judicial que impidió que se activara una Comisión que evaluaría la pertinencia de haber archivado 229 Expedientes de Investigaciones de la División de Integridad Pública y la Oficina de Asuntos del Contralor sobre corrupción pública.
No será de extrañar que, ante la indolencia del Ejecutivo en solicitar una pronta rendición de cuentas a los implicados en el escándalo, las expresiones del Legislativo sobre la decisión judicial y la repetición por los analistos de la ausencia de pérdida de dinero, el escándalo de la generación de electricidad temporera se constituya en el Expediente 230 de corrupción pública que se archive bajo la presente administración.
