Desde la destitución arbitraria de cinco rectores de la Universidad de Puerto Rico por parte de la Presidenta Zayira Jordán Conde, el Sistema UPR se ha caracterizado por acciones concertadas por parte de miembros de la comunidad universitaria – en particular del estudiantado – a favor de sus reclamos de diálogo y de democracia interna. En muchos recintos, estas acciones han conllevado paralizaciones de las labores universitarias.
Las primeras reacciones de la Presidenta Jordán y del Rector Interino del Recinto Universitario de Mayagüez, Miguel Muñoz, fueron abiertamente confrontativas. La Presidenta habló de detener el pago de salarios a los empleados en los recintos paralizados; Muñoz, quizás la cabeza detrás de la gerencia universitaria, insinuó que usaría las fuerzas represivas del Estado – la policía – para forzar el reinicio de las clases.
Ninguno de estos intentos logró amedrentar las acciones de la comunidad universitaria. Por eso, las tácticas de miedo llevaron poco después a las tácticas de confusión.
Primero, se hizo un llamado a impartir cursos en línea si el acceso a los recintos se imposibilitaba. Ante eso, la APPU se expresó en contra de impartir cursos en línea: no solo por la política de no-confrontación, no solo por solidaridad ante las paralizaciones de otros sectores, sino que también el llamado a las clases en línea violenta las certificaciones universitarias y los señalamientos de la Junta de Instituciones Postsecundarias. Los métodos alternos de enseñanza son decisiones pedagógicas a disposición de la docencia, acordadas al inicio del semestre, y no imposiciones gerenciales ante situaciones de conflicto.
Poco después, la Presidencia Jordán/Muñoz, con el aval de la Junta de Gobierno Dalmau/Santo Domingo, invocaron la Certificación 81 para impartir clases en línea. La táctica de la confusión continuó bajo otros nombres.
Hay que aclarar que la Certificación 81 no ordena la enseñanza por métodos alternos. Sin embargo, ni la Certificación 81, ni ninguna otra que pueda crearse, cambia el estado de las cosas. En casos de paralización, la docencia no deberá impartir cursos en línea: porque creemos en la política de no confrontación y porque es un uso antipedagógico de los métodos alternos de enseñanza.
Un día después de un supuesto llamado al diálogo, y en un ejemplo más del carácter autoritario e hipócrita de la Presidencia Jordán/Muñoz, ahora se recurre a un interdicto para terminar la paralización estudiantil en Mayagüez. La decisión final sobre qué hacer ante el interdicto recae sobre el estudiantado, quien decretó el paro. Cualquier acto violento que pudiera ocurrir ante el interdicto es total responsabilidad de la administración universitaria. En el transcurso, la APPU sigue llamando a la no confrontación y a no impartir cursos en línea. También hace un llamado a la Junta de Gobierno a abrir el diálogo con el estudiantado en paro.
La APPU seguirá expresándose y comunicándose con su matrícula ante el constante fluir de estas actividades. Sin embargo, pedimos cautela ante las directrices arbitrarias y confrontativas de la gerencia. Establecemos nuestro rechazo rotundo al proyecto legislativo que propone una “intervención de emergencia” en la UPR. Pronto enviaremos un comunicado en respuesta a esa proyecto.
Sigamos con paso firme defendiendo la universidad pública.
