(San Juan, Puerto Rico) El pasado 27 de abril de 2026 la presidenta de la Universidad de Puerto Rico sugirió iniciar un comité de diálogo con la comunidad estudiantil. Durante ese mismo día se creó el comité de negociación y portavoces del recinto de Río Piedras, y se le envió una comunicación solicitando reunirnos con la presidenta y diferentes instancias de la gobernanza que, a juicio de la comunidad universitaria podrían atender los problemas de la Universidad de Puerto Rico. El 28 de abril se realizó una conferencia de prensa solicitando con el mismo reclamo, que se abriera la mesa de diálogo y negociación y solicitando respuesta para el 30 de abril. El 29 de abril se envió la certificación del Consejo General de Estudiantes del comité de negociación y portavocía del recinto de Río Piedras a la presidencia y se volvió a recalcar la disposición de diálogo. Al día de hoy y a pesar de múltiples solicitudes la presidenta no ha accedido a reunirse con este comité.
Esta misma mañana nos enteramos de la radicación de un proyecto legislativo que propone la intervención de emergencia para reestructurar la gobernanza de la Universidad de Puerto Rico (“UPR”) por un periodo de cinco años. Por este medio, la comunidad estudiantil del Recinto de Río Piedras expresa su indignación y rechaza contundentemente el proyecto por el nefasto impacto institucional que tendría.
La propuesta contempla la centralización de poder en la Junta de Gobierno y la suspensión de facultades decisionales de los Senados Académicos, Juntas Administrativas y la Junta Universitaria, reduciendo el rol de estos cuerpos a uno meramente consultivo. Esta medida profundiza el problema de la intromisión político partidista en nuestro recinto, reclamo que nuestra comunidad señala como uno de los problemas más grandes de la crisis de gobernanza en nuestra Universidad. Asimismo, este proyecto establece la prohibición de interrumpir el calendario académico en claro referente a censurar y limitar el derecho a la libertad de expresión, lo que plantea serias interrogantes sobre el balance entre la continuidad académica y los derechos de participación y reclamos de la comunidad universitaria. Este tipo de política no es nueva, sino que es reminiscente de momentos históricos en donde nuestra institución se prestó para asistir en la persecusión política de estudiantes, profesores y empleados no docentes, resultando en un periodo de inestabilidad histórico y tragedias históricas que se pudieron resolver sólo con la participación de la comunidad universitaria en los espacios de gobernanza como la única forma de traer estabilidad y el desarrollo de políticas tan importantes como lo son la Política de No confrontación. Cinco años de este proyecto tendría efectos detrimentales sobre la autonomía universitaria, la gobernanza compartida y el funcionamiento democratico de la institución.
La medida propuesta contradice totalmente la propuesta que la comunidad universitaria trabajó y sometió en el Proyecto de la Cámara 880 como nueva Ley Universitaria, que fue sometida por la Comisión Multisectorial de Reforma Universitaria, proyecto que es parte de los reclamos principales en las manifestaciones estudiantiles a nivel sistémico. La medida que propone dejar sin espacios de participación y tomar decisiones a espaldas de nuestra comunidad universitaria, no soluciona los problemas del Primer Centro Docente del País más aún cuando lo que hace es decidir arbitrariamente limitar las personas que pueden tomar decisiones que deberían estar en las manos de personas con los méritos académicos e intereses de la misma comunidad, y no meramente a personas seleccionadas a dedo por el partido de turno.
Sobre las recientes expresiones de la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, y la presidenta de la Universidad, Zayira Jordán Conde
La comunidad estudiantil del Recinto de Río Piedras se ve obligada a aclarar varios puntos que entran en contradicción con la realidad que enfrenta el sistema universitario y no reflejan las realidades que han llevado a que en las once unidades universitarias en asamblea debidamente constituida se decretaron las actuales paralizaciones de forma sistémica. Estas acciones no surgen por capricho, ni afiliaciones políticas; sino que surgen en respuesta a problemas acumulados relacionados a un pobre financiamiento, una crisis en la gobernanza y la consistente negativa de la Administración Central a sostener diálogos a través de los diferentes organismos de gobernanza. En fin, es el resultado de años de decisiones nefastas que han desmantelado nuestra universidad pública.
Defender la gestión de fondos para la UPR y exigir que se declare la institución universitaria pública como un servicio esencial es responsabilidad tanto de la administración universitaria como del gobierno de Puerto Rico. En este contexto, resulta importante destacar que las discusiones actuales sobre asignación presupuestaria ocurren en un escenario donde la Universidad ha enfrentado reducciones de casi un 50%, así como la pérdida de fondos previamente contemplados en acuerdos fiscales. Por esto, el reclamo tanto a la Administración Central, a la gobernación como a la Junta de Control Fiscal exige ampliar el financiamiento de nuestra institución como lo que es, una necesidad urgente del sistema universitario.
Sobre la continuidad académica, se ha planteado que las clases continúan en línea queriendo ignorar e invalidar el descontento de todos los sectores de la comunidad universitaria, así como el reclamo de diálogo y negociación. La UPR no es solo un salón virtual, es la producción más grande de investigación del país, laboratorios, práctica profesional, servicios estudiantiles, comunitarios y espacio de formación integral. Presentar la educación en línea como una solución, minimiza el impacto real de la crisis e ignora la razón por la cual hoy los once (11) recintos que componemos el sistema universitario paralizamos nuestras labores, alzamos la voz y nos encontramos en lucha.
Hemos reiterado que nuestros reclamos no se limitan a una figura administrativa, nuestros reclamos responden a una crisis estructural que incluye recortes presupuestarios, limitaciones en el acceso, deterioro de servicios y preocupaciones sobre la gobernanza universitaria. Han querido promover interpretaciones que reducen la situación a un conflicto aislado, caprichoso o ideológico, y eso es absolutamente falso, salvo que cuando hablemos de ideología estemos hablando de la idea de que la oportunidad de obtener una educación pública universitaria y de calidad debe estar disponible para las grandes mayorías de nuestro país.
Atender esta situación requiere voluntad para enfrentar las causas estructurales de la crisis y tomar decisiones que fortalezcan la universidad pública. Requiere acciones que reflejen el compromiso con la comunidad que se pretende representar y ayudar.
Con este comunicado volvemos a hacer un llamado a la administración universitaria, a la gobernadora y la Junta de Control Fiscal a sentarse con nuestro Comité de Negociación y Portavocía, constituido en pleno y ratificado por el Consejo General de estudiantes de nuestro Recinto para presentarles las preocupaciones de nuestra comunidad.
Reconocemos a la UPR como el pilar más importante de desarrollo económico, social y cultural de Puerto Rico. Su defensa es un asunto es un asunto que le toca a todo el país. Nuestro estudiantado quiere estudiar en una Universidad accesible, con condiciones de salubridad y con financiamiento robusto. Cualquier persona que crea en el proyecto de nuestra universidad entiende que no luchar por la UPR es condenar a nuestra institución a no tener futuro.
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