A muchas personas les sorprendió el mensaje televisado de la gobernadora Jennifer González anunciando dos pleitos para anular el contrato con LUMA. Después de más de cuatro años de una administración desastrosa del sistema de transmisión y distribución eléctrica, parecería que los días de la odiada privatizadora finalmente están contados.
Los más incautos habrán de señalar que esto es evidencia de que la gobernadora cumple sus promesas de campaña. A fin de cuentas, la promesa de cancelar el contrato de LUMA fue un factor decisivo al momento de ganarle la contienda primarista al exgobernador Pierluisi, e incluso en su triunfo electoral del año pasado.
Otros, con razón, sospechan que todo esto podría ser una cortina de humo; que la gobernadora se limitará a simular confrontación mientras la Junta de Control Fiscal y los intereses privados maniobran tras bastidores para preservar el negocio.
Pero en medio de los aplausos, las dudas y las teorías conspirativas, sigue en pie la única pregunta realmente importante: ¿Qué se resuelve con la anulación del contrato de LUMA?
La gobernadora no lo oculta: su plan es reemplazar a LUMA por otro operador privado. Es el mismo libreto de siempre. Se nos intenta vender la idea de que un operador privado “malo” puede ser sustituido por otro operador privado “bueno”. Pero eso es una fantasía conveniente para quienes se lucran de la privatización, no una solución real para un pueblo que sufre apagón tras apagón.
Porque, aunque duela admitirlo, LUMA no ha sido ineficiente. Ha sido muy eficiente en lo que verdaderamente le interesa a una empresa capitalista: exprimir hasta el último centavo en ganancias para sus accionistas. Esa ha sido su misión, no mejorar el servicio eléctrico del país. Por eso no han contratado el personal suficiente: menos empleados significa más dinero para sus matrices. Por eso no han mantenido el sistema de desganche: cada árbol sin recortar es un dólar ahorrado para ellos, aunque represente un apagón más para nosotros.
¿Y qué decir de los contratos entre LUMA y sus dos empresas matrices, Quanta Services y ATCO? En cualquier otro país eso sería escándalo de corrupción. Aquí lo llaman “acuerdos corporativos”. La autocontratación no es accidente; es el negocio.
Lo mismo ocurre con los 16 aumentos tarifarios aprobados en solo cuatro años. Cada “ajuste” y cada aumento ha sido otra manera de garantizarle a LUMA un flujo constante de ganancias a costa de los bolsillos del pueblo trabajador.
Y, sin embargo, nos quieren convencer de que el problema es LUMA… y que la solución es otra LUMA con otro nombre. Pero el problema no es la marca; es el modelo. Una empresa privada existe para lo que fue creada: hacer dinero, no brindar un servicio esencial. Pretender lo contrario es vivir en negación.
Lo más indignante es que ya hemos pasado por esto. Puerto Rico vivió este mismo desastre con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. En 1995, el gobernador Pedro Rosselló entregó la administración de la AAA a la Compañía de Aguas. Fue un fracaso monumental. La gobernadora Sila Calderón tuvo que cancelar el contrato en 2002 por los gastos excesivos del privatizador, su ineficiencia y falta de transparencia. ¿Y qué hizo? En vez de recuperar el sistema para el pueblo, ¡entregó el servicio a otro operador privado! ONDEO duró menos de dos años antes de que el gobierno tuviera que rescindirle el contrato por las mismas razones.
Ahora, veinte años después, el gobierno repite el mismo libreto, como si no hubiésemos aprendido nada.
No hace falta ser un experto para entenderlo: poner en manos privadas el monopolio de un servicio esencial es garantizar el desastre. Los contratos con operadores privados no pueden funcionar cuando el objetivo fundamental del contratista es maximizar sus ganancias y el objetivo del país es un servicio confiable. Esos dos fines chocan de frente, y siempre pierde el pueblo trabajador. Y lo vemos a diario: pequeños negocios cerrando, operaciones médicas pospuestas, alimentos dañados y vidas interrumpidas por la fragilidad del sistema eléctrico.
La anulación del contrato de LUMA es un paso importante hacia adelante, pues saca del medio a dicha empresa capitalista. Pero contratar otra empresa capitalista para hacer lo mismo sería un paso hacia atrás y no puede constituir la solución. Sacar a LUMA para poner a otra privatizadora es cambiar de verdugo, no de sistema.
Solo un modelo público —orientado a proveer servicios en vez de buscar el lucro— podrá ofrecer una solución a nuestros problemas. Pero tampoco debemos regresar al viejo modelo padrinazgo político de la Autoridad de Energía Eléctrica, que tuvo la dudosa distinción de llevar a la quiebra el monopolio estatal de un servicio público esencial.
Puerto Rico no necesita otro operador privado. No necesita otro contrato retocado con lenguaje más “fuerte”. Lo que necesitamos es recuperar el sistema eléctrico para el pueblo, bajo una corporación pública democrática, transparente, dirigida por trabajadores y consumidores, y orientada al servicio público, no al lucro.
Todo lo demás —todo— es repetir el mismo error esperando resultados diferentes. Y como todos sabemos, esa es la definición de la locura.
