Tomamos a préstamo el concepto de por diseño de las disciplinas creativas para tratar de explicar el comportamiento errático o desacertado que nos proponen los funcionarios gubernamentales al ofrecer sus soluciones para los problemas que enfrentan en su gestión administrativa. En la acepción con la que utilizamos el concepto también nos vemos precisados a llevar el análisis de sus propuestas como un diseño deliberado, toda vez que las soluciones propuestas se hacen coincidir siempre con los intereses del capital que impulsan las medidas neoliberales que agobian a la clase trabajadora y al pueblo en general.
Trataremos de ilustrar con algunos ejemplos esas decisiones por diseño deliberado que van dando lugar a la total desarticulación de un gobierno electo que no responde a sus constituyentes y actúa en beneficio exclusivo del sector que controla la economía.
El primero que viene a nuestra mente es el secretario del Trabajo. Ante el incremento del volumen de solicitudes que ha experimentado la división que atiende los reclamos por desempleo en medio de la pandemia, los dos funcionarios que han ocupado el puesto durante la misma han articulado una campaña de descrédito de su personal, han limitado significativamente el radio de acción de la totalidad de sus empleados y han buscado las mil maneras de hostigarlos, llegando al extremo de violentar su Convenio Colectivo para cambiar arbitrariamente su horario de trabajo. Todas estas medidas van contra la lógica más elemental de sana administración de los Recursos Humanos en un momento crítico. La intención es una, inhabilitar al personal para traer una empresa privada para que haga la tarea.
Veamos otro ejemplo. La transportación de los residentes de las Islas de Vieques y Culebra a la Isla Grande y el regreso en un horario regular y razonable no es un problema tan difícil de atender. Por más de un siglo las lanchas de la ruta Cataño a San Juan han funcionado con un mínimo de dificultades. La acción desarrollada por los directores de la Autoridad de Transporte Marítimo no fue examinar lo que daba resultados en la transportación de San Juan a Cataño. Ellos acusaron al personal de sabotaje, abandonaron el programa de mantenimiento de las embarcaciones, alegaron insuficiencia de fondos para comprar nuevas embarcaciones que renovaran paulatinamente la flota. Finalmente, han organizado una Alianza Público Privada, que no aporta nada y ganará sumas multimillonarias, y el problema continua empeorando.
El Aeropuerto Luis Muñoz Marín es un clásico de la ineptitud deliberada que denunciamos. Allí se nos dijo que no podíamos arreglar los inodoros, mapear los pisos y hacer que las correas de las maletas funcionaran. Todos conocemos la historia. Una Alianza Público Privada que se llevará las ganancias que produce nuestro principal puerto de entrada de pasajeros, un lugar donde el ingreso de un día de trabajo es el costo del estacionamiento por tres horas y donde no ha habido un cambio físico apreciable en su estructura y funcionamiento. De hecho, los que hoy barren, mapean, y mantienen las correas para el recogido de maletas, siguen siendo las mismas personas que antes cumplían esas labores.
Centro Médico y el complejo de hospitales allí localizados que todavía pertenecen al gobierno es un proyecto de la ineptitud deliberada en desarrollo. Allí se alega que no se recupera todo lo que se factura por ineptitud de los empleados, que no hay todos los materiales necesarios porque las asignaciones no alcanzan, que falta compromiso en los empleados de la salud que allí laboran. La misma campaña que en todos los lugares anteriores para poner en manos privadas el principal centro de Medicina Supraterciaria del país. Aquí el método se ha modificado entrando la privatización paulatinamente por áreas: guardia de seguridad, servicio de aires acondicionados, personal clerical, mantenimiento, facturación y cobros, así como los per diem en enfermería son modelos alternos a la privatización total. ASEM y los Hospitales UDH y Pediátrico constituyen la punta de lanza de la privatización de Centro Médico.
La ineptitud deliberada alcanza su nivel máximo de expresión con el contrato suscrito, mediante el mecanismo de la Alianza Público Privada, entre LUMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica. Se habló del monopolio de estado, de la vagancia de los empleados, del abandono del mantenimiento de las Plantas Generatrices y la Red de Distribución, del mal servicio de las Oficinas Comerciales, de la mala administración, de la politiquería, del robo en los contratos de la compra de petróleo y de una deuda impagable que hizo necesaria una declaración de quiebra. La solución, entregar la AEE a la empresa privada en un acuerdo en que no hay una sola, una, cláusula que favorezca al pueblo de Puerto Rico.
Podríamos continuar con otros ejemplos donde se repite la constante, desvalorización del recurso humano, la precariedad es inducida, se inhabilita la corporación, el departamento, o la agencia mediante acciones totalmente irracionales de sus directivos, y al final, la empresa privada obligada a venir al rescate con unas condiciones ventajosas que nunca antes estuvieron disponibles. ¿Es creíble que todos los funcionarios que han dirigido estas instrumentalidades gubernamentales hayan sido tan incapaces, tan permisivos, tan indolentes, tan poca cosa como profesionales, para no poder corregir las deficiencias con las que se justifica hoy la privatización de todo el aparato gubernamental? La mayoría de estos funcionarios son graduados de prestigiosas universidades, poseen experiencia en la rama que se les asigna, contratan asesores y expertos en la materia y tienen como recurso fundamental un personal que lleva años haciendo las tareas que corresponden. Nada, racionalmente, nos explica el por qué de la realidad que da lugar a la privatización. Solo una ineptitud deliberada la explica.
