Un grupo de candidatos y candidatas a la legislatura por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) reafirmó hoy que, de resultar electos el próximo 5 de noviembre, impulsarán medidas urgentes para rescatar los procesos de planificación y permisología de las garras de la corrupción y la incompetencia, y salvar así las posibilidades de que Puerto Rico logre un crecimiento económico sostenible, justo y equitativo.
En una conferencia de prensa celebrada el Día de Acción Contra el Cambio Climático, la candidata a Representante por Acumulación mediante nominación directa, Mariana Nogales Molinelli responsabilizó a las administraciones del PNP y del PPD por la destrucción y mal uso de terrenos de gran valor ecológico y agrícola, y advirtió que nos enfrentamos a un punto de no retorno que no podemos seguir ignorando.
“Nos están dejando sin País. Destruyeron las agencias públicas con despidos y recortes, privatizaron los servicios esenciales, desregularon el proceso de permisos y echaron a la basura el Plan de Uso de Terrenos, engavetaron las recomendaciones para lidiar con el cambio climático y ahora le están dando luz verde hasta con procedimiento expedito y privilegios contributivos a enclaves turísticos exclusivos y excluyentes en terrenos protegidos, así como a la siembra de placas solares en tierras de alto valor agrícola. Proyectos de residencias de $3 o $4 millones y fincas de placas solares que no le sirven a la gente que necesita vivienda, buenos empleos, seguridad alimentaria, un ambiente seguro, un sistema eléctrico confiable y, sí, también espacios naturales saludables y prístinos para la recreación, la educación y para tener algo realmente valioso que ofrecerle al visitante”, explicó Nogales Molinelli, quien destacó y describió varios de los proyectos que se están gestionando actualmente con la aprobación y promoción del gobierno y sin participación pública, tales como los megaproyectos Esencia en Cabo Rojo, Moncayo en Fajardo y Loopland en Roosevelt Roads, así como desarrollos residenciales para millonarios en Punta La Bandera en Luquillo y en Cerro Gordo en Vega Alta.
Al respecto, la candidata del MVC a la alcaldía de Guaynabo, Myrna Conty, expresó que “todos estos proyectos tienen en común que son muy perjudiciales a nuestro medioambiente porque generan cortes de árboles nativos, deforestan las cuencas de ríos, empeorando las inundaciones y afectando los acuíferos, reducen nuestra biodiversidad, abusan de las costas y limitan el acceso público a nuestras playas. Además, se aleja aún más la meta de soberanía alimentaria porque, en vez de incentivar la agricultura, permiten la siembra de cemento y placas solares en tierras cultivables. A esto se suma que, en muchos de estos lugares, la infraestructura ya está de por sí muy cargada, en particular lo que tiene que ver con el agua potable y los alcantarillados. En esa competencia, siempre son las comunidades vulnerables las que salen pagando los platos rotos”.
Por su parte, la candidata del MVC a representante por el distrito de Caguas, la doctora Maritza Maymí señaló la contradicción de darle prioridad y exenciones contributivas a proyectos planificados y valorados para extranjeros con alto poder adquisitivo mientras Puerto Rico sufre un gran problema de acceso a vivienda asequible. “Aquí estamos resaltando sólo 5 propuestas que entre ellas suman cientos de unidades de vivienda con costos que empiezan en $3 millones, en comunidades cerradas, con todas las amenidades que se puedan necesitar y supuestamente autosuficientes. Mientras tanto, miles de familias puertorriqueñas no tienen acceso a viviendas, a tierras para cultivar, a infraestructura decente, a servicios estables o a salarios dignos para poder costear sus necesidades básicas. Para colmo se les dan múltiples exenciones por las que, de entrada, queda claro, que no van a estar aportando nada positivo a nuestra economía”, añadió Maymí.
Nogales Molinelli concluyó reiterando que “nos estamos acercando a un punto en que no habrá vuelta atrás. Estos destructores llevan años allanando el camino para llevar a cabo sus proyectos sin agencias, leyes o reglamentos que se lo impidan. El momento para detenerlos es ahora, antes de que destruyan Boquerón, Punta La Bandera, Cerro Gordo y tantas otras áreas bajo amenaza. El Movimiento Victoria Ciudadana y decenas de organizaciones sociales y ambientales rechazamos estas políticas de destrucción, y hoy, conmemorando el Día de Acción Contra el Cambio Climático, nos comprometemos a legislar inmediatamente para ponerle fin a la construcción caótica y habilitar un sistema de planificación y permisología que sirva al futuro que queremos y merecemos”.
El grupo destacó detalles de una serie de proyectos, algunos de los cuales se vienen gestionando sin mucho éxito hace décadas pero que, durante los pasados meses, han avanzado a una velocidad sin precedentes, ya que se les ha dado el visto bueno gubernamental sin la celebración de vistas públicas, sin considerar estudios técnicos o ser evaluados a la luz del Plan de Uso de Terrenos y sin que haya transparencia sobre negociaciones relacionadas a cambios en la calificación de terrenos, venta de terrenos públicos y concesión de privilegios contributivos, entre otros. Mencionaron los siguientes:
- Esencia, Cabo Rojo – Megaproyecto que ocupará alrededor de 2,000 cuerdas, muchas de terrenos agrícolas, de alto valor ecológico y arqueológico, junto a la bahía de Boquerón, de las cuales ya han adquirido privadamente alrededor de 1,549. Incluirá cuatro hoteles con 530 habitaciones, 1,132 residencias turísticas, una escuela con 500 unidades de vivienda, 2 centros de actividades, áreas comerciales, de entretenimiento y de servicios médicos, y dos campos de golf. El gobierno lo certificó como proyecto prioritario, por lo que se está tramitando mediante un proceso de permisos expedito y en el que no ha habido participación pública. Disfrutará de exenciones contributivas concedidas por la Compañía de Turismo. Entre las consecuencias negativas previstas están la privatización de la costa, mayor competencia por el agua ya escasa en la zona, el desplazamiento por gentrificación de comunidades vecinas y la amenaza a 24 yacimientos arqueológicos.
- Roosevelt Roads, Ceiba – Dos megaproyectos residenciales y turísticos en terrenos que pertenecían a la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads que fueron vendidos a corporaciones privadas en transacciones que están ante la consideración de la Junta de Control Fiscal y que fueron posibles sin la aprobación de la legislatura tras la firma de la Ley 135-2023. Uno de los proyectos incluye un hotel de 50 habitaciones, 302 residencias con precios que comienzan en $7 millones y 1 campo de golf. Un segundo proyecto incluye 583 unidades residenciales, un hotel de 120 habitaciones, un campo de golf, un centro médico, instalaciones deportivas y espacios comerciales. Estos planes no toman en cuenta las necesidades de la población de Ceiba, 42% de la cual vive bajo el nivel de pobreza y que enfrenta una tasa de desempleo de 38%. Se pretenden construir más enclaves excluyentes para ricos en un espacio que era propiedad pública y donde debería darse prioridad a la oferta de educación vocacional y universitaria, centros de innovación y servicios médicos.
- Moncayo, Fajardo – Megaproyecto de lujo que abarcará 831 cuerdas. Incluye 218 cuartos de hotel, 812 unidades de vivienda que comienzan en $3 millones, centros de actividades, restaurantes y áreas comerciales, canchas de tenis, un campo de golf y un sistema de cogeneración eléctrica y térmica con gas metano. Es un proyecto que fracasó a finales del 1998 y en el que el gobierno de Puerto Rico perdió mucho dinero. El proceso de permisos actual está basado en la Declaración de Impacto Ambiental de 1991 y en una Consulta de Ubicación de 1994 por la cual terrenos originalmente clasificados como agrícolas y bosques interiores y de mangle, ahora son urbanizables. El proyecto está respaldado y facilitado por el gobierno a través de decretos contributivos otorgados bajo el capítulo de Economía del Visitante de la Ley 60. Entre los potenciales efectos negativos están el desplazamiento de las comunidades vecinas, la pérdida de terrenos agrícolas y la amenaza al yacimiento arqueológico en Punta Barracas.
- Palma Nido, Vega Alta – Ocupará 64 cuerdas entre el bosque costero del Balneario de Cerro Gordo y los terrenos del antiguo hotel Cerromar, en Dorado. Propone 48 mansiones de al menos cinco habitaciones comenzando en $5.5 millones y un club de playa que ofrece vistas “paradisíacas”, según su promoción para extranjeros que quieran establecerse en Puerto Rico. Se vendió a inversionistas como un proyecto con alto margen de ganancias y múltiples privilegios contributivos.
- Azure (Punta La Bandera), Luquillo – Ocupará 19 cuerdas de terrenos que son mayormente bosque de mangle y humedal junto al balneario de Luquillo que actualmente actúa como una barrera natural contra la erosión y las inundaciones costeras en una de las áreas de Luquillo con mayor riesgo de inundaciones. Consta de 224 apartamentos en 6 edificios, casas club, piscina, terrazas y áreas recreativas. Según ha denunciado la organización comunitaria Protege Punta Bandera, el deslinde de la zona marítimo terrestre solicitado para este proyecto fue certificado por el DRNA sin que se hubiese notificado a los vecinos colindantes, razón por la cual se dejó sin efecto luego de su impugnación. Sin embargo, el deslinde tiene otras irregularidades ya que se concedió al proyectista una franja de terreno que pertenece al Estado por ser parte de la zona marítimo terrestre. Se ha señalado que Jenniffer González intervino a favor del desarrollador Alfonso Valdés García ante el Cuerpo de Ingenieros para solicitar que se agilizara el trámite de una determinación sobre la presencia de humedales en el terreno bajo premisas falsas, y que el hijo de Valdés García, Alfonso Valdés Acevedo, donó $2,000 a la campaña de Jenniffer González tres días antes de que se certificara el deslinde.
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