La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) comenzó a negociar su primer convenio colectivo en marzo 2024 luego de una extraordinaria victoria a favor de organizarnos como sindicato docente bajo la Ley 130. El lenguaje de este convenio surge luego de largos meses de investigación, acopio de certificaciones, evaluación del Reglamento General de la UPR, intensa revisión y comparación de convenios colectivos de otros sindicatos docentes, entre otros documentos. El producto de ese proceso fue discutido y aprobado por un grupo representativo de los recintos llamado Comité Proyecto de Convenio. Los artículos que componen este convenio constituyen un gran ejemplo de un trabajo que persigue hacerle justicia a los docentes desde la más rigurosa tradición académica: el diálogo y la negociación en la mesa.
Desde el comienzo del proceso de negociación, la gerencia ha utilizado subterfugios para rechazar nuestras propuestas en los artículos presentados. Anteriormente hemos compartido con ustedes la lentitud con la que la gerencia responde a nuestras propuestas, incumpliendo con los acuerdos establecidos para regir el proceso de negociación. Una de las tácticas utilizadas más frecuentemente es la de devolver nuestras propuestas de varias páginas completamente tachadas sin mayor comentario. Al cuestionarles sobre el por qué lo tachan todo en vez de presentar contrapropuestas, la respuesta es “este asunto se atiende conforme con el ordenamiento legal vigente.”
Si el ordenamiento legal fuera suficiente no estaríamos aquí negociando estos asuntos.
En esta pasada reunión se les fue la mano y enfrentaron una asertiva respuesta de la Presidencia de la APPU a esos respectos.
Bueno colegas, el ordenamiento legal fue tomado en cuenta al redactar nuestro convenio y atiende asuntos que ocurren bajo el ordenamiento legal y que no deberían ocurrir. Además, nos tachan asuntos que ya están en el ordenamiento legal, da la impresión de que no están leyendo ni analizando lo que estamos presentando. Entendemos que es una falta de respeto el descartar estas propuestas con una actitud de porque sí y punto.
Como si ese subterfugio no fuera suficiente, otra de las frecuentes frases de la boca del Lcdo. Juan Casellas, portavoz de la Gerencia de la UPR, es decirnos que si no nos gusta algún asunto laboral que podemos litigarlo en corte. Nos preguntamos si realmente ¿esa es la posición de la Administración de la UPR? Prefieren dirigir el presupuesto del país a pagarle a bufetes de abogados en vez de a mejorar las condiciones de empleo de sus empleados a través del diálogo en la mesa de negociación. ¡Qué vergüenza!
La negociación colectiva beneficia a la UPR económicamente, precisamente porque los asuntos se resuelven en la mesa de negociación sin tener que ir a tribunales. Pero la intención del Lcdo. Casellas, (que es el portavoz del comité gerencial sin ser parte de la UPR), parece ser distinta. En su accionar hay un serio conflicto de interés. Su actitud de no querer negociar puede terminar siendo muy lucrativa para su bufete y costarle tiempo y dinero a la UPR.
Pese a estos subterfugios hemos logrado avances en estas negociaciones. Defenderemos nuestros reclamos porque son justos. En agosto volveremos a la mesa de negociación fortalecidos con el apoyo de la docencia de la UPR. Estén pendientes a nuestras convocatorias. Toda la docencia es parte de esta negociación y estamos listos para defenderla.
