La Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), durante 10 años, ha sido consistente en presentar a los candidatos a la gobernación, las propuestas de justicia social para los trabajadores y el pueblo. Estas propuestas serán entregadas a cada candidato (a) a la gobernación. Esto debe ser complementado con las propuestas y reclamos más específicos que cada organización sindical debe presentar.
Llevar a cabo esta acción sindical nos permitirá fiscalizar si nuestras propuestas han sido incluidas o descartadas de los programas de gobierno de los diversos partidos políticos. Además, sirve de marco de referencia para que los trabajadores y trabajadoras evalúen las expresiones y compromisos de los candidatos a la gobernación y de los candidatos a la legislatura de Puerto Rico.
Sabemos que en una campaña, generalmente, los políticos hacen promesas y luego no las cumplen. Por eso es fundamental evaluar la trayectoria de los candidatos y candidatas. ¿Han tomado acción ante reclamos de justicia salarial y retiro digno? ¿Han ampliado o reducido los derechos y beneficios sociales de los trabajadores? ¿Han defendido a los trabajadores y al pueblo ante las medidas de austeridad, recortes, aumentos en tarifa de servicios esenciales y eliminación de derechos laborales que impone la Junta de Control Fiscal?¿Son creyentes de que hay que privatizar servicios esenciales, lo que aumenta el costo de vida? Éstas y otras preguntas son necesarias para que el derecho al voto lo ejerzamos eligiendo candidatos (as) que viabilicen un mejor país con justicia social, desarrollo económico y erradicando la corrupción.
Contexto Actual:
La legislación y las medidas que han impuesto las administraciones gubernamentales del bipartidismo se han caracterizado por la política neoliberal de reducir o eliminar derechos laborales en el sector público (128,000 trabajadores) y en el sector privado (700,000 trabajadores), destruir los sistemas de pensiones de los empleados públicos, reducir los servicios esenciales al pueblo y privatizar los servicios que aumentan el costo de vida de todos los habitantes de Puerto Rico.
La Junta de Control Fiscal ha impuesto una dictadura colonial que da continuidad amplía a la implantación de las medidas neoliberales mediante planes fiscales y planes de ajuste de deuda. El resultado de estas medidas ha sido mayor pobreza, mayor emigración, mayor desigualdad, mayor dependencia y ausencia de un plan de desarrollo económico.
Este año electoral representa una gran oportunidad para que el pueblo y los trabajadores retomemos una ruta de verdadera justicia social y laboral. En este contexto presentamos las propuestas que viabilicen esta oportunidad histórica.
I. Administración Pública:
El gobierno, como institución social, no puede estar divorciado de los trabajadores y el pueblo. Tampoco debe delegar su responsabilidad social y constitucional en la esfera privada. Además, necesitamos un gobierno que no de paso a la corrupción, a la malversación de fondos públicos y a la politización de nombramientos y servicios.
1- Hay que agilizar los servicios al ciudadano mediante la descentralización, sin desmantelar agencias y corporaciones públicas. La descentralización de servicios consistirá en ofrecer los servicios en las áreas más cercanas a la ciudadanía. Esto requiere de discusión con los sindicatos.
2- Es urgente restablecer el sistema de mérito en los nombramientos y eliminar los puestos de confianza que se han multiplicado con la clasificación de “ayudantes”.
3- Honrar el derecho pleno de los trabajadores del sector público y privado a la sindicalización y la negociación colectiva que fortalece la participación, productividad y retención en el empleo.
4- Que la oficina del contralor tenga autonomía para procesar criminalmente al personal corrupto del gobierno.
5- Los contratos con empresas privadas, para realizar servicios que no proveen los empleados públicos de municipios, agencias y corporaciones públicas, deben ser transparentes y públicos, producto de un proceso abierto de licitación o subasta.
II. Derechos Laborales:
Para la productividad y la justicia salarial de los trabajadores hay que rescatar los derechos laborales, como la negociación colectiva, trastocados en los últimos 15 años.
1- Derogar la legislación que ha reducido o eliminado derechos de los trabajadores, tales como: negociación colectiva, aportación patronal a planes de salud, justicia salarial, retiro digno, entre otros. Las leyes de referencia son: Ley 66 de 2014; Ley 3 de 2017; Ley 4 de 2017; Ley 8 de 2017; Ley 26 de 2017.
2- Aumentar el salario mínimo a $15.00 /hora que permita vivir sobre el nivel de pobreza. Esto implica que, al aumentar el salario mínimo, los demás empleados tendrán un aumento proporcional, reconociendo la antigüedad, conforme a su correspondiente escala salarial. Este salario se ajustará conforme el costo de vida.
3- Descontinuar o cancelar la subcontratación o privatización de servicios esenciales que ofrecen los empleados públicos.
4- Todo Plan de Clasificación y Retribución debe ser negociado con el representante sindical y que incluya a todos los trabajadores que pertenecen a la unidad apropiada.
5- Derogar la Ley 4 de 2017, “Reforma Laboral” para dar paso a una legislación laboral que restablezca derecho como: días de licencia de vacaciones y de enfermedad, obtener permanencia al cabo de 3 meses, bono de navidad al acumular 750 horas trabajadas, entre otros.
6- Legislar para viabilizar la organización sindical de empleados municipales, judiciales y legislativos.
7- Realizar el análisis legal y fiscal para revertir la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica.
8- Detener cualquier modalidad de privatización de servicios esenciales que ofrecen agencias y corporaciones públicas.
9- Los salarios y pensiones de los trabajadores se ajustarán periódicamente conforme a la tasa de inflación.
10- Establecer un sistema único de pensiones que integre a empleados del sector público y de la empresa privada.
11- Restablecer el pago doble por horas extras trabajadas.
12- Reconocer el derecho de las personas que trabajan a tiempo parcial para acumular licencia de vacaciones y de enfermedad.
13- Garantizar una licencia por vacaciones mínima de 30 días laborables al año y una licencia por enfermedad de 18 días laborables al año, para trabajadores del gobierno y la empresa privada.
14- Implantar la jornada semanal de 32 horas sin reducción salarial (excluyendo al magisterio).
15- Garantizar a los trabajadores lugares de trabajo respetuosos, seguros, accesibles, sin discrimen, libres de acoso y violencia.
16- Aprobar la ley que prohíba la privatización de escuelas públicas y de los servicios que ofrecen las corporaciones públicas del gobierno de Puerto Rico.
17- Establecer mediante acuerdo con los sindicatos los procesos a crearse de teletrabajo y participar activamente en la elaboración de los reglamentos correspondientes. En este contexto, es fundamental proveer, sin costo alguno para el trabajador, los adiestramientos y equipos necesarios para el trabajo de forma remota.
18- Crear una sala especializada en los tribunales para atender las apelaciones de los casos laborales. Las leyes que rigen las relaciones obrero-patronales son diversas. Por lo tanto, es necesario garantizar transparencia, competencia, agilidad y justicia en la determinación de los casos de trabajadores del sector público y privado.
19- Aprobar legislación para crear la licencia de días pagados a empleados por emergencias naturales o de pandemia. Esto es otra medida de justicia social que protege al empleado que, por su experiencia, garantiza servicio de excelencia y productividad.
20- El proceso de diálogo y atención a los reclamos y propuestas de los trabajadores requiere de una oficina permanente en la Fortaleza como lo sería la Oficina de Asuntos Laborales. Dicha oficina puede ser un ente complementario a iniciativas de legislación laboral y propuestas de desarrollo.
21- Constituir el Comité Trisectorial como mesa de diálogo social del sector sindical, empresarial y gubernamental para elaborar la visión y estrategias de desarrollo económico, transformación gubernamental e impulsar proyectos para la creación de más empleos y mejores condiciones para los trabajadores.
III. Retiro Digno:
Luego de 30, 35 y 40 años de servicio hay que garantizar el derecho a un retiro digno que implica recibir una pensión suficiente para atender las necesidades básicas de las personas jubiladas.
1- Establecer que el mínimo de la pensión de los jubilados será un 50% de su salario. Esto debe servir de modelo a la empresa privada que debe tener un compromiso social con sus empleados.
2- Retomar la Ley para un Retiro Digno que establece un Fideicomiso con autonomía y amplia participación de trabajadores y pensionados y los mecanismos de financiamiento.
3- Restablecer la aportación a plan de salud de $100.00/mes a todos los jubilados.
4- Implantar de forma anual el ajuste a la pensión conforme al costo de vida, a la inflación.
5- Legislar para que la empresa privada haga una aportación patronal a los planes de retiro y los planes médicos de los empleados nuevos.
IV. Salud:
La crisis en los servicios de salud manifestada con quiebras de hospitales, reducción de personal de salud, control de las aseguradoras, entre otras, requiere de nuevas medidas que garantice servicios de calidad a toda la población.
1- Implantar un seguro de salud universal que garantice a los trabajadores y trabajadoras, activos, pensionados y desempleados, una cobertura médica que garantice el derecho a la salud de todos (as).
2- Ampliar la cubierta del Plan Vital para que incluya a pensionados y trabajadores con una pensión o salario mensual menor de $4,000.
3- Acceso de medicamentos para toda la población.
4- Garantizar que los planes médicos cubran gastos de cannabis medicinal.
5- Fortalecer al Fondo del Seguro del Estado para mejorar los beneficios que reciben los trabajadores lesionados.
V. Educación:
La herramienta principal de un país para su desarrollo social, cultural y económico es la educación. Se requiere de una verdadera reforma educativa que impulse el país que queremos y necesitamos.
1- Revalorizar la educación pública con plena participación del magisterio en un verdadero proceso de reforma educativa que defina la filosofía educativa que requiere Puerto Rico.
2- Vincular la filosofía educativa a las revisiones curriculares que propendan al mundo del trabajo.
3- Crear en cada distrito senatorial escuelas especializadas en: deportes, música, teatro, agricultura, ciencias y matemáticas.
4- Impulsar una descentralización en la cual cada escuela tenga autonomía fiscal, administrativa y docente, sin necesidad de las estructuras administrativas (regionales o distritales).
5- Cada escuela tenga las herramientas tecnológicas para complementar el proceso educativo.
6- Garantizar a todos los estudiantes la accesibilidad de educación a distancia.
7- Derogar toda legislación que promueva las escuelas chárter y los vales educativos.
8- Impulsar que todas las escuelas, luego del horario del servicio educativo, se conviertan en centros comunitarios para organizaciones y/o actividades comunitarias, deportivas y culturales. Tomar en cuenta las escuelas cerradas.
9- Llevar el salario básico del maestro a $4,000/ mensual.
10- Establecer un tope de matrícula por grupo en la cual el máximo sean 15 estudiantes.
11- Legislar para garantizar a empleados del sector privado una licencia de 2 días al año para acudir a las escuelas de sus hijos (as) a recibir notas de sus hijos y dialogar con sus maestros. El Departamento de Educación debe flexibilizar los espacios de tiempo para que familiares de estudiantes visiten las escuelas.
12- Restituir la fórmula de presupuesto de la UPR del 9.6% del Fondo General.
13- Establecer, con la participación de la comunidad universitaria, una Reforma Universitaria, que proteja la autonomía y democratización de la UPR.
VI. Junta de Control Fiscal:
La JCF ha sido la dictadura colonial que más ha acentuado la pobreza y la emigración en Puerto Rico.
1- Impulsar medidas y acciones en el Congreso de EU dirigidas a enmendar o derogar la Ley PROMESA y adelantar la salida de la Junta de Control Fiscal.
2- Elevar a rango constitucional la definición e identificación de los servicios esenciales y anteponerlos al pago de la deuda.
3- Llevar a cabo la auditoria de la deuda e identificar la deuda ilegal.
4- Proteger al pueblo de las medidas neoliberales que impone la Junta de Control Fiscal.
VII. Relaciones de Puerto Rico con Estados Unidos:
La relación colonial de Puerto Rico con EE.UU. ha impedido nuestro desarrollo económico y la autonomía fiscal.
1- Impulsar la Asamblea Constitucional de Estatus como un instrumento para deliberar, negociar y resolver las relaciones políticas entre Puerto Rico y los Estados Unidos con fórmulas no coloniales y no territoriales. Mediante un consenso procesal, que trascienda el tribalismo partidista, hay que impulsar la interdependencia entre países a partir de un proyecto nacional producto del ejercicio de nuestra soberanía.
Foto de portada: Emilio Nieves Torres, Presidente de la CPT
