El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas aprobó una Resolución presentada por la República Bolivariana de Venezuela la cual contó con 38 votos a favor, 15 votos en contra y dos abstenciones. En ella se condena el impacto negativo de las acciones arbitrarias, unilaterales, ilegales y violatorias de los derechos humanos; y de las sanciones económicas impuestas por el gobierno de los Estados Unidos sobre el hermano país. Estas medidas se traducen en un bloqueo económico, comercial y financiero afectando los derechos humanos del pueblo venezolano.
A juicio del Canciller venezolano Jorge Arreaza, aquellos países que votaron en contra de la Resolución deberían perder sus asientos en el seno del organismo internacional. Sorprende por demás que entre los dos países abstenidos en la votación figure México.
De acuerdo con la página electrónica de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos “es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo.”El organismo se reúne en Ginebra y atiende “cuestiones temáticas relativas a los derechos humanos y situaciones que requieren su atención durante todo el año”.
No es la primera vez que el organismo internacional se expresa en torno a la situación en Venezuela, aunque ciertamente no siempre ha sido bajo la misma perspectiva. Por ejemplo, el 27 de septiembre de 2018, el Consejo de Derechos Humanos instó al gobierno venezolano, en el marco de la campaña internacional contra el gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro, a que su gobierno abriera sus puertas a la asistencia humanitaria para atender la “escasez de alimentos y medicamentos”,el “aumento en la malnutrición” y el “brote de enfermedades que habían quedado erradicadas o bajo control en América del Sur.” Aquella Resolución se aprobó con el voto en favor de 23 Estados, 7 en contra y 17 abstenciones. Los países promotores de la Resolución fueron Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, la República Cooperativa de Guyana, Honduras, Estados Unidos de México, Paraguay y Perú, todos ellos con fuertes lazos económicos con los Estados Unidos. Igualmente, el 27 de septiembre de 2019 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la creación de una Misión Internacional Independiente por un período de un año para evaluar alegadas violaciones de derechos humanos en Venezuela desde el año 2014.
El gobierno venezolano catalogó la creación de esta Misión Internacional Independiente como una maniobra dirigida a fomentar las condiciones que justificaran nuevas agresiones hacia Venezuela, mientras en embajador de Venezuela ante la ONU denunció que esta Misión Internacional estaba financiada precisamente por aquellos países que forman parte del Grupo de Lima, que no reconocen al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro Moros. Entonces, el gobierno venezolano señaló que no reconocía las maniobras de gobiernos injerencistas como los del Grupo de Lima, mientras su Canciller Arreaza señalaba que su gobierno “se opondrá a cualquier modalidad de intervención en sus asuntos internos, bajo pretexto de una cínica preocupación por los derechos humanos en el país, mucho más si pretenden hacerlo mediante la infame Misión Dependiente de intereses inconfesables, que ya ha demostrado con creces su posición política sesgada y parcializada, como también su pretensión de sentar las bases para una intervención contra el pueblo de Venezuela.”
En el año 2020, sin embargo, el organismo aprobó dos resoluciones en torno a Venezuela, una promovida por el denominado Grupo de Lima, opositor al gobierno del presidente Nicolás Maduro, donde, se intensifica la política de este grupo de países en medidas injerencistas contra Venezuela; mientras en la otra, promovida por la República Islámica de Irán, la República Árabe Siria, Turquía y Venezuela, se acordó promover la cooperación y asistencia técnica en torno a los Derechos Humanos. La Resolución promovida por el Grupo de Lima se aprobó con 22 votos a favor, 22 abstenciones y tres países en contra. La otra Resolución fue aprobada con 14 Estados a favor, 7 en contra y 26 abstenciones. De acuerdo con el Canciller venezolano, esta segunda Resolución se aprobó a pesar de las enormes presiones ejercidas por los Estados Unidos para que se votara en contra.
El 14 de septiembre de 2020 la delegación de la República Islámica de Irán presentó ante el Consejo de Derechos Humanos otra Resolución, la cual fue aprobada con 14 votos a favor, 7 en contra y 26 abstenciones, en la cual se solicita de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelt, continúe prestando cooperación técnica y apoyo para que Venezuela cumpla sus obligaciones y compromisos. En ella, exhorta a la República Bolivariana de Venezuela a tomar nota de los informes más recientes de la Alta Comisionada y la aplicación de las medidas allí recomendadas; el establecimiento en Venezuela de una oficina de la Alta Comisionada así como el acceso de esta a los centros de detención en el país y el fortalecimiento del sistema judicial; exhorta a las autoridades venezolanas a la cooperación con dicha oficina; alienta un calendario de visitas al país en dos años; reconoce los esfuerzos de Venezuela dirigidos al cumplimiento con las recomendaciones del Informe de la Alta Comisionada; reconoce la existencia del Plan de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidad para la República Bolivariana de Venezuela de agosto de 2019; reconoce los progresos realizados, retos y dificultades “que siguen obstaculizando la realización de los derechos humanos” en Venezuela; toma nota del llamado de la Alta Comisionada a que se levanten las sanciones económicas y que los Estados se “abstengan de promulgar y aplicar unilateralmente medidas económicas, financieras o comerciales que no sean compatibles con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas”; que el gobierno de Venezuela “adopte medidas que garanticen el pleno disfrute de los derechos sociales y económicos”; las garantías de un espacio democrático y cívico donde se protejan derechos civiles y políticos; la rendición de cuentas para los violadores de los derechos humanos y justicia para sus víctimas; y la promoción del diálogo interno con los sectores de la oposición.
Como indicamos al comienzo, 23 de marzo de 2021 se aprobó una nueva Resolución donde se manifiesta de manera clara e inequívoca la condena a las medidas de bloqueo económico, financiero y comercial promovido por los Estados Unidos contra Venezuela. Tales medidas vienen implantándose de manera abierta desde antes del año 2015. Sin embargo, a partir de 2015 la hostilidad de los Estados Unidos hacia Venezuela bajo la Administración Trump incrementó mucho más allá de lo que había llegado durante los dos mandatos del presidente Barack Obama. Estas medidas se evidencian en las áreas de la educación, la salud y alimentación; pero también en medidas de naturaleza económica que se manifiestan en la confiscación de decenas de miles de millones de dólares en depósitos bancarios, reservas de oro, confiscación de empresas y congelamiento de activos venezolanos a escala global.
Tampoco es la primera vez que Estados Unidos procede de esta manera. Así lo ha venido haciendo con medidas confiscatorias y de bloqueo económico por más de seis décadas contra el gobierno y el pueblo cubano. Sin embargo, en el contexto actual, en el caso de Venezuela, destacan algunos elementos que vale la pena destacar según renglones específicos:
(a) Insumos médicos ante la emergencia de la COVID-19: El 7 de septiembre de 2017 el presidente Nicolás Maduro Moros denunció ante la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela la congelación de un cargamento de más 300 mil dosis de insulina en un puerto internacional; el sabotaje a una transacción en 4,851,252 euros destinado a la atención de 26 pacientes en Italia en espera de trasplantes de médula ósea.
(b) Alimentos: La afectación entre 2008 y 2019 de más de 6 millones de hectáreas de terreno cuya producción se redujo en 50% de los entre 24-30 millones toneladas de producción esperadas como consecuencia de insumos necesarios para su producción, ello como resultado de la confiscación de la empresa Monómeros en Colomibia.
(c) Educación, Deporte y Cultura: Limitaciones en la adquisición de libros, equipos y obras bibliográficas que se producían fuera de Venezuela; limitaciones a la importación de equipos e implementos deportivos y limitaciones al transporte de atletas a eventos deportivos;
(d) Combustible: Bloqueo naval, desencadenando crisis de abastecimientos; impedimentos para la adquisición de químicos, insumos y repuestos necesarios en la industria petrolera; incautación de la empresa CITGO Petroleum Corporation con sus activos por más de $5,200 millones, la sanciones a sus funcionarios; el bloque de activos de sus recursos financieros por más de $9 mil millones y la congelación de $121 mil millones pertenecientes al Banco Central de Venezuela bajo el pretexto de cumplir con las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros en los Estados Unidos. (OFAC). A lo anterior se suma la congelación por Portugal de $1,700 millones en una cuenta del Banco de Desarrollo Social de Venezuela; otros $34 mil millones con otra entidad en Bélgica; $1,700 millones por parte del Reino Unido; $38 millones en Alemania; y $342 millones por parte de CitiBank en Nueva York.
Los datos antes indicados nos permiten entender el hecho de que, solo en los renglones de incautaciones monetarias y de activos físicos, Venezuela ha sufrido la pérdida de $172,980 millones. Parte de las consecuencias que hoy vive el país con su astronómico proceso inflacionario, es precisamente producto de la congelación de estos activos, de tener que dedicar múltiples recursos económicos a la defensa del país y la atención de las necesidades materiales de su población en materias priorizadas como la educación, la salud, y la seguridad.
Las medidas adoptadas por los Estados Unidos a lo largo de estos años también se ubican dentro de la lógica imperialista de aislar al gobierno del presidente Nicolás Maduro y fomentar la subversión interna contra la Revolución Bolivariana. Para esto han promovido la violencia en las calles con los grupos más reaccionarios y derechistas de la oposición en Venezuela; con la complicidad de países latinoamericanos creando un bloque como el Grupo de Lima, dirigido a intentar deslegitimar el gobierno seleccionado por el pueblo venezolano en las urnas; la promoción de acciones militares contra el gobierno y en violación a la soberanía de Venezuela, llegando incluso a montar intentos de asesinato contra el presidente venezolano; a valerse de organismos internacionales comprometidos con la política exterior y los intereses económicos de los Estados Unidos como es la Organización de Estados Americanos (OEA); y con el apoyo cómplice de gobiernos europeos que forman parte de la Comunidad Europea, de los cuales, uno de los más vocales en sus políticas injerencistas ha sido el Estado español.
Todas estas medidas, hasta ahora, han chocado con la voluntad del pueblo venezolano de resistir y avanzar, en todos los planos posibles, con su proyecto de justicia social y defensa de su soberanía.
El esfuerzo y la perseverancia del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en desarrollar y profundizar en su Revolución, será lo que poco a poco vaya aislando, como ha ocurrido en el caso de Cuba, al gobierno de los Estados Unidos y a sus gobiernos lacayos en sus políticas injerencistas contra Venezuela y contra el resto de los países latinoamericanos. ¡Alto al bloqueo económico contra el pueblo venezolano y su gobierno!
