La victoria incontestable de la derecha en las elecciones autonómicas y municipales ha provocado un terremoto político que se ha saldado con la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Pedro Sánchez para el domingo 23 de julio.
Lo inesperado del resultado, por la amplitud de la derrota de la izquierda estatal, sobre todo en aquellas plazas que se consideraban “seguras”, ha transmitido la imagen de una ola arrolladora de la derecha que se prepara para asaltar la Moncloa con el cuchillo entre los dientes.
Sin embargo, debemos colocar los hechos en su contexto y tomar en cuenta un marco más amplio.
Hay que comenzar con un dato que ha pasado inadvertido en todos los medios nacionales, y es la participación relativamente baja, un 63,9% del electorado. La abstención el 28M ha sido mayor que en las elecciones autonómicas y regionales de mayo de 2019, que ya fue alta. Así, la abstención pasó del 34,8% al 36,1%, con cerca de 600.000 votantes menos. Más aún, el número de votos blancos y nulos ha crecido en 220.000. Sin duda, estos 800.000 votantes menos deben colocarse dentro del bloque de la izquierda, lo cual nos dice mucho de la falta de estímulo que la izquierda oficial ha provocado en buena parte de sus votantes.
La derecha ha pasado del 35,37% en 2019 al 40,42% de los votos ahora; esto es, de 8 a 9 millones. PP y Vox han absorbido todos los votos de Ciudadanos, que desaparece completamente del panorama político.
Los datos de la izquierda estatal son difíciles de precisar con detalle debido a la disparidad de listas municipales, e incluso regionales, con las que se presentan habitualmente en estas elecciones. Un recuento lo más detallado posible nos revela que la izquierda estatal ha pasado de 8,95 millones de votos en 2019 a 8 millones ahora, en torno a un 36% de los votos, perdiendo casi 1 millón.
Para poner las cosas en su contexto, debemos recordar que en las elecciones generales de noviembre de 2019 el conjunto de la derecha españolista y sus aliados consiguieron 10,35 millones de votos. De manera que no puede hablarse de una “ola arrolladora” o “giro masivo” a la derecha el 28M; sino que, aun partiendo del carácter más abstencionista de estas elecciones, la base de la derecha ha estado más animada y movilizada a la hora de ir a votar que la base de la izquierda. Sin duda, todo el espectáculo repugnante suscitado por la derecha y sus medios alrededor de las listas de EH Bildu ha tenido un cierto efecto en movilizar a la derecha. Lo mismo que el caso del intento de fraude del voto por correo en Melilla y Mojácar, pese a que en la primera el PSOE no estaba implicado y sí un par de militantes del PP, entre otros.
A falta de pactos de última hora que podrían hacer variar el signo de una o dos grandes ciudades, la izquierda ha pasado de gobernar 20 capitales de provincia a solo 12, y la derecha de 25 a 34. Los nacionalistas de derechas catalanes y vascos han pasado de 5 a 4.
Destacan la pérdida de la izquierda a favor de la derecha de capitales relevantes como Valencia, Sevilla, Valladolid, Palma o Cádiz.
A nivel autonómico, la izquierda pierde la importante Comunitat Valenciana (su plaza más importante), Extremadura (un feudo tradicional del PSOE), Baleares, La Rioja y Aragón, donde había una coalición muy inestable con la inclusión de elementos regionalistas de derechas (PAR). Por los pelos, el PSOE mantuvo su mayoría en Castilla-La Mancha, al frente de la cual se sitúa el representante del ala derechista felipista del partido, García-Page. También mantiene Asturias y, con posibilidades, Canarias, si alcanza un acuerdo con Coalición Canaria. Igualmente el PSOE se podría asegurar la Comunidad Foral de Navarra, con la abstención de EH Bildu.
Para precisar el alcance de estas elecciones, merece la pena detenerse en las plazas más disputadas y destacadas.
Madrid
En Madrid, la participación cayó en 260.000 votos respecto a las anteriores elecciones autonómicas de 2021. De hecho, aunque ha conseguido más diputados que hace dos años (de 65 a 71, de un total de 135), Isabel Díaz Ayuso perdió 37.000 votos, pese a haber absorbido gran parte del voto de Ciudadanos y de Vox. El primero perdió 77.000 votos y el segundo 85.000. Es decir, la derecha sacó 200.000 votos menos que en 2021. Por el lado de la izquierda, Más Madrid y PSOE igualan sus votos respecto a 2021, y es Podemos-IU quien pierde más de 100.000 votos. Ha sido la antidemocrática cláusula que obliga a sacar el 5% de los votos, impidiendo automáticamente a Podemos-IU haber obtenido un mínimo de 7 diputados a costa de la derecha (sacó el 4,73%), lo que ha exagerado el tamaño de la victoria de Ayuso y asegurado su mayoría absoluta. Bien es cierto que es la propia responsabilidad de Podemos-IU no haber ilusionado a sus bases potenciales y haber quedado por debajo del 5%.
Lo cierto es que pese a las impresionantes movilizaciones contra la gestión sanitaria de Ayuso de fines del año pasado y comienzos de éste, eso no parece haber tenido un efecto relevante en laminar su apoyo popular, salvo en achicar en 100.000 votos la distancia entre derecha e izquierda, que aún se mantiene en medio millón de votos. Llamativamente, el PP consiguió 150.000 votos más en la Comunidad de Madrid en las elecciones autonómicas que en las municipales.
Gráfica cortesía de epdata.es
La realidad es que la izquierda oficial lleva años desaparecida de Madrid y de sus barrios, sin iniciativas de ningún tipo, apoltronada, sin dirigentes sociales ni obreros reconocidos, cambiando de figuritas electorales cada dos años, cada cual más desconocida e insípida que la anterior.
Por otro lado, qué duda cabe de que Ayuso se beneficia de la relativa estabilidad social y económica de la Comunidad de Madrid, pese a la inevitabilidad de una nueva crisis que afectará de lleno a la región. Más acusadamente que en otras zonas, en la Comunidad de Madrid hubo un giro a la derecha de las capas medias, descontenta y frustrada con la incapacidad de la izquierda en mostrar un camino en el período de auge de ésta entre 2014 y 2016, aunque eso cambiará en el futuro. Otro factor es que el 23% de la población de Madrid lo constituye ya población de origen emigrante, gran parte de la cual carece del derecho de voto en una suerte de “apartheid” político y permanece fuera de la actividad política. En fin, para una capa políticamente atrasada de la clase obrera, en la izquierda solo aprecia “ruido” y teme que un cambio político brusco amenace la relativa estabilidad económica de la región.
Pero todas estas ilusiones se vendrán abajo, tarde o temprano, conforme el problema de la vivienda y otros se hagan insoportables, como ya lo es la situación de la sanidad pública, y la crisis inevitable frustre las ilusiones de las capas más inertes de la población, preparando un nuevo giro a la izquierda en las capas medias y sectores obreros políticamente más conservadores, como en el período 2012-2016.
Dicho todo lo anterior, la izquierda retuvo prácticamente todo el “cinturón rojo” madrileño a nivel municipal: Getafe, Leganés, Parla, Alcorcón, Fuenlabrada, y Coslada. Sólo perdió Móstoles.
Andalucía
Andalucía vivió otra de las grandes batallas de las elecciones del domingo. La izquierda pasó de 1,9 millones de votos a 1,65 millones, y la derecha pasó de 1,55 millones a 1,8, con una participación similar a 2019, también reducida.
Aquí el PSOE perdió 3 de las 4 capitales de provincia que controlaba: Sevilla, Huelva y Granada. Sólo retiene Jaén. La capital más emblemática a la izquierda del PSOE, Cádiz, también cayó sorprendentemente en manos del PP, si bien su anterior alcalde, “Kichi” González, no se presentaba a la reelección. En general, en Andalucía pesó la división en la izquierda entre “Con Andalucía” (Podemos-IU-Más País) y el grupo de Teresa Rodríguez “Adelante Andalucia” en muchas elecciones que se decidían por muy pocos votos. En Cádiz, pesó el fraccionamiento del voto en la izquierda con varias candidaturas independientes, ¡incluida la de Podemos!, que favoreció la victoria del PP en Cádiz y la derrota de la izquierda. Bien es cierto que para que ese fraccionamiento incidiera ha debido haber fallos e insuficiencias en la gestión de “Kichi”, que no ha satisfecho todas las expectativas depositadas años atrás en las familias trabajadoras.
Fuera de las capitales, la izquierda ha retenido las comarcas jornaleras y casi todas las zonas industriales (Bahía de Cádiz, Polo químico de Huelva, área metropolitana industrial de Sevilla, etc.).
Catalunya
Catalunya ha tenido la abstención más significativa del Estado, un 44%. Aquí ERC ha pagado el precio de su seguidismo al gobierno central, y un sector de la base independentista que la había acompañado hasta ahora ha girado a las candidaturas agrupadas alrededor de Junts. ERC ha pasado del 23,52% en 2019 al 17,39%, y Junts del 15,98% al 18,36%. El PSC ha recuperado la primera plaza en Catalunya con el 23,71%, y se ha asegurado Tarragona y, posiblemente, Lleida. También ha ganado en el Bajo Llobregat y en Sabadell.
La CUP ha retrocedido perdiendo 40.000 votos, quedando por debajo del 4%, y ha vuelto a quedar fuera del ayuntamiento de Barcelona. Solo ha tenido un resultado significativo en el ayuntamiento de Girona, segunda fuerza política, igual que en 2019. Su cada vez mayor moderación, sin una diferencia clara de Junts en sus críticas a ERC, le ha hecho perder relevancia.
La abstención le ha pesado más a En Comú Podem de Ada Colau que al PSC, sin ninguna diferencia significativa en sus programas. El PSC se ha impuesto a ECP dentro de la izquierda en Barcelona. Incluso más acentuado que en el caso de Cádiz, la gestión de Colau en Barcelona no ha salido de los moldes institucionales, y se han laminado las enormes expectativas populares depositadas en ella tras 8 años de gestión, yendo de la mano del PSC en esta última legislatura. Junts, con su candidato Trias, se ha alzado como primera fuerza política en la ciudad con el 22,4%, mientras que ERC perdió la mitad de los votos conseguidos aquí en 2019. Trias o Collboni, el candidato del PSC, se disputan la alcaldía, donde no están todavía claros los pactos que favorecerán a uno u otro. Todo depende de la decisión que tome ERC.
La derecha españolista solo ha conseguido un triunfo claro en Badalona, donde García Albiol ha conseguido una mayoría absoluta (habiendo ya sido alcalde anteriormente) que obedece a especifidades muy concretas, como su manejo demagógico y reaccionario de la cuestión migratoria. En cualquier caso, en Catalunya también hay que matizar la “ola” de la derecha españolista, pues la suma de sus votos apenas se ha elevado levemente del 11% al 14%.
Euskal Herria
En Euskal Herria (Euskadi y Navarra) EH Bildu ha resultado ganadora en número de votos, aunque el PNV ganó en Euskadi. EH Bildu se ha beneficiado claramente de la campaña criminalizadora de la derecha española, lo que unido a su músculo municipal le ha permitido conseguir los mejores resultados de su historia, y no le ha pasado factura su seguidismo al gobierno central. Ha ganado claramente en Vitoria-Gasteiz. Aunque con toda probabilidad, el PNV se asegurará las 3 capitales vascas pactando con el PSOE. En Pamplona, seguramente el PSOE le dará nuevamente la alcaldía a la derecha navarrista de UPN pese a ser EH Bildu la fuerza dominante en la izquierda local.
Como en anteriores elecciones, tanto en Euskal Herria como en Catalunya la izquierda barre a la derecha españolista y nacionalista.
Galicia
En Galicia hay una victoria clara de la izquierda, y sube el BNG, por su perfil más combativo, aunque el PSOE se mantiene como fuerza principal en la izquierda. Las Mareas, vinculadas a Podemos e IU, desaparecen. La izquierda gana 3 de las 4 capitales (menos Orense), más Vigo y la capital, Santiago. El PP sólo gana una ciudad importante, Ferrol, que pierde la izquierda.
País Valencià
La mayor derrota la ha sufrido la izquierda en el País Valencià. En las elecciones regionales la abstención subió, con 250.000 votos menos, y la derecha se impuso pese a conseguir cerca de 100.000 votos menos que en 2019. Pero la izquierda perdió 165.000 votos. Significativamente, en las elecciones locales de la capital, Valencia, hubo un aumento llamativo de la participación, del 66,3% al 72%. Pero la izquierda consiguió 10.000 votos menos, mientras que la derecha aumentó en 31.000. Sin duda, aquí jugó un papel la gestión del alcalde saliente, Joan Ribó de Compromís. Es llamativo que mientras el PSOE incrementó levemente sus votos tanto para las autonómicas como las municipales, Compromís bajó sensiblemente en votos. Y Podemos-IU desapareció tanto del parlamento regional como del ayuntamiento de Valencia.
En otras zonas, como Asturias, el resultado fue desigual, el PSOE conserva el Principado y la izquierda gana ampliamente en Avilés y la cuenca minera, pero pierde Gijón; y la derecha conserva la capital, Oviedo. Izquierda Unida, en solitario, volvió a ganar la alcaldía de Zamora, por tercer legislatura consecutiva.
Un balance
Más que nunca, estas elecciones han estado marcadas por el ambiente creado por las condiciones de vida, que escapan a una gestión municipal o regional, al menos en las grandes ciudades, que es donde se vive de manera más acusada el encarecimiento de la vida, la inaccesibilidad a una vivienda digna y la precariedad del empleo, que crean una enorme ansiedad, desgaste e incertidumbre. Y el gobierno central no está dando respuestas satisfactorias a esto.
Cuando se escucha hablar a los ministros y dirigentes, sobre todo de Podemos e IU, comentando las maravillas realizadas por el gobierno de coalición, solo cabe sacar la conclusión de que las direcciones oficiales de la izquierda viven muy alejadas de las condiciones de vida reales de la mayoría de las familias trabajadoras. Sólo emplean esfuerzo en las cuestiones vinculadas a la identidad sexual, de género o étnica, que tienen su importancia, pero han abandonado completamente las cuestiones más relevantes de clase y de la explotación capitalista, como si esta no existiera. Aunque podemos celebrar algunas de las medidas aprobadas por el gobierno, no alcanzan para otorgar un horizonte de seguridad y estabilidad a las condiciones de vida de millones de trabajadores. En momentos decisivos, el gobierno ha mostrado una enorme cobardía o cesión a los intereses de los ricos y poderosos, manteniendo lo esencial de la reforma laboral del PP, y vendiéndolo escandalosamente como un avance para los trabajadores, o aceptando el chantaje de las compañías eléctricas parásitas en lugar de nacionalizarlas, o cediendo servilmente a las presiones del aparato del Estado para mantener íntegra la represiva Ley Mordaza. Los fondos buitre se han hecho dueños del mercado inmobiliario y de alquiler español con la pasividad absoluta del gobierno, para la especulación y para el negocio parásito del turismo.
A este ambiente han contribuido las direcciones sindicales de UGT y CCOO que han hecho todo lo posible por maniatar y limitar el alcance de las luchas obreras, firmando todo tipo de pactos regresivos con la patronal, y lo mismo han hecho todos estos años las direcciones de Podemos e IU que han borrado a los movimientos sociales y vecinales de la lucha en la calle con el tonto e inexplicable argumento de “no perjudicar al gobierno”. De esta manera, la derecha ha tenido el monopolio de la crítica a la insuficiencia de gestión del gobierno central, en el intento de éste de gestionar el capitalismo en una fase de declive del sistema; con Podemos e IU haciéndose corresponsables de la misma.
Aunque la crítica de la derecha a las desavenencias públicas dentro del gobierno de coalición tiene un carácter demagógico, lo cierto es que aquéllas transmiten desconfianza y cansancio en la base de la izquierda, y ayuda a la derecha a agrupar tras de sí a la pequeña burguesía. Pero este es el resultado inevitable del compromiso de Podemos e IU en una gestión donde la dirección del PSOE impone límites muy claros al alcance de las políticas “progresistas” para no desairar al Ibex35, al imperialismo de EEUU (sobre la cuestión del Sáhara o la implicación en la guerra de Ucrania) o al aparato del Estado (como en la ley del “Sólo sí es sí”, donde han sido los jueces reaccionarios quienes rebajaron arbitrariamente penas a violadores).
La realidad es que la política timorata y de medias tintas del gobierno, cuando no de incumplimiento de su programa original, ha desmovilizado y desmotivado a los sectores más activos, inquietos y vitales, como la juventud y la capa de activistas obreros y sociales más avanzados, que miran con desdén y descreimiento la política institucional. Fue llamativa la completa ausencia, en general, de jóvenes menores de 30 años en los mítines de campaña de Podemos e IU.
Dicho esto, otro hecho destacado es que mientras el PSOE mantiene un porcentaje de votos similar al de elecciones pasadas, un 28%, el arco político que abarca Podemos, IU, Más País y regionalistas de izquierda afines, cae hasta un 8% del voto. Al final, ante fuerzas políticas que transmiten ideas y programas similares, y que gobiernan en coalición, el grueso del voto de izquierda tiende a agruparse en aquel que tiene más aparato y posibilidades de conseguir la victoria; en este caso, el PSOE.
El adelanto electoral
En estas condiciones, cabe preguntarse si el adelanto electoral para dentro de dos meses es la mejor salida para la continuidad del gobierno “progresista”. En realidad, es un movimiento desesperado donde Sánchez se juega el todo o nada.
Los cálculos de Sánchez no van más allá de maniobras y trucos efectistas cuyos resultados están por ver. Confía en que la constitución de gobiernos PP-Vox en próximas semanas, en nuevas comunidades autónomas y decenas de ciudades, visualice ante la población el destino que depararía al país una victoria de la derecha en las elecciones del 23 de julio. Piensa que eso debe actuar como un revulsivo para movilizar masivamente al electorado de izquierdas, como en abril y noviembre de 2019. Pero no está garantizado que eso funcione esta vez.
En los pensamientos de Sánchez también deben pesar otros aspectos. Por un lado, están los límites que la Unión Europea ha empezado a reimponer a los gobiernos en el gasto público, ante el aumento de la deuda pública en todas partes, y que él no va a desafiar. Así, ya no queda espacio para nuevas medidas económicas sociales de efecto, de manera que al gobierno se le harían largos otros 7 meses sometido a la presión incesante de una derecha envalentonada. Por otro lado, también Sánchez prevé que se intensificarían las iniciativas del ala más derechista del PSOE, encabezada ahora por García-Page, para organizar una oposición a la gestión de Sánchez y al pacto que tiene con Podemos y los independentistas. Este ala celebraría más que la derecha una eventual derrota electoral de Sánchez para defenestrarlo y volver a tomar el control del partido.
Pero el adelanto electoral no era la única alternativa que se ofrecía a Sánchez y al gobierno de coalición. Si de verdad quiere cambiarse el humor social a favor de la izquierda, el gobierno lo tenía fácil. Le quedaban 7 meses para cumplir íntegramente su programa de gobierno, y que ha guardado en el cajón, con medidas valientes apoyadas en la movilización popular: derogación íntegra de lo que resta de la reforma laboral del PP, derogación íntegra de la Ley Mordaza, impuestos a los ricos, que la Iglesia pague el IBI, etc. junto a otras que cambien radicalmente las condiciones de vida de las masas trabajadoras, como la expropiación de las viviendas de acaparadores y fondos buitre para alquiler social, expropiación de las eléctricas ladronas, etc. Eso sí inspiraría a millones, los sacudiría de su letargo y resucitaría el espíritu de los millones que llevaron a Sánchez al gobierno. Pero los compromisos de la dirección del PSOE son más fuertes con los amos del Ibex35 que con su base de votantes, y no va a cuestionar la estabilidad del sistema ni del régimen. Esta es la realidad.
El resultado más inmediato del movimiento de Sánchez es la más que probable confluencia electoral de Podemos y Sumar, pues está fuera de discusión que una división aquí condenaría al conjunto de la izquierda a la derrota. Pero es ahora Yolanda Díaz la que tiene la sartén por el mango y la que impondrá condiciones a la dirección de Podemos, con mínimas concesiones, que deberá aceptar sin rechistar. Podemos profundiza así su declive político, sin una militancia relevante, y conforme su presencia va desapareciendo de parlamentos autonómicos y ayuntamientos.
Sánchez también tiene otro cálculo en sus consideraciones. Fuera de la fanfarria y la exageración que están haciendo la derecha y sus medios sobre el resultado electoral, la realidad es que el conjunto de la derecha española y sus aliados regionalistas apenas han sacado el 41% de los votos en estas elecciones. Vox, de hecho, ha retrocedido claramente, a poco más del 7%. En Euskal Herria y Catalunya, la fuerza de la derecha es muy débil. Todo esto conforma, en principio, una base muy estrecha para aspirar a una mayoría absoluta en el parlamento. Si bien es cierto que la izquierda estatal ha retrocedido en estas elecciones, hasta un 36%, los socios nacionalistas del gobierno de coalición, más otros como Junts y el BNG que jamás irían de la mano de la derecha españolista, han crecido en general y suman un 10%. El País ha publicado una proyección de los resultados del 28M en unas elecciones legislativas, y la derecha queda lejos de la mayoría absoluta, con el “bloque progresista” superando ésta por poco, y en condiciones de reeditar la coalición de gobierno.
Sin embargo, hay que tener en cuenta el aspecto moral. La victoria de la derecha ha enardecido a sus bases y puede arrastrar a sectores de la población vacilantes en la pequeña burguesía y a sectores políticamente atrasados de la clase obrera, y la movilización masiva de la base de la izquierda, una parte de la cual se ha abstenido en estas elecciones, no está asegurada. Las semanas que restan nos darán un cuadro más preciso de la situación.
Pero debemos tener una mirada más amplia. Sea cual sea el gobierno que salga elegido de las elecciones del 23 de julio se enfrentará a un panorama muy diferente al de los últimos dos años. Se terminó la fiesta del gasto público. Como decíamos, la Comisión Europea ha dado señales clarísimas de que toca retomar los ajustes, y lo mismo ha hecho la OCDE. Continuarán las subidas de tipos de interés con un enfriamiento mayor de la economía. Alemania ya está en recesión, y la Reserva Federal pronostica la recesión en EEUU al final del año. El nuevo gobierno se verá obligado a tomar medidas antipopulares. Con el rencor acumulado por las difíciles condiciones de vida, un repunte mayor de las luchas es inevitable. Un eventual gobierno de la derecha y la ultraderecha, con una mayoría muy escuálida y sin una base social estable ni sólida, sería particularmente odiado en esta situación. Del frente político, las masas trabajadoras y la juventud pasarían al frente económico y social con luchas de masas, e ideas anticapitalistas extendiéndose en capas más amplias como ya empezamos a ver, comenzando por la juventud.
La tarea que tenemos por delante, empezando por las capas avanzadas de los trabajadores y de la juventud, es poner en pie una alternativa socialista y revolucionaria, una alternativa comunista, que proponga una salida a la barbarie irracional del capitalismo, comprometida con las luchas cotidianas de la clase trabajadora y que ofrezca un horizonte claro y comprometido con la transformación socialista de la sociedad.
Fuente: Lucha de Clases
