Buenas tardes. Agradecemos a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU por la oportunidad de llamar a la atención del Alto Comisionado la situación particular de impunidad con respecto a la violencia policial y el racismo en Puerto Rico, una colonia de Estados Unidos con una población de 3,5 millones, un país de cultura caribeña donde el idioma que se habla es el español, y donde gran parte de nuestra población es marrón y afrocaribeña.
En los últimos cinco años, debido a las extremas medidas de austeridad impuestas por la Ley PROMESA del Congreso de Estados Unidos, y también luego de experimentar las crisis consecutivas de huracanes, una serie de terremotos y más recientemente la pandemia del COVID-19, la situación de impunidad de la violencia del Estado se ha vuelto aún más precaria.
- De al menos 23 personas que la Policía ha matado en Puerto Rico desde 2019:
- 14 NO portaban armas de fuego
- 3 estaban pasando por una crisis de salud mental
- 11 tenían 25 años o menos
- Todos estas personas pertenecían a comunidades empobrecidas o vulnerables, y la pobreza en nuestro país está directamente ligada a la ascendencia afro caribeña.
- Ni siquiera a uno de estos oficiales se les ha presentado cargos criminales ni ha sido expulsado o incluso suspendido del Negociado de la Policía.
- A diferencia de Estados Unidos, en Puerto Rico NO existen entidades externas independientes que supervisen o investiguen las acciones excesivas de la Policía. La Policía se investiga a sí misma y la gente debe denunciar a los agentes en el propio Negociado de la Policía, que no ofrece un proceso justo, confiable ni neutral.
- La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia ha sido desmantelada en la última década y no existe una fiscalía especializada para investigar casos de homicidios o uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de ley y orden. Los fiscales de distrito de primera línea suelen investigar estos casos. A menudo, las familias de las personas asesinadas por la Policía nos dicen que los fiscales actúan como si fueran los abogados defensores del oficial.
- Los reclamos judiciales civiles contra el Estado han sido extraordinariamente limitados con la aprobación del proyecto de ley PROMESA, incluso siendo suspendidos por un período de tiempo ya que esta ley protege al Estado contra demandantes que buscan una compensación económica.
- Los demandantes potenciales de violación de los derechos civiles en PR también deben cumplir con un plazo de 90 días de notificación de reclamo que ha demostrado ser agotador y muy difícil de cumplir para las víctimas de violencia policial, que generalmente aún no han consultado con un abogado 90 días después de su incidente traumático.
- Estas y otras restricciones han desincentivado a la mayoría de los abogados privados de incluso llevar adelante estos casos. Por otro lado, las medidas de austeridad han reducido e incluso eliminado el acceso a la justicia o proyectos de ley pro bono destinados a comunidades empobrecidas. En Kilómetro Cero vivimos todos los días las penurias, frustraciones e impotencia que enfrentan las víctimas de abusos policiales o los familiares de los asesinados por policías para buscar respuestas, reparaciones y una mínima promesa de cambio sistémico.
Mientras observábamos la respuesta de la Policía a las protestas por el asesinato de George Floyd en Estados Unidos el año pasado, aquí en Puerto Rico definitivamente nos identificamos profundamente. ¿Por qué? Porque así de violenta suele ser la respuesta policial cada vez que tenemos protestas masivas: incluso a niños y ancianos se les lanza gases lacrimógenos, a la gente se le dispara a quemarropa con escopetas de balas de metal recubiertas de goma, se les golpea con macanas, se les arresta masivamente sin causa, se les coloca en vehículos sin identificación, se les amenaza de muerte y no se toman medidas disciplinarias contra estos agentes.
Solicitamos que se incluya a Puerto Rico cuando la Alta Comisionada visite Estados Unidos, ya que no tenemos representación en el Congreso de Estados Unidos que tiene poder político sobre nuestro país, ni representación soberana en foros internacionales.
Las víctimas de la violencia de Estado en Puerto Rico se encuentran en una situación deshumanizante e insostenible, sin opciones reales de reparación bajo el dominio político de un país que tanto se vanagloria de sus valores democráticos.
Para más información visite: Kilómetro Cero
