Bélgica no es una excepción a la ola de huelgas en este caluroso otoño social europeo. La huelga general decidida por las tres organizaciones sindicales -la socialista FGTB (Fédération générale du travail de Belgique), la democristiana CSC (Confédération des syndicats chrétiens) y la liberal CGSLB (Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique)- es el producto de la indignación social acumulada y se inscribe en la línea de numerosas movilizaciones anteriores. Ya el 21 de septiembre, una concentración sindical en Bruselas, que pretendía ser sólo simbólica, se había convertido en una manifestación como respuesta a la impaciencia de los militantes. La huelga general del 9 de noviembre paralizó el país y fue un éxito total. Hubo una participación masiva tanto en el sector privado como en el público y, sobre todo, los pequeños comerciantes y muchos autónomos se unieron a los trabajadores asalariados.
Escala móvil de salarios y norma salarial
Mientras que muchos países se beneficiaron, hasta los años 80, de una escala móvil salarial automática ligada a la evolución de los precios, Bélgica fue uno de los pocos países (junto con Luxemburgo y Malta) que mantuvo este vínculo entre los salarios, las pensiones y las prestaciones sociales y el costo de la vida, gracias a la determinación y a la firmeza de los sindicatos. Para los trabajadores es muy importante esta indexación, ya que les ha permitido mantener su poder adquisitivo, aunque sea de forma relativa, y ha servido de amortiguador social durante las dificultades económicas [1]. Sin embargo, a cambio de mantener la escala móvil, los sindicatos tuvieron que conceder la adopción de una ley (la de 1996) que permite fijar un estándar salarial para «salvaguardar la competitividad de las empresas» en relación con Francia, Alemania y los Países Bajos, y que por tanto bloquea los aumentos salariales más allá del índice. La «norma salarial», que al principio era indicativa, se convirtió más tarde en obligatoria y sus disposiciones se endurecieron en 2017 bajo el gobierno de derecha dirigido por Charles Michel [presidente del Consejo Europeo desde el 1 de diciembre de 2019].
En un sistema de relaciones laborales muy institucionalizado, los representantes sindicales y empresariales se reúnen cada dos años para concluir un convenio colectivo interprofesional para todo el sector privado, el cual sirve de marco para las negociaciones sectoriales y por empresa. En muchas ocasiones, la FGTB se negó a firmar el convenio debido a los márgenes de negociación irrisorios que permite la norma salarial y exigió la abolición de la ley de 1996. Las tres organizaciones sindicales, enfrentadas este año a un margen de negociación salarial del 0% y a una de los mayores aumentos de los precios del gas y de la electricidad en Europa, se rebelaron. La bronca y la impaciencia resultantes de la angustia de sectores muy amplios de la mano de obra no les dejó otra opción que convocar una huelga general.
Los sindicatos, que no podían aceptar este estancamiento salarial, cuestionaron también la insuficiencia de las ayudas del gobierno para hacer frente a las facturas de energía de los hogares y objetaron las medidas no selectivas en favor de las empresas. En particular, la reducción indiscriminada de las cotizaciones patronales fue denunciada como un regalo a las empresas con enormes beneficios a costa de los ingresos de la seguridad social. Mientras la patronal esgrime la mejor protección de los asalariados belgas gracias a la indexación, que pondría en peligro la competitividad de las empresas, los sindicatos insisten en el carácter parcial de esta protección. Efectivamente, por un lado, algunos productos (como los carburantes) han sido sacados del índice y, por otro, existe un desfase (que varía según los convenios sectoriales) entre el aumento de los precios y su traducción en aumento salarial. Como resultado, el índice sólo compensa parcialmente el aumento de los precios. Además, el «salto de índice» [2] operado por el gobierno de Michel en 2015 provocó una caída estructural de los salarios. Aunque el sistema de indexación constituye una protección apreciable para los trabajadores, no basta para evitar una disminución de su poder adquisitivo.
Primacía del aspecto social
El éxito de la huelga general significó una presión para el gobierno. El gobierno, compuesto por una alianza heterogénea de siete partidos, está desgarrado por su polarización entre los liberales (a la derecha) y los socialistas y ecologistas (al centro-izquierda). Los socialistas están a favor de la reivindicación sindical de que la norma salarial sea indicativa como antes, pero los liberales, en cambio, condicionan cualquier cambio de la ley de 1996 a la supresión de la indexación salarial.
Los sindicatos reconocen la necesidad de tomar medidas a favor de las pequeñas y medianas empresas que no pueden hacer frente al aumento de los precios de la energía. La posición de la patronal (FEB-Fédération des entreprises de Belgique), que rechaza toda negociación salarial y que equipara a las empresas y sectores que reparten dividendos récord a los accionistas y acumulan beneficios considerables con las pequeñas y medianas empresas en dificultades, es una provocación para los huelguistas. Los socialistas, obligados por su acuerdo con los liberales en el gobierno, no son capaces de obtener una flexibilización de la ley de 1996 que abra el camino a las negociaciones salariales en los sectores prósperos. A lo sumo, dentro de este gobierno, podría alcanzarse un compromiso para distribuir una bonificación a los empleados de los sectores con beneficios sustanciales. Dudamos de que los trabajadores, que ya tienen la experiencia de las «primas Covid», se conformen con tal compromiso. Las bonificaciones y los bonos puntuales («one shot»), ampliamente utilizados por los gobiernos para apaciguar el descontento popular, no aportan nada: son salarios baratos, no contribuyen a las pensiones ni a la seguridad social y no disipan las preocupaciones de los trabajadores sobre el futuro. Un compromiso sobre las primas no haría más que exacerbar la indignación popular.
La indexación automática de los salarios es una conquista que permite preservar, aunque sea de forma imperfecta, el poder adquisitivo de los asalariados. A pesar de los ataques constantes de la patronal y de la derecha para poner fin a la misma, el sistema resiste gracias al compromiso inquebrantable de los trabajadores. Esta es una ventaja innegable que los sindicatos han sabido defender en Bélgica. Por otro lado, la ley de 1996 que subordina la negociación a la norma salarial conduce a la parálisis de las negociaciones salariales. La huelga general del 9 de noviembre revela la magnitud de la crisis social que divide al país. En un país en crisis, profundamente dividido y con las formaciones políticas debilitadas y minadas desde dentro, ahora es lo social lo que prima sobre «lo comunitario» [3].
La huelga general en Bélgica se inscribe en el mismo movimiento de reanudación de las movilizaciones sociales a gran escala en el Reino Unido, Francia, Alemania, Grecia, etc. que recorre toda Europa. Una configuración en la que el movimiento sindical, hasta ahora relegado y dominado por la política, pasa a primer plano. El horizonte no sólo está saturado por el ascenso de las fuerzas populistas/nativistas de extrema derecha en Europa. La conflictividad social actual también podría abrir otros horizontes.
Notas
[1] En Bélgica, la indexación salarial está profundamente arraigada en la historia de la clase trabajadora. Ya en la década de 1920, el 13% de los convenios colectivos de trabajo preveían un sistema de indexación salarial automática.
[2] Cuando el índice de referencia (2%) es alcanzado, los salarios no aumentan: es el «salto del índice». La indexación se reanudará entonces, una vez que los precios hayan subido un 2% más.
[3] Nombre que se da en Bélgica a la división entre flamencos y valones.
Fuente: Correspondencia de Prensa
