Nota editorial: A continuación publicamos la transcripción de la conferencia dictada por el profesor Eduardo A, Matos Vidal el pasado 2 de mayo en las facilidades de la Federación Puertorriqueña de Trabajadores.
Durante la primera mitad del siglo XX, las relaciones laborales en Puerto Rico atravesaron un proceso transformador que redefinió las bases legales, institucionales y sociales del mundo del trabajo. Más allá de la lucha por mejoras salariales y condiciones laborales dignas, se impulsó una agenda de justicia social que logró avances significativos para la clase trabajadora. Este periodo también estuvo marcado por el surgimiento de legislación orientada a proteger a sectores históricamente marginados, incluyendo a las mujeres trabajadoras, quienes comenzaron a ser reconocidas legalmente como sujetas de derechos laborales, con protecciones específicas relacionadas con la maternidad, la igualdad y la salud. Fue una etapa en la que las relaciones laborales adquirieron un enfoque de protección, al asumir el Estado un rol activo en la garantía de derechos fundamentales vinculados al trabajo.
A partir del siglo XX, especialmente luego de 1917, los sindicatos comenzaron a tener una participación más activa en la esfera pública, impulsando reformas legislativas y generando presión sobre las estructuras gubernamentales. La intervención del Estado, que hasta entonces había sido limitada, comenzó a ampliarse progresivamente en respuesta a las demandas de los trabajadores. Esto se tradujo en la creación de instituciones como el Departamento del Trabajo en 1930, Fondo del Seguro del Estado en 1935, la Junta de Salario Mínimo en 1941, el Servicio de Mediación y Conciliación y la Junta de Relaciones del Trabajo en 1945. Estas entidades no solo respondían a reclamos específicos del momento, sino que configuraban un andamiaje legal y administrativo que sentó las bases de las modernas relaciones laborales puertorriqueñas.
La movilización obrera se articuló con un discurso de justicia social y con propuestas concretas que nutrieron el diseño de las políticas públicas. El Estado reconoció que el diálogo entre trabajadores y patronos, a través de la negociación colectiva, era esencial no solo para mejorar las condiciones laborales, sino también para mantener la paz laboral y promover el desarrollo económico de la Isla.
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, promulgada en 1952, representó un momento crucial para la institucionalización de derechos laborales en la isla. A través de su Carta de Derechos, se elevaron a rango constitucional varias garantías fundamentales para la clase trabajadora. El Artículo II, Sección 16 consagró derechos como: escoger libremente su ocupación, renunciar a ella, recibir igual paga por igual trabajo, un salario mínimo razonable, protección contra riesgos a la salud o integridad en el empleo, y una jornada laboral que no exceda de ocho horas. Estos derechos no solo consolidaron luchas previas del movimiento obrero, sino que también sentaron las bases para la estabilidad en el empleo y la protección del trabajador ante posibles abusos patronales.
La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, promulgada en 1952, representó un momento crucial para la institucionalización de derechos laborales en la isla.
Luego de los avances iniciales, las décadas posteriores reflejaron un proceso de consolidación del marco legal, expansión normativa y adaptación a nuevas realidades laborales. Tras establecerse las bases de las relaciones laborales durante la primera mitad del siglo XX, la segunda mitad estuvo caracterizada por el fortalecimiento institucional, la incorporación de estándares federales y la atención a riesgos emergentes en el mundo del trabajo.
A partir de la década de 1970, con la implementación de la Ley OSHA federal y la aprobación de la Ley Núm. 16 de 1975 en Puerto Rico, se estableció una estructura de regulación de salud y seguridad ocupacional. Se creó la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, se desarrollaron normas específicas adaptadas al contexto local, y se instituyeron procedimientos formales de inspección, sanción y colaboración con los patronos. A diferencia de los comienzos del siglo XX, donde la respuesta era reactiva y dispersa, se pasa ahora a una política preventiva, sistemática y especializada.
Durante los años siguientes, se amplió la cobertura y se promovió la equidad en el acceso a la protección. Se integraron normativas dirigidas a sectores públicos y privados, se extendió la protección a todos los trabajadores con excepción de empleos domésticos, y se enfatizó el derecho a un entorno de trabajo libre de riesgos, como parte de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución del ELA. Asimismo, el plan estatal aprobado en 1977 y certificado en 1982 institucionalizó un modelo local alineado con OSHA, lo que permitió a Puerto Rico asumir plena jurisdicción sobre sus programas de salud ocupacional.
La década de 1980 marcó un periodo de consolidación en las políticas públicas de salud y seguridad ocupacional en Puerto Rico, con avances significativos en la protección de los trabajadores frente a riesgos laborales. En este contexto, el Departamento del Trabajo asumió un rol protagónico en la promoción de la educación laboral, desarrollando programas dirigidos a empleados, patronos y organizaciones sindicales. Al mismo tiempo, las agencias públicas comenzaron a integrar tecnologías que optimizaron sus procesos y facilitaron el acceso a información institucional. Estas transformaciones reafirmaron el compromiso del Estado con el fortalecimiento de las capacidades de la clase trabajadora y la creación de entornos laborales más informados y equitativos.
Sin embargo, desde finales de los años 90 hasta el 2020, la clase trabajadora en Puerto Rico ha enfrentado un proceso progresivo de deterioro en sus derechos y condiciones laborales, marcado por la implementación sistemática de políticas neoliberales. Este periodo representó una etapa de ruptura con el modelo social protector que había sido forjado a lo largo del siglo XX a través de luchas sindicales y legislación laboral progresista. A partir de 1995, sectores empresariales como la Cámara de Comercio comenzaron a presionar para reducir las garantías laborales bajo el argumento de aumentar la competitividad. Estas presiones se materializaron en propuestas legislativas para eliminar derechos como la jornada de ocho horas, y los beneficios marginales, aunque muchas de ellas no se aprobaron de inmediato.
El punto de inflexión se dio con la aprobación de la Ley Núm. 7 de 2009, bajo el gobierno de Luis Fortuño, que permitió la cancelación de convenios colectivos, el despido masivo de empleados públicos y la paralización de los procesos de negociación sindical, todo justificado bajo un supuesto “estado de emergencia fiscal”. Estas medidas vinieron acompañadas de un discurso institucional que buscó desprestigiar a las organizaciones de trabajadores y a los empleados públicos, presentándolos como responsables directos de la crisis fiscal del país. Este relato fue utilizado estratégicamente para implantar la llamada “medicina amarga”, en la que se priorizaron los recortes y la desregulación laboral por encima del diálogo y la justicia social.
Estas medidas continuaron en 2014 con la Ley Núm. 66, que reafirmó la limitación de derechos adquiridos para miles de trabajadores del gobierno. La situación se agravó en 2016 con la imposición de la Ley PROMESA, que estableció la Junta de Supervisión Fiscal. Este organismo sin representación democrática implementó una política de austeridad que priorizó el pago de la deuda pública sobre el bienestar de la población trabajadora. La política laboral quedó subordinada a objetivos fiscales, y el Estado pasó de ser garante de derechos a facilitador de la acumulación privada.
La situación se agravó en 2016 con la imposición de la Ley PROMESA, que estableció la Junta de Supervisión Fiscal.
En 2017, la llamada Reforma Laboral, aprobada bajo la Ley Núm. 4 por el gobierno de Ricardo Rosselló profundizó la precarización del trabajo en Puerto Rico. Entre sus efectos más notables se encuentran la reducción del Bono de Navidad, la extensión de los períodos probatorios, la flexibilización de las jornadas laborales, la eliminación del pago doble por días feriados y el debilitamiento de la protección contra el despido injustificado. Estas medidas no solo implicaron un recorte directo de derechos y beneficios laborales, sino que también respondieron a una estrategia más amplia orientada a debilitar la capacidad organizativa de los trabajadores. Más allá del impacto económico, estas políticas buscaron poner de rodillas tanto a los trabajadores como a sus organizaciones representativas, afectando especialmente a jóvenes, mujeres y personas recién integradas al mercado laboral, quienes quedaron excluidas de derechos que generaciones anteriores habían logrado conquistar mediante décadas de lucha sindical.
Entre 2006 y 2020 la participación laboral en Puerto Rico cayó de 48.6% a 40.5%, la fuerza laboral se redujo en más de un 22% y el empleo en general disminuyó cerca de un 21%. Estos datos reflejan no solo una contracción económica, sino una pérdida estructural de oportunidades laborales formales y estables.
Además, el proceso de privatización de servicios públicos, como la energía eléctrica, la salud y la educación, agravó la situación. La contratación de empresas como LUMA Energy, la imposición de modelos empresariales en agencias públicas y la consolidación de empleadores únicos para el sector público debilitaron la representación colectiva y transformaron las relaciones laborales en relaciones de subordinación sin derechos plenos. Como resultado, estas políticas no solo redujeron la capacidad de defensa de los trabajadores, sino que también generaron una profunda inestabilidad económica para ellos y sus familias. El trabajador fue progresivamente marginado como sujeto político y reducido a una pieza de engranaje funcional, despojado de mecanismos efectivos de defensa. Las reformas impulsadas respondieron en gran medida a recomendaciones externas, como las contenidas en el Informe Krueger (2015), que sugería recortes a los beneficios laborales para reactivar la economía.
Sin embargo, lejos de provocar una recuperación, estas medidas consolidaron un modelo de empleo basado en la precariedad: contratos temporeros, empleos por servicios profesionales sin beneficios, horarios irregulares, ausencia de negociación colectiva y aumento del empleo informal. A esto se sumó la presión fiscal, el alza en el costo de vida y la migración forzada de miles de trabajadores calificados. Incluso con la llegada de más de $127 mil millones en fondos federales entre 2018 y 2025, estos recursos no se tradujeron en una mejora estructural de las condiciones laborales debido a la falta de planificación estratégica, la corrupción y la desarticulación de una política pública centrada en el trabajo digno.
En una investigación realizada en 2022 por la Pontificie Universidad Católica titulada: La situación de los trabajadores en Puerto Rico durante la pandemia provocada por el COVID-19 surgió como una respuesta a la necesidad urgente de documentar y analizar los efectos concretos que la crisis sanitaria tuvo sobre la clase trabajadora en la isla. Desarrollada por un equipo de investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, esta indagación se propuso ir más allá del impacto epidemiológico del COVID-19, enfocándose en las consecuencias psicosociales, económicas y organizacionales que vivieron los empleados en distintos sectores laborales.
Mediante un diseño metodológico mixto, la investigación combinó instrumentos cuantitativos (encuestas) y cualitativos (comentarios abiertos y análisis de experiencias subjetivas), recogiendo datos de 952 participantes. Este enfoque permitió identificar patrones estadísticos relevantes y, a la vez, captar matices emocionales y vivencias individuales que enriquecieron la interpretación de los resultados.
Los hallazgos reflejaron múltiples dimensiones de la precariedad laboral en Puerto Rico: en lo económico, los salarios apenas permiten cubrir necesidades básicas, excluyendo posibilidades de recreación o ahorro; en lo organizacional, los beneficios marginales y oportunidades de ascenso son limitados; y en lo emocional, la mayoría de los participantes manifestó sentirse solos, poco valorados y emocionalmente desatendidos por sus patronos.
La mayoría de los participantes manifestó sentirse solos, poco valorados y emocionalmente desatendidos por sus patronos.
El estudio dio a conocer un panorama laboral incierto para los trabajadores de la isla. En dicha investigación, los participantes entrevistados, aunque respondieron sentirse satisfechos con su entorno de trabajo, en términos de que su empleador proporcionaba ventilación, iluminación, ergonomía, etc., no así en el renglón de salarios y beneficios marginales los cuales consideraban inadecuados. Además, no percibían que se les brindaran oportunidades de ascenso suficientes, ni que sus esfuerzos fueran debidamente reconocidos por su organización. Asimismo, la investigación reveló, que los trabajadores percibían las organizaciones donde laboraban como unas en las que no se fomentaba la innovación. La investigación halló altos niveles de insatisfacción laboral a nivel macrosocial y los trabajadores demostraron sentirse en una situación de precariedad laboral, la cual el gobierno y los sindicatos eran incapaces de lograr mejorar estas condiciones.
Entre sus conclusiones, los investigadores señalaron que las políticas públicas implantadas durante las décadas de 1990-2000, con el propósito de aumentar la inversión extranjera en la isla y la competitividad de Puerto Rico en los mercados mundiales, redujeron muchos derechos laborales de los trabajadores. El estudio realizado por la Pontificie puso de manifiesto que los indicadores económicos de la Isla, desde la década de 1990, hasta la fecha, reflejaron que tales políticas no produjeron inversión extranjera en la isla, ni mucho menos posicionaron a la isla en el nivel competitivo que se esperaba. Añadió que la perdida de derechos laborales pudo ser una de las razones por las que durante la pandemia del COVID-19 se llevó a cabo el fenómeno de “la Gran Renuncia” en Puerto Rico. En 2021, un promedio histórico de más de 3.95 millones de trabajadores renunciaron a sus empleos en los Estados Unidos. De acuerdo con informes del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, la cifra de desempleo en Puerto Rico fue de 98,0000 personas en 2021. Esta cifra representó un aumento de 2,000 más en comparación con enero de 2020.
La insatisfacción laboral destacada en la investigación de la Pontificia Universidad coincidió con los recientes datos del informe del Índice de Gerentes de Compras (PMI) para el Sector Manufacturero de Puerto Rico de julio de 2024 sobre la alta rotación de personal y el ausentismo en Puerto Rico. Ambos informes señalaron que estos problemas pueden atribuirse a varios factores, como la falta de estabilidad laboral, las condiciones insatisfactorias en el trabajo y la carencia de incentivos. Esto refleja un ambiente laboral precario, agravado por políticas que han erosionado los derechos de los trabajadores, contribuyendo a una mayor inestabilidad.
Con la intención de atender esta situación de precariedad laboral, el gobierno de Puerto Rico ha intentado en varias ocasiones aprobar legislación para devolver algunos de los derechos eliminados por los pasados años. Sin embargo, pocas veces se logró llegar a un consenso legislativo. Asimismo, si bien se han implementado algunos programas e incentivos, estos no han sido lo suficientemente agresivos o extensivos para abordar completamente el desempleo o las dificultades estructurales del mercado laboral. La oferta de trabajos, especialmente aquellos con salarios justos y condiciones laborales adecuadas, sigue siendo insuficiente para satisfacer la demanda. A 5 años de la pandemia del COVID-19, todavía prevalece esta situación limitada de oportunidades de trabajo. La disparidad salarial y las escasas oportunidades laborales se imponen. Ante esta situación, muchos puertorriqueños en edad productiva han optado por emigrar a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades laborales.
En conclusión, el periodo entre 1995 y 2025 evidencia un viraje ideológico y político que ha puesto en detrimento a la clase trabajadora en Puerto Rico. Las políticas adoptadas durante estas décadas han promovido una economía excluyente, basada en el despojo de derechos, la desmovilización sindical y la mercantilización del trabajo. Este proceso ha socavado no solo la seguridad económica de miles de familias, sino también el sentido de dignidad y agencia colectiva. Frente a este panorama, la historia reciente debe ser comprendida como una advertencia, pero también como una invitación urgente a la organización, la resistencia y la recuperación de un proyecto de país basado en la justicia laboral y el respeto a la dignidad humana.
