Desde el inicio de su mandato como gobernadora, Jenniffer González ha promovido una visión del desarrollo económico que entra en conflicto con la protección de nuestros bienes comunes naturales. En las poquísimas ocasiones en que se le cuestionó durante su gestión como Comisionada Residente y como candidata a la gobernación, sobre su visión para atender problemas críticos del país entre los cuáles está la disfunción del sistema energético y la apropiación de nuestras costas para la construcción de complejos y edificios para sectores, casi siempre de afuera del país y de alto poder adquisitivo, González fingió querer atenderlos de forma sensible. A pesar de sus declaraciones sobre la protección de los recursos naturales, sus acciones han favorecido la desregulación ambiental y la expansión de energías fósiles, muy particularmente el gas metano, mal llamado gas natural. En sus primeros 100 días en el poder, ha impulsado políticas que facilitan la explotación del territorio, debilitando normativas que protegen el medioambiente y beneficiando intereses privados.
El discurso “ambiental” de Jenniffer González vs. su agenda energética
González alega que ha conseguido fondos federales para la protección ambiental. Sin embargo, nos preguntamos: ¿de qué sirve obtener fondos para “proteger” lo que al mismo tiempo se permite destruir? Basta mirar lo que ocurre en La Parguera, Caño Tiburones, la Laguna San José, la Bahía de Jobos, en Vieques y Culebra. ¿De qué sirve financiar investigaciones marinas si los sistemas de cuencas hídricas que sostienen nuestras costas son deforestados, canalizados o contaminados por descargas sanitarias como resultado de una mala planificación?
Las declaraciones de campaña de González claramente contrastan con su solicitud a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) para que Puerto Rico fuese incluido en la desregulación de 31 políticas ambientales, con el fin de acelerar la transición al gas metano fósil. Un recurso que no es endémico en nuestro archipiélago y crea mayor dependencia de importaciones del exterior.
Entre estas 31 políticas impulsadas por la administración del convicto Donald Trump, a quien González apoya abierta e incondicionalmente, se incluye: la flexibilización de los estándares de emisiones de gases de efecto invernadero para plantas energéticas, la eliminación de restricciones a la contaminación del aire por mercurio, la reducción de protecciones para cuerpos de agua bajo la Ley de Agua Limpia, la eliminación de regulaciones que limitaban la expansión de infraestructura fósil en zonas vulnerables y la desreglamentación de las cenizas tóxicas de carbón, entre otras. Estas políticas no sólo ponen en riesgo la biodiversidad de Puerto Rico, sino que también agravan la crisis climática y exponen a las comunidades a niveles cada vez más altos de contaminación. Esas políticas son evidentemente nefastas criminales, promueven la enfermedad y la muerte.
Gonzalez apoya abierta e incondicionalmente las políticas ambientales del convicto presidente Trump.
Además, González ha respaldado la continuidad de la quema de carbón como una falsa medida de transición energética. En su intento de justificar estas decisiones, afirmó: “En estos momentos, yo necesito generación. Para mí, no es una opción otro tipo de energía que no sea gas natural, que es económica, que es limpia esa conversión a ciclo combinado”. Sin embargo, esta afirmación ignora la amplia evidencia científica que desmiente la narrativa del gas “natural” como una energía limpia y sustentable. El gas metano, componente principal del llamado gas natural, es un potente gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global hasta 86 veces mayor que el CO2 en un período de 20 años. Además, las fugas de metano en toda la cadena de suministro (extracción, transporte y distribución) contribuyen significativamente al cambio climático.
Para las comunidades aledañas a las plantas generadoras de electricidad en Puerto Rico, la quema de gas metano representa una amenaza directa a su salud. Estudios han demostrado que la exposición a los contaminantes generados por la combustión del gas natural, como los óxidos de nitrógeno (NOx) y el material particulado fino (PM2.5), está vinculada con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y un aumento en las tasas de mortalidad prematura y además contiene grandes cantidades contaminante como los compuestos orgánicos volátiles y esaltamente explosivo. En comunidades de bajos recursos, donde a menudo se ubican estas instalaciones, los impactos a la salud y seguridad son desproporcionadamente altos.
La primera ley que firmó la gobernadora extendió la quema de carbón para generar energía y eliminar la mayoría de las metas de energía renovable. Esa primera ley de la gobernadora da paso a que se perpetúe la operación de la planta de quema de carbón de AES en Guayama. Los impactos a la salud pública de la quema de carbón se ha documentado en los estudios epidemiológicos de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas en varias comunidades de Guayama en los siguientes hallazgos:
• 1 de cada 3 personas en Guayama ha sido diagnosticada con enfermedad respiratoria;
• 1 de cada 4 habitantes de Guayama ha sido diagnosticada con enfermedad cardiovascular;
• El asma pediátrica es aproximadamente 5 veces mayor en Guayama;
• El asma grave en niños es 6 veces mayor en Guayama;
• La prevalencia de urticaria es 7 veces mayor en Guayama;
• La prevalencia de abortos espontáneos es más de 6 veces mayor en Guayama;
• La probabilidad de padecer bronquitis crónica en la población mayor de 45 años es 9 veces mayor en Guayama;
• La probabilidad de padecer asma pediátrica es aproximadamente 6 veces mayor enGuayama
Muchas personas que viven cerca de la carbonera han desarrollado condiciones respiratorias graves sin haber fumado nunca. Desde que AES comenzó operaciones en 2002, reportan tos persistente, dificultad para respirar, y un deterioro notable en su calidad de vida. Algunas dependen de terapias respiratorias y apenas pueden salir de sus casas sin exponerse al polvo y las cenizas. “Antes el aire era limpio, ahora hasta las frutas salen cubiertas de ceniza”, se escucha con frecuencia. Estos testimonios reflejan el costo humano de sostener una industria que enferma y desplaza.
La apuesta por el gas: más riesgo, menos resiliencia ecológica
Además, la importación y licuación de gas metano en la Bahía de San Juan presenta serios riesgos ambientales y de seguridad. La manipulación de gas metano licuado en zonas cercanas a poblaciones densamente habitadas aumenta el riesgo de explosiones e incendios, con consecuencias potencialmente devastadoras para residentes y la infraestructura costera. En la zona portuaria de Cataño, Guaynabo y San Juan, existen múltiples instalaciones peligrosas que, en caso de una fuga o incidente relacionado con el gas, podrían desencadenar un efecto en cadena con consecuencias catastróficas.
Dentro del radio de media milla del terminal de gas de New Fortress Energy (NF Energía), se encuentra la comunidad del Barrio Sabana, con más de 1,200 residentes que estarían en grave riesgo. Además, en el radio de media milla se encuentran también las siguientes instalaciones de servicios esenciales:
• Molinos de Puerto Rico, una de las instalaciones industriales más importantes para la producción de alimentos en la isla.
• Centro de servicios de emergencia, Municipio de Guaynabo, encargado de coordinar la respuesta ante emergencias, que podría quedar sobrepasado en un escenario de crisis.
• Hogar Crea, Barrio Sabana, con personas en situación vulnerable, especialmente aquellas con problemas de adicción, que necesitarían evacuación inmediata en caso de desastre.
• Puma Energy Dock y Cataño Oil Dock, que almacenan y distribuyen productos derivados del petróleo, agregando un nivel adicional de peligro en caso de un accidente.
• El Centro de Detención Metropolitana (Cárcel Federal), con una comunidad penal de 1,065 personas, que quedaría expuesta a los efectos de un posible incidente.
• Centro Internacional de Mercadeo, que alberga dos grandes estructuras con más de 134 oficinas comerciales y espacios de estacionamiento, afectando a miles de personas diariamente.
• Plaza Provision Company, uno de los principales distribuidores de alimentos y productos en Puerto Rico, con una vasta área de almacenamiento en Guaynabo.
• Instalación militar, cuya vulnerabilidad podría comprometer la seguridad nacional en caso de emergencia.
• JF Montalvo, dedicado a la venta de bienes de consumo y alimentos, una instalación de importancia económica que podría verse gravemente afectada.
• Tropigas y Progasco, empresas que suministran gas propano licuado, cuyas instalaciones podrían convertirse en focos de riesgo en un escenario de fuga de gas.
• TraFon Group, un distribuidor de alimentos, junto a Packers Food Service y Star Meat, que operan en áreas cercanas a estos riesgos.
Este conglomerado de infraestructuras industriales, comerciales y de servicios esenciales en un área densamente poblada aumenta exponencialmente los riesgos para la seguridad y la vida de los residentes. La combinación de la importación y licuación de gas metano con las actividades industriales y la proximidad de estas instalaciones críticas representa un peligro inminente de efectos en cadena que no puede ser ignorado.
Además, a nivel ecológico, el tráfico marítimo y las actividades asociadas a estas operaciones pueden tener impactos graves en los ecosistemas marinos de la bahía, afectando la calidad del agua y la biodiversidad. Los riesgos derivados de la infraestructura de gas en una de las áreas más densamente pobladas y vulnerables del país agravan aún más las preocupaciones de seguridad y salud para la población local y el medio ambiente.
Privatización y flexibilización de regulaciones ambientales
La OGPe aprobó una “Consulta de Ubicación” sometida por la empresa Normandie OZ, LLC, autorizándola a intervenir en terrenos públicos para fines privados sin vistas públicas ni Declaración de Impacto Ambiental. Esto afecta directamente espacios emblemáticos como el Parque del Tercer Milenio y el Estadio Sixto Escobar, ambos de gran valor recreativo, histórico y ambiental.
En esta resolución, la OGPe modificó además la zonificación del terreno de “Dotacional Recreación y Deportes (D-D)”a “Dotacional General (D-G)”, facilitando así el desarrollo turístico-comercial del área. Esta decisión fue tomada ignorando la oposición formal de grupos como Escambrón Unido, quienes han denunciado la apropiación de más de un tercio del balneario público para uso exclusivo del proyecto privado, que incluye una piscina infinita, estacionamiento para más de 500 vehículos, y restaurantes de lujo.
Este caso no es aislado, sino que forma parte de una tendencia sistemática de desplazamiento ambiental, del despojo de lo público y de la mercantilización de nuestros espacios naturales y culturales con el aval de las agencias estatales y municipales. Estas decisiones reflejan cómo, al igual que en otros proyectos, la privatización y la flexibilización de las regulaciones ambientales están acelerando la transformación de los recursos naturales en productos comerciales.
Grupos como Escambrón Unido han denunciado la apropiación de más de un tercio del balneario público para uso exclusivo privado.
Uno de los casos más controversiales de su gestión ha sido la Orden Administrativa 2025-01, firmada por el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, para legalizar las casas flotantes en La Parguera. Expertos en derecho ambiental han advertido que esta orden viola leyes y reglamentos vigentes, y beneficia directamente a personas cercanas a la gobernadora, incluyendo a sus suegros.
El proyecto de ley enviado por González a la Legislatura (PS 272) no solo busca legalizar estas estructuras en la Zona Marítimo Terrestre, sino que también propone enmiendas a la Ley Orgánica del DRNA que debilitan su capacidad reguladora. Entre los mandatos propuestos, se encuentra la creación de un régimen especial de permisos para concesionar espacios en el agua a propietarios privados, limitando la posibilidad de impugnación de estos permisos por parte de ciudadanos y organizaciones ambientales. Además, el proyecto de ley reduce la protección de ecosistemas marinos al modificar las definiciones de “usos permitidos” en estas áreas, facilitando la proliferación de construcciones en espacios tradicionalmente protegidos.
Varios expertos en derecho ambiental han alertado sobre las implicaciones legales y ecológicas de esta medida. Sostienen que el proyecto contradice la doctrina del dominio público al permitir que recursos de todos sean privatizados sin un proceso de consulta adecuado. También argumentan que la legislación allana el camino para un precedente peligroso, en el que futuras administraciones podrían utilizar mecanismos similares para comercializar otras áreas de alto valor ecológico. Adicionalmente, advierten que la concesión de permisos a estructuras ilegales sin un estudio de impacto ambiental riguroso podría agravar los problemas de contaminación, erosionando los ecosistemas costeros y afectando la biodiversidad marina. Tampoco existe consideración alguna sobre el impacto que estos problemas tendrán sobre la calidad de vida a niveles culturales, sociales y económicos sobre las comunidades costeras.
Estamos denunciando varios proyectos que amenazan gravemente nuestros ecosistemas y comunidades: la ciclovía en la zona costera, que afectaría el Bosque Comunitario La Armonía y la Reserva Marina Tres Palmas; el Proyecto Esencia cerca de la Bahía de Boquerón, que destruiría 2,000 cuerdas de terreno costero; el Paseo La Cima, un desarrollo de 100 apartamentos que devastaría el Bosque de Cupey y el río Piedras; el proyecto de Punta Bandera, que propone la construcción de edificios de alta densidad cerca del Balneario La Monserrate, afectando la costa vecina; y el Moncayo Resort en Fajardo, un complejo turístico de lujo que amenaza 1,100 acres de costa boscosa, justo al lado del Bosque Estatal de Ceiba.
Exigimos la detención y revisión de estos proyectos para proteger nuestros ecosistemas y asegurar un desarrollo realmente sostenible.
La crisis del reciclaje y la gestión de desperdicios
Otra de las inconsistencias en el discurso ambiental de la gobernadora es su promesa de priorizar el reciclaje sin implementar estrategias concretas. A pesar de reconocer la falta de infraestructura para procesar desechos, su administración no ha propuesto medidas para fortalecer la industria del reciclaje, ni cambiar la fallida lógica del manejo de residuos en Puerto Rico. Su única acción concreta hasta el momento ha sido anunciar una campaña educativa para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del reciclaje, la reducción, el reuso y otras medidas como el compostaje sin asignar fondos para mejorar la recolección y procesamiento de estos materiales , sin proponer fijar responsabilidad corporativa por los materiales que circulan en nuestro país . De hecho, otra de las primeras acciones del gobierno de González ha sido dejar sin efecto la Ley 51 del 2022 (Ley de prohibición de plásticos de un solo uso) por las presiones, tergiversaciones y manipulaciones que intereses económicos muy particulares como ASORE, agrupación de cadenas de comida rápida han promovido públicamente.
A 100 días de su administración, Jenniffer González ha demostrado que su agenda prioriza la desregulación y un supuesto “desarrollo económico” basado en la explotación de nuestros bienes comunes y la vulneración de la vida humana, por encima de la protección ambiental. González dirige un gobierno que en 100 días ha acelerado la destrucción ambiental en nombre del ‘desarrollo’.
La contradicción entre sus discursos y sus acciones revela no solo hipocresía y una peligrosa ignorancia sobre nuestra vulnerabilidad climática, sino también un proyecto político abiertamente eco y etnocida. Sus políticas —disfrazadas de ‘desarrollo’— revelan que sus frases de campaña evidentemente eran palabras huecas, y anuncios engañosos empacados con el “baile, botella y baraja” que solo tenían como propósito llegar a la gobernación no para resolver los graves problemas que enfrentamos ante tanta corrupción, desigualdad, despojo, desplazamiento y el Cambio Climático, sino solo para saciar su ambición de poder. Su agenda política en estos primeros 100 días, ha dejado más que claro un modelo de gobernanza autoritario, donde se silencia y reprime a las voces ciudadanas que defienden sus entornos, la pertenencia a sus comunidades y su calidad de vida, para favorecer intereses privados y políticas de la muerte. Es el gobierno de la trampa: legaliza lo ilegal, convierte nuestros patrimonios naturales en mercancía y sacrifica el bien común en el afán altar del lucro. Frente a esto, levantamos la voz para reclamar lo que es nuestro por derecho:
1. A un ambiente sano, donde el aire no esté envenenado por emisiones de combustibles fósiles incluyendo la quema de carbón; que nuestros cuerpos de agua no estén contaminados ni asfixiados por los resíduos de la quema de carbón, la basura y los desechos industriales; que nuestros suelos agrícolas no sean dañados por las falsas soluciones del “capitalismo verde” acaparando grandes extensiones de suelos agrícolas productivos, bosques secundarios y hábitats de especies protegidas.
2. A costas libres de privatización, donde los manglares —nuestros escudos contra huracanes— no sean arrasados para facilitar el despojo de nuestras costas y el desplazamiento de nuestras comunidades.
3. A participar en las decisiones que afectan nuestros territorios, sin órdenes administrativas, ni funcionarios públicos en las agencias que tergiversan reglamentos, procesos y violan leyes ambientales.
4. A energía renovable distribuida y accesible como bien público, no como mercancía exclusiva de los que puedan pagar altas sumas por los sistemas solares en techo, no a un sistema que nos encadena a combustibles fósiles mientras el planeta arde y nuestras comunidades sufren en sus cuerpos el carimbo de la contaminación del aire, suelo y agua.
5. A la justicia climática, donde quienes contaminan paguen, y no sean premiados con permisos y subsidios como ha ocurrido con AES, con Genera, LUMA, New Fortress y corporaciones rentistas que promueven la construcción desmedida y ecocida.
6. A que nuestros hijos e hijas hereden un Puerto Rico habitable, con playas públicas, bosques vivos y suelos, aire y agua limpia, no un archipiélago que está en venta al mejor postor, mientras nos enferman y nos desplazan.
Estos no son privilegios, son derechos humanos y como hijas e hijos de esta tierra. Por nosotras y por las generaciones que vendrán, seguiremos luchando. No desde la resignación, sino desde la resistencia creativa, exigiendo políticas que protejan la vida —no la destrucción disfrazada de progreso. El presente y el futuro no se negocian.
