En diciembre de 2021, el candidato reformista de la izquierda, Gabriel Boric, ganó las elecciones presidenciales en Chile frente al candidato de extrema derecha José Antonio Kast. Esta victoria siguió al levantamiento masivo de la juventud y parte de la clase trabajadora contra las políticas de austeridad en el otoño de 2019. Sin embargo, en lugar de fijarse el objetivo de satisfacer las demandas del movimiento y la población que lo había elegido, Boric anunció, desde el principio, su deseo de “tender puentes hacia Kast” y la derecha chilena en general.
Nuestros camaradas chilenos advirtieron entonces: “Ningún compromiso favorable a las masas se puede lograr con la clase dominante chilena. La crisis económica mundial ofrece muy poco margen para reformas progresistas significativas dentro del marco del capitalismo.”
La “Ley del Gatillo Fácil”
En busca de compromisos con la derecha chilena, Boric terminó aplicando el programa de la misma. En abril pasado, aprobó la ley Nain-Retamal, que lleva el nombre de dos policías fallecidos en servicio, pero que la juventud chilena rebautizó como “ley del gatillo fácil”. Aumenta las penas legales para cualquiera que ataque a la policía. Al mismo tiempo, establece una “presunción de legítima defensa”: el uso de su arma reglamentaria por parte de un policía se considerará en lo sucesivo justificado – hasta que se demuestre lo contrario, lo que evidentemente será muy difícil.
Esta reforma es aún más impactante porque, durante el movimiento de 2019, casi treinta personas fueron asesinadas por la policía o el ejército. Varios miles más resultaron heridos. Las “fuerzas policiales” también cometieron decenas de violaciones y actos de tortura. Sin embargo, hasta la fecha ningún policía o militar ha sido condenado por estos delitos. La ley Nain-Retamal solo puede reforzar esta impunidad.
La píldora no fue fácil de tragar para la dirección del Partido Comunista de Chile, que tiene dos ministros en el gobierno. Pero se la tragó igual: tras amenazar con presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, se echó atrás, para no poner en aprietos al gobierno.
Esta reforma está en línea con la política de seguridad seguida por Boric desde que llegó al poder. Si bien había prometido poner fin a la “ley antiterrorista” y la ocupación militar del territorio mapuche en el sur de Chile, nada de esto se ha cumplido. Al contrario: el estado de emergencia que se había impuesto en las provincias del sur se ha extendido al norte del país.
Del “compromiso” a las renuncias
Cuando Boric fue elegido, explicamos que dado que “no tiene una mayoría absoluta en el Parlamento, se verá empujado a hacer compromisos con la derecha”. Esto es precisamente lo que está sucediendo. El gobierno se apoya cada vez más en los partidos de centro-derecha y no deja de dar promesas a la burguesía chilena.
Tan pronto como asumió el cargo en marzo de 2022, Boric eligió a Mario Marcel como ministro de Hacienda. Este político burgués presidió el Banco Central de Chile entre 2016 y 2022. Entonces apoyó plenamente las políticas de austeridad que provocaron el levantamiento de 2019. Como era de esperar, la política económica del gobierno de Boric es una extensión de la de su predecesor.
Prometida durante la campaña electoral, la reducción de la semana laboral a 40 horas se implementó después de largas negociaciones con los empresarios. Pero este último obtuvo, a cambio, la “flexibilización del trabajo”. En pocas palabras, esto significa la capacidad de despedir trabajadores mucho más fácilmente.
Muchas otras reformas progresistas anunciadas durante la campaña electoral, incluidas las del sistema de pensiones o la educación, han sido abandonadas en nombre de la “responsabilidad fiscal”. El gobierno las había condicionado a la adopción de una reforma fiscal que fue rechazada por el Parlamento.
Al moderar su programa, Boric espera apaciguar a la clase dominante chilena. Pero ésta sostiene al gobierno como la cuerda sostiene al ahorcado. La burguesía chilena utiliza a Boric –y su autoridad “izquierdista”– para imponer toda una serie de medidas reaccionarias. Al mismo tiempo, sabe que tal política desacreditará a Boric a los ojos de sus electores y, por lo tanto, promoverá el regreso de la derecha al poder.
Sin embargo, esta estrategia no está exenta de riesgos. Un sector creciente de la juventud comienza a tornarse contra el gobierno y a denunciar sus medidas reaccionarias y represivas.
Ninguno de los problemas económicos que se planteaban en 2019 se ha resuelto. Al contrario, la inflación los ha empeorado. Por lo tanto, una nueva explosión revolucionaria es, en última instancia, inevitable. Para triunfar, el movimiento tendrá que aprender las lecciones del levantamiento de 2019, vincular las movilizaciones de la juventud a la clase trabajadora y construir una organización revolucionaria con un programa de ruptura con el capitalismo chileno.
Fuente: Révolution
Traducción: Rumbo Alterno
