El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) anunciaron hoy el lanzamiento de un pleito judicial en contra de la prohibición de alianzas electorales en Puerto Rico. La prohibición, que ha estado en vigor desde 2011, ha sido criticada por constituir una limitación de la democracia y una barrera para la representación política de grupos minoritarios.
La demanda presentada en el Tribunal de Primera Instancia, alega que la prohibición de coaligación de candidaturas en la papeleta electoral viola diversos derechos constitucionales de los partidos políticos, de sus miembros y del electorado. Según el PIP y el MVC, la prohibición limita la capacidad de los partidos políticos de formar coaliciones y de presentar candidaturas que representen una amplia variedad de puntos de vista. El pleito busca que se declaren inconstitucionales los artículos 6.1 y 7.9 del Código Electoral de Puerto Rico.
“El Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana comparecen al Tribunal con la mayor buena fe puesta en el sistema judicial como último recurso para enderezar el entuerto estatutario que el Código Electoral ha infligido a la democracia puertorriqueña, trastocando el derecho y la práctica electoral de más de un siglo. Desde el 2011, la legislación electoral vigente en Puerto Rico vulneró valores fundamentales de nuestro pueblo al imponer en el Código Electoral la prohibición de que dos o más partidos políticos acuerden una alianza o postulen candidaturas coaligadas, y que una persona sea candidata por más de un partido político. Esa prohibición se reiteró en las enmiendas de 2020, y se mantienen en aquellas que se contemplan en este momento en la legislatura.”, señaló el licenciado Carlos Gorrín Peralta.
A su vez, el licenciado José Javier Lamas subrayó que “las prohibiciones impuestas en el Código Electoral vigente a la posibilidad de que dos partidos políticos presenten candidaturas comunes en el proceso electoral, crean una serie condiciones inconstitucionales que imponen cargas onerosas al ejercicio de derechos fundamentales que poseen los partidos políticos y sus integrantes, como lo es el derecho al voto, la libertad de asociación, la libertad de palabra y, sí, también crea un discrimen contra la oposición política al bipartidismo por motivo de sus ideas políticas. Esto, sin que exista un interés apremiante que el gobierno busque adelantar con tales prohibiciones. En ese sentido, estamos ante disposiciones del Código Electoral que son, claramente, inconstitucionales y deben ser así declaradas para abrir paso a un proceso electoral que reconozca mayor participación democrática”.
En la demanda figuran como demandantes, los partidos políticos Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño. Asimismo, figuran como demandantes el secretario general del PIP, Lic. Juan Dalmau Ramírez y el coordinador general de Victoria Ciudadana, Lic. Manuel Natal Albelo. Al igual que los y las Comisionadas Electorales de ambas colectividades.
Por su parte, la licenciada Yanira Reyes Gil, en representación de la Comisionada Electoral del Movimiento Victoria Ciudadana, planteó que “la actual prohibición establecida en el Código Electoral limita, de manera injusta, la libertad de asociación de la Comisionada Electoral al restringir su capacidad de representar los intereses del partido y el electorado que representa; se les obliga a rechazar candidaturas que podrían ser nominadas por otro partido. Esto implica sacrificar sus vínculos de asociación con el partido y el electorado al que representa.”
Los demandados son el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Comisión Estatal de Elecciones, su presidente y los comisionados electorales de los otros tres partidos políticos que la integran.
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