La Colectiva Feminista en Construcción tomó la Milla de Oro, para denunciar el desplazamiento en Puerto Rico, como parte de las actividades en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.
Con la consigna “Resistimos, ocupamos, desplazadas nunca más”, el grupo de mujeres detuvo el tránsito entre la avenida Muñoz Rivera y la avenida Carlos Chardon en horas tempranas de la mañana, para denunciar el desplazamiento que está ocurriendo en Puerto Rico, y que según estas, está siendo impulsado y facilitado por los gobiernos de turno a través de sus políticas públicas. Esto se manifiesta en el alza de los precios de los alquileres, la falta de acceso a vivienda digna y a servicios de salud, el cierre de escuelas y abandono de edificios y espacios públicos, así como el aumento en los precios de los alimentos y de los servicios esenciales que afectan en mayor medida a los sectores más vulnerables del país.
“En Puerto Rico, el 43% de las personas vive debajo del nivel de pobreza, del cual el 55% son mujeres jefas de familia. Y esta pobreza es el resultado de unas políticas concretas de un gobierno que se ha dedicado a regalar el dinero público a inversionistas extranjeros en detrimento de las comunidades. Nunca hay dinero para mantener nuestras escuelas abiertas y en condiciones, no hay dinero para ofrecer servicios de salud dignos a la gente pobre, no hay dinero para pagar pensiones, pero siempre hay dinero para que los partidos que han gobernado el país se lo repartan entre sus líderes y donantes y para que le otorguen incentivos a inversionistas que ni siquiera viven aquí. Es por esto que las mujeres estamos hoy aquí, en primera línea, denunciando cómo las violencias del estado nos desplazan todos los días”, señaló Zoán T. Dávila Roldán, portavoz de la organización.
“Sabemos que la rabia y el sentido de pérdida, de que nos están robando nuestro país y nos están expulsando, es generalizado, por eso el momento de salir a la calle es ahora”, añadió Dávila Roldán.
La organización denunció cómo el gobierno está beneficiando a extranjeros, particularmente estadounidenses, con incentivos contributivos a través de la Ley 60, anteriormente Ley 22, que, según Dávila Roldán “no tienen ningún impacto positivo en el desarrollo económico del país”. Por el contrario, sostuvo, “estas medidas facilitan el acaparamiento de edificios por estos “inversionistas” con efectos nefastos para las comunidades”.
Sobre esto, Shariana Ferrer Núñez, portavoz de la organización, señaló que “se da una especie de efecto dominó. Compran un primer edificio, hacen unas reparaciones mínimas, triplican el precio de la renta desplazando a los vecinos que no pueden pagarlo, y de ahí, no pasa mucho tiempo hasta que otros propietarios comienzan a hacer lo mismo”. De esta forma, según Ferrer Núñez, “personas con mayor poder adquisitivo se mudan a barrios que han sido el hogar por décadas de trabajadoras, migrantes, estudiantes, como lo es el caso de Río Piedras”. Ferrer Núñez también mencionó, sobre el impacto de la compra de propiedades en zonas residenciales para convertirlos en alquileres de corto plazo, que esto “no solo afecta el precio de la renta, sino que transforma a las comunidades, las cuales ahora son pensadas para servir a las necesidades de los turistas y no a las suyas”.
Como parte de la jornada política de este 8 de marzo, la Colectiva Feminista publicó el manifiesto “Desplazadas Nunca Más” en el que analizan el desplazamiento como uno político y territorial. La organización sostiene que el desplazamiento político ha quedado evidenciado en las acciones tomadas por la Junta de Control Fiscal y por la clase política del país que pretenden “continuar despojándonos del poder y de la autonomía para decidir el rumbo de nuestras vidas, de nuestras comunidades y de nuestro archipiélago”. Asimismo, estas denuncian la práctica del desplazamiento territorial que definen como “el que se manifiesta arrebatándonos nuestros hogares, comunidades, playas, empleos y hasta el suelo que pisamos. Todo en servicio de un modelo económico basado en la privatización de lo público y la negación de lo común”.
Sobre la jornada realizada, Verónica Figueroa Huertas, también portavoz de la organización señaló que a través de los espacios comunitarios en que la Colectiva se ha insertado, han visto la notable preocupación de las personas en diversas áreas de San Juan, que se preguntan qué hacer para frenar el aumento de las rentas y del precio de los alimentos y servicios esenciales.
“La comunidad tiene claro que esto se trata de una política clara por parte del estado de desplazar a los más vulnerables para venderle nuestras tierras, edificios y bienes públicos a extranjeros que vienen a lucrarse. La sensación de que estamos siendo expulsadas está latente y la gente lo ve y los sufre en carne propia pues no hay quien no haya despedido a un familiar que se tuvo que ir de Puerto Rico”, dijo Figueroa Huertas.
La Colectiva Feminista concluyó su manifestación haciendo un llamado al pueblo de Puerto Rico a salir a la calle y a continuar manifestándose para frenar el desplazamiento, esto bajo el llamado “Desplazadas Nunca Más”.
