En agosto de 2022, el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (“FADEP”), compuesto por la Federación de Maestros de Puerto Rico, Inc. (“FMPR”); Grupo Magisterial Educadores(as) por la Democracia, Unidad, Cambio, Militancia y Organización Sindical, Inc. (“EDUCAMOS”); y Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación, Inc. (“ÚNETE”), presentó ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos una petición de certiorari, mediante la cual recurre de la decisión del Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston que confirmó el Plan de Ajuste de Deuda del Gobierno Central. El FADEP reclama que se revierta la anulación de sus leyes de retiro mediante el Plan de Ajuste de Deudas que redujo dramáticamente sus derechos de pensión y cambió el sistema de retiro de beneficios definidos a uno de aportaciones definidas. A su vez, en la medida en que el desplazamiento y anulación de las leyes sobre el retiro solo puede ocurrir en Puerto Rico bajo PROMESA, el FADEP aboga por la revocación de los Casos Insulares. La petición fue presentada y suscrita por la Lcda. Jessica E. Méndez Colberg, el Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez, y la Lcda. Zoé C. Negrón Comas, del Bufete Emmanuelli CSP.
Desde el principio, el FADEP se opuso a la confirmación del Plan de Ajuste de Deuda. “La Junta de Control Fiscal había representado que su Plan no era viable si no renunciábamos a nuestro sistema de retiro. Eso resultó ser falso”, declaró la profesora Mercedes Martínez Padilla, presidenta de FMPR. “Por eso, estamos solicitando que se deshaga nos devuelva nuestro sistema de retiro”, añadió Martínez Padilla. El Primer Circuito desestimó los reclamos del FADEP el 13 de mayo de 2022.
“En síntesis, queremos que el Tribunal Supremo resuelva nuestra petición y reconozca que la Junta de Control Fiscal se excedió en sus poderes al implementar los cambios al Sistema de Retiro del magisterio mediante el Plan de Ajuste de la Deuda”, expresó Liza M. Fournier Córdova, presidenta de ÚNETE. “La Junta nos ha alargado el tiempo de servicio, con todo lo que eso implica para nuestra salud mental y física, y redujo nuestras pensiones a una miseria. No vamos a detenernos”.
“Reconocemos que nuestro caso también tiene repercusiones para las pensiones de los compañeros de la Autoridad de Energía Eléctrica y los miembros de la judicatura. De igual forma, la petición de revocar los Casos Insulares es una que es importante para el país completo”, añadió Fournier Córdova.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene ante su consideración la petición y la evaluará en conferencia el 18 de noviembre de 2022.
“Esperamos que el Tribunal Supremo acoja y expida el recurso, porque contiene varios asuntos de primera impresión y repercusiones amplias. Mediante el Plan de Ajuste de la Deuda, la Junta de Control Fiscal decidió que tenía el poder de legislar y, por ahora, las cortes se lo han permitido con una racionalización extraña de la doctrina de desplazamiento”, comentó el Lcdo. Emmanuelli Jiménez. “A pesar de que ni siquiera la ley PROMESA le reconoce a la Junta el poder de legislar, esta decisión se lo permitió y privó al Gobierno de Puerto Rico de uno de sus pocos poderes remanentes”, añadió.
“Además, este caso presenta un precedente peligroso que puede percolarse en otros casos. Específicamente, el poder que las cortes le concedieron a la Junta para desplazar legislación local mediante un Plan de Ajuste de Deuda, tiene el potencial de incidir en la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica”, añadió la Lcda. Negrón Comas. “Esas leyes que pudieran desplazarse incluyen las que mantienen tarifas razonables, promueven la energía renovable, proveen los subsidios, protegen el ambiente, etc. Todo esto está en riesgo de ser desplazado en el caso de la AEE si no se corrige la interpretación del Primer Circuito”.
“Nuestra petición de certiorari toca la puerta del Tribunal Supremo, hoy deciden si la abren”, explicó Emmanuelli Jiménez. “Entendemos que estamos en una coyuntura muy importante para llevar los planteamientos del FADEP, y en particular para lograr que se atienda la revocación de los Casos Insulares”.
Los Casos Insulares son una serie de casos decididos por la Corte Suprema de Estados Unidos a principios de los años 1900 que justifican el trato discriminatorio de los territorios en las cortes federales”, puntualizó Méndez Colberg. “La base de estos casos es una doctrina que se rehúsa extender la constitución de Estados Unidos bajo el fundamento de que los habitantes de estos territorios somos de razas y costumbres distintas. Nuestra posición es que, en ausencia de los Casos Insulares, los tribunales no hubiesen podido resolver como lo hicieron y que ya es hora de que esa doctrina racista que incide sobre el diario vivir de las personas que residen en los territorios sea revocada” manifestó Méndez Colberg.
En vista del costo significativo de estos esfuerzos el FADEP tiene un proceso de recaudación de fondos para este litigio a través de un GoFundMe y pidió a todo el Pueblo de Puerto Rico su apoyo para proteger estos derechos. El GoFundMe está disponible en este enlace.
