Nadie, a ciencia cierta, conoce el futuro.
Lo que si podemos afirmar, rotundamente,
es que todos lo estamos construyendo hoy.
En la medida en que se acerca el momento en que la Junta Dictatorial impondrá su denominado Plan de Clasificación y Retribución (PCR), ahora lanzado bajo el título de Reforma del Servicio Público, van apareciendo elementos que confirman lo distante que está el mismo de las expectativas de progreso y bienestar de los servidores públicos.
A base de los números que hoy circulan en los medios de comunicación hemos hecho una simple operación aritmética que nos va dando una perspectiva más clara de por donde van los dictadores que gobiernan el país. Veamos y analicemos los siguientes datos.
Los datos más recientes señalan el total de empleados públicos en unos 130,000. De los 100,000 empleados públicos que contempla cubrir el PCR, solo unos 25,000 recibirán un aumento de salario. Aquí la aritmética simple nos dice que unos 30,000 puestos de trabajo que hoy ocupan servidores públicos a distintos niveles y en diferentes agencias, podrían desaparecer o simplemente no serán en forma alguna considerados para nada. La meta de seguir achicando el gobierno, hasta hacerlo inoperante, tal y como han hecho con los activos que desean privatizar, no ha culminado.
No tenemos la menor duda que el sueño ideal de la Junta es crear un Consorcio de Empleadores Privados y asignarle a éstos la responsabilidad de manejar los asuntos de día a día del gobierno. Total, no es mucha la diferencia entre lo que hoy hacen las siete personas que han logrado sustituir al Senado, la Cámara de Representantes y el poder Ejecutivo del país. Además, el ensayo ya está funcionando puntualmente en el complejo industrial farmacéutico del país.
La nota periodística del día nos habla de una reserva de $99 millones de dólares que ha hecho la Junta Dictatorial para aumentar los salarios para aquellos 25,000 trabajadores que resultaran beneficiados por la medida. Aquí el cálculo aritmético es un poco más largo e igualmente sencillo como el anterior.
Si divide los $99 millones entre 25,000 empleados y el resultado, ($3,960), lo divide entre los 12 meses del año, tendrá un aumento promedio de $330.00 mensuales para cada servidor público beneficiado con la acción dictatorial. Esta cantidad en forma alguna compensa los aumentos dejados de recibir durante el extenso periodo en que los convenios han permanecido congelados y se distancia significativamente de las expectativas de aumento salarial inicial, para el primer año del nuevo convenio, de todos los trabajadores en el gobierno.
Si los $99 millones fueran divididos entre los 125,000 trabajadores, después de todo ha sido el universo de los empleados públicos el que ha resultado afectado por las medidas austericidas impuestas por la Junta, la reserva que se ha hecho apenas daría para un miserable aumento de $66.00 mensuales a cada empleado cubierto por el PCR. Lo anterior, sin echar al olvido que este cálculo deja fuera a un número mayor de empleados que hoy integran el servicio público.
Ladinos, como suelen ser los dictadores, en la nota de prensa dejan saber que los cálculos de los aumentos de salario los ha hecho la Oficina de Administración de Transformación de Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico. Esta afirmación, que astutamente deja un margen a posibles cambios, echa por tierra otro mito circulado ampliamente, de que al ver la tacañería del organismo local, la Junta directamente había tomado la responsabilidad de buscar comparables de salario en el mercado de los Estados Unidos.
Igualmente desaparece de la escena la falacia de hacer los salarios de los servidores públicos comparables competitivamente a los de la empresa privada. En este sentido siempre se ha señalado que si las comparables de salario se hacen con los empleos locales, donde lo que prevalece como norma de salario máximo es el salario mínimo fijado por ley, muy mal parados quedarán siempre los empleados públicos. Ahora, sin los beneficios de las pensiones y licencias que antes disfrutaban estos últimos.
En cuanto a la afirmación que se hace sobre la no participación de los sindicatos en la estructuración de este PCR solo cabe señalarlo como un elemento positivo que acompaña al mismo. Hablará bien de los sindicatos no haber puesto sus manos en un proyecto de tal naturaleza. Si este será el punto de partida de las negociaciones que se vienen llevando a cabo y las que están por comenzar, los sindicatos tienen un amplio taller de trabajo por delante donde podrán demostrar su pertinencia y el sentido de responsabilidad que tienen ante sus matrículas.
Además de lograr una compensación adecuada para el total de los trabajadores representados, sin excluir a los 25,000 mezquinamente retribuidos por el mismo, es importante pasar juicio sobre el contenido de los otros tres elementos presentes en el PCR; el diseño organizacional, la evaluación de los empleados y los mecanismos de reclutamiento. En este apartado es bueno recordar el dicho que señala al diablo en los detalles.
Es importante que los sindicatos empiecen por una explicación cabal a todos los trabajadores del significado de este documento, el análisis detallado de las implicaciones que tiene su puesta en vigor y los fines que persigue la Junta con su implantación. Tampoco puede pasarse por alto lo que significa en términos de la división y fragmentación de la clase trabajadora, objetivo permanente de la Junta y su Gobierno, el que a unos se les de aumento de salario (a la minoría) y a otros no (a la mayoría). Elemento utilizado en el presente para generar fricción y desalentar la pertenencia a los sindicatos por la Junta y su Gobierno.
El análisis que se realice sobre el documento, que debió haber comenzado desde que se publicó la primera línea sobre el mismo, debe ser el más detallado y preciso posible. No debe caerse en las generalidades que se ofrecen como conclusiones apresuradas para evadir la responsabilidad de medir y calibrar las consecuencias presentes y futuras para los trabajadores del sector público que se plantean en el mismo y las cuales podríamos ver en el futuro instrumentadas en el sector privado de la economía.
También hay que precisar por qué hay que luchar para que, finalizada la quiebra del país, se nos restituya el derecho a una vida digna mediante condiciones de trabajo y salario ajustados a la realidad presente. Los beneficios de haber salido de la quiebra no pueden ser solo para la clase patronal y la siempre ganadora banca financiera. La agenda del movimiento obrero para este momento es amplia y compleja, como es natural a todo cambio que aspire a una transformación verdadera de nuestra realidad laboral.
