El Gobierno de Pedro Pierluisi está dando muestras de querer implantar la desprestigiada teoría de las ventanas rotas con el deliberado propósito de frenar toda protesta de carácter sindical. En conjunto con la protección de los intereses económicos de la clase patronal, el gobierno expresa la clara intención de intimidar al pueblo trabajador en general para que la indignación por los atropellos de que ha sido objeto no se transformen en una acción de tal magnitud que llegue a cuestionar la validez de su precaria gobernanza.
La teoría de las ventanas rotas plantea que si se desarrolla una actividad pro activa, por parte de los cuerpos de seguridad del estado, atacando los delitos menores, se crea una atmósfera de orden y legalidad que previene el desarrollo de actividades que alteren el orden institucional en el futuro.
La puesta en práctica de esta teoría ha sido criticada duramente puesto que la misma ha dado lugar a prácticas policiacas objetables tales como las que vimos el pasado 3 de junio de 2022 en la manifestación de los trabajadores de la Unión Independiente Auténtica de Acueductos (UIA) frente al Edificio Central de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
Mientras los trabajadores desarrollaban un piquete que, efectivamente y como corresponde a una acción sindical organizada para lograr objetivos, limitaba el acceso al edificio. Allí se presentó un contingente de la llamada Fuerza de Choque del Negociado de la Policía y arremetió contra los manifestantes apuntándoles con armas largas, empujando, manoteando y lanzando gases lacrimógenos.
Esta no es la primera ocasión en la que el Gobierno pretende transformar en delito e inmediatamente reprimir violentamente, una actividad perfectamente legal, como lo es un piquete de protesta de los trabajadores frente a las instalaciones del patrono.
El pasado 17 de febrero de este mismo año los trabajadores organizados por Pro-Sol UTIER desarrollaban una actividad similar frente a las Torres del Centro Gubernamental de Minillas y la Policía intervino violentamente poniendo inapropiadamente bajo arresto a los trabajadores que reclamaban su derecho a protestar. Lo evidente de la indebida intervención policiaca quedó establecida cuando, llevados ante ante un Tribunal un mes más tarde, contra los acusados no se encontró causa alguna.
Esta modalidad represiva se acentúa en un momento en que el Gobierno ha levantado las restricciones para la negociación de sus Convenios Colectivos en las Corporaciones Públicas y las Agencias y Departamentos del Gobierno Central. Dicha negociación, denominada sui generis por unos y otros, depende del nivel de aceptación que alcance la oferta gubernamental entre los servidores públicos para no transformarse en la chispa que podría encender la pradera.
El escenario social donde se desarrolla la negociación de salarios y condiciones de trabajo de los empleados del sector público está saturado por el impacto que han tenido las medidas de austeridad impuestas por la Junta Dictatorial, la pérdida de derechos, la eliminación de las leyes protectoras del trabajo y el impacto del incumplimiento por parte de la legislatura de derogar las leyes denominadas como Reforma Laboral que han impactado también, negativamente, al sector privado de la economía.
Si lo anterior no fuera suficiente, se suma a la ya existente volatilidad social el repunte de la Pandemia del Covid y la inacción gubernamental para contenerla, el cese de las ayudas gubernamentales asociadas a la misma, la desmesurada alza en el costo del combustible en un país que carece de un eficiente sistema de transportación pública, el incremento en el costo de vida y la canasta de alimentos, y los aumentos consecutivos en la factura de los servicios esenciales de agua y energía eléctrica, junto a la disminución de la asignación por concepto de Cupones de Alimento.
El compás de espera que han establecido los gremios que integran el movimiento sindical del país no puede dejar de reconocer esta realidad y el nivel de responsabilidad que tienen frente a sus matrículas. La política ensayada hasta el presente por el gobierno que, junto a la teoría de las ventanas rotas, ensaya una dilación innecesaria en la presentación de sus propuestas en la mesa de negociación, apuntan a la necesidad de articular medidas de contingencia para la realidad que pueda presentarse en un corto periodo de tiempo.
Sin la pretensión de ser alarmista, no querer ver la escritura en la pared y no realizar los preparativos necesarios, nos colocará en una encrucijada que habrá de requerir de la mayor creatividad y esfuerzo para superar la misma y salir fortalecidos del proceso.