Los gobiernos municipales de Vega Baja, Sabana Grande, Juana Díaz y Salinas, la legislatura municipal de Humacao y más de 40 organizaciones comunitarias, ambientales, religiosas y sindicales objetaron mediante sendas resoluciones el proceso en curso para privatizar el sistema de generación eléctrica. Además, urgieron a la Asamblea Legislativa que actúe para detenerlo, informó hoy la coalición Queremos Sol.
“Denunciamos la falta de transparencia y participación ciudadana en el proceso llevado a cabo por el gobierno de Puerto Rico para entregar el servicio esencial de energía eléctrica a manos privadas”, exponen las resoluciones. Señalan que el proceso que lidera la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) es similar al del contrato que transfirió responsabilidades de la Autoridad de Energía Eléctrica a LUMA Energy con efectos perjudiciales para los consumidores.
Sobre su endoso a la resolución, el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres, sostuvo que privatizar la generación eléctrica “va a resultar en más alzas en la tarifa para nuestro pueblo”. Reclamó a la legislatura “intervenir y detener este proceso que se está llevando a cabo sin participación pública o de los municipios sobre el futuro del sistema eléctrico del país”.
De igual modo, la autora de la medida aprobada por la legislatura municipal de Humacao, la legisladora municipal Ana Ponce, abogó por proteger y conservar como bienes públicos servicios esenciales como el agua y la electricidad. “Para estas compañías privatizadoras el lucro es su principal objetivo, no necesariamente el bienestar del pueblo o del ambiente”, dijo. “En otros países, esta movida neoliberal ha sido un fracaso y ha ido acompañada de una corrupción público privada. El gobierno de Puerto Rico debe repensar seriamente este empeño en privatizarlo todo y hacer un verdadero plan a corto, mediano y largo plazo que permita que nos movamos hacia donde se está moviendo el mundo, hacia la generación a través de energía renovable”, añadió.
El proceso que dirige la AAPP está en la etapa de licitación. El gobierno ha dicho que su intención es seleccionar las preferidas antes de que termine junio para negociar los contratos.
Las resoluciones de Juana Díaz, Vega Baja, Sabana Grande y la legislatura municipal de Humacao subrayan la falta de estudios económicos que muestren los costos y beneficios de privatizar. Advierten que el proceso sigue el patrón de las negociaciones con LUMA; no requiere a las empresas invertir de su capital en mejorar las plantas, no incluye penalidades por incumplimiento con estándares de rendimiento y calidad, tampoco garantiza los derechos laborales de empleados públicos y menos favorece la transformación necesaria hacia la energía renovable en techos y almacenamiento.
Como estos municipios, más de 40 organizaciones emitieron resoluciones abogando por dejar el sistema de generación eléctrica en manos públicas y transicionar hacia la energía renovable en techos con almacenamiento.
“Es urgente movernos a un sistema energético, resiliente, limpio y asequible, basado en la energía renovable. No necesitamos más esfuerzos para amarrarnos aún más a los combustibles fósiles”, manifestó la obispa del Sínodo del Caribe de la Iglesia Evangélica Luterana, Idalia Negrón.
Igualmente, el director ejecutivo de la organización El Puente, Federico Cintrón Moscoso, indicó que la privatización de las plantas de la AEE atrasará aún más dicha transición, “manteniéndonos prisioneros de fuentes de combustibles fósiles que nos envenenan y son cada vez más costosos”.
Mientras, la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, Mercedes Martínez, dijo: “La privatización de la AEE ha representado un ataque directo a los derechos y seguridad de empleo de miles de empleados públicos que laboraban en dicha corporación. Ha representado aumentos draconianos al servicio de energía eléctrica, representando que sea prácticamente imposible que las familias puedan pagar y costear ese servicio”.
La Ing. Ingrid M. Vila Biaggi, presidenta y cofundadora de CAMBIO, organización miembro de Queremos Sol, explicó que estas resoluciones “son el resultado de la campaña de información pública que Queremos Sol realiza por toda la isla para explicar las alternativas energéticas que Puerto Rico puede adoptar y para exponer lo detrimental que resulta la privatización”.
Por su parte, Myrna Conty, coordinadora de la Coalición Anti-incineración también proponente de Queremos Sol, indicó que “Queremos Sol ha estado realizando acercamientos a municipios y organizaciones para que se unan en alzar nuestra voz, en este caso mediante resoluciones, para reclamar retener el sistema energético como uno público y transformarlo hacia las fuentes renovables en techos con almacenamiento en beneficio de los consumidores y la economía de Puerto Rico”.
Otras organizaciones opuestas a privatizar la generación eléctrica son: Asociación de Economistas de Puerto Rico, Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Asociación de Psicología de Puerto Rico, Mesa de Diálogo Martin Luther King, Hermandad Pastoral de Puerto Nuevo, Movimiento Victoria Ciudadana, VAMOS Puerto Rico, Centro de Apoyo Mutuo Utuado, Unión General de Trabajadores, Federación de Asociaciones de Empleados Gerenciales, Democracia Socialista, UNETE, Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, Asociación de Empleados Gerenciales de la AEE, Toabajeños en Defensa del Ambiente, UITSL, EDUCAMOS, Movimiento Solidario Sindical, Casa de Estudios Sindicales, HEEND, Casa Pueblo, Comité Organizador del Tribunal contra crímenes de Estados Unidosa en Puerto Rico, Confederacion Unida del Pueblo Taíno, Organización de Desarrollo Amerindio del Caribe y Tribu Guainía Taína de Borikén, Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, Coquí Solar, Caminando La Utopía, Somos Sur, Presencia Taína.TV, Movimiento 26 de abril, CNH 180, Ciudadanos en Defensa del Ambiente, Cayey para el Mundo, Diaspora en Resistencia, Labor Council for Latin American Advancement, Center for Popular Democracy, UTIER, Sierra Club de Puerto Rico, CAMBIO, Comité de Diálogo Ambiental, Amigos del Río Guaynabo y Coalición de Organizaciones Anti-Incineración.
