El Consejo de Ministros español ha decidido el pasado martes 15 sumarse a otros 38 países que han reclamado al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) investigar y juzgar a Vladimir Putin por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio contra el pueblo ucraniano.
“Esta guerra no le puede salir gratis a Putin”, declaró el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares por televisión, y en una entrevista a El País el pasado 6 de marzo llegó a decir: “Esta es la guerra de una persona, la guerra de Vladimir Putin”.
Tanto Albares como la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, el propio Pedro Sánchez y otros ministros y cargos del PSOE consideran que esta es “la guerra de Putin”, una frase que repiten desde hace días también una y otra vez machaconamente al unísono todos los medios de los oligopios mediáticos españoles.
Todos ellos parecieran querer transmitir a la opinión pública que de ser detenido, derrocado o asesinado Putin, se acabaría la guerra y que con ello Rusia rectificaría su política expansionista e imperialista.
La brutalidad de la invasión rusa, con el reguero de muertos que deja a su paso, con millones de civiles huyendo con lo puesto de su país devastado, concita lógicamente la conmoción y la solidaridad de nuestra ciudadanía con ellos.
Este clima emocional, de solidaridad con las ucranianas y ucranianos, y esa ira que se personaliza en Putin hace parecer como normal reclamar su detención y juzgamiento por un tribunal internacional.
No es casual tampoco que en estos días Joe Biden llamara a Putin por primera vez “criminal” de guerra.
Es en ese mismo sentido que casi 40 países, entre ellos España, decidieran pedir a la Corte Penal Internacional (CPI) –el único tribunal existente a nivel mundial desde los Juicios de Nüremberg con competencia para juzgar genocidios, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad– , que inicie los trámites para investigar y procesar a Putin por los crímenes cometidos desde el inicio de la invasión el pasado 24 de febrero.
Aunque ni la Federación Rusa ni Ucrania son estados miembros de la Corte el fiscal principal de la CPI, Karim Khan, ha iniciado con una premura poco habitual las investigaciones sobre la base del artículo 14 del Estatuto de Roma por el que se rige ese alto tribunal, que contempla que cualquier Estado parte denuncie a otro país por crímenes de su competencia.
El hecho de que fueran 39 países miembros los que lo pidieran le ha permitido al fiscal abrir la investigación sin necesidad de pedir permiso a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI., algo poco habitual y que permite agilizar enormemente el caso.
El reclamo sin duda sería justo dada la gravedad de los crímenes ya cometidos por el régimen ruso… si no fuera porque supone una grosera muestra de cinismo por parte de la Corte y de la comunidad internacional.
Nadie pagó por los crímenes de la Guerra contra el Terror
¿Cuál es la explicación del Gobierno de Pedro Sánchez y de todos los otros países firmantes de ese reclamo a la CPI para pedir ahora el enjuiciamiento de Vladimir Putin cuando ni los gobiernos del PSOE ni los de esas decenas de países pidieron nunca juzgar a George W. Bush por los reiterados y masivos crímenes de guerra cometidos con su Guerra contra el Terror durante ocho años, en complicidad con Tony Blair y el apoyo de José María Aznar?
¿Por qué nunca pidieron tampoco investigar y procesar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por las matanzas en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, por su política criminal cotidiana de años contra la población palestina en los territorios ocupados ilegalmente por Israel, a pesar de las repetidas resoluciones en contra de Tel Aviv aprobadas en las Naciones Unidas?
La guerra unilateral y sin autorización de la ONU contra Irak patrocinada por el tristemente célebre Trío de las Azores hace 19 años, justificada por la búsqueda de unas inexistentes armas de destrucción masiva, provocó cientos de miles de víctimas y la devastación de un país.
Al igual que sucedió en Afganistán las tropas estadounidenses y las decenas de miles de mercenarios de las compañías militares privadas subcontratadas por el Pentágono aplicaron sistemáticamente la tortura a los prisioneros con total impunidad y humillaron y reprimieron indiscriminadamente a la población civil.
Una gran masa de documentos de las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos desclasificados o filtrados por Wikileaks demostraron la magnitud de esos crímenes y la trama que se urdió desde la propia Casa Blanca, el Pentágono, el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia estadounidenses para darles cobertura legal e impunidad.
Nadie ha pagado ni política ni penalmente por todos esos crímenes. El cómplice español de ellos, José María Aznar y los miembros de su Gobierno, nunca se han disculpado siquiera por su responsabilidad en involucrar a España en una guerra que devastó a un país, alimentó el yihadismo e hizo del mundo un lugar aún más violento, inseguro e inestable.
Aunque con la boca chica tanto Bush como Blair se disculparon por su error, Aznar nunca lo hizo.
Barack Obama al llegar al poder prometió investigar y castigar con firmeza aquellos crímenes de la era Bush pero ni siquiera logró consenso para hacerlo en el Partido Demócrata y en su propio Gobierno.
Reino Unido sí ordenó una investigación sobre su participación en la guerra de Irak que concluyó en el Informe Chilcot de 2015, tras siete años de investigación. “En 2003 por primera vez desde la II Guerra Mundial Reino Unido participó en la invasión de un país soberano”, se sostenía en el informe.
En él se criticaba con dureza que no se habían agotado otras vías antes de recurrir a la acción militar. “Se subestimaron las consecuencias y se fracasó en lograr los objetivos establecidos”.
A pesar de ello no hubo más que reprimendas políticas sin consecuencias legales de ningún tipo.
Blair pudo así mantener el cargo que ostentaba desde que dejó Downing Street en 2007, el de enviado especial para Oriente Medio por el Cuarteto para la Paz (ONU, UE, EE UU y Rusia).
El ex primer ministro y líder del Partido Laborista mantuvo ese cargo de enviado especial sin que se considerara incompatible con ser al mismo tiempo asesor de la familia real de Kuwait, de la empresa surcoreana UI Energy con intereses petroleros en el Kurdistán iraquí, o que trabajara para Mubadala, poderoso fondo de inversiones de los Emiratos Árabes Unidos.
Blair preside actualmente el Consejo Europeo para la Tolerancia y la Reconciliación.
Ningún país, ningún gobierno ni conservador ni socialdemócrata pidió en aquel momento tampoco que Bush, Rumsfeld, Rice, Powell, Tenett, Bolton y otros altos responsables de EE UU fueran juzgados por la Corte, a pesar de que esta ya había entrado en vigor el 1 de julio de 2002, cuatro años después de que se aprobara en 1998 el Tratado de Roma, su carta fundacional. ratificado ya por 123 de los 183 países firmantes.
Tampoco han pedido ninguno de esos países que se juzgue a Benjamin Netanyahu.
Ni EE UU ni Israel aceptan la jurisdicción de la Corte Penal Internacional
El artículo 25 del Tratado de Roma aclara que solo pueden ser investigadas y procesadas personas individuales, no gobiernos ni instituciones. Se puede juzgar a todo aquel que cometa el crimen, o lo haya ordenado, propuesto, facilitado o instigado.
Estados Unidos no ratificó nunca el Tratado de Roma por el que se rige la CPI. No lo hizo ni Bill Clinton, ni George W. Bush, Barack Obama ni todavía al menos lo ha hecho Joe Biden.
EE UU votó en 1998 en contra, al igual que Israel, China, Irak, Yemen, Arabia Saudí, Turquía o Libia. Ni Irán ni Siria, India, Turquía, Arabia Saudí o Rusia lo han ratificado tampoco. Rusia retiró su firma del Tratado de Roma en 2016 ante el temor de ser acusada tras los sucesos del Maidán en Ucrania y la anexión de Crimea.
En el caso de EE UU, no solo ha rechazado la competencia de ese alto tribunal para juzgar crímenes de guerra, genocidio o de lesa humanidad que hubieran cometido ciudadanos estadounidenses, fueran estos militares, agentes de Inteligencia, funcionarios públicos o civiles, sino que incluso ha amenazado y sancionado a altos funcionarios de la Corte.
El ultraconservador republicano Jesse Helms, que ostentaba en los años ’90 el cargo de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EE UU llegó a decir: “La CPI es de hecho un monstruo, y tenemos la responsabilidad de descuartizarlo antes de que crezca y acabe devorándonos”.
Basándose en el principio de justicia universal, la Corte tiene competencia para juzgar crímenes cometidos por ciudadanos de un país no miembro en el territorio de un país que sí sea miembro. La Corte solo puede actuar en los casos en los que los acusados no puedan o no quieran ser juzgados por su país de origen.
Ese fue el argumento legal que utilizó en 2017 la fiscal principal de la CPI, la gambiana Fatou Bensouda, para solicitar a los magistrados de la Corte autorización para investigar crímenes de guerra cometidos en Afganistán –que sí es miembro desde el 1 de mayo de 2003, a diferencia de Irak– por tropas, agentes de Inteligencia, mercenarios y otros funcionarios estadounidenses.
Bensouda incluyó también entre los delitos cometidos por fuerzas estadounidenses las detenciones ilegales y torturas practicadas a prisioneros por agentes de la CIA en sus cárceles secretas situadas en Oriente Medio, Asia y también en Polonia, Rumanía y Lituania, estos tres últimos miembros de la Corte.
La CPI decidió rechazar inicialmente en 2019 el pedido de la fiscal pero tras ser recurrido ante su Cámara de Apelaciones en 2020 le fue autorizado iniciar el proceso.
Trump sancionó a la Corte por investigar crímenes de EE UU en Afganistán
El Gobierno de Donald Trump respondió inmediatamente con una Orden Ejecutiva por la que ordenó bloquear la entrada a EE UU a todo funcionario de la CPI, al igual que a cualquiera de sus familiares, congelando a su vez propiedades, bienes y cuentas bancarias que pudieran tener en EE UU.
Joe Biden anuló esas medidas en abril de 2021 y dos meses después acababa el mandato de la fiscal principal Fatou Bensouda y tras una reñida votación era sustituida por el criminalista británico Karim Khan.
Éste, argumentando tener recursos limitados para investigar, sumado a los problemas derivados del COVID-19 y la llegada al poder de Afganistán de los talibán, anunció a los magistrados de la Corte la necesidad de reorientar la investigación en curso. “He decidido centrar las investigaciones de mi oficina en Afganistán en los crímenes que habrían sido cometidos por los talibanes y el Estado Islámico de la provincia del Khorasan, en detrimento de otros aspectos de la investigación”.
De esta manera años de investigación sobre los crímenes cometidos por fuerzas de EE UU en Afganistán, recogida de pruebas y testimonios, fueron tirados a la papelera para reorientar la investigación.
La investigación llevada a cabo por la anterior fiscalía incluía también los crímenes cometidos por los talibán, por la red Haqqani y también por parte de soldados gubernamentales afganos, pero el nuevo fiscal decidió reorientar la causa y dejar fuera de las investigaciones a las fuerzas estadounidenses.
La anterior fiscal, Fatou Bensouda, también había solicitado durante su mandato autorización a los magistrados de la Corte para investigar a Israel por las matanzas y crímenes cometidos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, y también por su política de apartheid con la población palestina. Igualmente incluía en sus investigaciones los crímenes que pudieran haber cometido grupos armados palestinos como Hamás.
El Gobierno de Benjamin Netanyahu acusó a la CPI de “antisemitismo” y rechazó colaborar en cualquier investigación. EE UU salió rápidamente en su defensa y pronto le siguió Reino Unido, cuyo primer ministro, Boris Johnson dijo: “Da la impresión de ser un ataque parcial y prejuicioso contra un amigo y aliado del Reino Unido”.
A esta crítica a la decisión de la Corte se sumaron también Australia, Canadá, Alemania y Hungría.
La Autoridad Nacional Palestina, que participa en la Asamblea General de Naciones Unidas como ‘Estado observador y en 2015 firmó el Tratado de Roma, sí aceptó la investigación, pero los obstáculos puestos por Israel para investigar en los territorios palestinos que ocupa han hecho que los trabajos avancen a cámara lenta.
Esta causa no ha concitado apoyo de la comunidad internacional a pesar de que son muchos los países de todo el mundo conscientes de los crímenes cometidos por Israel, y a pesar de que han votado numerosas resoluciones en Naciones Unidas condenando a ese país por su ilegal política de ocupación y de la expansión de los asentamientos de colonos judíos en tierras palestinas.
Maduro, el único mandatario latinoamericano investigado por la CPI
El manifiesto doble rasero de la CPI y la comunidad internacional hace también que se vea normal que la Corte haya demostrado gran agilidad a la hora de aceptar en 2018 el reclamo de cinco países latinoamericanos gobernados todos ellos en su momento por la derecha, Argentina, Perú, Chile, Paraguay y Colombia, a los que se ha sumado Canadá, para investigar a Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.
La Corte abrió un examen preliminar por ese caso y en 2021 el fiscal de la CPI Karim Khan anunció que ya iniciaba la segunda etapa, la de una investigación formal. Khan visitó en octubre pasado Venezuela –que sí es Estado miembro de la Corte y reconoce su competencia–, se reunió con distintos actores y con el propio presidente acusado, Nicolás Maduro, con quien incluso compartió posteriormente rueda de prensa.
Si los actos represivos que pudieran haber cometido las fuerzas de seguridad venezolanas, por graves que fueran, se consideraran pasibles de ser considerados crímenes de lesa humanidad, cabe preguntarse: ¿se extenderá esa calificación igualmente a los crímenes cometidos por las fuerzas de Jair Bolsonaro en Brasil, o las del príncipe Mohamed bin Salmán en Yemen, de Recep Tayyip Erdogan contra la población kurda en Turquía y en Irak, las de Mohamed VI contra la población saharaui o los crímenes probados de tantos otros mandatarios?
En Colombia, a pesar de la gravedad y masividad de los crímenes probados cometidos por las fuerzas de seguridad gubernamentales y los paramilitares de ultraderecha aliados durante los mandatos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y el actual presidente Iván Duque, en 2021 el fiscal Khan decidió cerrar definitivamente la causa abierta 18 años antes.
¿Qué credibilidad tiene entonces la Corte Penal Internacional? El fiscal Carlos Castresana, que compitió con Khan y otros candidatos al cargo de fiscal principal de la CPI recordaba en 2021 en una entrevista en El País que ” El 62% del personal [sobre un total de 300 fiscales] pertenece a Europa occidental, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, frente, por ejemplo, a un 17% de africanos”.
Gambia, Sudáfrica, Burundi y otros países africanos abandonaron la CPI al considerar discriminatoria la decisión de la Corte de investigar mayoritariamente crímenes cometidos en África.
Ni Rusia ni Ucrania son Estados parte de la CPI pero ese alto tribunal está actuando con celeridad para buscar la fórmula legal que aún así le permita aceptar el reclamo de investigación hecho por 39 países, entre ellos España.
Según algunos juristas el hecho de que el Gobierno de Zelenski haya convocado a la población civil a armarse y a fabricar explosivos caseros para usarlos contra los soldados rusos, por lógica que parezca esa resistencia, podría convertir a esos civiles en objetivos legítimos de ataque según el Derecho Internacional Humanitario, complicando legalmente una causa contra Putin.
España, con una legislación que aún en 2022 impide juzgar los crímenes del franquismo y que en 2014 recortó drásticamente en su ordenamiento jurídico el principio de jurisdicción universal, sí se muestra ahora ágil para buscar vericuetos legales que le permitan declararse competente para una investigación preliminar por los crímenes ordenados por Putin en Ucrania.
La Fiscalía General del Estado abrió ya el pasado 8 de marzo diligencias prejudiciales en ese sentido.
Fuente: Viento Sur
