Con el fin de analizar la coyuntura actual en Puerto Rico desde una perspectiva anticapitalista y compartir el análisis con la mayor cantidad de personas posibles, particularmente aquellas afiliadas al Movimiento Victoria Ciudadana, la Red Anticapitalista publica el resultado de la discusión de su Segundo Encuentro Anticapitalista del 29 de agosto de 2021, que analiza el periodo posterior a la celebración del Primer Encuentro Anticapitalista, el 2 de mayo.
La privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica a manos de LUMA
En nuestro Primer Encuentro Anticapitalista, celebrado el 2 de mayo del año presente, la lucha política principal era la que se forjaba en contra de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica a manos del consorcio LUMA, cuyo traspaso estaba pautado para el 1ero de junio.
El 1ero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, y el día previo a nuestro Primer Encuentro, se celebró una actividad obrera y de pueblo unitaria, con un pliego de demandas diversas pero con una consigna principal: “¡Todo Puerto Rico contra LUMA!”. Los meses de mayo y junio fueron de mucha protesta y militancia, tanto por parte de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y de Riego como de una diversidad de organizaciones (donde se destaca Mujeres Contra LUMA) y de un frente amplio creado bajo el nombre Todo Puerto Rico contra LUMA. Los atropellos hacia los empleados de la AEE en esa recta final fueron deshumanizantes, y el descontento se generalizó en junio incluso dentro de aquellos sectores que favorecían la privatización de la AEE.
Y, sin embargo, el frente amplio creado para coordinar los esfuerzos en contra de la privatización, Todo Puerto Rico contra LUMA, luego de organizar una serie de actividades relativamente exitosas, se disolvió por falta de participación de los sectores en lucha. Hasta cierto punto, este final se debió a las crecientes tensiones en el movimiento obrero, que lucía unido hasta hacía unos meses. Las tensiones se pueden resumir en dos conflictos distintos: 1) la preocupación de ciertos sectores sindicales de que la UTIER se estaba expandiendo a lo largo de las agencias y corporaciones públicas para retar los sindicatos existentes; 2) la controversia alrededor de la Ley 9-2021 (anteriormente, Proyecto de la Cámara 766), que extendía los convenios colectivos durante el nuevo periodo de negociación pero a la vez prohibía nuevas elecciones sindicales durante este periodo, lo que afectaba, principalmente, la petición de elección de la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico.
Mientras tanto, LUMA ha expresado falta de voluntad e interés en utilizar los fondos de reconstrucción para poner paneles solares en las edificaciones de los edificios públicos, como recomiendan propuestas como Queremos Sol para transicionar hacia la energía solar. Esta posición de la privatizadora da al traste con la posibilidad de alcanzar las metas que se puso el país para transicionar hacia la energía renovable. A esto le se suma el proceso de deterioro que se está dando actualmente en la Autoridad de Energía Eléctrica para justificar la privatización de la generación de energía. Este nuevo proceso de privatización conllevaría un desvío adicional de la transición energética que queremos lograr en el país, en su lugar proponiendo un modelo de alternativas energéticas como el gas natural y la energía nuclear, impulsado por sectores que promueven la energía como un negocio y que el país debería rechazar por sus consecuencias ambientales y a la seguridad de las comunidades circundantes.
El descontento con LUMA continúa, aunque no se pudo aprovechar al máximo el periodo inicial de la entrada del consorcio a operar la AEE. La lucha en contra de LUMA queda pendiente.
La lucha ambiental y la defensa de las costas en Rincón
Hasta cierto punto, se podría decir que el conflicto que vino a llenar el espacio que dejó la lucha en contra de LUMA durante la segunda parte del verano fue el de la preservación de las costas y de la vida marina en las playas de Rincón, en específico en las costas cercanas al condominio Sol y Playa, que buscaba construir una piscina en un área claramente identificable como parte de la zona marítimo-terrestre y en la que el tinglar y el carey anidan.
Aunque es posible pensar que los sectores que apoyan ambas causas (contra la privatización y a favor de la preservación de las costas) sean los mismos, los rostros que caracterizaron la lucha en defensa de las playas, que caracterizaron el Campamento Carey, tienen unos rasgos distintivos: predomina la juventud, con un alto grado de consciencia ambiental, consciencia que va acompañada de un reconocimiento de las limitaciones del Estado para preservar el entorno natural y del grado desquiciado al que puede llegar el interés privado. Las garras de los grandes intereses, de los tribunales e incluso del Departamento de Recursos Naturales intentaron deslegitimar y desmoralizar esta lucha, que resistió y resiste luego de varios meses. Se encuentra actualmente en una victoria parcial al detener la construcción; fue necesario retar a las instituciones formales para poder detener la construcción en la zona marítimo terrestre. Ha sido, sin duda, la nota alta en el periodo entre los Encuentros Anticapitalistas.
El debate sobre el aumento en el salario mínimo
Un tema de discusión importante en la isla ha sido el del aumento en el salario mínimo. Desde inicios de este año, habiéndo inaugurado una nueva legislatura, se discutieron y se sometieron varios proyectos para aumentar el salario mínimo. Nuestra delegación en el Senado sometió uno cuya finalidad es el aumento escalonado a $15 por hora en un periodo de tiempo razonable. Esta ha sido, todavía, la propuesta más afín a nuestra perspectiva de la economía política actual. Sin embargo, como era de esperar, el debate público y los intereses patronales y de los partidos principales iban en otra dirección.
La última vez que se vio un aumento en el salario mínimo fue en el 2009, a través de un aumento a nivel federal aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. El gobierno local, que tiene la capacidad de crear leyes que establezcan un salario mínimo más alto que el federal, ha desatendido el tema durante este periodo.
El Congreso no ha aumentado el salario mínimo federal de $7.25 desde 2009 ni ha levantado el salario mínimo atrozmente bajo de $2.13 para los trabajadores que reciben propinas en 30 años; al levantar y aumentar estas leyes, aumentaría el salario, proporciona cheques de pago estables para toda la fuerza laboral en Puerto Rico, que es 44.4%, y reduciría la pobreza para 68,697 trabajadores que reciben propinas en Puerto Rico.
Los bajos salarios perjudican a todos los trabajadores y son particularmente dañinos para las personas de color, las mujeres y la comunidad LGBTQ+, que constituyen una parte desproporcionada de los trabajadores que están muy mal pagados. Este es el resultado del racismo estructural y el sexismo, con un sistema económico arraigado en la esclavitud en el que los trabajadores más marginados han sido y continúan siendo desviados hacia los trabajos más mal pagados.
El dramático aumento de los costos de vida y el estancamiento del salario mínimo significa que las personas que trabajan a tiempo completo por esa cantidad viven por debajo de los niveles de pobreza. Se informa que el 44.1% (1.45 millones de personas) de la población de Puerto Rico vive por debajo de la línea federal de pobreza, el 57% son niños y la mayoría son mujeres de 25 a 64 años.
Desde esa realidad, ha habido un consenso en el país para su aumento (no así, dicho sea de paso, para aumentar el salario mínimo de los y las empleadas que cobran propina). Sin embargo, las distintas posiciones del Partido Popular Democrático, al igual que la del Ejecutivo, a través de su Comité Asesor creado por Orden Ejecutiva, han tendido hacia proponer un aumento hacia $8.50 y condicionar o posponer aumentos subsiguientes (como, por ejemplo, condicionar aumentos posteriores a métricas económicas a todas luces irrealizables).
La ofensiva patronal, liderada por economistas patronales (Gustavo Vélez, Vicente Feliciano) o portavoces neoliberales (Carlos Díaz Olivo), han pretendido mover la opinión pública en contra de estos aumentos utilizando dos argumentos principales: 1) que el aumento en el salario mínimo redundaría en una pérdida de empleos (el Comité Asesor del gobernador estimó una pérdida de 9,000 empleos), sobre todo entre los pequeños y medianos comerciantes, y 2) que un aumento en el salario mínimo dislocaría el precio natural del salario a partir de la oferta y demanda. Esconden, a la misma vez, que 59.2% de las personas asalariadas trabajan para empresas consideradas medianas o grandes; que la disminución en la cantidad de empleos ha sido un elemento crónico de la economía de Puerto Rico desde el 2006; que la crisis ha aumentado la partida de ganancias en la isla por parte de las empresas; y, finalmente, aunque resulta una obviedad, que el salario mínimo tiene que necesariamente determinarse a partir del costo de vida.
Para algunos empleadores, economistas e incluso formuladores de políticas, $15 suena alto. Pero si el salario mínimo federal hubiera aumentado junto con la productividad desde 1968 (como lo había hecho durante los primeros 30 años de su existencia), hoy estaría muy por encima de los $15.
Todo indica a que, finalmente, el gobernador firmará el Proyecto de la Cámara 338, que aumentaría en enero 2022 el salario mínimo a $8.50; en octubre de 2022 a $9.00; y en octubre de 2023 a $10.00. Además, crearía la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo, que revisará periódicamente el salario mínimo para que no se demoren tanto futuros aumentos. La ley, con sus limitaciones, sin duda aliviará en lo inmediato las condiciones de vida de miles de trabajadores y trabajadoras. Se aprobó sin grandes movilizaciones y apenas sin manifestaciones o proclamas: ¿hasta dónde podríamos llegar si se impulsaran estos proyectos económicos con movilizaciones del pueblo trabajador?
La lucha a favor (y en contra) de la perspectiva de género
De la misma manera que hemos visto la continuación de la ofensiva patronal contra la clase trabajadora y los recursos del país, en los últimos meses se ha agudizado la lucha de sectores conservadores y fundamentalistas en contra de la comunidad LGBTIQ+, en particular a través de los intentos de retroceder la implantación de la educación con perspectiva de género en el sistema público de enseñanza.
Estos sectores conservadores desde hace décadas han mantenido un peso importante en la política pública de Puerto Rico, tanto a través de los partido políticos tradicionales (el PPD y el PNP) como a través de manifestaciones independientes a ellos (las actividades de “Clamor a Dios” de Jorge Raschke”). Sin embargo, en la medida en que, en la última década y media, se han visto avances en los derechos de la comunidad LGBTIQ+ a través de leyes laborales y de derechos civiles, estos sectores se han ido reorganizando, e incluso cuentan con su propio partido, Proyecto Dignidad, que cuenta con representación en ambas cámaras legislativas y amenaza con seguir creciendo en los próximos años (sin que estos sectores dejen de tener portavoces en los partido patronales tradicionales).
En la batalla ideológica, se evidencia una pugna campal entre sectores democráticos que promueven política pública centrada en la ampliación de los derechos y en medidas apoyadas a través de estudios científicos, por un lado, y la propaganda religiosa y demagoga, por otro. Debido a la cantidad de medios de comunicación que controlan los sectores religiosos y fundamentalistas, sus posiciones retrógradas tienen una amplificación mayor. A sus movilizaciones que buscan eliminar derechos y avances, debemos responder con movilizaciones más amplias que los profundizan.
La lucha contra la Junta de Control Fiscal y el Plan de Ajuste de Deuda
El final del verano también reinicia la lucha en contra del Plan de Ajuste de Deuda propuesto por la Junta de Control Fiscal. El Plan de Ajuste de Deuda sería el nuevo acuerdo que regirá la deuda y el pago de la deuda del gobierno de Puerto Rico. La Ley PROMESA establece que será la Junta de Control Fiscal quien representa a Puerto Rico en el tribunal de quiebra liderado por la jueza Taylor Swain. Como era de esperar, el Plan de Ajuste de Deuda que proponen busca favorecer al capital financiero estadounidense y continuar empobreciendo al pueblo de Puerto Rico y limitando la capacidad del gobierno a incentivar la economía y ponerla a crecer. Se propone un recorte a las pensiones de un 8.5% y un pago anual de las deudas del gobierno central de $1,115 millones, entre otras medidas, mientras se acepta el pago de deuda ilegal e ilegítima y se recorta una cantidad reducida del total de la deuda original.
El Plan de Ajuste, de ser aprobado por las partes y por la Jueza Taylor Swain, requerirá posteriormente legislación por parte del gobierno de Puerto Rico para aprobar el plan y crear los nuevos bonos y mecanismos económicos que establece. En este escenario, hay un gran paso adelantado: la aprobación de la Ley para un Retiro Digno. Esta ley, aprobada por la legislatura y firmada por el gobierno, en gran medida obstaculiza el actual Plan de Ajuste de Deuda, dado que no permite que se apruebe una reducción en las pensiones. Promueve, además, una cancelación de toda la deuda ilegal, cosa que la Junta de Control Fiscal no ha promovido. Hay que presionar al gobierno para que haga valer esta ley que aprobó. De llegar el momento, debemos luchar para impedir que se apruebe nueva legislación habilitadora a través de una combinación de nuestro trabajo legislativo y de movilizaciones en la calle en conjunto con otros sectores.
Con respecto a las pensiones, el proceso requiere que los y las pensionadas voten a favor o en contra del Plan de Ajuste de Deuda. Si las personas pensionadas votan en contra del acuerdo negociado por el COR, se tendrá que volver al proceso de negociación. Esto representaría una tremenda derrota para la Junta de Control Fiscal. Se ha iniciado un proceso importante de educación sobre este tema a lo largo de la isla, liderado en parte por personas vinculadas a Victoria Ciudadana.
Conclusiones
Estas luchas que caracterizan el periodo entre nuestro Primer y Segundo Encuentro Anticapitalista tienen un significado enorme para nosotros y nosotras como anticapitalistas. Contraponen desde distintos ángulos los intereses del pueblo trabajador contra las políticas neoliberales de privatización, de desregulación y de austeridad. Son, además, luchas que generan una enorme simpatía en distintos sectores del país. Por eso mismo, resultan posibles puntos de partida para, no solo buscar una victoria en cada lucha particular, sino ir adelantando nuestras posturas anticapitalistas en distintos sectores del pueblo.
El tema de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica es parte del libreto tradicional del capitalismo neoliberal: el convertir un servicio público en mercancía, es decir, en un espacio para que el capital privado genere ganancias. Se acompaña, además, el interés patronal por destruir la UTIER. Al oponernos a la privatización, defendemos el carácter público de la autoridad y la necesidad de que los servicios públicos estén en manos del gobierno. Sin embargo, no podemos detenernos ahí: hay que señalar que este es simplemente un ejemplo más de la lógica capitalista que busca extraer de todo una ganancia; hay que señalar que los problemas reales que afectan las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica se resuelven, en parte, con una mayor participación de los y las trabajadoras en la toma de decisión; hay que señalar que son los grandes intereses económicos quienes obstaculizan la transformación hacia la generación de energía solar para continuar enriqueciéndose con fuentes no renovables y dañinas al ambiente; hay que señalar, finalmente, que el sol es un recurso que abunda en la isla, a diferencia del gas, del petróleo y del diésel, por lo que la transición hacia la energía solar implicaría un elemento importante de autonomía energética para la isla. Por todo esto, decimos: ¡Todo Puerto Rico contra LUMA! ¡Hacia la transición pública a la energía solar!
De igual manera debemos estar atentos a otros intentos del gobierno de privatizar servicios que prestan corporaciones públicas tales como la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), el Fondo del Seguro del Estado (FSE) y la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóvil (ACAA).
El debate con respecto al salario mínimo ha vuelto a demostrar la miopía patronal y su incapacidad de pensar en un proyecto económico para el país. El salario mínimo lo trabajan como un factor independiente de la economía; es imposible, para ellos, pensar que se puede aumentar el salario mínimo y a la vez estimular la economía de otras maneras, incluso para aminorar el golpe a pequeñas y medianas empresas de áreas estratégicas (la agricultura, por ejemplo). Y no es que sea imposible: es que los sectores patronales son incapaces de hacerlo. Nuevamente, le tocará a la clase trabajadora ser quien articula un programa económico obrero, de país, capaz de incentivar las bases productivas para generar empleos, sin que esto sea una excusa para aumentar la explotación del ser humano por el ser humano. Tan solo hay que incentivar mayor injerencia estatal y democrática en el movimiento de la economía, redirigiendo los esfuerzos actuales. Los informes indican que existen $20,000 millones en exenciones contributivas, muchos para el gran capital, que genera poco empleos y poca inyección al fisco. La fallida política de exención contributiva debe transformarse en una política de inyección a la economía. Para eso, los $7,000 millones guardados en los bancos para entregárseles a los bonistas deberán, también, ser usados para el bien de la economía.
La defensa de las playas se enmarca dentro del tema amplio de la crisis ambiental que se vive en Puerto Rico y en el mundo. Los estudios científicos más serios relacionan insistentemente el cambio climático y los peligros ambientales con el desarrollo de la sociedad capitalista (que busca crecer de manera ilimitada en un mundo limitado). Igual, las luchas locales continuamente demuestran que es la voracidad y la ceguera capitalista en búsqueda de ganancias la que destruye el ambiente: sea a través de construcciones irresponsables, de la generación de energía con fuentes sucias, de la producción reiterada de basura y de porquerías. Solo una transformación en el modo de producción será capaz de revertir, hasta cierto punto, el cambio climático y echar a un lado todo desarrollo destructivo. ¡Por un cambio de sistema, no un cambio de clima!
Victoria Ciudadana ha asumido las posturas correctas, antineoliberales, en estas distintas situaciones. Desde que se celebró la segunda asamblea nacional de este año, además, ha hecho un mejor trabajo al llamar a las personas afiliadas a movilizarse en las manifestaciones importantes que se han dado. La Jota, en particular, ha tenido una militancia destacada, sobre todo en el Campamento Carey en Rincón. Desde la Red Anticapitalista, debemos promover este nivel de militancia y el que se generen lazos estrechos con las distintas luchas a lo largo del país.
En última instancia, para frenar el crecimiento de los sectores fundamentalistas, ahora organizados a través de Proyecto Dignidad, no queda de otra que impulsar la posición anticapitalista. Los estudios marxistas clásicos sobre el tema de los fundamentalismos (y el surgimiento posterior de movimientos fascistas) afirman lo siguiente:
a) los movimientos religiosos conservadores, que basan sus visiones y sus políticas públicas en verdades trascendentales religiosas y no en el estudio de la vida social actual, se fortalecen en tiempos de crisis;
b) esto se da porque, luego de una crisis económica y social, las personas buscan respuestas para los problemas y las preguntas que surgen de estos fenómenos sociales
c) los movimientos liberales y tradicionales (como serían aquí los partidos tradicionales y sus ideas), al no poder sacar al país de la crisis en que se vive, no hacen más que profundizarla
d) si los movimientos sociales progresistas y anticapitalistas son incapaces de promover sus análisis y sus respuestas a los problemas reales que enfrentan las grandes mayorías, los sectores conservadores continuarán aprovechando la oportunidad y aglutinando a una mayor cantidad de gente
Como Red Anticapitalista, por lo tanto, debemos seguir llevando a cabo nuestros análisis de la realidad, buscar respuestas a los problemas que como sociedad enfrentamos, difundir nuestras propuestas y continuar apostando por una ruptura radical ante nuestra crisis social.
Con respecto al Plan de Ajuste de la Deuda, es importante defender la Ley para un Retiro Digno e impulsar, en lo inmediato, el reclamo por la auditoría de la deuda. (En la actualidad, la delegación de MVC y del PIP en el Senado presentó el Proyecto del Senado 159, para “Crear la Comisión de la Verdad y para la Auditoría Integral de la Deuda de Puerto Rico”.) Así, igualmente, se debe persistir en la lucha en contra de la Junta de Control Fiscal, una imposición federal que se debe a la relación colonial de Puerto Rico con Estados Unidos. La lucha contra la Junta, de esta manera, une distintas contradicciones de la sociedad puertorriqueña (la relación colonial, las medidas de austeridad, la democracia deficiente) y permite adelantar cuestionamientos ante el orden social de la isla.
Con respecto al tema del Plan de Ajuste de Deuda, la Red Anticapitalista, además, debería impulsar dentro de Victoria Ciudadana la cancelación total de la deuda, posterior a la auditoría, a partir de la doctrina de “cambio de circunstancia”, posición que en el pasado ha asumido el movimiento pero que se debe retomar y promover con insistencia. Luego del huracán María, de los temblores, de la pandemia, luego de más de 15 años de iniciada la crisis económica estructural de Puerto Rico, cualquier cantidad de dinero destinado al pago de la deuda (a los bolsillos de los bonistas) es dinero que no puede reinvertirse en el desarrollo económico de la isla. Esa misma postura debemos promoverla entre nuestros legisladores municipales a lo largo de la isla, para aprovechar nuestra presencia en los distintos espacios institucionales en los que participamos. ¡Ni un centavo más para el capital financiero!
Dentro de las divisiones actuales del movimiento obrero, sorprende ver la cantidad de miembros de distintas organizaciones obreras que militan o que son simpatizantes de Victoria Ciudadana. La Red Anticapitalista debe interesarse por todos los espacios en los que se insertan las personas afiliadas al movimiento obrero (tanto en la Red de Saberes como en la Red de Colectividades) e impulsar la unidad en acción en la medida de lo posible, para superar en la práctica las fisuras de la actualidad.
Victoria Ciudadana todavía no tiene la capacidad de liderar muchas de las luchas fundamentales que se dan en la sociedad puertorriqueña. Debería, sin embargo, insertarse en todas ellas, aprovechar que tiene un brazo en las instituciones gubernamentales formales y un brazo en la calle, aprovechar su alcance nacional, y darles una visibilidad y una fuerza a todas ellas. Siempre, en todo momento, debe mantener una posición independiente de los intereses patronales que dominan la política del país. Solo así podrá convertirse en una herramienta política de la clase trabajadora en su sentido amplio.
